Organizaciones de la sociedad civil mexicana y Derechos Humanos presentan informe conjunto documentando crímenes por tortura y tratos inhumanos cometidos por el estado en contra de la población más vulnerable. Entre los casos se incluyen los testimonios de los presos en huelga de hambre en Chiapas.
En
esta semana se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra,
Suiza, diversas organizaciones de Derechos Humanos mexicanas con el
Comité de la ONU contra la tortura1.
En este encuentro se pretende evidenciar y denunciar una vez más el
uso sistemático de esta práctica que engloba la tortura sexual,
física y psicológica, y plantear estrategias para erradicarla. En
la agenda a tratar figuran además temas transversales como son el
desplazamiento y desaparición forzada, así como la detención
arbitraria empleada regularmente por policías y miembros del sistema
de justicia mexicano, como apunta en su informe especial Amnistía
Internacional2.
Aunque
el
uso
de la
tortura se da en diversos contextos, incluyendo la represión de la
protesta social, un porcentaje muy importante de los casos
registrados se
da entre los
grupos sociales mas vulnerables como
son las poblaciones campesinas, indígenas y/o pobres, según
el patrón “detención arbitraria-tortura-producción de pruebas
ilícitas-proceso penal (y posible condena) a la víctima”3.
La situación de
encierro
arbitrario
que padecen miles de personas en México es
consecuencia directa de la aplicación de la tortura en el momento de
su detención con
la finalidad de fabricar pruebas incriminatorias y arrancar
declaraciones autoinculpatorias4.
Este
tipo de injusticias son las que llevaron a 6 presos en lucha5
a iniciar desde el 15 de Marzo del presente año una huelga de hambre
indefinida, a la cual se adhirieron otros presos en solidaridad,
coordinados desde diferentes penales del estado de Chiapas, en
exigencia de justicia y libertad. Esta acción política extrema, que
pone en riesgo su propia vida, se da ante la impasividad del sistema
de justicia mexicano por revisar sus expedientes repletos de graves
violaciones al debido proceso jurídico. La mayoría de los presos
son sobrevivientes de tortura aplicada en su contra por las
autoridades que los detuvieron con el objetivo de obtener
declaraciones autoinculpatorias.
A 42
días del inicio de esta acción límite, tanto las familias como los
representantes de los presos han conseguido llamar la atención de
las autoridades competentes y reunirse alrededor de una mesa de
diálogo con el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, el
cual se ha comprometido a revisar sus expedientes y a atraer los
casos a la instancia única en el país operada por el Tribunal
Superior de Justicia denominada Mesa de Reconciliación.
Sin
embargo, y a pesar de las miles de denuncias por tortura recibidas
por la Procuraduría General de la República, la voluntad estatal
por investigar a las autoridades responsables y condenar este tipo de
prácticas a sido cuestionada y denunciada históricamente en
innumerables ocasiones6. A ello se suma la
dificultad de demostrar el uso de la tortura cuando no hay registros
de la misma, debido a que no consta en las declaraciones por coacción
de los detenidos, ni suele ser documentada como tal por los peritajes
médicos realizados por la PGR, como señala el informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos7.
Los
declaraciones de tortura de los presos son únicamente una muestra
representativa de los miles de testimonios y denuncias por tratos
crueles, inhumanos y degradantes que constarán en el informe
elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas, en colaboración con organizaciones alternativas de la
sociedad civil mexicana, que será presentado y discutido ante el
Comité de las Naciones Unidas contra la tortura en estos días8.
Esta
reunión se da tan solo dos semanas después de la visita que realizó
a México la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
Michelle Bachelet, en la cual expresó su preocupación al
dimensionar la crisis en materia de Derechos Humanos por la que
atraviesa el país, así como por los alarmantes índices de
violencia que sufre la población mexicana. “México tiene
cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538
desde 2006. A la par, existen 26.000 cuerpos sin identificar
registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas
clandestinas. Estos datos son aterradores”9.
Desde el año 2003 la tortura fue declarada sistemática en México
por el propio Comité de la ONU contra la tortura, y desde entonces
la comunidad internacional ha venido haciendo “recomendaciones” a
México en cuanto a materia de Derechos Humanos10.
Sin embargo los intereses económicos en México a nivel
internacional priman sobre las exigencias de poner fin a estos
crímenes, por ello 16 años después las organizaciones de la
sociedad civil se encuentran nuevamente ante esta instancia
internacional denunciando lo mismo. El nuevo Gobierno de México está
obligado a responder ante estas acusaciones. ¿Seguirá mirando para
otro lado o tomará cartas en el asunto?
El encuentro será retransmitido en vivo a través del enlace oficial
http://webtv.un.org/live
y se
podrá seguir en las redes sociales a través del hashtag: #CAT66
El
Comité publicará sus conclusiones el 17 de mayo y sostendrá una
conferencia de prensa para informar de las mismas.
Artículo elaborado por el Grupo
de Trabajo No estamos todxs
1 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1256&Lang=es
2 https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4153402017SPANISH.PDF
3 http://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/MagnitudCrisisDHMexico2.pdf
5 http://noestamostodxs.tk/presoschiapas/
6 http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos
7 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
8
9
https://news.un.org/es/story/2019/04/1454171
10 http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes
Fuente: Komanilel.org
A casi 60 días del inicio de la huelga de hambre en los penales del Estado de Chiapas y sin respuestas concretas en la resolución del conflicto.
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