February 27, 2021
De parte de La Haine
101 puntos de vista


 Cuando el abuso prima sobre las libertades: el derecho del Estado a abusar de las personas en absoluta intimidad

En Espa帽a se est谩 atacando la libertad de prensa y el derecho a la informaci贸n. El gobierno espa帽ol, a trav茅s de la fiscal铆a, est谩 sometiendo a un continuo acoso a aquellas expresiones de denuncia que ponen en entredicho a la Administraci贸n o a cualquiera de sus agentes: fuerzas de seguridad, agentes judiciales o cualquier administraci贸n que atente contra los derechos m谩s b谩sicos. El delito de “revelaci贸n de secretos” se aplica a los denunciantes de corrupci贸n o a quienes denuncian con la imagen las actuaciones que vulneran derechos humanos. El caso de Guadalajara, motivo inicial por el que decidimos hacer este acto, no es una excepci贸n.
 
El pasado 26 de marzo de 2019, una Comisi贸n Judicial acud铆a rodeada de agentes de la polic铆a local y nacional de Guadalajara a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Pa煤l, en el Barrio del Alam铆n. En ella viv铆an una pareja de j贸venes de 17 y 19 a帽os, y un beb茅 de pocos meses. El desahucio se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres. Varios vecinos y activistas de la PAH, sorprendidos por la acci贸n, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo. La respuesta de la Administraci贸n ha sido contundente: el delito no es dejar a una familia en la calle, el delito es se帽alar a los responsables. La Fiscal铆a Provincial de Guadalajara solicita para Diego, uno de los activistas de ese barrio, una pena de cuatro a帽os y medio de prisi贸n por fotografiar y difundir las im谩genes de los agentes judiciales. 
 
El aumento de los procesamientos en virtud del art铆culo 197 del C贸digo Penal se produce en un contexto en el que el marco para se帽alar a los responsables de los abusos es cada vez m谩s estrecho. El contexto de crisis econ贸mica que parti贸 en 2008 y que se viene agudizando especialmente desde 2018, lleva aparejado un incremento de la acci贸n estatal orientada a prevenir movimientos sociales y estados de opini贸n contrarios a las medidas que hay puestas en marcha. Y ello conlleva que denunciar el abuso, protestar por 茅l o poner en entredicho la legitimidad de determinados poderes p煤blicos, herramienta indispensable del derecho a la libertad de expresi贸n e informaci贸n, est谩 siendo cada vez m谩s una actividad de riesgo y peligrosa para quien lo ejerce.
 
En una decisi贸n ins贸lita y que trascendi贸 a la prensa nacional como un acto de descarada censura, el Juzgado de Instrucci贸n n潞1 de Guadalajara orden贸 a Twitter borrar una de las fotograf铆as obtenidas en aquel desahucio y prohibi贸 a la PAH, con car膰ater general, tomar fotograf铆as de desahucios donde intervengan los agentes judiciales. Asimismo, requiri贸 a la red social el listado de activistas que hac铆an uso de la cuenta de la PAH de Guadalajara.
 
Twitter no entreg贸 esos datos al Juzgado. Consideraba que las actuaciones de los activistas estaban ejercidas en el marco del derecho a la libertad de expresi贸n, y por tanto protegidas por la Constituci贸n de Estados Unidos, lugar donde la empresa tiene su sede. El 13 de junio de 2019, Diego fue llamado a declarar. En un interrogatorio surrealista, la jueza de instrucci贸n, Cristina Vicenta Guerra P茅rez, que se hab铆a hecho eco de la repercusi贸n de sus medidas, lleg贸 a advertir a nuestro compa帽ero que “no estaba yendo por buen camino”. Se le acusaba de atentar contra la intimidad de los funcionarios judiciales que practicaron el desahucio.
 
En efecto, 茅sta es la respuesta de la Administraci贸n cuando se denuncia un acto de barbarie, como es el dejar a una familia con un beb茅 en la calle. Esta limitaci贸n y reducci贸n del espacio para denunciar e informar de los abusos que practica al Estado representa una de las amenazas m谩s graves para la defensa del derecho a la informaci贸n, y tambi茅n a la protesta. Aplicar el tipo penal de la llamada “revelaci贸n de secretos” a cualquier abuso que las personas puedan documentar y difundir abre la puerta a que esos abusos se generalicen, como est谩 sucediendo.
 
En noviembre de este a帽o Alfonso Galiana ha sido condenado a dos a帽os y medio de prisi贸n por denunciar y difundir las im谩genes de una contenci贸n mec谩nica -instrumento de tortura, seg煤n Naciones Unidas- de un joven recluido en un Centro de Menores de Almer铆a, pr谩ctica ejercida por sus vigilantes de seguridad, que sin embargo fueron absueltos por estos hechos. Diferentes denunciantes de corrupci贸n en Espa帽a sufren un calvario judicial por sacar a la luz las pr谩cticas de diferentes estamentos oficiales. Desnudar la realidad de un Estado cada vez m谩s avasallante de nuestros derechos puede salir caro, si no lo impedimos.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara

https://afectadosporlahipotecaguadalajara.wordpress.com




Fuente: Lahaine.org