December 16, 2020
De parte de SAS Madrid
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Hoy, 15 de diciembre, frente a la sede la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, diversos colectivos de vivienda denunciaron ante la opini贸n p煤blica la inoperancia gubernamental ante la consumaci贸n de alrededor de 200 desahucios diarios a nivel estatal, seg煤n los datos que obran en el ministerio de Justicia. La mayor铆a de ellos ya no son por incumplimientos hipotecarios, sino por impago de alquileres.

En medio de un nutrido y animado grupo de activistas y vecinos, que vocearon las consignas habituales, hicieron uso de la palabra Paloma Mu帽oz, de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Georgina Danciuc, por la PAH de Arganda, Paco Morote, portavoz de la PAH, Rebeca Tolosa, del Sindicato de Inquilinas y el abogado Javier Rubio, del Grupo de Monitoreo del Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas. Cada portavoz incidi贸 en un aspecto espec铆fico, pero se centraron en demandar la urgente aprobaci贸n del decreto antidesahucios y denunciaron lo que consideran inoperancia del gobierno, al que instaron a adoptar medidas concretas para detener esta sangr铆a.

Al mismo tiempo, valoraron que 鈥渆l gobierno se est谩 plegando a los intereses de los especuladores, ofreci茅ndoles recursos p煤blicos para que no dejen de hacer negocio鈥, seg煤n una de las portavoces. Y acusaron al Ejecutivo de Pedro S谩nchez de abandonar a los sectores m谩s desfavorecidos, afirmando que los 煤ltimos seis meses se han consumado m谩s de 18.000 desahucios, 鈥渆sta es la prueba evidente de que la protecci贸n que hay no abarca al conjunto de la poblaci贸n鈥, denunciaron.

Los representantes de estos grupos enfatizaron la gravedad de esta negligencia en medio de la emergencia impuesta por la pandemia. Al mismo tiempo, explicaron que despu茅s de que haber conseguido sensibilizar a diferentes grupos pol铆ticos, se ha producido un giro de gui贸n gubernamental, 鈥渜ue viene de la mano del ministerio de Econom铆a y de Justicia, en favor de la banca y los especuladores, que nos deben m谩s de 60.000 millones de la crisis anterior y nadie se los ha reclamado. Grupos a los que el gobierno quiere compensar, 驴por qu茅 en este pa铆s solo se compensa a los especuladores?鈥, se pregunt贸 uno de los portavoces.

El acto es la culminaci贸n de un contradictorio proceso de intentos de acuerdos y aproximaciones 鈥攁l menos de una parte del gobierno de coalici贸n鈥 con los colectivos de vivienda. El accidentado periplo de negociaciones ha estado signado por diferentes gestos oficiales, no pocas veces contradictorios al interior del propio gobierno.

El primero en soltar campanas al vuelo fue el vicepresidente, Pablo Iglesias. El 26 de noviembre pasado anunciaba que esperaba que en no m谩s de dos semanas estuviese aprobada una disposici贸n que prohibiese los desahucios sin soluci贸n habitacional, a personas en riesgo de exclusi贸n. Seg煤n sus palabras, estaban trabajando conjuntamente el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a cargo de Jos茅 Luis 脕balos y la cartera a su cargo.

Posteriormente vinieron los escarceos relacionados con la aprobaci贸n de los presupuestos, que depararon la sorpresa de un acuerdo entre Unidas Podemos, ERC y Bildu para introducir una enmienda antidesahucios en los Presupuestos Generales del Estado. Esta novedad caus贸 un manifiesto desagrado en las filas del PSOE. Y, para no perder la iniciativa ante su socio de gobierno, la ministra de Hacienda, Mar铆a Jes煤s Montero, anunci贸 el compromiso de prolongar la actual norma antidesahucios hasta m谩s all谩 del 31 de enero.

Sin embargo, se trata de una disposici贸n claramente insuficiente como explica a El Salto Rebeca Tolosa, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Seg煤n la activista, esa normativa tiene limitaciones en orden a su aplicabilidad, frecuentemente derivadas de dificultades burocr谩ticas para demostrar una de las dos causales pasibles de servir de argumento para solicitar la suspensi贸n del desahucio: cumplir los requisitos de vulnerabilidad y/o haber sido afectadas por la Covid-19.

El hecho es que, a d铆a de hoy, los lanzamientos se suceden sin soluci贸n de continuidad y nadie, salvo los damnificados y los colectivos de vivienda parece darse por enterado.

Nada que celebrar

Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a El Salto relata que, hasta la semana pasada, dado el compromiso formal asumido por el vicepresidente del gobierno ante las asociaciones, se cre铆a asegurada la aprobaci贸n del decreto. Es cierto que los compromisos de Pablo Iglesias giraban en torno a la futura Ley de Vivienda, pero se daba por descontado que la prohibici贸n de los desahucios ante situaciones de vulnerabilidad ser铆a una consecuencia derivada de aquella voluntad. En consecuencia, la jornada de hoy estaba prevista como un acto conmemorativo que incluir铆a m煤sica en directo y n煤meros de danza al aire libre, con coreograf铆a ensayada. Sin embargo 鈥攔ese帽a Bardera鈥 sombr铆os nubarrones habr铆an emergido en los 煤ltimos d铆as y encendido todas las alarmas de los colectivos de vivienda.

鈥淣i se habla de sacar al mercado los tres millones y medio de viviendas vac铆as que est谩n en manos de los bancos y de fondos de inversi贸n鈥, denuncia Fernando Bardera

Seg煤n este portavoz, Pablo Iglesias estar铆a impulsando en el interior del ejecutivo los acuerdos logrados con las asociaciones, en tanto que el ministro Jos茅 Luis 脕balos 鈥攊nicialmente encargado de operar como freno鈥 se habr铆a hecho a un lado y centrado su acci贸n en el articulado de la Ley de Vivienda. En el actual momento ser铆a la titular de Econom铆a, Nadia Calvi帽o, quien habr铆a tomado las riendas en el intento de trabar la promulgaci贸n del decreto, activando para tal fin al ministerio de Justicia. Esta instancia, seg煤n el activista, habr铆a echado un capote a la ministra sacando a relucir el consabido argumento de la inseguridad jur铆dica, que se esgrime cada vez que hay alg煤n intento de introducir alguna norma social que implique consecuencias econ贸micas para los grandes tenedores de vivienda.

Cabe recordar que la propuesta impulsada por la vicepresidencia, establec铆a que los grandes propietarios 鈥攄e m谩s de 10 inmuebles鈥 deber铆an asumir el perjuicio por la falta de percepci贸n de los alquileres devenida de la aplicaci贸n del malogrado decreto antidesahucio, que tendr铆a vigencia mientras dure el estado de alarma.

Sin embargo, seg煤n describe Bardera, muy diferente ha sido la l铆nea oficial seguida por el gobierno central en el tema, que siempre habr铆a trabajado en favor de los intereses de los grandes propietarios y descargado sobre las espaldas de los inquilinos 鈥攃on independencia de su situaci贸n econ贸mica y laboral鈥 la exclusiva responsabilidad por el pago de los arrendamientos. Y, cuando 鈥攑or emergencia social鈥 los arrendatarios ya no pueden pagar, echar铆a mano directamente a los recursos del Estado para cubrir las p茅rdidas de los titulares, 鈥渁l principio, sacaron un Real Decreto para que la gente sacase microcr茅ditos para poder pagar los alquileres. Luego, promovieron la inyecci贸n de dinero para subvencionar el pago de alquileres con la misma finalidad: que los propietarios no dejasen de cobrar lo suyo. Y ahora que, por imperativo del decreto que prohibir铆a los lanzamientos, estar铆an impedidos de desahuciar, se les resarcir铆a de este perjuicio con fondos p煤blicos. Solo cambian las explicaciones, los discursos, pero la l铆nea es de aplastante coherencia鈥, describe el vocero.

Esta pol铆tica estar铆a articulada 鈥攃ontin煤a explicando鈥 con el argumentario de la colaboraci贸n p煤blico-privada que producir铆a alg煤n peque帽o parque de vivienda p煤blica levantado por las constructoras con recursos del Estado, 鈥減ero ni se habla de sacar al mercado los tres millones y medio de viviendas vac铆as que est谩n en manos de los bancos y de fondos de inversi贸n鈥, concluye.

Ante este cuadro, los colectivos de vivienda pronostican que, de salir el decreto anunciado, ser谩 notablemente descafeinado. Y se preparan para ir creando m煤sculo para cuando vea la luz la Ley de Vivienda 鈥攕e calcula que de aqu铆 a unos tres meses鈥 cuyo devenir estar谩 sin duda sujeto a los avatares de la relaci贸n de fuerzas hacia el interior del gobierno de coalici贸n, el arco de alianzas que el gobierno ha tendido para la aprobaci贸n de los presupuestos y el espectro pol铆tico general.

La futura ley de vivienda

La Ley de Vivienda es  un instrumento m谩s completo y global que el decreto que se esperaba y, seg煤n Bardera, 鈥渉ay grupos espec铆ficos trabajando para presionar a los grupos pol铆ticos para la consecuci贸n de una ley que contemple la situaci贸n de los sectores socialmente vulnerables鈥, afirma.

El portavoz no esconde su entusiasmo por lo que describe como un posicionamiento m谩s claro sobre el tema por parte de CCOO y UGT y que hayan establecido sinergias con los movimientos de vivienda 鈥測a que est谩n pidiendo lo mismo鈥, asegura. Lo que le hace abrigar la expectativa de que se pueda presentar un documento 煤nico suscrito por esas entidades sindicales y los colectivos de vivienda, con contenidos potentes, que se presente a los grupos pol铆ticos para ser debatido en el Congreso.

Se tratar铆a de 鈥渦na ley como la de Catalunya 鈥攁firma鈥 solo que con algunas mejoras que se est谩 viendo se deber铆an introducir鈥. E, indagado sobre ese punto, explicita que se est谩 refiriendo b谩sicamente a que la norma por venir tendr铆a que dejar clara la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los ayuntamientos y comunidades aut贸nomas. Y que no quedasen dudas en el plano de las puniciones, 鈥渜ue si no la cumples, te caiga una sanci贸n鈥. Insiste en la importancia de la concatenaci贸n de ambos vectores 鈥攅l obligado cumplimiento y la sanci贸n en caso de que este no se verifique鈥 鈥測a que est谩 claro en algunos ayuntamientos y comunidades 鈥擬adrid por ejemplo鈥, si esto no se articula con total claridad, la ley no se va a aplicar鈥.

Bardera asegura que la experiencia les hace concluir que el ministro 脕balos 鈥攄elf铆n del PSOE en la negociaci贸n de esta norma鈥 鈥渢iene la caracter铆stica de que ni bien ve que algo se le hace bola, tira balones fuera. As铆 lo hizo con el tema Uber. Tememos que con esto haga lo mismo, en plan ‘yo hago la ley, me apunto el tanto y ahora dejo la potestad de su aplicaci贸n en las comunidades aut贸nomas’. Con lo cual evita el enfrentamiento con aquellas comunidades 鈥攃omo la de Madrid鈥攓ue evidentemente no querr谩n aplicarla. Se lava las manos y a otra cosa鈥, concluye.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (15/12/2020).




Fuente: Sasmadrid.org