March 18, 2023
De parte de Indymedia Argentina
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La Coordinadora contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI) present贸 este viernes en Plaza de Mayo la actualizaci贸n del Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal de 1983 a 2022. El informe relev贸 una ca铆da de casos de gatillo f谩cil bajo el gobierno del FDT en relaci贸n a la gesti贸n macrista, pero un incremento de asesinatos en custodia, entre otros datos. La jornada, que tuvo como uno de sus ejes el reclamo 鈥淎 40 a帽os de democracia, es urgente una agenda contra la represi贸n鈥, fue cerrada por un recital de Sara Hebe.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

Compartimos a continuaci贸n el informe presentado -tanto en formato texto como en PDF para descargar- y la transmisi贸n en vivo realizada por las y los compa帽eros de Antena Negra TV:

ARCHIVO 2022: A 40 a帽os de democracia, es urgente una agenda contra la represi贸n

Recopilaci贸n de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2022


TRES A脩OS DEL FRENTE DE TODOS:

Expectativas desperdiciadas y el peligro de una derecha vigente

La oportunidad perdida

La consigna principal del Informe de la Situaci贸n Represiva Nacional 2021 fue 鈥淟a deuda es con el pueblo鈥, en evidente referencia a la negociaci贸n que llev贸 adelante el gobierno de Alberto Fern谩ndez con el Fondo Monetario Internacional durante sus primeros dos a帽os de gobierno, y se acercaba a su desenlace en 2022.

Como en tantas otras 谩reas, la promesa de campa帽a de investigar una deuda absolutamente fraudulenta termin贸 en un acuerdo perjudicial y de sometimiento para nuestro pa铆s. El propio FMI viol贸 su estatuto, dej贸 los dedos marcados en el texto de acuerdo, y blanque贸, a trav茅s del ex asesor de Donald Trump y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver-Carone, que dar el mayor pr茅stamo de la historia de la entidad a Mauricio Macri 鈥減ara que gane las elecciones鈥 fue una decisi贸n del gobierno de EEUU.

Con toda esta informaci贸n a favor, Alberto Fern谩ndez y Mart铆n Guzm谩n decidieron de todas formas definir un pago que incluye revisiones permanentes (y por ende, la intromisi贸n y condicionalidad del Fondo en la econom铆a argentina) y una curva de vencimientos imposible, a煤n con las innumerables 鈥渙portunidades鈥 productivas que el gobierno presenta como el futuro del pa铆s.

A pesar de que fueron algunos legisladores nacionales del Frente de Todos quienes presentaron proyectos de ley para investigar el destino de los miles de millones de d贸lares fugados durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y de los reclamos de los espacios de mayor representaci贸n popular sobre Alberto Fern谩ndez y todos los funcionarios de las 谩reas econ贸micas y productivas para que dejen de 鈥減oner la otra mejilla鈥 frente a los sectores de poder, la actitud del gobierno estuvo marcada no solo por la nula confrontaci贸n, sino por permanentes retrocesos y claudicaciones a la hora de tomar medidas concretas.

Luego, Sergio Massa y la flamante ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz decidieron ajustar, cont谩ndole las costillas a quienes no llegan a fin de mes. Al cierre de incorporaciones de empleadxs estatales, se sum贸 tambi茅n el cese de habilitaciones a nuevxs trabajadorxs en el programa Potenciar Trabajo, una minuciosa (y cruel) investigaci贸n sobre lxs actuales beneficiarixs, que concluy贸 en la baja de casi 200.000 personas, y la implementaci贸n de un esquema de subsidios que signific贸 un aumento de la luz y el gas entre el 30% y el 40% para quienes peor la est谩n pasando.

No pasar谩n

鈥淓n el claroscuro surgen los monstruos鈥, dec铆a Antonio Gramsci. Y en ese claroscuro estamos. Las derechas en todo el mundo, en sus distintas expresiones m谩s o menos radicalizadas, est谩n ocupando un lugar central en la pol铆tica. La novedad no es el hecho en s铆, sino las formas. Sin esconder sus propuestas, y a煤n con la vivencia de sus consecuencias en muchos pa铆ses (como lo padecido durante el gobierno de Cambiemos en Argentina), la derecha logra conquistar la subjetividad de sectores populares que, m谩s temprano que tarde, se ver谩n perjudicados en su propia vida cotidiana. En Europa es un fen贸meno de mayor duraci贸n, y las distintas fuerzas conservadoras ocupan lugares centrales en los gobiernos y parlamentos de las principales potencias. Sin ir m谩s lejos, Ucrania, uno de los pa铆ses involucrados en el conflicto b茅lico actual de mayor injerencia en la geopol铆tica y la econom铆a mundial, tiene como parte de la coalici贸n gobernante a movimientos abiertamente nazis.

En EEUU, la pandemia de la COVID-19 fue utilizada como teatro de operaciones del Partido Republicano para polarizar a la sociedad y sumar adeptos a la causa conservadora, a partir de cuestionamientos inveros铆miles alrededor de la situaci贸n sanitaria y social que se viv铆a en todo el mundo. El corolario fue una de las im谩genes m谩s grotescas que vimos en los 煤ltimos a帽os: ante la derrota de Donald Trump, principal referente de estas corrientes absurdas y peligrosas, en las elecciones presidenciales de 2020, seguidores del empresario tomaron el Capitolio (uno de los escenarios centrales de la pol铆tica del pa铆s del norte global), provocaron destrozos de todo tipo, y la escena termin贸 con personas muertas y centenares de detenciones.

Vimos replicarse este hecho, a principios de 2023, en Brasil. A d铆as de haber asumido el presidente Lula Da Silva, militantes de Jair Bolsonaro tomaron y atacaron las sedes de los tres poderes institucionales en Brasilia, con absoluta connivencia policial. Porque, por supuesto, Latinoam茅rica no est谩 exenta de esta avanzada fascista mundial. Muy por el contrario, en los 煤ltimos a帽os, sirvi贸 de tablero de ajedrez en la disputa comercial de las principales potencias mundiales. Y esto se dio a trav茅s de las distintas fuerzas pol铆ticas locales, y con distintos m茅todos. Golpes de estado, guerras de baja intensidad, el rol de los grandes medios de comunicaci贸n y la intervenci贸n del poder judicial, favorecieron la llegada al poder de una derecha que se construy贸 como contracara de la oleada 鈥減rogresista鈥 que gobern贸 en la segunda d茅cada del siglo XXI en la regi贸n. Fue tal la violencia de sus pol铆ticas de ajuste y represi贸n, que apenas duraron un mandato. En la calle o en las urnas, el pueblo los enfrent贸 y les dio la espalda. Sin embargo, las coaliciones pol铆ticas que tomaron el poder, con las imitaciones de su propia conformaci贸n, no pudieron o no supieron administrar los resultados cr铆ticos de las gestiones precedentes en beneficio de los sectores populares que les dieron su apoyo.

Argentina es claro ejemplo de esta situaci贸n. El Frente de Todos no estuvo a la altura de las expectativas iniciales que cosech贸 en las elecciones. Y este es uno de los principales motivos que mantiene a Juntos por el Cambio como una opci贸n de poder en las elecciones presidenciales de este a帽o, a pesar de las terribles consecuencias que signific贸 su gobierno para el pueblo argentino. La falta de voluntad pol铆tica para avanzar en medidas necesarias y profundas, permiti贸 la construcci贸n de un relato sobre la coalici贸n gobernante como un movimiento que, si lo dejan, va por todo. La instalaci贸n de la meritocracia como una verdad revelada y la nula resoluci贸n de los problemas de las mayor铆as populares y trabajadoras alent贸 el crecimiento de un espacio que, hasta 2019, se nucleaba dentro de la alianza Cambiemos, y ahora busca su representaci贸n en voces que prometen soluciones violentas, inmediatas y tajantes. As铆 surge con fuerza el colectivo autodefinido como 鈥渓ibertarios鈥, que se expresa en referentes como Javier Milei, Jos茅 Luis Espert y Victoria Villarruel. El efectivo manejo de las redes sociales, la postulaci贸n de soluciones f谩ciles y r谩pidas, una oratoria vehemente y funcional, por un lado, al show medi谩tico, y por otro, a aquellos que buscan un freno al crecimiento de expresiones que cuestionan los privilegios sociales de todo tipo, permiti贸 que Avanza Libertad (la herramienta pol铆tica de ese espectro pseudofascista) construya una base electoral que lo catapult贸 a conseguir cuatro bancas legislativas a nivel nacional, y otros espacios en distintos estratos locales.

La creciente exposici贸n p煤blica envalenton贸 a los consumidores de este hip贸crita discurso antipol铆tica. En combinaci贸n con el tono y el accionar al filo de lo institucional por parte de Juntos por el Cambio, se fue construyendo un clima espeso y de escalada violencia pol铆tica. As铆 llegamos al 1潞 de septiembre de 2022, cuando se dio un hecho que marc贸 el hito del a帽o, y de la historia contempor谩nea nacional, con el intento de asesinato de la vicepresidenta.

Independientemente de la cercan铆a o simpat铆a pol铆tica que despierte la vicepresidenta, r谩pidamente las organizaciones pol铆ticas, sociales y de derechos humanos, entendimos que esto traspasaba una l铆nea hasta ahora no violentada desde el retorno de la democracia. Si estos espacios, que desprecian a los sectores populares y reproducen discursos como 鈥渃谩rcel o bala鈥, llegan con tanta ligereza a acercar un rev贸lver a la cabeza de una funcionaria nacional, ni m谩s ni menos la vicepresidenta, 驴qu茅 nos espera a nosotrxs, si pretenden, en cualquiera de sus expresiones, volver a gobernar o llegar por primera vez? Lo preocupante no es la pregunta, sino la respuesta, que conocemos por la experiencia vivida entre 2015 y 2019 y en los distritos donde esos sectores son gobierno.

Este a帽o, las banderas m谩s altas que nunca

En 2023 se cumplen, por primera vez en nuestra historia, 40 a帽os ininterrumpidos de democracia. Formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y todo lo que podamos acotar al respecto. Pero, al fin de cuentas, democracia. CORREPI nace como organizaci贸n en el contexto democr谩tico, y es en ese marco que hace m谩s de 30 a帽os lucha contra la represi贸n estatal. Las 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas, es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador. Sabemos que estas pr谩cticas no van a cesar de una vez y para siempre en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema imperante. Tenemos en claro que, como organizaci贸n pol铆tica, de anclaje popular, y que activa en el campo de los derechos humanos, debemos luchar d铆a a d铆a para denunciar su sistematicidad, pero tambi茅n tenemos que hacer lo posible para que los nombres del listado sean cada vez menos.

Hace muchos a帽os que propugnamos una serie de medidas, que consolidamos en nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva, que servir铆an para paliar significativamente los efectos mortales que la represi贸n tiene sobre el pueblo. Algunas de ellas, incluidas en nuestro Informe 2019, fueron adoptadas al inicio de este gobierno, y hoy podemos ver los resultados de esa decisi贸n pol铆tica. Respecto del gatillo f谩cil, es evidente que la derogaci贸n de los llamados 鈥淧rotocolos Bullrich鈥, con la 鈥淒octrina Chocobar鈥 que habilitaba a las fuerzas federales a disparar a personas desarmadas, sumado al hecho indiscutible de que en estos tres a帽os no hemos tenido que soportar defensas p煤blicas, fotos y abrazos de integrantes del presidente o sus ministros con polic铆as fusiladores, marc贸 un cierto l铆mite a esa pr谩ctica inveterada respecto de las fuerzas federales. No sucedi贸 lo mismo en otros distritos, como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA, como lo muestra el Archivo. El solo hecho de volver a la normativa anterior ya tuvo un impacto favorable.

La prohibici贸n a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil tendr铆a un resultado a煤n m谩s manifiesto, ya que el 66% de los fusilamientos de gatillo f谩cil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias. En marzo de 2020, poco antes del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad Nacional tom贸 esa decisi贸n para la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria. Sin perjuicio de que es la fuerza menos numerosa y con menos casos totales, desde entonces no hemos registrado un solo caso de gatillo f谩cil cometido por sus integrantes.

Otro conjunto de medidas imperativas tendr铆a consecuencias directas respecto de las muertes en lugares de detenci贸n. Es imprescindible revisar el uso masivo de la prisi贸n preventiva, que con颅vierte en privilegio inalcanzable para las mayor铆as el derecho a transcurrir el proceso en libertad para de颅litos menores o sin peligrosidad hacia las personas, mientras es la moneda corriente cuando se trata de polic铆as que fusilaron por la espalda. Ni hablar de la necesidad de garantizar atenci贸n m茅dica y psicol贸颅gica suficiente y elementos b谩sicos para la alimenta颅ci贸n e higiene a las personas detenidas, que tambi茅n mueren masivamente por enfermedades curables extramuros. Pensemos que el COVID-19 fue siete veces m谩s letal dentro que fuera de las c谩rceles.

Esto tambi茅n disminuir铆a la cantidad de personas detenidas en co颅misar铆as, que deber铆an estar en un penal o en libertad, seg煤n el caso. S贸lo en CABA se sextuplic贸 en los 煤ltimos dos a帽os la cantidad de personas alojadas en sus dependencias, debido a la pol铆tica de fuerte carcelaci贸n de la justicia local y nacional. Pero en las comisar铆as tambi茅n hay personas (muchas) que no est谩n acusadas de cometer un delito. Es hist贸rica nuestra exigencia de eliminar todo el sistema de facultades que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sea por 鈥渁veriguaci贸n de antecedentes鈥, 鈥減ara identificar鈥, por arrestos preventivos en ma颅teria contravencional o por razzias. En 2023 se cumplen tambi茅n 20 a帽os del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que conden贸 al Estado Argentino a eliminar todo ese sistema de detenciones arbitrarias. La 煤nica diferencia entre unos y otros gobiernos a lo largo de estas dos d茅cadas, es que algunos se esforzaron en articular excusas, pero ninguno cumpli贸 esa senten颅cia, que obliga al Estado Argentino ante la comunidad internacional de la que tanto se ufana de formar parte. Y la mayor铆a de las personas que mueren en comisar铆as, estaban arbitrariamente detenidas. Por eso exi颅gimos el cumplimiento efectivo del fallo Bulacio y el cese de estas pr谩cticas. 隆Basta de detenciones arbitrarias!

En las calles, contra la represi贸n

El lugar donde CORREPI elige dar la lucha para que estas medidas sean escuchadas, para exigir la libertad de compa帽erxs represaliadxs, o para enfrentar cualquier medida que represente un retroceso o una avanzada contra lxs trabajadorxs, fue, es y ser谩 la calle.

Creemos que todos los reclamos de la Agenda Urgente Antirrepresiva deben ser tomados por el conjunto del campo popular, como parte de las distintas reivindicaciones que se exigir谩n duran颅te este a帽o, antes y despu茅s del 10 de diciembre, y convertirlos en demanda social masiva. Sabemos que ser谩 imposible avanzar con cualquiera de estas conquistas si la peor derecha vuelve al poder. Debe ser la consigna que nos encuentre en la m谩s amplia unidad posible en las plazas y las calles de todo el pa铆s. A partir de la expe颅riencia vivida entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno m谩s represor y letal desde el retorno de la demo颅cracia, y las vociferaciones de los sectores m谩s rancios que se ubican a煤n a la extrema derecha del macrismo, necesitamos preservar nuestra propia vida para sostener todas las banderas de nuestras luchas, las hist贸ricas y las actuales, y as铆 lograr cambiar millones de realidades que unos pocos intentan pisotear.


Recopilaci贸n de casos de perso颅nas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983路2022

1. 驴Por qu茅 hacemos el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem 鈥渆xplic贸鈥 a los medios por qu茅 crec铆an las denuncias p煤blicas por fusilamientos policiales: 鈥Hay periodistas de pluma f谩cil鈥, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Polic铆a Federal, comisario Adri谩n Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agreg贸 una frase en la que reson贸 la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: 鈥溌緿贸nde est谩n los nombres?鈥.

Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurr铆a c贸mo, hasta que Delia Garcilazo, mam谩 de Rodolfo 鈥淔ito鈥 R铆os, torturado hasta morir en la c谩rcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reuni贸n: 鈥Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el pa铆s, desde que termin贸 la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo鈥.

Cerca de fin de a帽o, presentamos en Plaza de Mayo el primer Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos. La repercusi贸n que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendr铆a contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo m谩s invisibilizado y naturalizado de la represi贸n, nos motiv贸 a sostener sistem谩ticamente la actualizaci贸n del Archivo, y a reiterar cada a帽o su presentaci贸n p煤blica.

El Archivo sigui贸 creciendo, fuimos perfeccionando las t茅cnicas de b煤squeda y las herramientas de an谩lisis de los datos, y la actividad evolucion贸 hasta convertirse en una instancia de s铆ntesis de las luchas antirrepresivas en todo el pa铆s, que convoca la presencia de organizaciones y compa帽eros y compa帽eras de todos los sectores, y permite, m谩s all谩 de los vaivenes del 鈥渋nter茅s鈥 de la prensa hegem贸nica, visibilizar la pol铆tica represiva de cada etapa.

Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estad铆stico. A pesar de que perfeccionamos cada a帽o los mecanismos de b煤squeda y procesamiento de datos, sabemos que nunca llegamos a conocer muchos casos. Muchas veces s贸lo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicaci贸n, y es imposible el seguimiento a la distancia de los casos. Por eso, convocamos a toda persona que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la informaci贸n que falta. Sabemos que es enorme la 鈥渃ifra negra鈥 que se nos escapa. Cada a帽o incorporamos casos de a帽os anteriores, que por diversas razones nos llegan mucho tiempo despu茅s. Es particularmente dif铆cil acceder a los datos de las personas que mueren en c谩rceles, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares y amigxs, ya que los informes oficiales de la Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n o los de la Comisi贸n Provincial por la Memoria y el Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura s贸lo cubren las c谩rceles federales y las de la provincia de Buenos Aires.

Quiz谩s la prueba m谩s contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares hayan sido los esfuerzos de varios gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de estos a帽os para intentar desacreditarla. El m谩s sistem谩tico fue el protagonizado por la ministra de Seguridad Nacional de Cambiemos 鈥揾oy Juntos por el Cambio, o Juntos- Patricia Bullrich, que culmin贸 con el pat茅tico contra-informe titulado 鈥淢inisterio de Seguridad vs. CORREPI鈥, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre de 2019, que no pudo desmentir un solo dato. Por el contrario, termin贸, a su pesar, confirmando la precisi贸n de los datos contenidos en este Archivo y hasta complet贸 algunos registros en los que no cont谩bamos con el nombre o grado del victimario, o ignor谩bamos la resoluci贸n judicial. No pudo se帽alar un solo caso como falso. En su cuenta m谩gica para bajar los n煤meros, descart贸 las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limit贸 su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluy贸 los casos considerados 鈥渓eg铆tima defensa鈥 por 鈥渟us fuentes鈥, a las que tuvo a bien enumerar para que no quedaran dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualizaci贸n y de su presentaci贸n p煤blica cada a帽o, es aportar al an谩lisis de la situaci贸n que vive nuestro pa铆s, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represi贸n cotidiana como pol铆tica de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represi贸n es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotaci贸n.

2. 驴C贸mo hacemos el Archivo?

Las pautas que utilizamos para la construcci贸n del Archivo son las siguientes:

  1. Incluimos todo caso que implique la aplicaci贸n de una pol铆tica represiva estatal, as铆 como la utilizaci贸n de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la v铆ctima.
  2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: polic铆a federal, polic铆as provinciales, polic铆a de la Ciudad, gendarmer铆a, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
  3. Incluimos todas las modalidades represivas y solo lo que responde a la aplicaci贸n de esas pol铆ticas estatales. El Archivo no es un conteo de 鈥渃iviles muertos鈥 en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de 鈥渓amentables accidentes鈥, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la pol铆tica represiva estatal.
  4. Desagregamos las modalidades en: gatillo f谩cil (fusilamientos falsamente presentados como 鈥渆nfrentamientos鈥); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicaci贸n de tormentos, e incluyen, tambi茅n, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (asesinatos cometidos en el marco de la represi贸n a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para 鈥渞esolver鈥 un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayor铆a de las desapariciones). Tambi茅n desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones forzadas y de femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios.
  5. Cerramos la b煤squeda de datos en noviembre, de modo que parte de ese mes, y todo diciembre, se incluyen en el Archivo del a帽o siguiente.
  6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las b谩sicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las v铆ctimas; el chequeo sistem谩tico de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de compa帽erxs que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten informaci贸n ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de inter茅s. Por ejemplo, los informes sobre femicidios, que registran un alto porcentaje de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad; los informes sobre muertes en c谩rceles de organizaciones anticarcelarias, y de organismos oficiales, como la Procuraci贸n Penitenciaria Nacional o la Comisi贸n por la Memoria.

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulaci贸n de 25 a帽os, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la informaci贸n recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que se帽alamos como responsables de las pol铆ticas que llevan a la represi贸n en su respectiva etapa.

Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fr铆os n煤meros son parte de la lucha organizada contra la represi贸n que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo as茅ptico, desligado de convicciones y principios. La contundencia de los datos s贸lo confirma, a帽o a a帽o, la necesidad de profundizar, en todo el pa铆s, la aplicaci贸n pr谩ctica de nuestra consigna fundacional: 隆CONTRA LA REPRESI脫N, UNIDAD, ORGANIZACI脫N Y LUCHA!


La represi贸n en la 鈥渘ueva normalidad鈥

En esta 27陋 actualizaci贸n, incorporamos 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 que ten铆amos registrados hace un a帽o. Adem谩s, tomamos nota de 9 casos ocurridos despu茅s del 1潞 de enero de 2023, que no est谩n computados en los gr谩ficos y tablas, ya que corres颅ponden a lo que ser谩 la actualizaci贸n 2023.

Este gr谩fico muestra la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualizaci贸n anual, desde la primera presentaci贸n en 1996, hasta esta vig茅simo s茅ptima, en 2022.

De esos 529 casos nuevos, 436 ocurrieron entre el 1/1/2022 y el 31/12/2022. Confirmando la permanente provisionalidad de la informaci贸n del Archivo, siempre su颅jeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, adem谩s de esos 436 casos ocurridos en 2022, incorporamos 91 casos ocurridos en el curso de 2021, a帽o que as铆 registra un total de 508 casos, y dos casos de a帽os anteriores.

Esta tabla y el gr谩fico que sigue muestran la cantidad de casos registrados en esta actualizaci贸n para cada a帽o. Adem谩s de advertir que la informaci贸n disponible de los a帽os 80 es poca e incompleta (los registros 鈥渟in datos鈥 son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los a帽os de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013). Se advierte igualmente el incremento sostenido en los a帽os 2016/2019, bajo el gobierno de Cambiemos 鈥揾oy Juntos por el Cambio-, al amparo de la demagogia puniti颅vista y sus expresiones normativas, como los protocolos de actuaci贸n policial (Doctrina Chocobar).

Los a帽os 2020 y 2021 muestran otro salto importante, que, como veremos al analizar modalidades, responde en particular al crecimiento exponencial de muertes en luga颅res de detenci贸n, consecuencia del permanente aumento del 铆ndice de carcelaci贸n en los 煤ltimos a帽os, y a la fuerte incidencia de la pandemia, dos factores que aumentaron todos los 铆ndices de violencia y muertes intramuros.

En cambio, entre 2020 y 2022, hubo un descenso 鈥搑ela颅tivo, pero sostenido- de los fusilamientos de gatillo f谩cil, especialmente los de autor铆a de fuerzas de seguridad federales, lo que puede vincularse causalmente a algunas de las medidas tonadas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 por el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n (de颅rogaci贸n de los protocolos Bullrich, prohibici贸n del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la PSA).

De las 436 muertes correspondientes a 2022, 319 ocurrie颅ron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo f谩cil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios 鈥搃ncluida una desaparici贸n- y un femicidio rela颅cionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstan颅cias (incluida una desaparici贸n).

Muertes bajo custodia estatal: Estar en un calabozo mata

Hist贸ricamente, las dos modalidades represivas de mayor incidencia num茅rica son los fusilamientos de gatillo f谩cil y las muertes de personas detenidas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en c谩rceles, comisar铆as u otros lugares. Sabemos que en los primeros a帽os hay un gran subregistro general, en particular de las muertes en lugares de detenci贸n, ya que no exist铆an, en los 鈥80 y 鈥90, informes de organismos oficiales a los que pudi茅ramos acceder. Reci茅n empezamos a disponer de fuentes confiables, como las recopilaciones peri贸dicas que hacen la Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n, la Comisi贸n Provincial por la Memoria y otros 贸rganos provinciales, como el Ministerio P煤blico de la Defensa de Santa Fe, en el curso del siglo XXI.

Este gr谩fico ilustra las proporciones de cada modalidad sobre el total de casos registrados en el Archivo (8.701 desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022):

La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 a帽os atr谩s, al punto que estaba casi a la par del gatillo f谩cil. A lo largo de los a帽os se fue ampliando, hasta llegar en los 煤ltimos a帽os a triplicar los fusilamientos en la v铆a p煤blica. En los tres a帽os de gobierno del Frente de Todos, la brecha es enorme, con 1.066 muertes bajo cus颅todia contra 300 fusilamientos de gatillo f谩cil. En 2022, la proporci贸n es de 319 a 80. As铆 lo vemos en estos gr谩ficos que ilustran la gesti贸n desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy, y el a帽o 2022 en particular: Este gr谩fico ilustra las proporciones de cada modalidad sobre el total de casos registrados en el Archivo (8.701 desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022):

Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situaci贸n carcelaria nacional, y el 铆ndice de encarcela颅miento. Seg煤n informes oficiales2, entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en c谩rceles a m谩s de 100.000, a las que hay que sumar al颅rededor de 20.000 en comisar铆as, alcaid铆as e institutos.

Si bien en 2020 y primeros meses de 2021, pandemia mediante, se frenaron un poco los nuevos ingresos, a partir de que algunos jueces optaron por evitar el encar颅celamiento por delitos menores respecto de personas especialmente vulnerables, en los 煤ltimos meses de 2021 y todo 2022 se aceler贸 nuevamente la tasa de encarce颅lamiento, que hoy, a nivel nacional, es de 241 personas cada 100.000 habitantes. Es una tasa bastante inferior a las de pa铆ses que encabezan los r茅cords mundiales, como EEUU (639) o El Salvador (562), pero enorme si se advierte que en 2002, primer a帽o de existencia del Siste颅ma Nacional de Estad铆sticas sobre Ejecuci贸n de la Pena (SNEEP), se registraba una tasa de 123 personas cada 100.000 habitantes.

Estos n煤meros demuestran, adem谩s, la falsedad absoluta de la campa帽a reaccionaria con el titular 鈥淢asiva liberaci贸n de presos en pandemia鈥, promo颅vida por la prensa hegem贸nica al comp谩s de los inte颅reses de la derecha, fundamentalmente de referentes de Juntos por el Cambio y 鈥渓ibertarios鈥, pero tambi茅n desde el oficialismo, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Los datos oficiales publica颅dos por organismos judiciales de todo el pa铆s permiten verificar que los pocos casos de libertadas asistidas o condicionales concedidas durante la pandemia refirieron a personas que ya estaban en condiciones de acceder a ese tratamiento, por cumplimiento de los recaudos necesarios de acuerdo a la pena que purgaban. De hecho, en algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, la feria judi颅cial extraordinaria del primer semestre de 2020 paraliz贸 el tr谩mite de los expedientes de personas que deb铆an salir en libertad en ese per铆odo. Lo mismo sucedi贸 con los arrestos domiciliarios y otras formas de morigeraci贸n de la prisi贸n preventiva o el cumplimiento de la pena, que s贸lo se concedieron a quienes hubieran obtenido la misma me颅dida sin pandemia, y tambi茅n con las demoras que impu颅so el cese de tareas de los juzgados. Todo esto, huelga aclararlo, no afect贸 a los siempre privilegiados por el poder judicial, como los funcionarios de las fuerzas de seguridad, que rara vez van presos, con o sin pande颅mia. El criterio judicial para ordenar el encarcelamien颅to de uniformados por delitos graves, como homicidio calificado, es tan 铆nfimo, que si se aplicara de manera uniforme al resto de las personas bajo proceso, las c谩rceles se vaciar铆an en un instante. No es menor destacar que la mitad de las personas presas no est谩n condenadas, y s贸lo el 17% registran reincidencia, al tiempo que la enorme mayor铆a de las detenciones responden a delitos contra la propiedad, con una incidencia muy menor de delitos contra las personas.

Las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los 铆ndices de delitos en el mismo per铆odo, que, por el contrario, descendieron. En el a帽o 2001, la tasa de robos o tentativas de robo era de 1.058,3. En 2021, descendi贸 a 860,4. La tasa de homicidios dolosos era de 8,6 en 2001, y baj贸 a casi la mitad (4,6) en 20213. Este brutal desfasaje entre la disminuci贸n sensible de delitos y el aumento al triple de la poblaci贸n carcelaria s贸lo se explica a partir de las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garant铆as durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayor铆as vulnerabilizadas.

En 2004, el Congreso Nacional sancion贸 el paquete denominado 鈥淟eyes Blumberg鈥 (n潞 25.882, 25.886 y 25.891), que aumentaron gen茅ricamente todas las penas, ampliaron el plazo para la libertad condicional en caso de penas perpetuas de 25 a 35 a帽os y la prohibieron para los homicidios criminis causae; y subieron de 25 a 50 a帽os el m谩ximo de la pena de prisi贸n. En diciembre 2016, entr贸 en vigencia la Ley 27.272, conocida como Ley de Flagran颅cia, que consagra el 鈥渄erecho a la condena鈥 al habilitar la elevaci贸n a juicio inmediata, sin per铆odo de instrucci贸n, y por ende de defensa, con las constancias policiales como 煤nica 鈥減rueba鈥. Y en 2017 se concret贸 la reforma de la ley de ejecuci贸n penal, con la ley 24.660, promovida por el radical mendocino Luis Petri, integrante de Juntos por el Cambio, que limit贸 much铆simo m谩s el derecho de acceder a cualquier tipo de morigeraci贸n de la prisi贸n efectiva.

Uno de los datos m谩s destacados tiene que ver con el aumento del encarcelamiento es la decisi贸n judicial de mantener detenidas a personas condenadas a penas cor颅tas (menos de tres a帽os), lo que se quintuplic贸 entre 2005 y 2022, pasando de 202 a 1.020. De nuevo, esta situaci贸n se aceler贸 con la aprobaci贸n de la Ley de Flagrancia, que aument贸 la cifra de 483 en 2016 a 811 en 2017, llegando en septiembre de 2022 a 1.020 personas detenidas por penas excarcelables.

Cada una de esas reformas legislativas produjo un salto importante en la cantidad de personas dete颅nidas en todo el pa铆s, hasta llegar a la literalmente estallada situaci贸n actual, que, reiteramos, triplica la poblaci贸n carcelaria de 2001, mientras los principa颅les delitos tuvieron bajas considerables.

A ello se suma el aporte 鈥渋nterpretativo鈥 de los integrantes del Poder Judicial, que se encargan de poner su mira颅da clasista al momento de aplicar la misma norma con resultados diferentes, seg煤n a qui茅n tengan delante. Es evidente c贸mo eval煤an de manera distinta cuestiones como los peligros procesales -riesgo de fuga, posibilidad de obstruir el tr谩mite o intimidar v铆ctimas o testigos, por ejemplo- seg煤n se trate de un pibe de barrio, un polic铆a o un empresario. Como se帽al谩bamos m谩s arriba, mientras las c谩rceles rebalsan de personas pobres sin antecedentes computables acusadas por robos o tentativas de robo, el 95% de los miembros de fuerzas de seguridad imputados por delitos grav铆si颅mos, como homicidio, homicidio calificado o tortura seguida de muerte, son excarcelados durante el proceso, o a lo sumo reciben un arresto domiciliario sin controles. Y esa situaci贸n de privilegio se mantiene incluso despu茅s de la condena, a lo largo de los cinco o seis a帽os que lleva agotar los recursos defensistas hasta que la sentencia queda firme.

Si bien la situaci贸n es similar a lo largo y ancho del pa铆s, hay algunos distritos con caracter铆sticas diferenciales. En la provincia de Buenos Aires, hoy hay 51.673 personas presas, casi la mitad del total pa铆s, lo que representa una tasa por 100.000 habitantes de m谩s de 300, muy superior a la nacional, con una sobrepoblaci贸n del 222%. En los 煤ltimos diez a帽os (2012-2021) la poblaci贸n detenida en comisar铆as aument贸 un 397%. En Mendoza, la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pas贸 de 155 personas en 2010 a 241 en 2020. En C贸rdoba es de 258.

Las celditas de Buenos Aires tienen ese 鈥渘o s茅 qu茅鈥

Pero, para no perder la costumbre, es necesario des颅tacar la situaci贸n carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Rodr铆guez Larreta anunciaron la creaci贸n de la Polic铆a de la Ciudad de Buenos Aires, uno de sus ejes de propaganda fue explicar que, a partir de ese momento, no habr铆a m谩s personas detenidas en comisar铆as, sino que se habilitar铆an unidades especiales, las Alcaid铆as, para el alojamiento provisorio hasta que se produjera la soltura, o la remisi贸n a unidad penitenciaria. Las primeras nueve alcaid铆as r谩pidamente pasaron a m谩s del doble (19), pero con la desaforada pol铆tica de carcelaci贸n del fuero porte帽o y del fuero nacional con sede en la ciudad, pronto quedaron chicas. A poco de andar, y a pesar de no haber sido nunca habilitadas para recibir personas presas, todas las comisar铆as de la Polic铆a de la Ciudad (31) empezaron a alojar personas detenidas.

No es exagerado el adjetivo 鈥渄esaforada鈥 para referirnos a la pol铆tica judicial de encarcelamiento en la Ciudad de Buenos Aires. En el a帽o 2019, no hab铆a mucho m谩s de 100 personas detenidas en dependencias de la Polic铆a de la Ciudad. En abril de 2020, eran 139. En diciembre de 2022, eran 948, distribuidas en 19 Alcaid铆as, el Centro de Contraventores y 31 comisar铆as no habilitadas. Paralelamente, hab铆a a la misma fecha 55 personas detenidas en comisar铆as de la Polic铆a Federal; 24 en dependencias de Gendarmer铆a Nacional y 10 de la Prefectura Naval.

Las 19 Alcaid铆as tienen una capacidad para 317 personas, pero alojan 545. Y las otras 403 personas, est谩n en comisar铆as no habilitadas como centros de detenci贸n. Casi la mitad son menores de 30 a帽os. M谩s de la mitad est谩n cumpliendo prisi贸n preventiva (53,7%). Por su parte, 153 personas est谩n a la espera de resolu颅ci贸n judicial y 99 cumplen condenas. En forma similar a los n煤meros nacionales, el 53,7% est谩 vinculado a delitos contra la propiedad y s贸lo el 8.7% a delitos contra las personas.

Morir en prisi贸n, primera causa de muerte a manos del estado

Como consecuencia directa de esta pol铆tica p煤blica del abuso de la prisi贸n preventiva 鈥搒alvo cuando son represo颅res- y la dilaci贸n de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, no s贸lo se multiplic贸 la poblaci贸n en c谩rceles y comisar铆as. Los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros, los homicidios, los 鈥渟uicidios鈥, en fin, todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el 煤ltimo per铆odo. M谩s del 73% del total de casos registrados ocurridos en 2022 corresponde a muertes bajo custodia, lo que hace que, a pesar del relativo descenso de los fusilamientos por gatillo f谩cil, los n煤meros absolutos sean mayores.

A煤n advirtiendo que la gesti贸n de Alberto Fern谩ndez lleva tres a帽os, mientras Mauricio Macri complet贸 cuatro, se verifica un descenso relativo de los fusilamientos de gatillo f谩cil a partir de fines de 2019, mientras las muertes bajo custodia se mantuvieron, con un pico extremo en 2020. As铆 lo muestra este gr谩fico:

Es evidente el impacto del pu帽ado de medidas auspiciosas tomadas por el Ministerio de Seguridad Nacional en los primeros meses de la gesti贸n de Alberto Fern谩ndez, como la derogaci贸n de los pro颅tocolos Bullrich que legitimaban, entre otras cosas, el disparo a personas desarmadas, o la prohibici贸n del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la polic铆a de seguridad aeroportuaria (PSA). Volveremos sobre el punto en el cap铆tulo sobre intervenci贸n de las distintas fuerzas.

Del mismo modo, es evidente que nada cambi贸 en el 谩mbito carcelario y de comisar铆as.

En la categor铆a de muerte de personas privadas de su li颅bertad, que incluyen c谩rceles, comisar铆as y todo otro lugar de detenci贸n (incluso patrulleros), confluyen los cl谩sicos 鈥渟uicidios鈥, que encubren, en una enorme proporci贸n, la muerte por aplicaci贸n de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tard铆a颅mente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados 鈥渃oches-bomba鈥 (sicarios). Tambi茅n se registran de manera creciente fallecimientos por enfer颅medades que nunca causar铆an la muerte con una m铆nima atenci贸n m茅dica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.).

La situaci贸n carcelaria, con la sobrepoblaci贸n deliberada颅mente generada a partir de las nomas y pr谩cticas judicia颅les mencionadas, es, evidentemente, de una gravedad tal, que requiere ser abordada urgentemente. Es imprescin颅dible revisar la legislaci贸n represiva que gener贸 este estado de cosas.

Exigimos el cese del uso masivo de la prisi贸n preven颅tiva, que viola el derecho a permanecer en libertad mientras subsiste la presunci贸n de inocencia, para las personas acusadas por delitos leves (excarcela颅bles), sin riesgo de fuga ni capacidad para obstruir el tr谩mite judicial. Reclamamos que esos requisitos sean evaluados de manera pareja, sea quien sea la persona imputada, sin beneficiar discrecionalmente a miembros de las fuerzas de seguridad.

Las muertes en comisar铆as:

En 2022, registramos 37 muertes en comisar铆as: 16 en la provincia de Buenos Aires, una en CABA, dos en C贸rdo颅ba, una en Corrientes, una en Entre R铆os, una en La Rioja, tres en Misiones, tres en Mendoza, dos en R铆o Negro, una en Salta, cinco en Santa Fe y una en Tucum谩n. Todas, en el m谩s absoluto silencio medi谩tico. Es necesario remarcar que la mayor铆a sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguaci贸n de ante颅cedentes o faltas y contravenciones.

En 2023 cumplir谩 20 a帽os la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio, que orden贸 al Estado Argentino terminar con el sistema de detenciones arbitrarias y restringir la privaci贸n de libertad a las 煤nicas dos causales constitucional y convencionalmente per颅mitidas: Por orden judicial o porque se encontr贸 a la persona en el momento de cometer el delito. Durante dos d茅cadas, ning煤n gobierno 鈥搉i siquiera los que se ufanan de respetar los derechos humanos- acat贸 esa sen颅tencia, que exigir铆a eliminar las facultades de las fuerzas para detener personas para conocer sus antecedentes o identificar, prohibir los arrestos preventivos en materia contravencional y terminar las razzias y detenciones 鈥渁l voleo鈥. Mientras tanto, siguen entrando a las comisar铆as personas que no cometieron delito alguno y cuya deten颅ci贸n no fue ordenada por jueces ni fiscales. Y son esas personas arbitrariamente detenidas quienes con m谩s frecuencia terminan muertas en una celda, como Floren颅cia Magal铆 Morales (San Luis), Alejandro Mart铆nez (San Clemente del Tuy煤) o Daiana Abreg煤 (Laprida).

Exigimos el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio, que reducir铆a a la mitad las muertes en comisar铆as.

Otras modalidades:

Respecto de las desapariciones, hubo cuatro en el a帽o: Agustina Yoselie Nadal Herrera (v铆ctima de femicidio a manos de un marino), Jos铆as Ezequiel Galeano (hostiga颅do por la polic铆a de Ober谩, Misiones), Lucas Escalante y Lautaro Tom谩s Morello (desapariciones y homicidio, en el caso de Lautaro, cuyo cuerpo fue encontrado, vinculadas al tr谩fico de vales de nafta policiales).

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para 鈥渉acer estad铆stica鈥 y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participaci贸n policial en delitos comunes, vendiendo informaci贸n, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organizaci贸n de robos tipo comando, tr谩fico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de 鈥渙peraciones de prensa鈥 para ganar prestigio desbara颅tando los il铆citos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de m谩s de una fuerza en los territorios.

Todos los casos de violencia intrafuerza/intrafamiliar con v铆ctimas mujeres en 2022 correspondieron a femicidios y un femicidio relacionado.

Finalmente, entre 2020 y 2022, hubo una sola muerte en el marco de la protesta social, e comunero mapuche El铆as Garay, en Cuesta del Ternero, R铆o Negro, cuyo crimen, ejecutado por dos civiles armados, fue facilitado por la polic铆a provincial (grupo COER) y gendarmer铆a nacional.

Intervenci贸n de las distintas fuerzas

Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las polic铆as provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 44,28% de los casos, seguidas por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 41,33%, y, m谩s lejos, la polic铆a federal (7,53%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.

Pero si miramos las 煤ltimas dos gestiones, se advierten tendencias diferentes.

De las tablas y gr谩ficos precedentes se advierte la posici贸n de los servicios penitenciarios federales y provinciales, responsables de m谩s del 60% del total de muertes en la actualidad, con el consiguiente descenso proporcional de las polic铆as provinciales al 27,57% (lo que incluye muertes en lugares de detenci贸n). Y se verifica, en particular, el descenso de la incidencia de las fuerzas federales: Polic铆a federal 4,37%; Gendarmer铆a 0,86%; Prefectura 0,40% y 0 para la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria.

Es importante destacar que siguen sin registrarse fusilamientos a manos de personal de la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria entre 2020 y 2022. Esto se explica a partir de la prohibici贸n, dispuesta a principios de marzo de 2020, a los miembros de esa fuerza federal, de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. Sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del pa铆s, es una comprobaci贸n emp铆rica de c贸mo se podr铆a reducir el gatillo f谩cil significativamente si la misma decisi贸n se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que m谩s de la mitad de los fusilamientos en la v铆a p煤blica son cometidos por funcionarios de civil, pero que portan y usan el arma reglamentaria.

Y sin dudas, la derogaci贸n de los protocolos Bullrich en diciembre de 2019 determina la menor intervenci贸n de las dem谩s fuerzas federales, con un descenso comparativo que no puede ser ajeno al cambio de actitud del gobierno actual, que, al menos en este punto, no viene sac谩ndose fotos ni ascendiendo fusiladores de gatillo f谩cil. L贸gicamente eso solo no alcanza, pero da la pauta de c贸mo, aun si modificar el marco sist茅mico, hay medidas 煤tiles para al menos reducir la letalidad de las fuerzas frente a la poblaci贸n desarmada. Por eso, exigimos la prohibici贸n de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria a todas las fuerzas cuando est谩n de civil o fuera de servicio y reclamamos el cese de la provisi贸n de defensa especializada penal en casos de gatillo f谩cil a cargo de abogados de planta de los ministerios de Seguridad.

Finalmente, debemos dedicar nuevamente unos p谩rrafos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que seguimos padeciendo la gesti贸n iniciada por Mauricio Macri y que contin煤a, ya en su d茅cimo quinto a帽o de mandato consecutivo, con Horacio Rodr铆guez Larreta.

De los 172 casos de gatillo f谩cil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 a manos de la Polic铆a de la Ciudad y la Polic铆a Bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera, y 109 por la segunda. Pero la Polic铆a de la Ciudad tiene poco m谩s de 25.000 efectivos, mientras su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, la Polic铆a Bonaerense supera cuatro veces la dotaci贸n de la Polic铆a de la Ciudad, pero es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del a帽o, mientras la porte帽a, con la cuarta parte de efectivos, cometi贸 el 36,7%.

Hace falta mucha convicci贸n represiva para, con la cuarta parte de los efectivos, cometer un tercio de los fusilamientos. Es la 煤nica fuerza que hace sombra a la polic铆a de Sergio Berni, nada menos.

Edad de las v铆ctimas: lxs pibxs est谩n en peligro

Sobre el total de casos del Archivo, el 39% eran personas de menos de 25 a帽os. El 45% ten铆an m谩s de 25, y carecemos de datos de edad del 16%.

Si desglosamos por rango de edad, siempre sobre el total de casos, vemos que la franja de 15 a 25 a帽os ocupa el 37%, m谩s el 2% de ni帽xs de 14 o menos. Si sumamos el 22% de las personas entre 26 y 35 a帽os, resulta que el 61% ten铆an 35 a帽os o menos.

El 21% de casos sin datos precisos de edad, en su mayor铆a corresponden a muertes en lugares de detenci贸n. Los informes oficiales a los que accedemos publican datos parciales, seg煤n los criterios de cada organismo para elaborar sus registros. En ning煤n caso cubren totalmente nombre, edad, g茅nero, unidad penitenciaria o comisar铆a y causa de la muerte, por lo que debemos reconstruir esa informaci贸n cruzando distintos registros con noticias period铆sticas, informaci贸n de familiares o denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman 鈥渕enores adultos鈥. Teniendo en cuenta la composici贸n etaria de la poblaci贸n carcelaria, es altamente probable que muchos de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 a帽os.

Si s贸lo tomamos los 煤ltimos tres a帽os, se incrementa el promedio de edad, a partir de la mayor incidencia de muertes en c谩rceles, que son personas mayores.

Distribuci贸n por territorio: de Ushuaia a La Quiaca

Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemon铆a absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 55,80% del total, seguida de lejos por Santa Fe, C贸rdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran esta tabla y gr谩fico.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene m谩s de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen m谩s clara que permita comparar distritos con tanta desproporci贸n poblacional, debemos calcular la incidencia de la represi贸n estatal en relaci贸n a la cantidad de habitantes.

Al obtener un 铆ndice por mill贸n de habitantes conforme los datos provisorios del censo 2022, vemos que la represi贸n se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con m铆nimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente informaci贸n confiable.

La provincia de Buenos Aires contin煤a primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene m谩s de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen m谩s clara que permita comparar distritos con tanta desproporci贸n poblacional, debemos calcular la incidencia de la represi贸n estatal en relaci贸n a la cantidad de habitantes:

Ni una menos: femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayor铆a de los asesinatos de gatillo f谩cil, con su fuerte componente de control social, correspond铆a a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y ni帽as. Tambi茅n el n煤mero de mujeres muertas en lugares de detenci贸n es sensiblemente menor que el de varones, pero eso se explica por la diferencia cuantitativa de la poblaci贸n carcelaria y de comisar铆as en relaci贸n al g茅nero.

Sin embargo, tambi茅n advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de v铆ctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal en el marco de ese tipo de violencias nos llev贸 a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simult谩neamente, encuadraran en otras modalidades seg煤n la forma de la muerte.

En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados se remontan a 1992. Desde entonces el 铆ndice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 434 femicidios sobre un total de 755 v铆ctimas mujeres.

Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Registramos, adem谩s, 52 femicidios relacionados, esdecir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la v铆ctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen ni帽os y ni帽as como v铆ctimas.

En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detenci贸n, pero tambi茅n en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. As铆, aunque sabemos que son m谩s, s贸lo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las FFSS.

Este gr谩fico compara la proporci贸n de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 397 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 386 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de g茅nero como factor determinante en las dem谩s modalidades:

Muertes bajo custodia estatal: Gestiones: No todo da igual, aunque haya mucho por reclamar

Al comparar el n煤mero total de casos registrados por cada gesti贸n de gobierno desde 1983 a la fecha, se producen dos distorsiones. Una no tiene remedio: Como ya lo advertimos m谩s arriba, la informaci贸n de las d茅cada del 鈥80 es escas铆sima y la de los primeros a帽os de la d茅cada siguiente no es mucho mejor. Fueron datos reconstruidos de manera artesanal y mucho tiempo despu茅s, ya que empezamos a elaborar el Archivo reci茅n a fin de 1996. A partir de entonces, empezamos a hacer el seguimiento permanente en tiempo real, pero las herramientas de b煤squeda eran a煤n precarias. Ten铆amos poco acceso a internet, no hab铆a portales de noticias o diarios on line de todos los lugares del pa铆s y no exist铆an las redes sociales y sistemas de mensajer铆a que hoy nos permiten contactarnos con personas casi de cualquier lugar.

En cambio, la segunda distorsi贸n, que deriva de las grandes diferencias del tiempo en oficina de cada administraci贸n estatal, se puede corregir, como lo hacemos con la distribuci贸n de casos en proporci贸n a la poblaci贸n de los distritos. Por eso, adem谩s de mostrar los porcentajes totales de cada gesti贸n de gobierno, hacemos el c谩lculo de los d铆as y horas gobernadas, para obtener un dato comparable, ya que no es lo mismo haber gobernado dos a帽os que doce.

Como surge del gr谩fico de modalidades en los tres a帽os de gesti贸n actual, la cantidad abismal de muertes en lugares de detenci贸n ocurridas en ese lapso, m谩s del 73% sobre el total de 1.509 muertes a manos estatales, hace palidecer el descenso de fusilamientos de gatillo f谩cil por fuerzas federales que detectamos el a帽o pasado y se profundiz贸 este a帽o, a partir del cambio de actitud que implic贸 la derogaci贸n de los Protocolos Bullrich.

Las muertes en dependencias policiales de todo el pa铆s tienen directa relaci贸n con la subsistencia y ampliaci贸n de las facultades policiales y de otras fuerzas para realizar detenciones arbitrarias, lo que fortalece nuestro reclamo 鈥搚a hist贸rico, a 20 a帽os vista- de cumplimiento de la sentencia del caso Bulacio de la Corte IDH.

El escenario viene empeorando en materia de muertes bajo custodia, y, aun sin la expl铆cita promoci贸n desde la Casa Rosada del gatillo f谩cil, y algunas medidas que tuvieron efecto sobre las fuerzas federales, en las provincias y CABA se mantienen los fusilamientos cotidianos.

Como lo prueba el caso de la PSA, es urgente que se implemente la prohibici贸n de la portaci贸n y uso de arma reglamentaria fuera de servicio o de civil. El 66% de los fusilamientos de gatillo f谩cil, y el 95% de los femicidios de uniforme, suceden en esas circunstancias, y ser铆an evitables.

Todos estos datos de la realidad ratifican la pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitir铆an mejorar sensiblemente la protecci贸n de la vida y la integridad f铆sica de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Las muertes en la represi贸n a la protesta

Desde 1983, se registran 92 muertes en la represi贸n a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 44 asesinadxs, de lxs cuales 37 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escoltan el gobierno de Cristina Fern谩ndez, con 16 en el primer mandato y 4 en el segundo, y Alfons铆n, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y N茅stor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sum贸 a la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en R铆o Negro, ambos en el marco de la represi贸n descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperaci贸n de su territorio, el fusilamiento del ni帽o Ismael Ram铆rez en S谩enz Pe帽a, Chaco, en la represi贸n a un piquete de desocupados, y a Rodolfo 鈥淩onald鈥 Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza. Este a帽o 2021, El铆as Garay, comunero mapuche de R铆o Negro, se convirti贸 en el primer asesinado en la represi贸n a un conflicto social en esta gesti贸n, bajo la modalidad de la tercerizaci贸n, s贸lo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mat贸 a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestaci贸n que pretende las tierras ancestrales del pueblo Mapuche.

Vigencia y urgencia de la Agenda Antirrepresiva

Sabemos que la represi贸n estatal, en todas sus formas, no es producto de errores sueltos, abusos individuales y ni siquiera de 鈥渇uerzas fuera de control鈥. Es una pol铆tica de estado que se vincula directamente con las necesidades del sistema capitalista en materia de control social y disciplinamiento.

Pero, como vemos al repasar los datos que surgen de este Archivo, sobre ese tel贸n de fondo inamovible en el marco de una sociedad dividida en clases, operan otros factores, que determinan 鈥搊 condicionan fuertemente- la manera en que se descarga la represi贸n en un momento y lugar concretos. Y tampoco son irrelevantes las medidas que toman los distintos gobiernos, sea por la coyuntura o por su propia convicci贸n, para profundizar o parcialmente limitar el impacto represivo.

En el inicio de un a帽o que ya est谩 signado por la campa帽a electoral hacia la renovaci贸n de los mandatos presidencial, de muchas gobernaciones y la jefatura de gobierno de CABA, y el recambio legislativo, no podemos obviar que una de las fuerzas mayoritarias, que ya nos oprimi贸 y reprimi贸 entre 2015 y 2019, pretende volver a administrar el gobierno nacional, recargada con la presi贸n por derecha que imprimen sectores todav铆a m谩s reaccionarios, como Milei o Espert.

A nivel continental vemos ese crecimiento ultramontano, que incluso pone en peligro cierto el r茅gimen democr谩tico, reivindica el genocidio y el terrorismo de estado, impulsa la represi贸n masiva y subordina sin pudor alguno todo intento de soberan铆a al imperialismo y sus intereses, como tan claramente lo explic贸 hace poco la jefa del Comando Sur de EEUU en la entrevista sobre la importancia de los recursos naturales de nuestra regi贸n para 鈥渓a seguridad nacional鈥 (de los yanquis, claro).

Creemos que es prioritario, en t茅rminos de nuestra supervivencia, poner en el primer punto de nuestra atenci贸n la confrontaci贸n con esa derecha rancia, lo que desde luego no significa silenciar que tambi茅n hay expresiones similares en el otro sector, sino simplemente se帽alar lo m谩s grave frente a lo grave. Sabemos lo que nos espera si Rodr铆guez Larreta, Bullrich o Macri toman el control del gobierno nacional.

Finalmente, 2023 es tambi茅n el a帽o que marca un hito hist贸rico para nuestro pa铆s: El 10 de diciembre, cuando se produzca el cambio de gobierno, se estar谩n cumpliendo 40 a帽os ininterrumpidos de funcionamiento institucional sin golpes de estado. Es la primera vez, desde la sanci贸n de la ley de sufragio universal (1912), que Argentina vive cuatro d茅cadas de democracia. Democracia formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y cuanto adjetivo querramos adicionar, pero, al fin de cuentas, democracia, que nos permite, por ejemplo, presentar este Archivo de Casos.

A 40 a帽os del fin de la dictadura c铆vico-militar eclesi谩stica, y casi el mismo tiempo de denunciar, desde el nacimiento de nuestra organizaci贸n, la represi贸n estatal en nuestro pa铆s, venga de donde venga, nos vemos en la necesidad de insistir en la vigencia y urgencia de nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva.

Una serie de medidas que no van a cambiar el problema de fondo, que son sin dudas insuficientes para el objetivo de construir una sociedad sin explotaci贸n, opresi贸n y represi贸n, pero que la realidad viene demostrando que pueden reducir, incluso de manera significativa, los resultados m谩s letales de la represi贸n estatal.

Y si somos m谩s quienes quedamos con vida, seremos m谩s para promover esa transformaci贸n social profunda. No se generan cambios desde el cementerio.

Por eso, reclamamos:

鈥 Eliminaci贸n de todas las facultades y pr谩cticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente.

隆Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!

鈥 Prohibici贸n a todas las fuerzas de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

鈥 Cese del uso indiscriminado de la prisi贸n preventiva por delitos menores.

鈥 Derogaci贸n de las reformas regresivas en la legislaci贸n represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al C贸digo Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.

鈥 Prohibici贸n de proveer defensa t茅cnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

鈥 Acceso gratuito al sistema judicial para v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de la represi贸n.

鈥 Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.

鈥 Anulaci贸n de la directiva que tiene la polic铆a federal de portar el arma en condici贸n de disparo inmediato (con bala en rec谩mara y sin seguros).

鈥 Revisi贸n y r谩pido tr谩mite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas  en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.

鈥 Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la poblaci贸n carcelaria com煤n.

鈥 Garant铆a de la debida provisi贸n de asistencia m茅dica y psicol贸gica, alimentos, medicaci贸n y recursos sanitarios en lugares de detenci贸n.

鈥 No a la baja de edad de punibilidad de ni帽xs y adolescentes.

鈥 Cese inmediato del permanente y sistem谩tico hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la v铆a p煤blica, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

鈥 Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.

鈥 Eliminaci贸n de los protocolos de l贸gica b茅lica para la actuaci贸n de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

鈥 Eliminaci贸n de los 鈥淐omandos Unificados鈥 para la intervenci贸n conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.

鈥 Eliminaci贸n del sistema actual de comisar铆as y alcaid铆as de la Polic铆a de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detenci贸n y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

鈥 Cese de la militarizaci贸n de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo f谩cil.

鈥 Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementaci贸n efectiva de los derechos conquistados.

鈥 Derogaci贸n de la Resoluci贸n n潞 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuaci贸n para que las fuerzas de seguridad hagan 鈥渢areas de prevenci贸n鈥 (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales p煤blicas.

鈥 Derogaci贸n del Decreto 489/2019 que cre贸 el RePet (Registro P煤blico de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).


Descargar el informe en formato PDF (clic derecho y 鈥済uardar como鈥)




Fuente: Argentina.indymedia.org