El miércoles 2 de septiembre, dos niñas de 11 años fueron
asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –conformada por
las fuerzas armadas, la policía y agentes de la Senad antidrogas-
durante una operación militar contra la supuesta guerrilla del
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los hechos ocurrieron en la
estancia Paraíso, de Yby Yaú, Departamento de Concepción, Norte de
Paraguay, zona que ha pasado años en Estado de Excepción y
militarizada con la excusa del combate al EPP, combate que lleva más
de una década y centenares de millones de dólares a costa del
erario nacional paraguayo.

Ante el asesinato
de las dos niñas declaramos que:

Este grave crimen cometido por agentes estatales y celebrado y
justificado por el Estado paraguayo sucede en un país que vulnera
sistemáticamente el derecho de la protección de la niñez y
especialmente de las niñas, vulneración hecha incluso con recursos
y posturas institucionales

Existen serias dudas sobre como la FTC realizó este procedimiento,
el gobierno dice que hubo un seguimiento de inteligencia de meses,
por tanto debían saber anticipadamente de la supuesta presencia de
niñas en el supuesto campamento del grupo armado y podían tomar las
precauciones y recaudos debidos para recuperar y proteger a esas
niñas.

Cuando se informó sobre sus muertes primero se dijo que serían
mujeres adultas integrantes activas de la dirección del grupo
armado, posteriormente las imágenes que se trasmitieron muestran
uniformes limpios, aparentemente sobrepuestos a los cuerpos estando
las niñas ya fallecidas, se las enterró apresuradamente como NN,
las ropas fueron quemadas con la excusa de unos protocolos por
Covid19. Se les entierra sin siquiera realizar la identificación o
un examen serio a las niñas, sin nombre, sin identidad, sin esperar
a que familiares o deudos pidan los cuerpos para darle sepultura. El
médico forense a través de una inspección ocular confunde cuerpos
de niñas con adolescentes o adultas, lo cual no sorprende en un país
donde se obliga a las niñas de 9, 10 años violadas a parir el
producto de la violación. Todos estos hechos hablan de una situación
irregular o sospechosa que debe ser investigada seria y neutralmente.

El discurso gubernamental y de la prensa para comunicar la muerte de
las niñas consistió en revictimizar y estigmatizar a las mismas,
diciendo que eran hijas de criminales, y formadas para ser miembros
activos de un grupo criminal, siguiendo el discurso gubernamental en
principio se refirieron a las niñas como mujeres adultas o
adolescentes, pese a que actualmente se presentaron documentos
legales que confirman que son niñas de 11 años. Este discurso
mediático criminalizador es fomentado por un gobierno cuyo
presidente fue al lugar del crimen y posó para fotos junto a quienes
realizaron el fatal operativo, felicitándoles y celebrando los
resultados del mismo.

En este caso en particular los derechos vulnerados a las dos niñas
asesinadas son muchos e incluyen: el derecho a la vida, a la
identidad, a la presunción de niñez (los medios y los forenses
“oficiales” las describieron como adolescentes), a la protección
integral para el correcto desarrollo de su niñez, el derecho a no
ser estigmatizadas y castigadas por lo que hagan sus padres o tutores
y finalmente a no ser revictimizadas y a la protección de su
dignidad que incluye la protección de su imagen.

La prensa, siguiendo las comunicaciones del gobierno criminalizaron a
las niñas y las culpabilizaron de su propia muerte, la cual
festinaron, celebraron el asesinato diciendo que la operación había
sido un “éxito” y que se habían “bajado” a dos
guerrilleras. Este discurso está cambiando en parte debido a la
evidencia de lo irregular de los hechos y a la constatación
documental de la edad de las niñas.

Siendo niñas de 11 años según la legislación paraguaya ellas eran
inimputables dado que la ley paraguaya dicta que por su edad no
tenían capacidad de autodeterminación ni entendimiento de
reprochabilidad personal. Aparentemente su asesinato tiene más bien
que ver con lo que hacen sus padres, pues suponen que forman parte
del grupo armado, esto es estigmatización y criminalización contra
niñas, niñas y adolescentes.

No debemos olvidar que las fuerzas armadas y policiales paraguayas
tienen un largo historial de vulneración de derechos a niñas que
incluye los abusos sexuales, donde el Estado paraguayo nunca ejerció
su supuesto rol de protección a la niñez.

Creemos que pese a la campaña de amedrentamiento que el gobierno y
el partido de gobierno realizan contra quienes piden verdad y
justicia para las niñas muertas, la sociedad y los pueblos de
Paraguay deben exigir con fuerza el fin a una cultura que permite el
asesinato impune de las niñas y adolescentes, cis y trans.

No nos quedaremos calladas

Acción
Directa Caracolito, Septiembre de 2020

Todo habla del dolor por el asesinato de las dos niñas en Yby Yaú Declaración del compañero Alfredo Cospito Viva la lucha del Pueblo Boliviano – Declaración CALA Grupo Terrorista Brasileiro Recuerdan a Hevrîn Khalaf a un año de su asesinato en manos de mercenarios Efemérides | 24 de Julio de 1971, asesinato de Hebert Nieto. Reflexiones del preso anarquista Eric King sobre Agosto Negro 2020 KCK advierte sobre la continuidad del genocidio yezidí Del estado policial del bienestar ¿qué pasará y qué quedará? Algunas lecciones sobre NISSAN: un acuerdo a la medida de la patronal Um breve relato sobre o ano novo com o Lula Nota sobre o cenário de guerra civil no Ceará: entre o Estado proibicionista e o crime organizado, o povo pobre é quem sofre