CORRUPCIÓN EN CANTABRIA ¿EXCEPCIÓN O NORMA?

El pasado 22 de Febrero, como muchas ya sabréis, La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria registró la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un Juzgado de Madrid ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras de ese departamento. Entre las 8 personas detenidas se encontraba un funcionario de Obras Públicas.

Se destapaba un buen pelotazo de corrupción que, según la Delegada de Gobierno de Cantabria Quiñones, llevaba investigándose durante muchos meses atrás y que algunos medios han venido a llamar la mayor trama de corrupción de la comunidad. Posteriormente, el consejero de Obras Públicas  presentaba la dimisión ante una trama que implica haber manipulado los contratos del servicio de mantenimiento de las carreteras regionales por, al menos, 42 millones de euros.

La operación no ha llegado en un momento cualquiera sino en la etapa preelectoral. Ello implica, entre otras cosas, que la derecha mediática a nivel regional y estatal ha estado aprovechando “el tirón” para resaltar las contradicciones del presidente de Cantabria Revilla, marca mediática del PRC, dudando de la veracidad de sus palabras al afirmar que no sabía nada durante estos años sobre las irregularidades del caso, así como exigiendo responsabilidades al Psoe con Zuloaga como vicepresidente. El hilo de este “golpe” a la corrupción recorre una treintena de empresas en el punto de mira y una cadena de relaciones establecidas para blanquear dinero.

Como dice la canción «Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo como quieres que me asombre» es por ello que no escribimos sobre este tema con una pretensión indignada hacia las protagonistas concretas de este caso de corrupción, cuestión que conduce generalmente a legitimar la regeneración de la administración pública a través de la teoría de “las manzanas podridas”. Teoría que continuamente conlleva producir opinión pública sobre lo mal que lo han hecho “unos cuántos caraduras irresponsables” relacionados con un partido determinado u otro. Es dificil saber cuántos casos de corrupción destapados puede haber en la historia de las administraciones públicas a nivel local, estatal e internacional, para aceptar que dichos casos no responden a excepcionalidades de un sistema imperfecto, sino al propio funcionamiento lógico de las democracias neoliberales. Existen, no obstante,  factores que facilitan los casos de corrupción y desfalco, como es la privatización de los servicios públicos. Trabajadores del Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Gobierno de Cantabria así lo afirmaron denunciando, en una rueda de prensa a mediados de Marzo, las carencias de medios humanos y materiales que atraviesa este sector desde hace años, generando un caldo de cultivo idóneo para la privatización.

Como es difícil y carece de interés entrar en detalles sobre esta trama sin a la vez contribuir a generar esperanzas en una administración pública más transparente y sin hacerle el juego a los rivales políticos en la carrera electoral, vamos a utilizar dicho suceso para problematizar aquello que socialmente entendemos por corrupción.

La visión clásica de la corrupción, que es la imperante en la sociedad en la que vivimos y la mayoritaria en la opinión pública, Como Marlon O.reyes afirma en “Corrupción y superación del capitalismo”, «analiza el fenómeno de forma aislada, desconectado de la realidad política, social y económica, sin criticar o cuestionar al sistema capitalista. Se culpa a individuos o grupos en particular como carentes de valores éticos o morales, que la conducta desviada más bien responde a naturales tendencias egoístas e inconsciencia social. Para los defensores de esta corriente la solución es muy elemental. Va de la mano de los controles institucionales, endurecimiento de las leyes penales y en lo administrativo creando las leyes como las de acceso a la información pública.»

La década de 1980 es crucial para entender la idea sobre corrupción actual, pues es cuando surgen infinidad de ongs y organismos contra la corrupción a nivel europeo y occidental, usadas en ocasiones también para la evaluación y seguimiento de los países en desarrollo tras los procesos de descolonización y en un nuevo periodo de doctrina neoliberal que sienta las bases de lo que conocemos hoy, un presente marcado por la privatización de los servicios públicos. Pero, ¿Qué sería del progreso de los estado-nación europeos sin la apropiación indebida de los bienes públicos para uso privado por parte de los altos cargos directivos a través de sus cadenas de clientelismo y silencio?

En este sentido, las llamadas a la transpariencia, la depuración de funciones y las multas son elementos pasajeros que aportan seguridad simbólica a la ciudadanía, aunque no eviten futuros casos de corruptela. Por ejemplo, en el caso de Cantabria, en los últimos 6 años, más de medio centenar de politicos, funcionarios y técnicos han sido condenados por corrupción. Si nos vamos años más atrás, como indica el artículo de Eldiario.es “Cantabria, la tierra de los mil cárteles”, La Comisión Nacional de la Competencia consideró acreditado que entre 1998 y 2011, más de 900 obras públicas en Cantabria fueron repartidas entre los integrantes de un cártel.

Esa seguridad simbólica es la que en este caso concreto ha venido a restaurar la nueva consejera de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, disculpándose por lo ocurrido y con un objetivo declarado de “recuperar la confianza” de los funcionarios. Pero, como dijo Albert Calsamiglia, “confiar espontáneamente en la aceptación de las reglas democráticas para evitar la corrupción es ilusorio […] el sistema democrático es vulnerable a la corrupción porque no acaba de generar suficiente lealtad“.

Lo cierto es que tanto a nivel local como en escalas más amplias, la corrupción es un método de acumulación de capital inherente al modelo social actual y acompaña la historia democrática de la región y del estado. Antes de participar en la denuncia indignada que pida mayor transpariencia, aún entendiendo la gravedad que conlleva la corrupción sobre el conjunto de la sociedad y cuyas consecuencias recaen en la vida cotidiana de las de abajo, cabe la posibilidad de mirar este suceso y los que le acompañan con distancia y excepticismo. Nuestra lucha es otra y no está en acabar con la corrupción, sino en transformar la sociedad que da pie a la misma.

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