April 29, 2022
De parte de Nodo50
37 puntos de vista

Albino Prada, Consejo Científico de Attac. Escrito originalmente para SinPermiso.

Introducción (ex ante)

La muy oportuna y detallada propuesta del Secretario General de CCOO, de comienzos de marzo, para alcanzar un acuerdo –un pacto social inclusivo- ante las muy preocupantes consecuencias que las alteraciones de los mercados energéticos y de suministros internacionales -con motivo primero de la pandemia y ahora de la guerra en Europa y su espiral de sanciones- están teniendo en los precios y rentas de nuestra economía, me motiva a pensar que quizás más que medidas de reparto de lo que produzcamos (que también), habría que ponerse muy en serio a tratar sobre lo que debemos (y no debemos) hacer. Me explico.

Por reparto de lo que podamos hacer entiendo medidas como las planteadas sobre acuerdos salariales, de remuneraciones de altos ejecutivos, de exención de impuestos para los más débiles, ayudas por ceses de actividad, etc. para evitar, entre otras cosas, una espiral de inflación de segunda ronda.

En este aspecto en su propuesta echo en falta un rotundo descarte de la llamada tarifa marginalista de la electricidad en los mercados mayoristas, un tumor que está transfiriendo miles de millones de rentas de los consumidores al oligopolio eléctrico, al encarecer toda la electricidad al ritmo de uno de sus vectores (el gas o los fósiles). Su urgente cambio a un mecanismo de media ponderada es, como mínimo, imprescindible para no alimentar una espiral inflacionaria y de pobreza energética generalizada. Sería una forma, por otro lado, de concretar en un sector, ya con cifras de escándalo, eso de la “limitación de reparto de excedentes y dividendos empresariales” (y hacerlo ex ante).

Tampoco se abre camino una desaceleración del mecanismo de déficit y deuda (que fue galopante en la fase Covid) como pesada alforja sobre las rentas futuras de la mayoría de la población. Que debiera evitarse cargando ya mismo sobre el uno por ciento más rico una fiscalidad progresiva de emergencia social (en el tramo máximo del IRPF, en Sociedades, Patrimonio, etc.). Para costear partidas de gasto social (mecanismo RED y otros que se harán desgraciadamente necesarios).

Digo esto porque compruebo con alarma como la ideología neoliberal (por ejemplo del Banco de España) no hace más que plantear “combatir” la inflación no en su origen, sino con una caída de la fiscalidad (en la electricidad o los hidrocarburos). Justo en la dirección contraria de lo que reclamaría la moderación de los consumos y la cultura del no gorroneo fiscal.

Pero es en lo relativo a lo que debemos (o no debemos) hacer, más que en su reparto, donde me temo que esta propuesta para un acuerdo de rentas se queda muy corta en lo que, desgraciadamente, considero un escenario de guerra (económica) global.

En este punto llama la atención que se propongan cosas tan razonables como limitar los abusos de recursos energéticos que no tenemos (“limitar la velocidad máxima en carretera, junto al estímulo del transporte público”), al mismo tiempo que se quieren salvaguardar actividades directamente electro intensivas (“apoyo a las actividades que más energía consumen”).

En este crucial asunto es obvio que en una economía de guerra (económica) uno debe elegir que cosas necesitamos sin falta hacer (por ejemplo producciones alimentarias, ganaderas y de pesca) con recursos internos (agrarios y de energías renovables del sol, el agua, el viento o la biomasa), y que cosas debemos hacer cada vez menos por ser intensivas en carbono y/o energía que no tenemos. Transporte aéreo por ejemplo, y la producción de acero, aluminio, cemento, entre otras. En la actual situación en estas cosas no se puede sorber y soplar al mismo tiempo.

En mi opinión el autoabastecimiento de aquellas cosas que consideremos básicas para el bienestar de la población debiera reforzarse en detrimento de otras que no lo son tanto (o son sustituibles por alternativas más renovables y menos depredatorias). Porque, además, los proveedores externos de esas cosas básicas (por ejemplo maíz, piensos, cereales, etc.) van a repercutirnos precios galopantes y costes de transporte disparados.

Se trata, como bien se observa, de pasar de una economía de reparto guiado en buena medida por la mano invisible y con un estado mínimo (lo óptimo para las rentas de una minoría y sus lobbies) a otra de reparto inclusivo y redistributivo. Eso sin duda, y sin puertas traseras. Pero dicho acuerdo económico y social debiera ir mucho más allá: priorizando y asegurando el autoabastecimiento de las actividades que consideremos básicas a precios adecuados, y desactivando el consumo y la producción de las que no nos podamos permitir. El lector que haya llegado hasta aquí seguro que puede añadir más ejemplos sensatos a los que ya quedan escritos.

PROPUESTAS COHERENTES CON EL ANÁLISIS PREVIO

(Redactadas antes de la aprobación de las medidas del Gobierno)

1)     Ya desde antes de la guerra, y ahora con más motivos, urge cambiar el sistema marginalista de la tarifa eléctrica mayorista por una media ponderada (como el IPC) de las fuentes de generación

2)     Subvencionar los costes energéticos excepcionales para los productores alimentarios (agrarios y pesqueros) por el monto de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas; en general los sectores que reciban ayudas públicas para paliar los costes energéticos serán monitotizados en sus precios de venta

3)     Incentivar el uso del transporte público urbano para quienes abandonen la movilidad de automóvil individual

4)     Plan de trasvase de cargas por carretera a corredores ferroviarios de media distancia

5)     Congelación de las retribuciones a altos cargos y directivos del sector público y limitación en el sector privado a 7 veces el SMI

6)     Impuesto extraordinario a las entidades financieras; por el monto de los fondos derivados se reforzará hasta un 70% las subvenciones a particulares para energía fotovoltaica y térmica solar, así como para que las Diputaciones financien planes de generación renovable municipales y comunitarios

7)     Revisión salarial dos puntos por debajo de la inflación prevista, con compromiso de compensación en el año siguiente

8)     Asunción por el BCE de la deuda acumulada durante la Covid por los EM

9)     Las actividades electro intensivas serán prioritarias para acogerse al mecanismo RED

Crítica al Plan del Gobierno (ex post)

¿Las medidas finalmente adoptadas el 30 de marzo 2022 por el Gobierno (BOE) son compatibles con este análisis previo y con estas propuestas?; si no lo son ¿qué sesgos e incompatibilidades presentan?

Las medidas aprobadas por el gobierno ocupan nada menos que 150 páginas del Boletín Oficial del Estado. De su rastreo y lectura siento concluir que no son compatibles, por dos motivos transversales: que no discriminan eficazmente, entre sectores productivos y canales de transporte más limpios y resilientes, al enfrentar la inflación, y que no son redistributivas porque no gravan -o ayudan más- a quién más -o menos- tiene para soportar la inflación.

La razón de fondo de esta no compatibilidad estriba a mi juicio en que en su diseño se parte de un diagnóstico deformado de la situación internacional. Se toma como causa central del Plan la guerra en Europa (“consecuencias de la guerra en Ucrania”) cuando tal cosa no es más que un síntoma dramático de las prolongadas tensiones previas de reordenación de la hegemonía de los Estados Unidos frente al ascenso de China, y sus gigantescos impactos en los mercados globales, antes y después de la prolongada pandemia mundial.

La presión sobre Ucrania para acelerar la ruptura entre la UE y Rusia no es más que un paso táctico en esa disputa geoestratégica por el control de los recursos y los mercados mundiales en esta década de los años 20.

En ese contexto el paquete de medidas urgentes del plan nacional de respuesta (MUPNR) no es eficaz contra la inflación galopante, y sus críticas consecuencias sociales, (propuestas 1 y 2) porque no enfrenta de cara el principal motor que desde hace meses -y antes de la guerra- viene descontrolando un IPC en España que en marzo se acerca ya a los dos dígitos: la tarifa eléctrica marginalista ante el shock de gas e hidrocarburos importados.

Al no hacerlo así se intentará, por la puerta trasera, actuar sobre el precio tope del gas en los ciclos combinados (se habla de 30 euros/Mwh) en un futuro para desactivar aquel motor. Pero lo cierto es que en el BOE se sigue admitiendo un mercado mayorista con tecnologías marginales (disp. final 34.1) y aquellas no marginales que “han internalizado los beneficios extraordinarios por el alza del precio del gas natural”. Un “mercado” marginalista enloquecido que genera superinflación (del triple que si se aplicara un coste medio ponderado aún con los costes actuales del gas) y superbeneficios.

Ni se corta la primera (ineficiencia) ni la segunda (inequidad). Pues en las MUPNR si uno busca “beneficios extraordinarios” (disp. final 34.2.) si bien se asume que existen y vienen derivados por el precio del gas natural, no se gravan fiscalmente para por ejemplo, con esos fondos, apoyar la actividad a costes y precios sociales de bienes básicos alimentarios nacionales (artículo 31.4 por 169 millones y art. 33.2. por 193 millones).

Por otro lado una movilidad no inflacionaria (propuestas 3 y 4) no puede reorientarse en base en subvenciones universales al combustible (art. 15) y a la movilidad por carretera (art. 26.1. por 450 millones), mientras al canal ferroviario (art. 27.3 y 7) se dotan 5 millones testimoniales.

Así no se avanza en la no “reducción de la cuota actual de este modo de transporte y se dificulta la descarbonización de la economía” tal como bien se señala en el preámbulo de las MUPNR. Siendo el canal ferroviario el único que puede moverse con electricidad verde y con alta eficiencia energética para el transporte de mercancías, es sintomático que ni aparezca en las diapositivas de la presentación del Plan en La Moncloa.

También en este contexto, de shock social de la tarifa eléctrica y de optimización social de las fuentes renovables, activar líneas de ayudas a las actividades electrointensivas (art 1 y art. 2.1. por 225 millones) y gas intensivas (art. 3.3. por 125 millones) en vez de un programa de progresivo ajuste y reconversión de dichos sectores parece un dislate.

Se apuesta así por una competitividad imposible a costa de unos recursos energéticos en estado de shock global (al que se añade de guinda para que nada falte, el Pentágono manda, la crisis saharaui con Argelia).

Sobre las rentas de la mayoría y de la minoría (mis propuestas 5 y 7) el MUPNR no nombra la palabra “salario” o “salarial”, aunque esto bien podría quedar aplazado al acuerdo social entre sindicatos y patronales. Pero aún es más preocupante que tampoco nombre limitar las “rentas empresariales” o “retribuciones” a directivos en un contexto de beneficios crecientes en los sectores energéticos y financiero.

Y, como quiera que tampoco se hacen propuestas para gravar los excepcionales resultados del sector financiero (propuesta 6), todo el refuerzo de financiación de las medidas para las energías renovables (singularmente el “autoconsumo” art. 8.1., disp. final 30.1., disp. adicional 4.1.) depende de una financiación pública regresiva y agónica como la actual, o bien del recurso a una deuda pública que ni se nombra (propuesta 8), y menos aún el mancomunarla en la Unión Europea. Lo que se dice cortarse la hierba bajo los pies. Para empezar cuando haya que actualizar los ingresos de empleados públicos y pensionistas y los bancos centrales suban los tipos de interés.

Resumen final

De todo lo que precede se deduce, reitero, que el conjunto de medidas del Plan del Gobierno no discriminan eficazmente entre sectores productivos y canales de transporte más limpios y resilientes para embridar la inflación, y, al mismo tiempo, no son redistributivas porque no gravan -o ayudan más- a quién más -o menos- tiene, en el contexto de una inflación que en España (ya muy cerca del 10 %) supera en más de tres puntos la media europea.

Y así, mientras la derecha verbaliza sin complejos su propuesta de devaluación fiscal salvaje -que jalean las rentas más altas- para detener la inflación, el Gobierno se esconde evitando plantear un ajuste fiscal redistributivo. Con ello se corta la hierba bajo los pies para financiar las ayudas selectivas que frenen el avance y las consecuencias de una inflación acelerada por grupos oligopólicos, al tiempo que se acelera el déficit fiscal y la bola de nieve de deuda ilegítima. La elevación de los tipos de interés y de las primas de riesgo nos cerrará muy pronto una ratonera a la que contribuirá la miopía de los Bancos Centrales.

No redistribuir selectivamente con ingresos y gastos públicos hará que paguen esta trampa inflacionaria, con su calidad de vida, la mayoría de los ciudadanos (trabajadores del sector público, del sector privado y pensionistas). Siendo así que la onda depresiva e inflacionaria no se detendrá ante los diques de unos alquileres y despidos refrenados en su avance.

Si esto es así, el más que probable fracaso del Plan del Gobierno abrirá camino social y político a las recetas milagrosas de la derecha. Con las consecuencias de polarización social y terapias de shock bien conocidas. Sin embargo creo que aún estaría a tiempo el actual Gobierno de dejar de respetar demasiadas líneas rojas que le marca el centrismo neoliberal para, al menos, hacer pedagogía social de izquierdas. Siendo, al tiempo, más eficaz y redistributivo ante la inflación galopante y el estrangulamiento económico derivado.

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Fuente: Attac.es