April 20, 2021
De parte de Indymedia Argentina
300 puntos de vista


A 30 a帽os de la detenci贸n tortura y muerte de Walter Bulacio, es urgente: Basta de Detenciones Arbitrarias, 隆Cumplan la sentencia del Caso Bulacio ya!

El caso Bulacio

El 19 de abril de 1991 tocaban Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras. Antes y durante el recital, 73 personas fueron detenidas por la polic铆a federal en las cercan铆as, en el marco de una razzia que combinaba, en un combo explosivo, el servicio de polic铆a adicional contratado por la organizaci贸n del recital y la oportunidad para la comisar铆a 35陋 del barrio de N煤帽ez de 鈥渢umbar鈥 un par de bares cuyos propietarios eran renuentes a pagar la cuota mensual de 鈥減rotecci贸n鈥 policial, todo en el marco del ejercicio a pleno de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

Como se prob贸 m谩s all谩 de toda duda en la causa penal, ninguna de esas personas fue acusada por un delito. En el caso de los mayores de edad, la 鈥渃ausa鈥 de la detenci贸n fue registrada como 鈥減ara identificar鈥 (o sea, averiguaci贸n de antecedentes) o como 鈥渃ontravenci贸n鈥 (en esa 茅poca, si c贸digo contravencional, en funci贸n de los famosos edictos policiales). La detenci贸n de chicas y chicos menores de edad fue justificada por su presencia en la calle de noche, y el procedimiento aplicado fue el del 鈥淢emo 40鈥,  una disposici贸n policial interna que convert铆a en juez al comisario y permit铆a decidir qu茅 hacer con ellxs en franca colisi贸n con las normas entonces vigentes, que impon铆an la consulta al Juez de Menores.

La cosa no hubiera pasado de una breve nota en la secci贸n policiales de alg煤n diario con el t铆tulo 鈥淚ncidentes en un recital de rock鈥 si una de las personas detenidas no hubiera sido Walter Bulacio, el pibe de Aldo Bonzi de 17 a帽os que sali贸 de la comisar铆a, rumbo al hospital Pirovano, medio d铆a despu茅s, con un grave cuadro neurol贸gico de origen traum谩tico, y muri贸, despu茅s de una semana en coma, en el Sanatorio Mitre.

La detenci贸n, tortura y muerte de Walter puso sobre la mesa el tema de las detenciones arbitrarias y la tortura, al calor de manifestaciones juveniles multitudinarias que sacudieron el escenario de desmovilizaci贸n de la 茅poca. Naci贸 un grito colectivo: 鈥淵o sab铆a que a Walter lo mat贸 la polic铆a鈥 que perdura hoy, tres d茅cadas despu茅s, en las marchas antirrepresivas, pero tambi茅n 鈥搚 sobre todo- en los barrios, las canchas y los recitales, en la garganta de j贸venes que no hab铆an nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo v铆ctimas de la misma violencia estatal.

A pesar de eso, a pesar de que la causa gener贸 una condena de la Corte Interamericana de DDHH que orden贸 al estado argentino derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias, a pesar del tard铆o e incompleto juicio oral al comisario Miguel 脕ngel Esp贸sito que reci茅n lleg贸 en 2013, a pesar de su rid铆cula condena, a pesar de que no hay juez, fiscal o c谩mara que de vez en cuando no cite el Caso Bulacio y que se estudie en las facultades, lo cierto es que hoy, en 2021, no s贸lo estamos igual en materia de detenciones arbitrarias en Argentina. Estamos peor, como lo demostr贸, en enero de 2016, un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires que aval贸 con renovada legitimidad la facultad policial de detener personas para identificar, paralelo a muchos similares en otras jurisdicciones.

El sistema de detenciones arbitrarias (DDAA)

En Argentina existen, desde siempre, normas, y pr谩cticas no normadas, que habilitan la detenci贸n de personas que no est谩n acusadas de cometer un delito ni son requeridas por un juez, como la facultad para detener personas para 鈥渁veriguar antecedentes鈥 o 鈥減ara identificar鈥, las 鈥渇altas鈥 o 鈥渃ontravenciones鈥, las 鈥渞azzias鈥, las detenciones de menores de edad.

Las polic铆as -y desde que participan del patrullaje urbano, tambi茅n la prefectura y la gendarmer铆a- pueden detener a cualquiera, por lapsos que var铆an de 10 a 24 horas, seg煤n la jurisdicci贸n, con la detenci贸n para 鈥渁veriguar antecedentes鈥 o 鈥渋dentificar鈥. En todas las provincias y en CABA rigen los llamados 鈥渃贸digos de faltas鈥 o 鈥渃贸digos contravencionales鈥, que castigan como si fueran delito conductas que no lo son.

El sistema se completa con las 鈥渞azzias鈥 (detenciones masivas), habituales en los barrios m谩s vulnerables y en lugares de gran concentraci贸n de personas, como partidos de f煤tbol y recitales de m煤sica popular, y las distintas modalidades de detenciones de personas de menos de 18 a帽os por el solo hecho de serlo y estar en la calle.

Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detenci贸n de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y pruebas en que se basan. Un polic铆a, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisi贸n. Una vez en la comisar铆a, 茅l y sus superiores adecuar谩n la detenci贸n a lo que mejor cuadre seg煤n la situaci贸n. Para eso tienen a su disposici贸n ese largo men煤 de opciones, desde la averiguaci贸n de antecedentes o las faltas y contravenciones hasta la imputaci贸n de alg煤n delito como 鈥渁tentado y resistencia a la autoridad鈥 si el preso est谩 muy golpeado. Pocos jueces cuestionar谩n la afirmaci贸n policial de que 鈥渇ue necesario aplicar la fuerza m铆nima imprescindible para vencer la agresividad del caco鈥, con lo que cortes y hematomas se convierten en simple secuela de la contumacia del insurrecto, y nunca son suficiente evidencia de torturas.

El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por a帽o y por distrito. M谩s de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial son v铆ctimas de alguna de estas herramientas para el control social. Dicho de otro modo, m谩s de la mitad de los detenidos que hay en cualquier comisar铆a, no est谩 all铆 por una acusaci贸n penal.

Estas detenciones se vinculan de manera directa con las pr谩cticas de recaudaci贸n, como pueden atestiguarlo las personas que sobreviven con tareas precarias en la v铆a p煤blica: venta ambulante de mercader铆a o artesan铆as, cuidado o limpieza de autom贸viles, arte callejero, puestos m贸viles de alimentos o golosinas, ejercicio de la prostituci贸n, etc. Todas esas personas saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la 鈥渃uota鈥 a la comisar铆a, o ser hostigada sistem谩ticamente con las detenciones, en las que, adem谩s de perder un d铆a de trabajo (y la mercader铆a, en su caso), nunca falta alguna trompada 鈥揺n el mejor de los casos- que les recuerde que mejor que denunciar es arreglar.

Tambi茅n hay esquemas m谩s elaborados, como cuando la brigada 鈥渓evanta鈥 alguien bien vulnerable, por ejemplo con alg煤n pasado de 鈥渃onflicto con la ley鈥, y, siempre despu茅s de un par de golpes que funcionan como 鈥渋ncentivo鈥, le ordena que vuelva con una suma de dinero variable, bajo amenaza de armarle una causa. Le pas贸 a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permiti贸 la detenci贸n de los polic铆as de la comisar铆a 30陋 con las manos en la masa, pero tambi茅n a Jorge 鈥淐haco鈥 Gonz谩lez, que muri贸 14 d铆as despu茅s por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisar铆a 5陋 de Fiorito. O aprovechan estas facultades de llevarse alguien a la comisar铆a para 鈥渁blandarlo鈥 y que se haga cargo de alg煤n delito que los polic铆as no tienen ganas de investigar. As铆 muri贸 Sergio Dur谩n, a los 17 a帽os, en la comisar铆a 1陋 de Mor贸n, y desapareci贸 Andr茅s N煤帽ez en La Plata, en 1990.

Porque el sistema de detenciones arbitrarias, adem谩s de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. M谩s de la mitad de las personas muertas en comisar铆as, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravenci贸n o 鈥減ara identificar鈥. No estaban aprehendidas o detenidas por orden judicial o delito flagrante. Eran, seg煤n el eufemismo policial/judicial, personas 鈥渄emoradas鈥 o 鈥渃ontraventores鈥.

Por eso, cuando denunciamos la pr谩ctica sistem谩tica de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y de la de nuestrxs pibxs, que nos convoca a organizarnos cada vez m谩s.

Una condena internacional incumplida

El 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) dicto sentencia en el Caso Bulacio v. Argentina. El tr谩mite internacional hab铆a comenzado varios a帽os antes, cuando la causa interna estaba paralizada, era inminente que se decretara la prescripci贸n de la acci贸n penal y se hab铆a excluido a la querella como parte legitimada.

Para finales de 2001 La Comisi贸n Interamericana de DDHH (CIDH) hab铆a producido su informe de fondo. All铆 concluy贸 que fueron violados los derechos a la vida, integridad f铆sica y libertad de Walter, y al acceso a la justicia de sus familiares, y dio recomendaciones al estado argentino para su reparaci贸n. La falta de respuesta del gobierno nacional motiv贸 que la causa pasara a la instancia de la Corte IDH. A principios de 2002 presentamos la demanda en nombre de la familia, con el acompa帽amiento de la CIDH. Para entonces, hab铆a despegado el helic贸ptero en el que De La R煤a huy贸 de la Casa Rosada, y la Asamblea Legislativa hab铆a designado presidente a Eduardo Duhalde.

El gobierno de transici贸n de Duhalde necesitaba cerrar frentes de conflictos y recuperar la legitimidad institucional devastada con la rebeli贸n popular de diciembre de 2001. En el curso del mes de febrero de 2003, se reabri贸 el di谩logo entre el gobierno nacional y la CIDH para intentar un acuerdo que evitara el juicio ante la Corte IDH. La posici贸n de CORREPI fue la misma que planteamos en el per铆odo destinado a buscar una 鈥渟oluci贸n amistosa鈥. No aceptar铆amos acuerdo alguno que no incluyera la inmediata y total derogaci贸n de todo el sistema de detenciones arbitrarias en el pa铆s.

Despu茅s de mucho cabildeo, el gobierno nos inform贸, a trav茅s del ministro de Justicia, Seguridad y DDHH Juan Jos茅 脕lvarez, en presencia del Procurador General del Tesoro Oscar Fappiano y otros funcionarios, que el presidente hab铆a firmado un decreto en el que reconoc铆a 鈥渓a responsabilidad por la violaci贸n a los derechos humanos de Walter David Bulacio y su familia en base a la demanda鈥 Walter David Bulacio fue v铆ctima de una detenci贸n ileg铆tima y de la violaci贸n a sus derechos鈥.

CORREPI, en representaci贸n de la familia, exigi贸 que se realizara igualmente el juicio, en el que la Corte IDH deber铆a pronunciarse 鈥渟obre las cuestiones de derecho discutidas en el caso, en lo correspondiente a la aplicaci贸n del Art铆culo 7 de la Convenci贸n Americana, en el marco de lo establecido por la Honorable Corte en la Opini贸n Consultiva 17鈥, es decir, las detenciones arbitrarias y espec铆ficamente respecto de personas menores de edad.

As铆 llegamos al juicio que se celebr贸 en Costa Rica, sede de la Corte IDH, el 6 de marzo de 2003. La noche previa hubo un intento del gobierno nacional de desconocer los hechos admitidos en el decreto, que la Corte rechaz贸. Por eso el debate se centr贸 en la discusi贸n sobre el sistema de detenciones arbitrarias en Argentina, pues los hechos en torno a la detenci贸n, tortura y muerte de Walter estaban fuera de discusi贸n.

El 18 de septiembre de 2003, la Corte IDH dict贸 sentencia. En el particular lenguaje de estilo de los tribunales internacionales, los jueces ubicaron correctamente la m茅dula del caso Bulacio, cuando dijeron:

鈥淟a Corte considera probado que en la 茅poca de los hechos se llevaban a cabo en la Argentina pr谩cticas policiales que inclu铆an las denominadas razzias, detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por edictos contravencionales de polic铆a. El Memorandum 40 facultaba a los polic铆as para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los ni帽os o adolescentes detenidos (supra 69.A.1). Las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunci贸n de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener -salvo en hip贸tesis de flagrancia- y de la obligaci贸n de notificar a los encargados de los menores de edad鈥.

Como parte central de la condena, la Corte IDH orden贸 al estado argentino que 鈥淸adopte] las medidas legislativas y de cualquier otra 铆ndole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jur铆dico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad, de acuerdo con el art铆culo 2 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos (鈥)鈥. En otras palabras, que para estar a tono con el derecho internacional en materia de libertades individuales de las personas, se deroguen en Argentina las faltas y contravenciones, la averiguaci贸n de antecedentes, y toda otra facultad para detener personas por fuera de la flagrancia y la orden judicial.

El otro punto crucial de la condena, es que la Corte IDH consider贸 que el delito del que fue v铆ctima Walter, y por extensi贸n, todo crimen policial, es un crimen de estado, y como tal, es imprescriptible. Peligroso precedente para los casos de gatillo f谩cil, de tortura, de detenciones ilegales, que los tribunales argentinos se resisten a obeceder.

La Corte Suprema argentina tard贸 un a帽o y tres meses en digerir el fallo internacional y encontrar la forma de resolver el dilema. Finalmente, en la v铆spera de Navidad de 2004, los cortesanos se encargaron de aclarar que no compart铆an el criterio de jueces interamericanos, aunque debieron reconocer que la resoluci贸n era de cumplimiento obligatorio. El fallo, del 23 de diciembre de 2004, impregnado de ret贸rica progresista y garantista, es una brillante actualizaci贸n de aquello que dec铆an los funcionarios virreinales americanos cuando llegaban inc贸modas 贸rdenes de la metr贸poli: se acata, pero no se cumple.

Frente a la violaci贸n a los derechos de Walter y su familia, y a la comprobaci贸n, incluso dentro del estrecho margen de maniobra que ofrece el tribunal internacional, de la pr谩ctica policial de las detenciones arbitrarias y de la pr谩ctica judicial de la eterna dilaci贸n cuando los acusados son funcionarios p煤blicos, la corte argentina eligi贸 defender el derecho al debido proceso del comisario, argumentando que la condena internacional vulneraba su defensa en juicio, pues Esp贸sito no hab铆a sido parte del proceso regional. Dejando a salvo su opini贸n en contra, la corte declar贸 que la acci贸n penal no estaba prescripta por exclusiva imposici贸n de la obligatoriedad de los fallos de la Corte IDH, y no se pronunci贸 sobre los restantes aspectos de la condena internacional. No repuso a la familia como querellante, no orden贸 la revisi贸n de las normas y pr谩cticas que habilitan detenciones arbitrarias, y no reconoci贸 el car谩cter de crimen de estado del delito policial.

Tres a帽os despu茅s, la Corte Suprema cauteriz贸 esa herida abierta en su l贸gica en la causa que juzgaba al polic铆a Ren茅 Jes煤s Derecho, acusado de haber torturado en 1988, en una comisar铆a de la PFA, a un ciudadano uruguayo. En esos a帽os Derecho hab铆a llegado a ser parte de la c煤pula de la PFA, y uno de los que dirigi贸 la represi贸n en Plaza de Mayo el 20/12/2001. La causa por las torturas lleg贸 a la Corte para resolver si la acci贸n estaba o no prescripta. El procurador Righi dijo: 鈥淟os delitos de los que habr铆a sido v铆ctima Bueno Alves no se corresponden con el prop贸sito internacional tenido en vista al momento de estatuir cr铆menes de lesa humanidad. Aun cuando el hecho de la tortura particular se encontrara demostrado, es evidente que en la Rep煤blica Argentina, durante el a帽o 1988, no exist铆a un Estado o una organizaci贸n dependiente del Estado que evidenciara la caracter铆stica b谩sica de haberse convertido en una maquinaria perversa de persecuci贸n sistem谩tica y organizada de un grupo de ciudadanos, desvi谩ndose en su fin principal de promover el bien com煤n y la convivencia pac铆fica de la sociedad鈥. As铆, la Corte fij贸 como doctrina nacional que 鈥渦n caso aislado鈥, como Bulacio, como Bueno Alves, como los miles y miles de torturados, asesinados y encarcelados arbitrariamente por aplicaci贸n de las pol铆ticas represivas estatales, no responden a la obvia existencia de una pol铆tica de estado, a la vez que decret贸 que la tortura no es tortura si sucede en democracia.

No deber铆a ser necesario aclarar que, a casi 18 a帽os de esa sentencia, y a pesar de las reiteradas intimaciones cursadas por la Corte IDH en el marco del proceso de supervisi贸n del cumplimiento de la sentencia, los sucesivos gobiernos argentinos nada han hecho al respecto, y, como lo padecemos a diario, el sistema de detenciones arbitrarias, renovado cada tanto con alguna reforma legislativa o resoluci贸n judicial que lo fortalece y ampl铆a, sigue vigente en nuestro pa铆s.

Por eso nos convocamos, y convocamos a todas las organizaciones, compa帽eros y compa帽eras que no quieren vivir en libertad vigilada, a conmemorar los 30 a帽os de la detenci贸n ilegal, tortura y muerte de Walter Bulacio reclamando la derogaci贸n en todo el pa铆s del sistema de detenciones arbitrarias.

BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS

隆Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!


Fuente: http://www.correpi.org/2021/a-30-anos-de-la-detencion-tortura-y-muerte-de-walter-bulacio-es-urgente-basta-de-detenciones-arbitrarias-cumplan-la-sentencia-del-caso-bulacio-ya/




Fuente: Argentina.indymedia.org