November 19, 2021
De parte de Asociacion Germinal
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Fuentes: P谩gina/12

Es la cuarta vez en lo que va del a帽o. Las prisiones ecuatorianas se han convertido en los lugares m谩s inseguros del planeta, en espacios f铆sicos donde de forma sistem谩tica y masiva se reproduce la pr谩ctica de machacar la sustancia humana.

Una saga de horror y muerte que deja en suspenso el derecho a la vida de cada interno que all铆 sobrevive. Las c谩rceles son instituciones totales -como dir铆a Foucault- devenidas en mataderos.

Los familiares de las personas descuartizadas son receptoras de un sugestivo relato. M谩s all谩 de la sensibilidad contenida en una condolencia colectiva, el gobierno intenta explicar cada matanza en la emergencia del narcotr谩fico, la disputa por el territorio y las ri帽as entre bandas, sin descartar teor铆as conspiracionistas de 煤ltima hora que insin煤an en m贸viles pol铆ticos como el sabotaje y terrorismo; un extra帽o empalme discursivo que aparece en tiempos donde tambi茅n se debaten los Papeles de Pandora para incomodidad del r茅gimen. Sin embargo, las muertes son explicadas desde una peligrosa base moral. Si bien se distingue el pasado judicial de los asesinados, se olvida que todos ellos merecen justicia sin importar lo que hicieron. Las personas masacradas quedan entonces atrapadas en el dilema del 鈥渂ien鈥 y del 鈥渕al鈥, en una guerra entre presos-delincuentes que ahora no diferencia vinculaci贸n a bandas, estado de la causa procesal o nimiedad del delito cometido.

Mientras el Presidente Guillermo Lasso llamaba a cerrar filas contra un enemigo en com煤n, el narcotr谩fico, se ensamblaron otros relatos. A pocos d铆as de producirse la nueva matanza del 13 de noviembre, la Asamblea Nacional emiti贸 un informe que destaca en las necesidades del sistema penitenciario como problema de Estado, claro est谩, bajo una sutil mirada que en retrospectiva alcanza curiosamente al gobierno de Rafael Correa. Asimismo, y tras permitir cada estado de excepci贸n, la complaciente Corte Constitucional conmin贸 en marzo al entonces gobierno de Len铆n Moreno a preocuparse del estado de las prisiones, aunque sin declarar el estado de cosas inconstitucional como lo hiciera su equivalente en Colombia. Despu茅s de la nueva masacre, hasta la propia Fiscal铆a General del Estado habr铆a de pronunciarse contra el abuso de la prisi贸n preventiva.

A los relatos sobre el incumplimiento de los est谩ndares internacionales para las personas privadas de la libertad se suman las voces de expertos, acad茅micos y opin贸logos de coyuntura. La mayor铆a de sus an谩lisis subrayan en las deficiencias del Estado para la provisi贸n de recursos humanos y econ贸micos, as铆 como la denuncia sobre las deplorables condiciones del encarcelamiento. Bajo una babil贸nica gama de propuestas multicausales coexisten iniciativas para militarizar y privatizar las c谩rceles, contratar m谩s polic铆as, construir reg铆menes de 鈥渃谩rcel dura鈥, solicitar cooperaci贸n internacional, fortalecer la inteligencia, flexibilizar el porte de armas, inmunizar la actuaci贸n de polic铆a, reformar las leyes, humanizar las c谩rceles, indultar y reducir el hacinamiento, desburocratizar los tr谩mites para la pre-libertad, aumentar m谩s jueces penitenciarios, insistir en el uso de la prisi贸n preventiva como ultima ratio; en fin, un conjunto de ideas donde la 鈥渕ano dura鈥 y la 鈥渕ano blanda鈥 se yuxtaponen y colaboran.

Todos estos relatos construyen la realidad de los familiares. Pero aunque cada matanza produzca una conmoci贸n nacional, no existe una causa en com煤n. Las explicaciones, informes o an谩lisis se extrav铆an del camino o raz贸n que los motiva. No se discute en s铆 sobre las masacres en cuanto al esclarecimiento de la verdad, es decir, los pormenores que llevaron a quienes iban a ser descuartizados el 13 de noviembre a llamar y chatear desesperadamente a sus familiares pidiendo que sean rescatados. A pesar que sus madres y hermanos -muchos de ellos apostados en el port贸n de la Penitencier铆a del Litoral de Guayaquil- imploraron por auxilio durante varias horas, ning煤n polic铆a o militar interrumpi贸 el curso causal de la masacre. Los detenidos esperaron que caigan las paredes de su pabell贸n; sus mensajes transcriben no s贸lo desgarradoras despedidas, sino tambi茅n una especial forma de impunidad.

Los familiares de las personas masacradas no merecen recibir el relato de la 鈥渕ala suerte鈥 o del 鈥渄estino鈥. Tampoco la irresponsable versi贸n estadofallista de que las c谩rceles est谩n controladas por las bandas criminales locales, pues nada de lo ocurrido all铆 tiene que ver con la existencia de un orden racional alguno sino con el ascenso violento de un poder brutal. La Fiscal铆a del Ecuador deber谩 investigar y acusar a quienes actuaron y participaron en estas masacres al interior de las c谩rceles -parad贸jicamente mientras es liberado por beneficios penitenciarios uno de sus l铆deres-. Pero tambi茅n deber谩 investigar a quienes no brindaron auxilio teniendo la obligaci贸n legal de hacerlo, en especial para descifrar la existencia o no de posibles y complejos entramados de connivencia.

A diferencia de las matanzas del Lurigancho y El Front贸n (Per煤, 1986) o del Carandir煤 (Brasil, 1992), las perpetradas en suelo ecuatoriano no vienen precisamente de la mano directa de polic铆as o militares. A simple vista, la sangre habr铆a s贸lo de salpicar a los miembros de las organizaciones o bandas que, de forma manifiesta, se muestran como criminales. Y, porque adem谩s, una ligera lectura o primer plano de la definici贸n jur铆dica del Ecuador impide subsumir el execrable crimen internacional de ejecuci贸n extrajudicial, dado que quienes obraron para matar son extra帽os a la calidad burocr谩tica como agente de seguridad p煤blica, ni tampoco habr铆an recibido f谩cticamente el mandato para ejecutarlos en su nombre.

Lo que olvidan quienes desean invocar el estricto principio de legalidad ecuatoriano es que la definici贸n de la ejecuci贸n extrajudicial es producto de la doctrina y jurisprudencia internacional. Es decir, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cifrado de su definici贸n jur铆dica no se ha clausurado, sigue siendo un constructo. De ah铆 las diferencias entre ejecuciones sumarias o masivas, motivadas o no por razones pol铆ticas, con aquiescencia, tolerancia u omisi贸n deliberada como formas de dolo o intencionalidad. Su impronta est谩 en la memoria del 鈥済atillo f谩cil鈥 y las t茅cnicas de 鈥渓impieza social鈥, pero tambi茅n en la serie de matanzas producidas en las prisiones latinoamericanas, lugares donde el Estado est谩 en posici贸n de garante de la vida e integridad de las personas que en nombre de sus leyes fueron privadas de la libertad. Por ello, cualquier muerte il铆cita producida en las prisiones demanda la aplicaci贸n del Protocolo de Minnesota.

En la otrora 鈥渋sla de paz鈥 del Ecuador han sido masacradas cerca de trescientas personas en lo que va del 2021. Las masacres muestran la crudeza del crimen organizado mediante formas jam谩s vistas en su vida republicana. Tambi茅n la parsimonia de un Estado que desprotegi贸 a sus ciudadanos al no acudir inmediatamente al llamado de quienes fueron asesinados en sus propias prisiones. Ning煤n relato es fundamental mientras no haya respuestas. No s贸lo para satisfacer la sed de verdad de los familiares de las v铆ctimas, sino para que la sociedad ecuatoriana sepa que est谩 conviviendo o no en un Estado de Derecho. Si no se investiga en profundidad cada masacre sus v铆ctimas habr铆an muerto dos veces: primero por sus victimarios y luego por la impunidad.

*Profesor de la Universidad Central del Ecuador

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/383641-crisis-carcelaria-en-ecuador-matar-y-dejar-matar

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Fuente: Asociaciongerminal.org