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En el mes de noviembre del a帽o 2019, el movimiento estudiantil de las universidades p煤blicas, personas de distintos movimientos y organizaciones sociales se movilizaron en contra de la aplicaci贸n de diversas pol铆ticas, entre ellas los recortes econ贸micos al Fondo Econ贸mico de la Educaci贸n Superior. Tambi茅n denunciaban temas de violaci贸n a la legislaci贸n ambiental, de g茅nero, conflictos agrarios que perjudican al sector campesino, apoyo a la lucha por la justicia territorial llevada a cabo por comunidades ind铆genas y los homicidios pol铆ticos, aun impunes, ejecutados contra Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera, entre otros conflictos que continuan agravandose perjudican en mayor medida a los sectores empobrecidos hist贸ricamente.

El d铆a 21 de noviembre de ese a帽o, siete personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Natalia Tapia 脕lvarez, Sileny V谩squez Orozco, Ixmucane Hern谩ndez, Javier Carvajal Monterrey, Andr茅s Sol铆s Aponte, Abraham Cisneros Quesada y Antonio Mora Castro, fueron detenidas de manera violenta en las afueras de la Facultad de Derecho de dicho centro de estudios.

Las personas detenidas son procesadas en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San Jos茅, bajo el expediente N掳 19-003444-0175-PE, por los supuestos de incendio o explosi贸n y obstrucci贸n de la v铆a p煤blica. Estas personas ya fueron condenadas bajo el veredicto de 鈥渃ulpables鈥 por la dictadura medi谩tica dominada por los grandes medios de comunicaci贸n, sin siquiera haber existido un juicio en el que ejerzan su derecho de defensa.

Estas acciones de persecuci贸n medi谩tica, pol铆tica y judicial en contra de personas que ejercen su leg铆timo derecho al disenso y a la manifestaci贸n es una pr谩ctica que viene en ascenso en Costa Rica y busca cercenar el derecho a la protesta social a trav茅s de la criminalizaci贸n del libre ejercicio de este derecho.

La protesta social es un derecho en el cual confluyen otros, como la libertad de pensamiento, de reuni贸n y de expresi贸n, por mencionar algunos, todos ellos consagrados en instrumentos internacionales de derecho y en la Constituci贸n Pol铆tica. Algunos art铆culos constitucionales que se violentan con este proceso son : el 1) 25 derecho de asociaci贸n, 2) 26 derecho de reuni贸n y manifestaci贸n, 3) 27 derecho de petici贸n, 4) 28 derecho a la libertad de pensamiento y 5) 29 derecho a la libre expresi贸n y Convenios Internacionales que tutelan la libertad de expresi贸n y manifestaci贸n como la Convenci贸n Americana de DDHH y el Convenio N掳87 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo de la ONU.

La protesta social se ha considerado como derecho fundamental y un derecho humano por la importancia que tiene como herramienta de los pueblos y movimientos sociales para denunciar y exigir el cumplimiento de sus derechos que son lesionados por el aparato estatal.

En Costa Rica la criminalizaci贸n de la protesta social es un peligro latente que pone en riesgo la libertad de expresi贸n, en la 煤ltima d茅cada se han visto varios casos de persecuci贸n pol铆tica en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos que se judicializan con el objetivo de aleccionar y atemorizar a los sectores populares que se manifiestan, tal es el caso de las personas estudiantes que mencionamos.

Ante este panorama es que exigimos a la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, solicite el sobreseimiento definitivo sobre las personas imputadas, lo anterior con fundamento en el inciso a) del art铆culo 311 del C贸digo Procesal Penal que se帽ala que el sobreseimiento procede cuando : 鈥淓l hecho denunciado no se realiz贸 o no fue cometido por el imputado鈥.

Los delitos que se les acusa a las personas imputadas son a todas luces una envestida contra el derecho a la protesta social, ninguna de las personas acusadas particip贸 en la comisi贸n de delito alguno, por lo cual la Fiscal铆a est谩 en el deber no solamente 茅tico, sino en el deber legal de solicitar el sobreseimiento definitivo por no contar con los medios probatorios necesarios y

que no alcanzan un m铆nimo de certeza que logre vincular las personas encartadas con los supuestos hechos cometidos.

Este proceso ha tenido y tendr谩 un elevado costo para el erario p煤blico, ha nacido muerto y ha sido impulsado fervientemente de esto modo con la clara intenci贸n de criminalizar estudiantes que ejerc铆an sus derechos constitucionales.

Por estas razones, suficientes, es que solicitamos se dicte de manera inmediata el sobreseimiento definitivo a todas las personas procesadas y no se eleve este caso a juicio.

RESPETO AL DERECHO DE DISENTIR, LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EXPRESI脫N Y MANIFESTACI脫N.

NO A LA CRIMINALIZACI脫N DE LA PROTESTA SOCIAL.




Fuente: Laboursolidarity.org