December 20, 2021
De parte de El Topo
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Los colectivos feministas ecuatorianos llevan alrededor de tres d茅cadas educando, presionando y movilizando para lograr un acceso real a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y otros grupos en situaci贸n de vulnerabilidad social. En estos momentos, la lucha se concentra en la despenalizaci贸n del aborto por violaci贸n.

El pasado 28 de septiembre, d铆a internacional para la reivindicaci贸n del derecho al aborto, una nutrida marcha recorr铆a las calles de Quito al ritmo de consignas como: 芦Hay que abortar este sistema patriarcal禄, 芦Aborto libre y seguro pa que no muera otra mujer禄 o 芦Yo sab铆a que a los violadores los cuida la polic铆a禄. Esta marcha formaba parte de una manifestaci贸n feminista a mayor escala que, al mismo tiempo, se reproduc铆a en otras ciudades de Ecuador y del resto de Am茅rica Latina.

El derecho al aborto, que la Organizaci贸n de las Naciones Unidas define como uno de los derechos humanos que los Estados deben garantizar en aras de eliminar la discriminaci贸n contra las mujeres, presenta diversas situaciones legales en la regi贸n latinoamericana. Los 煤nicos pa铆ses que permiten el aborto libre y seguro son Cuba (donde es gratuito desde 1965), Uruguay (desde 2012) y Argentina (desde enero de 2021). Ni siquiera en estas naciones la regularizaci贸n garantiza que las personas gestantes puedan decidir con total libertad. En Uruguay, los colectivos feministas denuncian que el acceso al aborto en instituciones m茅dicas (obligatorio para que el procedimiento no est茅 penalizado) suele incluir el intento de desalentar a las mujeres de su decisi贸n. En Argentina, denuncian que no se cuentan con los recursos suficientes para atender todos los casos en condiciones apropiadas. Pero, al menos, en estos lugares el derecho al aborto libre y seguro est谩 reconocido de manera oficial.

Por otro lado, hay varios pa铆ses que solo consideran legal un aborto cuando se da en determinadas circunstancias, que suelen orbitar alrededor del riesgo grave para la vida de la persona gestante, de una malformaci贸n fetal irreversible o de que el embarazo sea consecuente a una agresi贸n sexual. Ejemplos de pa铆ses que aplican este tipo de legislaci贸n son M茅xico, Guatemala, Colombia, Venezuela, Per煤, Bolivia o Chile. Igualmente, en estos casos es posible que se d茅 una inobservancia de los derechos recogidos en las diferentes Constituciones. Por ejemplo: no todas las v铆ctimas de agresi贸n sexual deciden interponer una denuncia. Por 煤ltimo, algunos pa铆ses (como El Salvador, Nicaragua, Hait铆 o la Rep煤blica Dominicana) proh铆ben y penalizan el aborto en cualquier caso y circunstancia, colocando a mujeres y ni帽as gestantes que no desean ser madres en la tesitura de elegir entre la maternidad forzada o el riesgo a enfrentar penas de prisi贸n (y quiz谩s, tambi茅n, la maternidad forzada).

En el caso del Ecuador, el aborto se permite bajo dos supuestos m茅dicos: cuando se trata de un embarazo ect贸pico (en el que el 贸vulo se implanta fuera del 煤tero, por lo que el desarrollo del feto es inviable) y cuando existe un riesgo grave para la vida de la persona gestante. Anteriormente, adem谩s, se proteg铆a el derecho al aborto de mujeres diagnosticadas con discapacidad mental embarazadas a ra铆z de una agresi贸n sexual. Esta distinci贸n fue denunciada, debido a su contenido inconstitucional, por diversos colectivos feministas y, en abril de este a帽o, la Corte Constitucional aval贸 la impugnaci贸n del art铆culo, con lo que se abri贸 un proceso de revisi贸n de la ley en el que existe la posibilidad de la despenalizaci贸n general del aborto por violaci贸n.

Sin embargo, para el resto de circunstancias, las personas que desean abortar necesitan recurrir a otros medios. Entre las v铆as que se encuentran m谩s institucionalizadas destacan dos. La primera ser铆a el aborto quir煤rjico en cl铆nicas m茅dicas privadas, que deciden asumir el riesgo de la ilegalidad. El mayor problema de esta opci贸n es que no resulta econ贸micamente accesible a buena parte de la poblaci贸n ecuatoriana. La segunda ser铆a a trav茅s de pastillas abortivas. Esta opci贸n se encuentra regulada por varias organizaciones feministas que ofrecen acompa帽amiento durante todo el proceso a las personas gestantes que acuden en busca de ayuda. Su principal valor es que suponen espacios seguros en los que no se cuestiona la decisi贸n de las mujeres ni tampoco los plazos de tiempos (bas谩ndose en la premisa de que las trabas sociales e institucionales pueden implicar importantes retrasos en el proceso). Aqu铆 el problema reside en que los medicamentos no cuentan con una efectividad total y que el aborto puede resultar fallido o complicarse, lo que obligar铆a a la mujer a acudir a un centro m茅dico, donde, si se descubre que ha llevado a cabo un aborto voluntario, se expone a la denuncia. En Ecuador, la persona gestante que aborta libremente puede ser penada con c谩rcel de seis meses a dos a帽os, mientras que la persona que la ayuda a llevar a cabo el aborto puede ser encarcelada de uno a tres a帽os y ser inhabilitada si pertenece a la profesi贸n sanitaria institucional.

Por otro lado, cabe se帽alar las dificultades a帽adidas a las que se enfrentan las habitantes de entornos rurales, en los que la tasa de desempleo y el porcentaje de econom铆a informal son significativamente m谩s elevados que en los medios urbanos. Esto se traduce en un menor poder adquisitivo y, por ende, un mayor desaf铆o para las mujeres, que necesitan desplazarse a las ciudades para proceder a un aborto. Las idiosincrasias o jerarqu铆as establecidas en las comunidades ind铆genas y afro son particularidades que tambi茅n deben ser consideradas, en cuanto pueden suponer impedimentos diferentes para las mujeres de estas comunidades que deciden abortar.

El aborto, todav铆a, es una pr谩ctica socialmente estigmatizada por buena parte de la poblaci贸n ecuatoriana. Ning煤n gobierno, ni siquiera los llamados progresistas, han considerado prioritarios los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La objeci贸n de conciencia puede ser alegada por el personal m茅dico incluso en los casos de emergencia obst茅trica amparados por la ley. El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de ideolog铆a conservadora, ha manifestado con anterioridad su oposici贸n al derecho al aborto. No obstante, durante la campa帽a electoral asegur贸 apoyar la decisi贸n de la Corte Constitucional de analizar la despenalizaci贸n del aborto por violaci贸n y lleg贸 a afirmar que las mujeres no deber铆an ir a la c谩rcel por abortar.

Ahora, las corrientes feministas ecuatorianas esperan el devenir del proceso legal para la despenalizaci贸n del aborto por violaci贸n. Este ser铆a el inicio del camino que las llevar铆a a conseguir el derecho al aborto libre y seguro; una ardua lucha activista, a escala global, en la que nunca han faltado los escollos, pero que, pese a todo, sigue avanzando firmemente, pues estamos seguras de los derechos que nos pertenecen y nada dispuestas a dar pasos atr谩s.

Por

Victoria C茅sar

Doctoranda en Periodismo en la US y voluntaria en CEPAM




Fuente: Eltopo.org