January 2, 2023
De parte de Acracia
569 puntos de vista

Tanto la Ley de Memoria Democr谩tica (LMD) de 2022 como la precedente Ley de Memoria Hist贸rica (LMH) de 2007 se han publicitado desde sus 谩ngulos m谩s optimistas, enfatizando aspectos como la eliminaci贸n de los s铆mbolos de la dictadura y el apoyo de la Administraci贸n a la exhumaci贸n de las v铆ctimas. Pero bajo ese rosario procedimental, el t谩ndem normativo esconde en la pr谩ctica una flagrante discriminaci贸n en el apartado de la compensaci贸n econ贸mica a las v铆ctimas, seg煤n los hechos dimanantes hayan acaecido antes o despu茅s de 1968 (9.616,18 euros para las primeras y 135.000 euros para las segundas).

De esta manera, sin que las citadas leyes de reparaci贸n aclaren el porqu茅 de esa capciosa encrucijada temporal, lo que se hace es consagrar una humillante discriminaci贸n en las tarifas establecidas. De forma y manera que al colectivo post 68 (49 expedientes hasta la fecha, seg煤n estad铆sticas ad hoc) se le concede una asignaci贸n econ贸mica trece veces mayor que a los pre 68 (solamente en la ciudad de Madrid, entre 1939 y 1944, fueron ejecutadas 2.933 personas). Con esta especie de ley de punto final en el 谩mbito compensatorio resulta que una <v铆ctimas del terrorismo> como el torturador Melit贸n Manzanas se incluir铆a en el grupo de los m谩s beneficiados, mientras a los miles de luchadores por la democracia durante los a帽os del plomo del franquismo (la generaci贸n que m谩s directamente sufri贸 las consecuencias de la Guerra Civil) se les menosprecia con un remuneraci贸n m铆nima y casi de beneficencia en la comparativa legal.

Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el art铆culo 54 de la Constituci贸n y en la Ley Org谩nica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (BOE de 7 de mayo), el pasado 12 de diciembre formul茅 a t铆tulo personal la presente queja ante el alto comisionado (aunque cualquier persona puede copiarla y hacerla suya present谩ndola en el registro pertinente de la instituci贸n). En el bien sabido de que, de no ser atendida, la 煤nica salida que quedar铆a para no perpetuar la infame discriminaci贸n entre rangos de v铆ctimas de la dictadura pasar铆a por instar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con la consiguiente movilizaci贸n ciudadana para la recogida de las 500.000 firmas necesarias para forzar la justa revisi贸n (Art.87,3 C.E).

Aqu铆 el texto 铆ntegro de la denuncia al Defensor del Pueblo:

<<El motivo de la presente carta es denunciar ante ese alto comisionado la persistente situaci贸n de desamparo en el que se encuentran los familiares de determinadas v铆ctimas de la dictadura franquista fallecidas en defensa de la democracia, que pese a los sucesivos avances en materia de memoria hist贸rica contin煤an siendo discriminados en funci贸n del periodo temporal en que fallecieron y recabar de ese Defensor del Pueblo su amparo frente al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr谩tica, a fin de persuadir a 茅ste de que ponga fin a dicha situaci贸n discriminatoria.

A los efectos de documentar dicha situaci贸n discriminatoria, se expondr谩 a continuaci贸n la evoluci贸n del reconocimiento de compensaciones econ贸micas a las v铆ctimas de la dictadura franquista, para proseguir analizando la justificaci贸n de los l铆mites establecidos para su reconocimiento, con referencia a las actuaciones que ese alto comisionado ha llevado a cabo en esta materia, y finalizar examinando el motivo por el que, con ocasi贸n de la aprobaci贸n de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democr谩tica (BOE del 20), se abre una ventana de oportunidad para que ese Defensor del Pueblo impulse el reconocimiento pleno de dichas compensaciones a todas las v铆ctimas de la dictadura franquista, que hasta la fecha es parcial y sesgado.

En este sentido, en la evoluci贸n del reconocimiento de compensaciones econ贸micas a las v铆ctimas de la dictadura franquista, cabe analizar dos tipos de compensaciones: por un lado, las establecidas a favor de quienes sufrieron prisi贸n como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist铆a; y por otro, las previstas a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia.

El reconocimiento de compensaciones econ贸micas a favor de quienes sufrieron prisi贸n como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist铆a, aparece por vez primera en la disposici贸n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (en adelante LPGE de 1990).

En t茅rminos generales, se trata de una indemnizaci贸n a percibir por una sola vez por quienes cumplieran los siguientes requisitos:
-Que el beneficiario tuviese o el causante hubiese tenido cumplidos 65 a帽os de edad a 31 de diciembre de 1990.
-Haber sufrido privaci贸n de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o m谩s a帽os, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre.

Dichos requisitos fueron suavizados posteriormente por el art铆culo 6 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl铆an derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci贸n o violencia durante la guerra civil y la dictadura (en adelante Ley de Memoria Hist贸rica), en el siguiente sentido:
-Se reduce a 60 a帽os la edad que el beneficiario o causante deb铆a tener a 31 de diciembre de 1990.
-Se computa, adem谩s de la privaci贸n de privaci贸n de libertad en establecimientos penitenciarios, la sufrida en Batallones Disciplinarios.

Por su parte, el reconocimiento de compensaciones econ贸micas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia se reconoce por vez primera en el a帽o 2007 con la Ley de Memoria Hist贸rica en su art铆culo 10.

Al igual que las establecidas respecto de los privados de libertad, se trata de una indemnizaci贸n a percibir por una sola vez por los causahabientes de quienes cumplan una serie de requisitos:
-Haber fallecido en defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos.
-Y que dicho fallecimiento tuviese lugar entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977.

Como se ha expuesto, tanto la compensaci贸n para los privados de libertad, como la establecida respecto de los fallecidos en defensa de la democracia fueron definidas trazando determinados l铆mites temporales (la edad del causante y la fecha de fallecimiento, respectivamente) cuya justificaci贸n l贸gica no resulta evidente ni se deduce de las exposiciones de motivos de las disposiciones legales que las definieron.

Ambos l铆mites temporales fueron, desde su establecimiento objeto de cuestionamiento en el debate p煤blico y de presentaci贸n de quejas ante ese alto comisionado.

As铆, la limitaci贸n por edad para la compensaci贸n por privaci贸n de libertad fue objeto, incluso antes de su publicaci贸n oficial, de quejas documentadas (Informe anual de 1990, p谩ginas 530-531).

Asimismo, dicho l铆mite fue objeto de una solicitud de interposici贸n de recurso de inconstitucionalidad ante ese Defensor del Pueblo por considerar que podr铆a vulnerar el principio de igualdad y el de interdicci贸n de la arbitrariedad de los poderes p煤blicos (informe anual de 1990, p谩ginas 538-540).

Ese alto comisionado resolvi贸 no interponer recurso de inconstitucionalidad, tras recordar que 鈥渆l an谩lisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminaci贸n, en cuanto la discriminaci贸n entra帽a siempre una cierta arbitrariedad, o si aun no estableci茅ndola carece de toda explicaci贸n racional lo que implicar铆a tambi茅n una arbitrariedad鈥, ya que 鈥el Tribunal Constitucional ha declarado que no es inconstitucional el establecimiento de un tope de edad. Partiendo de esta declaraci贸n, se puede estar o no de acuerdo con el criterio del legislador, pero ello entra帽a un an谩lisis y valoraci贸n cuya naturaleza es ajena a la determinaci贸n de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma鈥.

En definitiva, de la resoluci贸n de ese alto comisionado parece deducirse que el establecimiento de cualquier l铆mite de edad en la determinaci贸n del 谩mbito subjetivo de aplicaci贸n de un precepto legal es necesariamente constitucional.

El Tribunal Constitucional, en dicha sentencia que desestim贸 las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas, parte del supuesto de que, trat谩ndose de prestaciones sociales, especialmente cuando 茅stas no constituyen un desarrollo de un derecho constitucional como es el caso, el legislador goza de un amplio margen de libertad al tratarse del reparto de recursos econ贸micos necesariamente escasos, si bien siempre sujeto al respeto de los criterios de razonabilidad y no arbitrariedad que se deducen tambi茅n del art. 14 de la Constituci贸n.

En definitiva, el Constitucional no afirma que cualquier limitaci贸n de edad en el presente supuesto sea conforme a la Constituci贸n, sino que cualquier diferenciaci贸n legal ha de respetar las exigencias derivadas del art铆culo 14 de la Constituci贸n:

鈥淓n lo que se refiere al requisito adicional de la edad -determinada edad en cierta fecha-, el mismo s贸lo resultar谩 contrario a la Constituci贸n -a su art. 14- si semejante exigencia carece de un fundamento racional y objetivo pues la edad, como en otras ocasiones hemos precisado, no es de por s铆 un criterio que el legislador no pueda utilizar para adoptar unas u otras diferenciaciones normativas (SSTC 75/1983, 31/1984 y 69/1991)鈥.

Dicho fundamento racional y objetivo el Constitucional lo encuentra en la siguiente argumentaci贸n que sostiene el Abogado del Estado y que, seg煤n el alto tribunal, se deduce del iter legislativo de la ley:

鈥淪eg煤n el Abogado del Estado, la atribuci贸n del derecho a indemnizaci贸n tan s贸lo a quienes hubieran cumplido determinada edad (sesenta y cinco a帽os) en cierta fecha (31 de diciembre de 1990) se justifica en el prop贸sito legislativo de compensar a quienes vieron afectado de modo especial su propio , no solo por el tiempo de la duraci贸n de su p茅rdida de libertad, sino tambi茅n por la edad en que la sufrieron y, al mismo tiempo, por la edad en la que pudieron ver recobradas las libertades democr谩ticas y por ello ser plenamente rehabilitados.

En efecto, la Ley, como se deduce del iter legislativo, aun no utilizando como criterio directo la fecha de la privaci贸n de libertad, se ha preocupado particularmente por delimitar como beneficiarios a los miembros de una determinada generaci贸n, la que sufri贸, en raz贸n de la edad, m谩s directamente las consecuencias de la Guerra Civil, padeciendo prisi贸n durante la misma o en la inmediata posguerra, y la que por ello goz贸 m谩s tard铆amente el restablecimiento de las libertades democr谩ticas.

La Disposici贸n adicional decimoctava s贸lo concede derecho a indemnizaci贸n a quienes, habiendo sufrido prisi贸n por tres o m谩s a帽os, ten铆an sesenta y cinco a帽os, o edad m谩s avanzada, el 31 de diciembre de 1990. La Ley atribuye s贸lo este derecho econ贸mico a quienes hab铆an ya superado los 52 de edad en el momento en que se dict贸 la legislaci贸n de amnist铆a (Ley 46/1977, de 15 de octubre), esto es, a personas que por su edad se encontraban, cuando la amnist铆a les reintegr贸 la plenitud de sus derechos, en condiciones que pudieron y pueden presumirse dif铆ciles para reincorporarse, tambi茅n en plenitud, a la vida laboral y profesional, dificultades que, por lo mismo, pesaron presumiblemente menos sobre quienes se beneficiaron de la amnist铆a con inferior edad. La plena reintegraci贸n a la vida civil y laboral de quien padeci贸 prisi贸n por motivos pol铆ticos durante el r茅gimen anterior s贸lo alcanz贸 su plenitud con la recuperaci贸n de las libertades y la legislaci贸n de amnist铆a, normativa 茅sta que, al eliminar los efectos jur铆dicos de las penas impuestas (arts. 6, 7 y 8 de la Ley 46/1977), situ贸 ya a quienes las sufrieron en condiciones de reincorporarse, en plenitud de derechos y con normalidad, a la actividad laboral y profesional, pero las posibilidades de reintegraci贸n no fueron las mismas seg煤n la edad que en aquel momento tuvieran los afectados.

Esta consideraci贸n permite reconocer una justificaci贸n objetiva y razonable a la doble exigencia, cumplimiento de una edad antes de una determinada fecha, que contiene la regla cuestionada, puesto que el legislador ha podido considerar la distinta incidencia en las posibilidades efectivas de lograr la reincorporaci贸n a la vida p煤blica y profesional de acuerdo a la edad de la persona en el momento de la restauraci贸n de las libertades democr谩ticas, compensando as铆 en alguna medida a quienes, vista su edad en el momento de la amnist铆a, hubieron l贸gicamente de encontrar mayores dificultades para reincorporarse a la sociedad con plenitud de derechos.

Ha de reconocerse, pues, que existe fundamento objetivo y razonable para la utilizaci贸n, como criterio selectivo y diferenciador, de la edad y de su cumplimiento en una determinada fecha, por lo que la disposici贸n cuestionada no es contraria al art. 14 C.E.鈥

Pues bien, si bien el Tribunal Constitucional confirm贸 la adecuaci贸n del referido l铆mite a la Constituci贸n por los motivos apuntados, dicha constitucionalidad no fue 贸bice para que ese Defensor del Pueblo considerase conveniente emitir su Recomendaci贸n 6/1996, de 4 de enero, sobre medidas complementarias en relaci贸n con las indemnizaciones por tiempo de permanencia en prisi贸n previstas en la disposici贸n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

As铆 ese alto comisionado consider贸 que 鈥渘o obstante el favorable control de constitucionalidad que se deriva de la sentencia parcialmente transcrita, esta instituci贸n ha tenido conocimiento de una serie de casos, necesariamente limitados en su n煤mero, de ciudadanos que, reuniendo la totalidad de los restantes requisitos, no pudieron acceder a la indemnizaci贸n por no tener la edad exigida. Esta situaci贸n ha producido en los afectados un comprensible sentimiento de frustraci贸n por considerarse injustamente tratados鈥.

Concluyendo que 鈥渆l r茅gimen de indemnizaciones por tiempos de prisi贸n establecido mediante la disposici贸n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, aun suponiendo un importante avance en el desarrollo de la legislaci贸n de amnist铆a, ha dejado sin cobertura determinadas situaciones que, a juicio de esta instituci贸n, pudieran ser merecedoras de alguna forma de compensaci贸n o reparaci贸n鈥.

Para finalizar recomendando a las Comunidades Aut贸nomas 鈥渜ue, en el marco de las facultades normativas reconocidas por la Constituci贸n y el Estatuto de Autonom铆a, se estudie la posibilidad de establecer medidas similares a las adoptadas por el Gobierno de Navarra en el Decreto Foral 75/1995, de 20 de marzo, complementando el r茅gimen de indemnizaciones por tiempos de prisi贸n previsto en la disposici贸n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, para quienes sufrieron privaci贸n de libertad por delitos incluidos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist铆a鈥.

Finalmente, cabe destacar que el hecho de que la Ley de Memoria Hist贸rica posteriormente suavizase dicho requisito de edad, resulta tambi茅n indicativo de que el mismo resultaba, cuando menos, demasiado estricto, por mucho que pudiese superar el test de constitucionalidad.

Por tanto, en el caso de la limitaci贸n temporal establecida respecto de las compensaciones a los fallecidos en defensa de la democracia (haber fallecido entre 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977), la justificaci贸n racional y objetiva de su fijaci贸n resulta mucho m谩s oscura y contraria a la l贸gica, y no ha sido objeto de control de constitucionalidad alguno que confirme su validez.

Del iter legislativo de la Ley de Memoria Hist贸rica no solo no se deduce la raz贸n de ser de dicho intervalo temporal (1968-1977), que no se compadece con el momento en que se sufri贸, en palabras del Tribunal Constitucional 鈥渕谩s directamente las consecuencias de la Guerra Civil鈥, sino todo lo contrario, con el del tardofranquismo y la transici贸n, sino que la justificaci贸n del mismo, no explicitada en la exposici贸n de motivos de la norma, parece derivar de la equiparaci贸n con el r茅gimen de las indemnizaciones previstas en el 谩mbito de las v铆ctimas del terrorismo por la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las v铆ctimas del terrorismo, cuya raz贸n de ser, finalidad y naturaleza del fen贸meno al que responden, en nada tienen que ver.

As铆, en el diario de sesiones del Congreso de 17 de octubre de 2007, n煤mero 925, en el marco del debate en la Comisi贸n Constitucional del informe de la ponencia sobre el proyecto de ley, encontramos las siguientes referencias cuestionando dicho intervalo temporal:

鈥淚nsisto en esto sobre todo porque aqu铆 hay gente que est谩 enmarcada en una fecha muy concreta, comienza el 1 de enero de 1968, porque la Ley de solidaridad con las v铆ctimas del terrorismo tambi茅n marca esa fecha鈥. Intervenci贸n Sr. Esteban Bravo, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), p谩gina 25.

Pedimos la supresi贸n del art铆culo 10; es evidente que su contenido queda comprendido en el 谩mbito de aplicaci贸n de la presente ley mediante otras enmiendas ya presentadas por Esquerra y consagra una verdadera injusticia al distinguir entre represaliados con anterioridad y represaliados con posterioridad a 1968. Querer establecer distintas categor铆as de represaliados es un comporta miento vergonzante y por supuesto es motivo de inconstitucionalidad de esta misma ley鈥. Intervenci贸n Sr. Tard脿 i Coma, Grupo de Esquerra Republicana de Catalu帽a, p谩gina 27.

Asimismo, en el Diario de Sesiones del Senado, de 10 de diciembre de 2007, en el marco del debate en pleno de los vetos al proyecto de ley, se recoge la siguiente intervenci贸n del Sr. Bofill Abell贸 en su p谩gina 8873:

Como resulta escandalosa la discriminaci贸n que la ley establece en su art铆culo 10 al prever que los familiares -no solo las viudas y viudos en este caso- de los muertos a causa de la represi贸n, tanto si fueron ejecutados despu茅s de un simulacro de juicio como si fueron muertos en otras circunstancias represivas, entre 1968 y 1977, percibir谩n una indemnizaci贸n de 135.000 euros. 驴Por qu茅 raz贸n se da un trato tan diferente y discriminatorio a los muertos por el franquismo antes y despu茅s de 1968? 驴Qu茅 pas贸 en 1968? Otra vez nos encontramos con dos varas de medir, porque lo que ha pasado seguramente es que a partir de 1968 hay v铆ctimas de atentados de ETA, como el polic铆a Melit贸n Manzanas, cuyos familiares han cobrado indemnizaciones de este tenor y resultaba flagrante no acordar una indemnizaci贸n similar a las v铆ctimas antifranquistas. Pero la comparaci贸n sigue siendo flagrante porque tan v铆ctimas fueron los muertos despu茅s de 1968 como los muertos por el franquismo antes de esta fecha. Una discriminaci贸n que, por lo dem谩s, contradice el esp铆ritu y la letra del art铆culo 14 de la Constituci贸n鈥.

Ese alto comisionado tuvo tambi茅n la oportunidad de pronunciarse sobre la interposici贸n de recurso de inconstitucionalidad en relaci贸n con la presunta arbitrariedad de la fijaci贸n de dicho l铆mite temporal, como se recoge en su informe anual de 2008, p谩ginas 872 a 874, a solicitud de una asociaci贸n, rechazando la interposici贸n del referido recurso en tal aspecto por considerar que:

鈥溾 no puede considerarse arbitrario o injustificado el tratamiento que efect煤a el art铆culo 10 de la Ley de las personas fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968, hasta el 6 de octubre 1977 (fecha a la que alcanzan los efectos de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist铆a) y del derecho de sus beneficiarios a obtener la indemnizaci贸n que all铆 se establece, por cuanto dicho grupo de personas no hab铆a obtenido hasta la aprobaci贸n de la ley cuya impugnaci贸n se pretende, ning煤n reconocimiento expreso de su contribuci贸n a la defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos, ni reparaci贸n econ贸mica alguna en favor de sus causahabientes, reparaci贸n que s铆 hab铆an obtenido las viudas, y dem谩s familiares de los espa帽oles fallecidos como consecuencia o con ocasi贸n de la Guerra Civil, en la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, as铆 como los familiares de las v铆ctimas del terrorismo fallecidas en circunstancias semejantes a las primeras y a quienes se les reconoci贸 en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las v铆ctimas del terrorismo, su contribuci贸n a favor de los valores de la convivencia, la tolerancia y la libertad, y a aquellos familiares de 茅stos el derecho a obtener una indemnizaci贸n por actos o hechos acaecidos a partir de dicha fecha de 1 de enero de 1968鈥.

En consecuencia, con independencia de que no se entiende en qu茅 medida contribuye a argumentar que dicho intervalo temporal cumple el test constitucional de razonabilidad y no arbitrariedad el que el plazo sea el mismo para las v铆ctimas del terrorismo -todo lo contrario, constituye un indicio precisamente de arbitrariedad, en la medida en que el principio de igualdad exige que no se trate igual lo desigual y evidentemente la represi贸n franquista y el terrorismo son fen贸menos no equiparables-, ese alto comisionado considera que la justificaci贸n del periodo temporal responde a que la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, cubr铆a a los fallecidos con anterioridad a 1 de enero de 1968.
Sin embargo, el 谩mbito de aplicaci贸n de dicha Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia m茅dico-farmac茅utica y asistencia social en favor de las viudas, hijos y dem谩s familiares de los espa帽oles fallecidos como consecuencia o con ocasi贸n de la pasada guerra civil (BOE del 28), cubre 煤nicamente, seg煤n su art铆culo primero:
-Los fallecidos durante la Guerra Civil, es decir, de 17 de julio de 1936 a1 1 de abril de 1939
-Y determinados fallecidos con posterioridad a la Guerra Civil, cuando pueda establecerse asimismo una relaci贸n de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento.

Es decir que, pese a lo afirmado por ese alto comisionado, lo cierto es que la pr谩ctica totalidad de los fallecidos como consecuencia de la represi贸n franquista durante la posguerra no solo no hab铆an obtenido reparaci贸n econ贸mica alguna con la Ley 5/1979, de 18 de septiembre ni la obtienen con la Ley de Memoria Hist贸rica, sino que se ven preteridos frente los fallecidos en el tardofranquismo y la transici贸n, momento que no coincide con aqu茅l en que se sufri贸 鈥渕谩s directamente las consecuencias de la Guerra Civil鈥.

Adicionalmente, procede apuntar, que tampoco la protecci贸n de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, es equiparable a la de la Ley de Memoria Hist贸rica, en la medida en que los posibles beneficiarios de la primera son mucho m谩s limitados (no se incluyen a los nietos y los hijos lo son solo si cumplen determinadas condiciones), siendo adem谩s la primera una pensi贸n incompatible con otras que tengan como causa tambi茅n la muerte del causante.

Finalmente, resulta demostrativo de la arbitrariedad de dicho intervalo temporal, que excluye de cualquier compensaci贸n precisamente el periodo en el que la represi贸n franquista era m谩s intensa mientras que protege aqu茅l en que 茅sta se redujo, el n煤mero de indemnizaciones concedidas en aplicaci贸n del referido art铆culo 10 de la Ley de Memoria Hist贸rica, que seg煤n informaci贸n oficial del Ministerio de Hacienda y Funci贸n P煤blica (1) ha sido de un total de 49.

A t铆tulo de ejemplo, y a los solos efectos de poner en perspectiva dicha cifra, seg煤n el Ayuntamiento de Madrid, solo en la ciudad de Madrid y en el periodo temporal que dista entre 1939 y 1944, fueron ejecutadas 2.933 personas (2).

De lo expuesto se deduce que, si bien la cobertura del reconocimiento de prestaciones econ贸micas a las v铆ctimas de la dictadura franquista es francamente mejorable en el caso de los privados de libertad, es clamorosamente discriminatoria en el de los fallecidos, al establecer un intervalo temporal que deja desprotegidos los periodos en los que la represi贸n franquista fue m谩s intensa y que no han sido objeto de reparaci贸n econ贸mica alguna, mientras que 煤nicamente protege aquellos periodos que son contemplados en el 谩mbito de las indemnizaciones a las v铆ctimas del terrorismo, fen贸meno con sus propias caracter铆sticas, y contexto hist贸rico que no son trasladables al de las v铆ctimas de la represi贸n franquista.

No obstante lo anterior, aunque la aprobaci贸n de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democr谩tica (BOE del 20), no introduce mejora alguna en la situaci贸n discriminatoria apuntada, lo cierto es que contempla un mecanismo que puede hacer posible avanzar en dicha direcci贸n.

En este sentido, procede se帽alar que, seg煤n su art铆culo 3, son v铆ctimas a los efectos de dicha ley 鈥渢oda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, da帽o f铆sico, moral o psicol贸gico, da帽os patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constituci贸n espa帽ola de 1978鈥.

Es decir, son v铆ctimas tanto las de la Guerra Civil (cuyos fallecidos han visto reconocidas pensiones en virtud de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre), como las posteriores a 茅sta y anteriores a 1 de enero de 1968 (cuyos fallecidos no gozan de compensaci贸n econ贸mica alguna), y los posteriores (cuyos 49 fallecidos ya han recibido compensaci贸n en virtud de la Ley de Memoria Hist贸rica).

Pese al reconocimiento de la condici贸n de v铆ctima a todas ellas, la reparaci贸n econ贸mica a estas es muy dispar, por lo que cobra especial importancia lo establecido en la disposici贸n adicional decimoquinta de dicha ley, seg煤n la cual:

鈥淢ediante acuerdo del Consejo de Ministros se designar谩 una comisi贸n t茅cnica que, en el plazo de un a帽o desde la entrada en vigor de esta ley, elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas y reparaci贸n de car谩cter econ贸mico dirigidas a las v铆ctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la auton贸mica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y d茅ficits subsanables鈥.

Dicha comisi贸n t茅cnica, a fecha del presente escrito y pese a haber transcurrido m谩s de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democr谩tica a煤n no ha sido nombrada.

A fin de que se ponga fin a la discriminaci贸n descrita en materia de reparaci贸n econ贸mica de las distintas v铆ctimas de la dictadura franquista, se solicita a ese Defensor del Pueblo que emita una recomendaci贸n al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Hist贸rica, a fin de que proceda a cumplir el mandato de la disposici贸n adicional decimoquinta de la Ley de Memoria Democr谩tica nombrando la referida comisi贸n t茅cnica y conmine a dicho Ministerio a tomar las medidas oportunas para solucionar los graves problemas de cobertura en la materia analizados en la presente carta y, en particular, la arbitraria discriminaci贸n existente en la actualidad respecto de la reparaci贸n econ贸mica de los fallecidos por la represi贸n franquista en el periodo comprendido entre el fin de la Guerra Civil y 1 de enero de 1968>>

Rafael Cid

Notas:

1.- 鈥淓l plazo de solicitud de estas indemnizaciones finaliz贸 el 31 de diciembre de 2010. El n煤mero de solicitudes presentadas ha sido de 189, de las cuales 49 se han resuelto en sentido favorable鈥 https://www.hacienda.gob.es/es-ES/El%20Ministerio/Paginas/PrestacionesMemoriaHistoricaenelMEH.aspx

2.- Informe explicativo del listado de personas ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Navegaciones/Memoria_Historica/Memoria_HIstorica/informe.pdf




Fuente: Acracia.org