October 21, 2020
De parte de Algrano Sembrando La Duda
329 puntos de vista


  • Ecologistas en Acción de Extremadura se muestra a favor de la transición a un sistema energético basado en fuentes renovables pero no del modelo de implantación de la fotovoltaica que se está siguiendo en la región, con  irregularidades en su tramitación administrativa y sin ninguna planificación territorial.
  • Las empresas promotoras están fraccionando los grandes proyectos para eludir la tramitación de sus autorizaciones por la Administración General del Estado y hacerlo a través de la Junta de Extremadura, más permisiva y sobre la que tienen mayor capacidad de influencia.
  • La ausencia de un Plan estratégico para la generación fotovoltaica en Extremadura está poniendo en peligro el uso agrícola del suelo, la conservación de especies amenazadas y en peligro, actividades económicas locales y la implantación de un modelo más social de energías renovables, favoreciendo el surgimiento de una burbuja especulativa a favor de las grandes empresas del sector eléctrico.

Ecologistas en Acción de Extremadura viene defendiendo desde hace décadas la necesidad de una transición energética hacia un sistema basado en los recursos renovables frente al que ha primado hasta el momento, en el que los combustibles fósiles y radiactivos constituían la única fuente de generación.

Desde hace unos años, en esta región se viene observando un incremento repentino del número de proyectos de instalaciones fotovoltaicas presentadas a la administración para su tramitación; algo que, en principio, debería ser una buena noticia si no fuera por el hecho de que esta fiebre fotovoltaica refleja un modelo de implantación de estas energías en el territorio con el que Ecologistas en Acción está en total desacuerdo.

La inexistencia de una planificación territorial sobre generación de energía fotovoltaica en Extremadura está provocando el surgimiento de un aluvión de proyectos que, a pesar de estar promovidos por empresas creadas a tal efecto, están enmascarando la posterior monopolización de este tipo de producción eléctrica por las grandes empresas energéticas. Así, parece quedar claro por lo observado en otras regiones que, a esta primera fase de construcción de instalaciones, le seguirá una segunda en la que estas plantas serán vendidas, para su explotación, a las mismas grandes empresas que actualmente acaparan el panorama energético.

Esta argucia empresarial es diametralmente opuesta a la implantación de un modelo energético más social que el que actualmente impera en el país y que debería verse favorecido y alentado aprovechando las oportunidades que ofrece esta transformación de las fuentes de generación de energía. Para Ecologistas en Acción, el desarrollo del sector fotovoltaico en la región debe basarse en:

  • Producción de la electricidad sostenible y de proximidad: se debe generar en la zona donde se consume y, en todo lo posible, evitando utilizar para ello terrenos agrícolas productivos, concentrando las instalaciones en superficies como tejados de edificaciones e industrias, zonas de aparcamiento, charcas de riegos, terrenos improductivos o alterados como canteras y graveras, etc.
  • La superficie total de generación en la región debe estar equilibrada con sus necesidades de consumo eléctrico (actualmente, se produce en Extremadura más de 4 veces la energía que consume), evitando con ello la pérdida de suelo agrícola productivo al ser ocupado con instalaciones destinadas a cubrir las necesidades energéticas de otras regiones, dentro de un modelo productivo de concepción depredadora y extractivista.
  • Un sistema de producción gestionado por entidades públicas locales o colectivos de consumidores, que evite que un reducido número de grandes empresas acaparen y monopolicen el sector de las energías renovables, reproduciendo el mismo esquema que existe actualmente. Este sistema de producción localizada favorece la creación de empleos directos asociados a la generación y distribución de la energía.

Respecto a la tramitación administrativa por parte de la Junta de Extremadura de las diferentes autorizaciones de proyectos de plantas fotovoltaicas, Ecologistas en Acción se ve en la necesidad de denunciar una serie de irregularidades que viene detectando de forma reiterada y ante las cuales ha presentado alegaciones.

La principal y más grave de estas irregularidades es el hecho de que se esté produciendo la fragmentación de grandes proyectos fotovoltaicos en una diversidad de otros más pequeños (siempre inferiores a 50 MW), dentro de una estrategia que persigue eludir su tramitación ante la Administración General del Estado, tal como señala el Real Decreto 413/2014, y conseguir así que sea la Junta de Extremadura quien los evalúe.

Es incomprensible que la administración autonómica parezca no advertir estas maniobras cuando los proyectos que se les presenta afectan al mismo término municipal o son colindantes, situados físicamente muy cercanos entre sí, incluso en parcelas pegadas unas a otras. Esto, en la práctica, supone claramente una concentración de proyectos. Pero aún se hace más evidente al comprobar que las plantas, supuestamente independientes entre sí, comparten una misma línea de evacuación que finaliza en una subestación en común, ambas proyectadas para el servicio único de estas instalaciones, lo que significa que se trata de un único proyecto fraccionado en varios aparentemente distintos.

Para enmascarar esta concentración, los proyectos son presentados por una multitud de sociedades limitadas creadas expresamente para cada una de las plantas, si bien es fácil comprobar como pertenecen todas ellas a una misma empresa matriz o participan de los mismos socios y administradores. Prácticamente la totalidad de estas empresas no tributan en la comunidad extremeña al estar inscritas en registros mercantiles de otras diferentes (principalmente de Madrid, Sevilla, Valencia o Barcelona) y están especializadas en la tramitación y ejecución de proyectos que son luego vendidos a grandes empresas eléctricas para su explotación.

Por tanto, corresponde a la Junta de Extremadura poner fin a esta situación, no admitiendo a trámite los proyectos en los que se den estas situaciones por suponer un fraude de ley además de incurrir en un trato de favor al generar una competencia desleal con otros  proyectos y empresas que sí han seguido la tramitación correcta. Además de todo ello, si bien la jurisprudencia existente no es específica de las instalaciones fotovoltaicas, es perfectamente aplicable la emanada de otros ámbitos del sector energético.

A esto se suma el grave problema que supone la falta de una ordenación territorial y una planificación estratégica de la actividad de generación de electricidad fotovoltaica en Extremadura y, por tanto, de su evaluación ambiental conjunta para toda la región. En esta necesaria planificación deben designarse las zonas más aptas para esta actividad y las zonas excluidas por su alto impacto ambiental, el modelo y las superficies máximas de las instalaciones en las diferentes zonas y su distribución para todo el territorio de Extremadura, tratando de evitar que la implantación no compita con otros recursos como la propiedad o el arrendamiento del suelo agrario o forestal, el turismo rural y de aves, el paisaje, la avifauna y otros ámbitos afectados.

Tampoco se puede continuar con la autorización de estos proyectos sin la aprobación de los planes de recuperación de las especies en peligro de extinción que puedan verse afectadas (como el sisón, la avutarda, el milano real o la cigueña negra) y, mucho menos, sin un plan de recuperación y conservación de aves esteparias y agrícolas para Extremadura, pues es este el tipo de terreno en el que mayoritariamente se están ubicando las instalaciones. En el caso de la cigüeña negra, es sangrante que aún no se haya aprobado su plan de recuperación, y puede sospecharse que se esté retrasando para evitar que interfiera con la implantación de este tipo de proyectos. En estos planes se deberán establecer las medidas compensatorias a implementar en las instalaciones, que actualmente son insuficientes pues, en muchos casos, se reducen a colocar unas pocas cajas nido y a compensar con 4-5 hectáreas de gestión de cultivos dentro de extensiones de más de 150 hectáreas de planta fotovoltaica, cuando debería ser una superficie equivalente para que tenga algún efecto sobre las especies silvestres y en peligro.

En algunos casos, la acumulación de proyectos en ciertos términos municipales supone un impacto visual y paisajístico importante que está provocando el rechazo de la población local por competir con otro tipo de recursos locales endógenos (turismo rural, agroganadería, etc.). Y es que la construcción de estos proyectos, ubicados en general en terrenos de grandes propietarios, están empleando una parte importante de la mano de obra procedente de países del Este y, por lo tanto, no está cumpliendo las expectativas de la población local sobre creación de puestos de trabajo. Además, se está compitiendo con el modelo de autosuficiencia y autoabastecimiento de energías renovables que supondría mayores oportunidades de empleo y menor impacto ambiental.

En definitiva, Ecologistas en Acción de Extremadura quiere alertar y denunciar que se está creando una burbuja artificial sobre los proyectos fotovoltaicos y una mala praxis en su gestión administrativa que acabará dañando gravemente la imagen de las energías renovables (a semejanza de lo ocurrido con la burbuja inmobiliaria del ladrillo). Esta especulación se está viendo favorecida por la dejación de funciones y la prevaricación en la tramitación de estos proyectos por parte de la administración regional, a nivel tanto de personal técnico, como de Direcciones Generales y de la clase política.

Por ello, Ecologistas en Acción de Extremadura ha comenzado a presentar alegaciones a los proyectos que participan de las circunstancias que se han mencionado (Fregenal de la Sierra – Bodonal de la Sierra: Cincinato, Ardila, Apicio, Beturia; Medina de las Torres: Los Llanos I, II y III; Mérida: San Serván 2020, San Serván 2021, El Doblón, Veracruz, Puerta Palmas; Trujillo-Torrecillas de la Tiesa: Trujillo), aunque se han detectado las mismas irregularidades en otros proyectos ya aprobados. No obstante, estas alegaciones están siendo ignoradas por la administración regional hasta el extremo de que, en las resoluciones de autorización publicadas hasta el momento, ni siquiera se reflejan como recibidas por el órgano competente.

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.




Fuente: Algranoextremadura.org