Criminalización y vigilancia humanitaria de fronteras en el Canal de la Mancha

November 1, 2021 –
De parte de Briega

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Botes para migrantes en el puerto de Dover

Reblogueado del blog Border Criminologies.

Publicación de Thom Tyerman, Travis Van Isacker, Philippa Metcalfe y Francesca Parkes. Esta publicación fue escrita en conjunto con redes de activistas que trabajan contra el régimen fronterizo del Reino Unido en el noroeste de Francia, incluidas Watch the Channel y Calais Migrant Solidarity.

En marzo de 2021, el Ministerio del Interior del Reino Unido publicó un libro blanco titulado The New Plan for Immigration (NPI) que identifica a los solicitantes de asilo como una fuente principal de “inmigración ilegal”. El NPI y el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras que informa proponen una revisión drástica del sistema de asilo, limitando el estatus de refugiado completo a aquellos que son seleccionados y traídos al Reino Unido a través de un “ esquema de reasentamiento ” restrictivo al tiempo que introduce un estatus temporal con menos derechos para las personas que solicitan asilo después de haber viajado al Reino Unido fuera de estas rutas.

Al mismo tiempo, el Reino Unido ahora declarará ‘inadmisibles‘ las solicitudes de asilo presentadas por alguien que viajó a través de un ‘tercer país seguro‘ (países europeos en particular) y tratará de deportarlo rápidamente a ese ‘tercer país seguro‘, porque tengan una “conexión” con, o con cualquier otro país que los acepte. Sin embargo, en el momento de redactar este informe, el gobierno aún no ha podido negociar ningún acuerdo de retorno con otros países, lo que significa que, por el momento, los “solicitantes de asilo inadmisibles” no se enfrentan a la deportación. Junto a esto, el proyecto de ley propone criminalizar a los solicitantes de asilo introduciendo el nuevo delito de simplemente “llegar” al Reino Unido sin permiso, además del delito existente de “entrar” sin permiso (es decir, eludir los controles de inmigración). El delito de ‘facilitación‘ de la llegada / entrada se ampliará para incluir a las personas que no actúan ‘para obtener ganancias’ (es decir, que no se benefician material o económicamente) y que conllevarán una posible cadena perpetua, aunque quedan exenciones para las organizaciones que asisten al asilo. -buscadores sin cargo.

El Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras se presenta como allanante del camino para que las autoridades del Reino Unido promulguen devoluciones en el Canal de la Mancha y detengan a personas en alta mar o en el extranjero mientras se procesan sus solicitudes de asilo. La criminalización de amplio alcance que aquí se propone busca complementar la retórica hostil y las respuestas de seguridad militarizadas dirigidas a los solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones que continúan dominando los medios de comunicación. A través de este proyecto de ley, el gobierno británico espera que parezca cumplir su promesa nacionalista del Brexit de ‘recuperar el control‘, incluso cuando vende derechos, protecciones e ingresos fiscales en la búsqueda de inversiones corporativas internacionales y nuevos mercados para formar la base. de la “Gran Bretaña global” (véase, por ejemplo, el plan del Partido Conservador para establecer “puertos libres” en todo el Reino Unido).

Sin una pizca de ironía, el Ministerio del Interior afirma que su ‘Nuevo Plan‘ defiende el compromiso humanitario del Reino Unido con los refugiados mediante la expansión de las ‘rutas legales‘ para el reasentamiento, el desmantelamiento de las redes de contrabando de explotación y desalentando los cruces ‘ilegales‘ peligrosos al bloquear el acceso de las personas no autorizadas. estatuto y derechos de los refugiados. Sin embargo, estas medidas se relacionan directamente con las estrategias gemelas de seguridad fronteriza del Reino Unido de disuasión y externalización. El humanitarismo y la hostilidad van de la mano en este “nuevo sistema que es justo pero firme“.

Respuestas de la sociedad civil al NPI: ¿oposición o cooperación?

En el Reino Unido, las respuestas de la sociedad civil han criticado ampliamente a la NPI como cruel, impracticable y probablemente ilegal según el derecho internacional. Gran parte de esta oposición se ha concentrado en torno a los llamamientos para la introducción de ‘rutas seguras y legales‘ para los solicitantes de asilo: ‘vías que permitan a las personas que necesitan protección internacional viajar al Reino Unido de manera segura y gestionada, normalmente a través de una solicitud o aprobación proceso realizado en el extranjero ‘. Considerado como necesario para minimizar el riesgo de explotación, lesiones y muerte que los refugiados actualmente enfrentan para llegar al Reino Unido (y a Europa en general), las propuestas de la sociedad civil incluyen la introducción de ‘visas humanitarias‘, esquemas para reubicar a niños no acompañados y expandir el reasentamiento internacional de refugiados y sus familias. Mecanismos de reencuentro. Vea, por ejemplo, propuestas de políticas del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes, Safe Passage, Migrant Offshore Aid Station y Choose Love, entre otros. Las rutas seguras y legales “se presentan como” una alternativa … una respuesta mejor, más amable y más humana “a la legislación hostil “del gobierno del Reino Unido. Pero las sugerencias prácticas que conllevan se parecen notablemente a las propuestas por el Ministerio del Interior y hacen poco para desafiar el poder discriminatorio del estado del Reino Unido. Los visados siempre han sido una herramienta para controlar y limitar la libre circulación de unos y mantenerla o facilitarla para otros. De hecho, es debido al restrictivo sistema de visados de la UE / Reino Unido que las personas se ven obligadas a tomar rutas irregulares por medios peligrosos para llegar a Europa en primer lugar. No está claro cómo las visas “humanitarias” funcionarían de manera diferente o tendrían resultados diferentes al sistema de visas actual. Del mismo modo, no está claro de qué manera los planes de reasentamiento ampliados previstos por la sociedad civil humanitaria diferirían en la práctica de los propuestos por el gobierno del Reino Unido. Ambos todavía implicarían el rechazo preventivo de un gran número de personas por parte de representantes del estado británico, o de aquellos a quienes subcontratan, lo que obligaría a las personas a tomar las rutas ‘ilegales‘ y ‘peligrosas‘ que supuestamente tenían los visados de reasentamiento o humanitarios. para ayudarlos a evitar; por lo tanto, estas rutas son doblemente ilegítimas.

También es importante recordar cuán ineptos e inaccesibles pueden ser los esquemas de reasentamiento existentes. En 2013, el ACNUR abandonó a cientos de refugiados reconocidos en el campo de Choucha de Túnez sin reasentamiento ni apoyo, lo que los obligó a tomar rutas alternativas criminalizadas para viajar a un lugar seguro. El ACNUR también produce capacitación y materiales para los funcionarios fronterizos de los estados europeos, brindando asesoramiento sobre la elaboración de perfiles de llegadas y agilizando la expulsión de las personas que no cumplen con sus criterios de protección. Como tal, participa directamente en la criminalización de las personas en movimiento, incluidas aquellas que tienen fuertes “razones humanitarias” para su movimiento. Lejos de ser un actor humanitario neutral, el ACNUR es fundamental para la “vigilancia de poblaciones y fronteras” global.

Además, no está claro cómo las propuestas de las ONG o del gobierno resolverían las dificultades bien documentadas que enfrentan las personas LGBTI + al tratar de demostrar su elegibilidad para el reasentamiento o visas humanitarias mientras aún corren el riesgo de persecución. La idea de que las personas desplazadas por el caos de la guerra pueden o deberían participar en procesos de solicitud impuestos desde el exterior es falsa y requiere que ignoremos todo lo que sabemos sobre los desafíos que enfrentan. Y la política declarada del gobierno del Reino Unido de rechazar la llegada de refugiados a su territorio, mientras exige a otros estados que los acojan en su nombre, demuestra de manera destacada el continuo arte de gobernar colonial británico y su sentido de excepcionalismo que ha sido omnipresente a lo largo de la historia. De todas estas formas, las rutas seguras y legales defendidas por la sociedad civil del Reino Unido no desafían la legitimidad de la criminalización de los solicitantes de asilo por parte del Estado británico, que apuntala la expansión de las políticas ambientales hostiles contra ellos. De hecho, sus propuestas darían como resultado la reproducción de categorías y entendimientos simplificados de los movimientos de personas como autorizados / no autorizados, legales / ilegales, en los que se basa y legitima la criminalización. Algunas organizaciones reconocen este dilema y declaran explícitamente que el gobierno debe ‘r espetar y proteger los derechos de todas las mujeres, hombres y niños que solicitan asilo para hacerlo (incluso en el Reino Unido y por otras rutas que deban tomar)’ . Sin embargo, otros han abrazado plenamente esta nueva agenda, adoptando el papel de policía fronteriza al criminalizar preventivamente a los solicitantes de asilo y sus partidarios.

Choose Love: policía fronteriza humanitaria en Calais

A finales de mayo de 2021, las ONG que trabajan con refugiados en el norte de Francia recibieron un correo electrónico de sus patrocinadores británicos, Choose Love, en el que les indicaban que dejaran de distribuir folletos sobre “seguridad en el mar“. También instruyeron a Maison Sesame, que ofrece alojamiento para refugiados en el norte de Francia, que no albergue a personas que intentan ir al Reino Unido. Según Choose Love, sus abogados les informaron que los folletos de seguridad en el mar potencialmente violaban la ley de inmigración del Reino Unido relativa a la facilitación de la migración ilegal. Por lo tanto, enmendaron sus contratos para negar financiamiento a cualquier organización que continúe distribuyéndolos. A pesar de las críticas generalizadas de las ONG, que insisten en que la información proporcionada está destinada a salvar vidas, está disponible gratuitamente y no constituye una actividad delictiva, el decreto de Londres ha tenido un efecto paralizante, ya que muchas organizaciones temen no poder continuar su trabajo sin los fondos británicos. Dada la agenda hostil en el corazón del Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, es comprensible la precaución en torno a la criminalización. Pero en lugar de minimizar esta posibilidad, las acciones de Choose Love corren el riesgo de hacerla aún más probable. Sin previo aviso ni precedente legal, se encargaron de definir ciertas formas de apoyo como (potencialmente) criminales, lo que indica su propia distancia y desaprobación de este trabajo. Este movimiento preventivo, en efecto, refuerza la frontera en nombre del Reino Unido, criminalizando rutas particulares al Reino Unido y a cualquiera que se vea apoyando a quienes viajan por ellas. De hecho, es potencialmente más eficaz de lo que podría serlo el propio Estado británico, ya que no necesita probar ninguna base legal para sus acciones. Y al igual que con las políticas de criminalización y titulización del Reino Unido en general, aumentan los riesgos y peligros que enfrentan los refugiados al negarles el acceso a información y recursos que pueden salvar vidas.

Ya existe una larga historia de criminalización de inmigrantes y sus partidarios en el norte de Francia. Esto ha tomado la forma de legislación nacional, como el artículo L622-1 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), también conocido como el ‘délit de solidarité‘, en virtud del cual las personas fueron acusadas de facilitar la migración ilegal para proporcionar ayuda humanitaria básica como comida, ropa o refugio. Mientras tanto, Calais Mairie y la prefectura han prohibido repetidamente la distribución de alimentos a los migrantes en la ciudad a lo largo de los años. La criminalización también se ha perseguido de formas menos oficiales a través de la vigilancia cotidiana de los migrantes y los activistas solidarios, que son sometidos a repetidos hostigamientos y ciclos de desalojos destinados a hacer insostenible su presencia en la región. Muchos de estos actos de criminalización han sido impugnados en la práctica, en los tribunales y en el debate público, revelando que están motivados políticamente en lugar de estar legalmente grabados en piedra. Si bien en algunos puntos los trabajadores humanitarios son objeto de criminalización, en otros han actuado en concierto con las autoridades estatales para implementar estas políticas, por ejemplo, para construir y luego desalojar la Nueva Selva de 2015-2016. Ya sea por temor a ser encontrado en el lado equivocado de la ley o no, al criminalizar preventivamente la distribución de información sobre “seguridad en el mar“, Choose Love continúa esta tendencia de humanitarios que hacen el trabajo sucio político del estado por ellos. Encarnando el epítome de la frontera neoliberal, y en nombre de su misión humanitaria, Choose Love se ha ofrecido como voluntaria para actuar como policía fronteriza del Reino Unido.

Resistiendo a las fronteras

Sin embargo, como nos muestra la historia de esta frontera, la criminalización es un proceso político que es discutible tanto en la práctica como en los tribunales. Pero esto requiere ir más allá de hacer sugerencias de políticas consideradas aceptables dentro de nuestro actual entorno político hostil. Si queremos resistir el autoritarismo mostrado en el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, debemos enfrentar la tendencia del humanitarismo a contribuir a la vigilancia fronteriza, ya sea intencionalmente, como en el caso de Choose Love, o incidentalmente como en los argumentos a favor de la ‘seguridad y legalidad‘. rutas ‘.

Necesitamos rechazar los contornos básicos del debate en torno a las fronteras y la migración como ya comprometidos, en lugar de algo en lo que trabajar. Necesitamos rechazar la creencia errónea de que podemos distinguir claramente entre las razones de las personas para mudarse, identificando algunas como ‘legítimas‘ y otras como ‘ilegítimas‘, así como esas interpretaciones simplistas de ‘movilidad elegida‘ y ‘forzada‘, ‘agencia‘ y “victimización“, en la que se basa la criminalización de la migración. Necesitamos desafiar las suposiciones de que la migración debe ser “gestionada“, que los Estados occidentales o los actores humanitarios tienen derecho a hacerlo y que se hace para proteger las vidas de las personas gestionadas. Debemos renunciar a la seductora fantasía de que “nosotros” podemos y debemos tener “control” sobre “los demás“. En cambio, necesitamos entender estos argumentos como coartadas para mantener las desigualdades globales de riqueza, poder y privilegios construidas sobre historias de explotación y violencia colonial. Necesitamos establecer los vínculos entre las estructuras económicas y políticas que requieren que las personas crucen fronteras a nivel internacional en busca de una vida digna y, al mismo tiempo, atrapen a las personas en empleos precarios y pobreza a nivel nacional.

Necesitamos mostrar cómo las mismas estrategias de chivo expiatorio y criminalización se utilizan tanto contra los migrantes como contra los beneficiarios de la asistencia social para encubrir el vaciamiento de la sociedad por parte de los sucesivos gobiernos en nombre del capital global y su beneficio personal. Necesitamos denunciar el papel de las fronteras en la defensa de estas injusticias globales, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos, y reconocer el movimiento no autorizado de personas a través de las fronteras como un acto político de resistencia por derecho propio. En última instancia, debemos ser más audaces en nuestros argumentos a favor de la solidaridad con las personas en movimiento y destacar la importancia de la abolición de las fronteras para nuestra visión de una sociedad más justa y libre para todos.

11 DE OCTUBRE DE 2021

Fuente: Briega.org