July 18, 2022
De parte de SAS Madrid
194 puntos de vista

Casos como el de los hospitales de Son Espases y Majadahonda, las ITV valencianas y catalanas o la empresa de aguas de Las Palmas muestran c贸mo pol铆ticos y empresarios aprovechan los huecos de la privatizaci贸n de servicios p煤blicos para ama帽ar contratos, pagar y cobrar comisiones y hacer negocios millonarios.

La privatizaci贸n de los servicios p煤blicos se ha vuelto un terreno propicio para el trato de favor, las comisiones, la prevaricaci贸n y la malversaci贸n del presupuesto de las administraciones. El corrupto anida en los procesos de adjudicaci贸n, se nutre del dinero de todos y muta cuando la Justicia o el negocio obligan a buscar un nuevo servicio p煤blico al que parasitar. El propio diccionario de la Real Academia Espa帽ola explica que la corrupci贸n tiene lugar “en las organizaciones, especialmente en las p煤blicas”. Diferentes sumarios que se han instru铆do durante los 煤ltimos a帽os evidencian que corruptos y corruptores se abren camino en las administraciones p煤blicas y que muchas veces el portal se abre durante un proceso de privatizaci贸n. Es entonces cuando los adjudicatarios se lanzan a por una parte del pastel comunitario blandiendo muchas veces regalos y comisiones con los que agasajar a la agenda de contactos. La Justicia ya ha sentenciado casos como el del hospital Son Espases en Palma e investiga si pas贸 lo mismo con el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, las ITV de la Comunidad Valenciana y de Catalunya o la empresa de aguas Emalsa.

El sistema es siempre el mismo y se ha visto en decenas de casos como G眉rtel, P煤nica o Lezo. Un pol铆tico o alto cargo p煤blico se corrompe y arrastra todo el proceso p煤blico de adjudicaci贸n para que un empresario se vea favorecido y empiece a gestionar un servicio p煤blico que antes era cosa de la administraci贸n. A veces el objetivo a la vista es que el proyecto salga adelante cuanto antes y favorezca la carrera pol铆tica del m谩ximo responsable de la operaci贸n. Una pr谩ctica compatible con que haya comisiones o d谩divas en la sombra o cualquier otro bot铆n menos honorable que el de subir en las encuestas. Las 煤ltimas d茅cadas en la Espa帽a de las privatizaciones han dejado sonoros esc谩ndalos, algunos ya juzgados en los tribunales y otros todav铆a a la espera de sentencia.

La primera piedra de Son Espases

En mayo de 2003, Jaume Matas dej贸 el Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar y puso toda la carne en el asador para recuperar la presidencia de Balears que hab铆a perdido cuatro a帽os antes. Y muchos de sus movimientos en esa campa帽a electoral han acabado en condena para 茅l: la financiaci贸n de la campa帽a electoral, la promesa de construir el pabell贸n deportivo Palma Arena e incluso sus discursos en esa legislatura. Sobrecostes, adjudicaciones irregulares, comisiones y todo un cat谩logo de ilegalidades que le han convertido en uno de los pol铆ticos con mayor variedad de condenas de corrupci贸n en su curr铆culum. Su coordinador de campa帽a, Rodrigo de Santos, ha sido condenado recientemente por abusos sexuales.

Uno de los cap铆tulos m谩s abultados de la actividad corrupta del Partido Popular en Balears tiene que ver con una de esas promesas electorales: el Hospital Son Espases de Palma. Con el objetivo de desalojar al ‘Pacte del Progr茅s’ que le hab铆a sacado del Consolat de Mar, Matas anunci贸 el final de la ‘ecotasa’ por dormir en hoteles, puso el foco en la calidad del turismo que llegaba a las islas y anunci贸 que el antiguo hospital de Son Dureta ser铆a sustituido por el de Son Espases.

La decisi贸n de levantar este nuevo hospital, seg煤n la Justicia, ya hab铆a sido tomada “de antemano” por Matas antes de convertirlo oficialmente en una promesa electoral frente a la intenci贸n del Govern anterior de reformar Son Dureta con la empresa Dragados. Todo, incluso los terrenos donde se iba a levantar el hospital, estaba seleccionado previamente por el dirigente del PP. Tambi茅n el bot铆n del adjudicatario una vez construido: la prestaci贸n y cobro de decenas de servicios no cl铆nicos como la comida de los pacientes, la limpieza, la seguridad, la guarder铆a y hasta las m谩quinas de vending. Hoy se sabe que la fallida adjudicaci贸n a la UTE liderada por OHL estaba decidida antes de que se reuniera la Mesa de contrataci贸n.

Un rosario de irregularidades relacionado con la puesta en marcha de un hospital en Baleares y con la salida al mercado de todos sus servicios no sanitarios. Una de las m煤ltiples promesas electorales de Jaume Matas para recuperar el bast贸n de mando se tradujo en una condena firme de 10 meses de c谩rcel y una d茅cada de orden de alejamiento de cualquier cargo p煤blico. Levantar el hospital de Son Espases y privatizar toda su parte no sanitaria para beneficio econ贸mico ajeno y beneficio electoral propio se tradujo en delitos de prevaricaci贸n continuada, fraude a la Administraci贸n y tr谩fico de influencias.

Comunidad Valenciana: procesos “a la carta” para privatizar

Un lustro antes de que el saqueo de Son Espases estuviera en marcha, el Partido Popular ya sab铆a c贸mo hacer caja con la privatizaci贸n. Era 1997 y Eduardo Zaplana afrontaba la segunda mitad de su primera legislatura como president de la Generalitat Valenciana. Una legislatura en la que se afront贸 la privatizaci贸n de la Inspecci贸n T茅cnica de Veh铆culos (ITV) que los ciudadanos con coche deb铆an pasar una vez al a帽o y que hasta entonces gestionaba la empresa p煤blica SEPIVA. Tambi茅n se sacaron a concurso en esas fechas varios parques e贸licos.

La jueza que ha investigado durante a帽os este caso Erial describi贸 en un auto de hace unas semanas c贸mo Zaplana y su entorno hicieron todo lo posible para que este servicio privatizado de ITV se convirtiera en el mejor negocio posible. “Concursos a la carta”, dice la jueza en su auto de procedimiento abreviado, previo pago de comisi贸n.

Las empresas de Sedesa, grupo propiedad de la familia Cotino, se llevaron la adjudicaci贸n e hicieron un gran negocio con ella: a帽os m谩s tarde, en 2004, vendieron la concesi贸n y ganaron 43 millones de euros, superando la ganancia total los 86 millones, seg煤n la jueza.

Los ciudadanos de la Comunitat, mientras tanto, ve铆an como pagaban cada vez m谩s por pasar la ITV. Mientras tanto tambi茅n, seg煤n estas acusaciones, Eduardo Zaplana cobraba un bot铆n de m谩s de 15 millones de euros en comisiones a trav茅s de un testaferro.

Este caso Erial de corrupci贸n en torno a la privatizaci贸n de un servicio p煤blico est谩 a las puertas de juicio. El pasado mes de junio la jueza proces贸 a Eduardo Zaplana, president de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y ministro de Trabajo con Jos茅 Mar铆a Aznar. Con 茅l ir谩n al banquillo su sucesor en el cargo, Jos茅 Luis Olivas, y los hermanos Jos茅 y Vicente Cotino, entre otras personas.

La jueza deja claro que, seg煤n su criterio, la maniobra para privatizar las ITV no respond铆a a ninguna causa econ贸mica, solo al enriquecimiento personal de Zaplana y su entorno. “No se ha encontrado en el expediente documento alguno que justifique y avale la privatizaci贸n de las ITV, tampoco existe estudio econ贸mico”, dice la jueza. Solo un cuaderno con explicaciones.

La corrupci贸n en torno a las ITV ya ha sido certificada tambi茅n por una sentencia, pero en Catalunya. Hace cuatro a帽os Oriol Pujol Ferrusola acept贸 una condena de dos a帽os y medio de c谩rcel por cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresarios, entre otras cosas, en la adjudicaci贸n de los nuevos lotes de la Inspecci贸n T茅cnica de Veh铆culos (ITV) en Catalunya.

Majadahonda: un hospital en campa帽a

En la campa帽a electoral de 2003, Esperanza Aguirre hizo una de sus grandes promesas para asegurarse la presidencia de la Comunidad de Madrid: la construcci贸n masiva de grandes hospitales por toda la regi贸n con una gesti贸n mixta, como en Son Espases. La parte sanitaria corr铆a a cargo del sector p煤blico y el resto era para las empresas concesionarias. Casi dos d茅cadas despu茅s hay dos investigaciones judiciales distintas en torno a esta privatizaci贸n sanitaria y la puesta en marcha del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Esta localidad madrile帽a de m谩s de 70.000 habitantes llevaba para entonces varios a帽os dominada por la corrupci贸n. Fue en Majadahonda donde el alcalde Guillermo Ortega, ‘el Rata’, entreg贸 la llave de la contrataci贸n p煤blica a los cabecillas de la trama G眉rtel y donde el Partido Popular se financi贸 irregularmente con 133.628,48 euros.

A帽os despu茅s, ya en 2008, lleg贸 el momento de poner en marcha este Hospital en una inauguraci贸n a la que acudieron incluso los reyes de Espa帽a. Pero para entonces, seg煤n los jueces y la Fiscal铆a, ya se hab铆an cometido varias irregularidades al calor de la parte que gestionaba el sector privado.

Una de ellas ten铆a que ver con las camas. Un juzgado de Madrid investiga si desde la Consejer铆a de Sanidad se impuso una reducci贸n masiva de camas para que varios cientos de habitaciones fueran individuales y no dobles. En esta causa la Fiscal铆a Anticorrupci贸n intent贸 sin 茅xito que la propia Esperanza Aguirre fuera imputada para explicar si fue suya la orden de que se redujeran dr谩sticamente y de forma irregular las camas de ese hospital. Por ahora otro juzgado ha certificado el agujero de millones de la operaci贸n y ha reconocido el derecho de la adjudicataria a cobrar 30 millones de euros por estas camas inexistentes.

Una segunda ramificaci贸n corrupta de la puesta en marcha de este hospital de gesti贸n p煤blica y privada se ha traducido en una petici贸n de c谩rcel por parte de la Fiscal铆a para el entonces alcalde de Majadahonda, Narciso de Fox谩, por las licencias del centro hospitalario. Seg煤n el Ministerio P煤blico, el hospital se puso en marcha con deficiencias en dos licencias necesarias y el consistorio no hizo nada por remediarlo. Para la Fiscal铆a, se trata de un posible delito contra la ordenaci贸n del territorio.

Las aguas de Las Palmas de Gran Canaria

Lunes 22 de marzo de 1993. Ese d铆a empez贸 la privatizaci贸n parcial de Emalsa, la empresa municipal de aguas de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad perdi贸 el control de la compa帽铆a y el consistorio se qued贸 con un 34% de las acciones. La situaci贸n se consolidaba en 2001, entonces con Jos茅 Manuel Soria como alcalde. Ahora el caso est谩 a las puertas de juicio porque, seg煤n la Fiscal铆a, los socios privados de la compa帽铆a usaron su puesto y su mayor铆a para imponer irregularidades en una veintena de contratos entre 2008 y 2011.

La fiscal del caso pide que 15 imputados sean condenados y que paguen entre todos 23 millones de euros a modo de indemnizaci贸n. Son directivos, t茅cnicos y miembros del Consejo de Administraci贸n de la empresa que gestiona el agua en la ciudad canaria.

Seg煤n la Fiscal铆a, muchos de estos contratos terminaron en manos de una filial de los socios privados de la empresa p煤blica, lucr谩ndose de manera supuestamente irregular y vulnerando “absolutamente” la normativa para ama帽ar la adjudicaci贸n de estos contratos. Los m茅todos eran variados para lucrarse con este servicio privatizado: no publicar los pliegos para que otras empresas no pudieran presentar ofertas o publicarlos con errores. Entre los contratos irregulares figuran los de mantenimiento de la red de alcantarillado, el que ocasion贸 un mayor perjuicio a las arcas de la sociedad (m谩s de 11 millones de euros), reparaci贸n de aver铆as o transporte de lodos.

Un proceso de privatizaci贸n no es algo ilegal por s铆 mismo, implicaciones pol铆ticas y sociales al margen. Lo dejaron claro los tribunales madrile帽os cuando en 2014 archivaron definitivamente una querella contra los responsables de la privatizaci贸n sanitaria madrile帽a, entre otros los exconsejeros Manuel Lamela y Juan Jos茅 G眉emes. Un auto de la Audiencia de Madrid en el que los jueces se帽alaron que “dif铆cilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que, en realidad, no son sino discrepancias con criterios pol铆ticos o incluso administrativos en cuanto a la gesti贸n de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que dif铆cilmente puede entenderse que revistan naturaleza jur铆dico-penal”.

No es delito poner en marcha un proceso de privatizaci贸n sanitaria pero, como demuestran los casos ya sentenciados o bajo investigaci贸n, constituyen la oportunidad perfecta para que un corrupto haga negocio con las arcas p煤blicas. Construir y gestionar un hospital, extraer de la gesti贸n p煤blica la Inspecci贸n T茅cnica de Veh铆culos o sacar al mercado la empresa municipal de aguas son oportunidades doradas para quienes, desde las instituciones o desde las empresas, est谩n entrenados para oler la sangre de los procesos de contrataci贸n oscuros.

Enlace relacionado ElDiario.es 16/07/2022.




Fuente: Sasmadrid.org