August 5, 2021
De parte de Indymedia Argentina
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La directora de Género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, militante del Mocase, promueve políticas públicas para favorecer el arraigo y la producción local.

La funcionaria campesina y feminista que busca empoderar a las mujeres de la tierra

El trabajo por la igualdad de género reviste características particulares cuando se aborda desde la ruralidad. A eso se dedica Deolinda Carrizo desde chica, mucho antes de asumir como directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) del Ministerio de Agricultura de la Nación. Incluso antes de que las mujeres de la agricultura familiar fueran consideradas sujetos activos para las políticas públicas en Argentina.

“Muchas acciones diarias de las mujeres campesinas se vinculan a la defensa de sus tierras, al acceso al agua, y a los recursos naturales para su subsistencia”, define, desde esos campos donde el agua es escasa y la tenencia de la tierra es precaria. Los pueblos quedan lejos y la vida humana trata de armonizar con el ambiente. En eso trabaja Deolinda del Valle Carrizo, desde el área que se oficializó como dirección nacional en pandemia. “Solo dos veces fui al ministerio como funcionaria”, destaca en la entrevista con Página/12, desde la localidad de Quimili, en Santiago del Estero, a 200 kilómetros de Santiago capital. Allí vive. Otras veces, recuerda Deolinda, había estado en el antiguo edificio de estilo donde funciona Agricultura, “por reclamos”. “Soy del Mocase”, se presenta.

Se escucha a un niño en la conversación telefónica. “Es Héctor, ha cumplido dos años”, cuenta Deolinda. La llaman “Deo”. El comentario evidencia el trabajo diverso de las mujeres en los lugares donde lo productivo –y sus carencias– se combina con la maternidad, las tareas del hogar, y hoy la nula conectividad para tramitar documentos o el seguimiento escolar de los hijos.

“Lo productivo” se resuelve de formas tan diversas como variada es la geografía de este país: son crianceras, horticultoras, pescadoras artesanales, tejedoras, elaboran dulces y quesos, harinas o conservas. La dimensión económica y sociocultural las unifica. Allí emerge la mujer campesina, criolla, de ascendencia inmigrante o indígena, sostén de las producciones familiares.

Según la FAO –aporta Deolinda–, la agricultura familiar “enfría el planeta y genera alimentos en el 24 por ciento de las tierras cultivables”. “Acá está el futuro”, concluye. Destaca que “el 70 por ciento de los alimentos del planeta, provienen de estos sistemas de agricultura, indígena y pastoril”. No usan productos químicos. “Y su traslado manual hace que los alimentos no pierdan propiedades”, añade.

En el trabajo de Deolinda lo productivo es básico. “En mi región del semiárido, un problema es el acceso al agua para el consumo humano y animal. Sin agua todo se complica –describe–. Si no se construye una represa o un aljibe para acopiar lluvia, no se puede producir. Con la represa tienes agua para caballos, vacas, chivas, gallinas”. Claro, hay que tener la tierra.

En la Argentina hay más de 70 conflictos de tierras en la actualidad, y hay muchas mujeres involucradas. Para Deolinda, esto es producto de un sistema judicial que no solo promueve el desarraigo, ya que avala desalojos sistemáticamente, sino que “tiene todo reglado desde el patriarcado: la herencia, las tenencias”. A esto le suma “los créditos, los subsidios, la asistencia. Todo para los varones”.

–¿En qué ejes se enfoca la nueva Dirección de Género?

–Buscamos incorporar transversalmente la perspectiva en las políticas de producción. Y avanzar en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la 27.118, que fue impulsada por las organizaciones y sancionada en 2014. También en promover a grupos de mujeres a través del plan “En nuestras manos”, para visibilizar el rol de la mujer, y su estar en su territorio.

–¿La ley promueve acciones es ese sentido?

–No solo eso, también el arraigo de los jóvenes y los pueblos indígenas, y es importante para el sistema alimentario de nuestro país. Algo que nos atraviesa a las mujeres cuando hablamos de arraigo es que se garantice el acceso a la tierra, porque si es individual, o una parcela familiar, normalmente está a nombre del varón. Pero hay otras formas de vivir que se basan en lo comunitario, y se tiene que reconocer esa práctica.

–Parece un proyecto ambicioso…

–Es ambicioso, no imposible. Trabajamos la ley en forma integral desde la producción y el fortalecimiento de las organizaciones, pero también pensando en regular el acceso a los bienes para la producción y el arraigo, para la vuelta al campo. Que quienes quieran volver a trabajar la tierra tengan la oportunidad. Fomentar la producción local y la agroecología.

–¿Qué políticas han comenzado a implementar?

–Logramos créditos con tasa diferenciada para la mujer, con el Banco Nación. Un requisito es estar inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Hay 189.672 mujeres registradas, son el 45 por ciento del sector, de los que han accedido al registro, que fue cerrado durante el macrismo.

“En nuestras manos”

El plan “En nuestras manos” tiene financiación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola–, y como madrina a la primera dama, Fabiola Yáñez. Ya recibió 700 proyectos sobre acceso de las mujeres a nuevas tecnologías. “Tenían que ser proyectos asociativos, o de mujeres organizadas”, cuenta Deolinda.

“Como acción de gobierno es un proyecto bandera, destinado a achicar la brecha de género”, define. “Estamos aprobando los proyectos del NOA, serían 13”, estima. “Ya evaluamos Patagonia, Cuyo, Centro y NEA: hay más de 60 proyectos en curso” explica. “Y buscamos recursos para concretar los 700 que se han presentado”, se entusiasma.

Las propuestas, integradas mujeres jóvenes que viven en zonas alejadas de centros urbanos, incluyen cría de animales, equipamiento para salas de ordeñe y de procesamiento de lácteos, manufacturas con frutas y verduras, equipamientos de galpón o microtúneles –para la producción hortícola en invierno–, insumos. “Las pescadoras necesitan salas de procesamiento y comprar algunas barcazas”, apunta Deolinda. Es nuevo que las pescadoras sean consideradas para promover la producción y la comercialización. Deolinda sonríe.

Junto a lo productivo, el plan también procura acompañar y dar refugio a mujeres en situaciones de violencia. “Hay lugares que llamamos ‘del buen vivir’ –explica Deolinda– que ya vienen acompañando a estas mujeres, y los estamos potenciando”. Se van a acondicionar seis lugares en una primera etapa. “Son refugios agroecológicos, donde hay una formación en la perspectiva de género que incluye lo productivo” subraya.

Trabajan con el Ministerio de Mujeres y Diversidad. La SAFCI aporta maquinarias y equipamiento para transformar la materia prima en dulce, conservas, quesos. “Es la salida laboral que provee autonomía económica. Esto abre más posibilidades para quienes deben tomar la protección de un refugio”, señala Deolinda.

Las pérdidas del invierno

Junio fue especialmente doloroso para las mujeres que trabajan en la ruralidad. En la madrugada del viernes 18 falleció en Córdoba Ramona Bustamante. La anciana luchaba contra un desalojo impuesto con documentación fraudulenta por empresarios sojeros. “Y por falta de protección en el sistema de herencias. Pero no bajó los brazos”, recuerda Deolinda. Ramona dejó un mandato: “¡Máteme mierda, pero de acá no me saca!”, así desafió al hombre que le apuntaba para hacerla cumplir el desalojo. La escena se convirtió en un símbolo.

Ramona durmió a la intemperie cuando derribaron su casa, pero no dejó sus tierras. León Gieco y Raly Barrionuevo adhirieron a su causa. León la invitó al escenario de Cosquín. Raly la visitaba. Muchos jóvenes asumieron a partir de entonces una vigilia en el campo para que no fuera “apropiado para el agronegocio”.

“Estábamos en Patagonia cuando se produjo el último intento de desalojo a Ramona” recuerda Deolinda. Eso motivó darle su nombre al refugio de esa zona. “Por la lucha que estaba dando ella, había mucha presión pública, y una decisión judicial tomada sin considerar sus condiciones de vida, ni cuestiones de herencia. La ley no tiene perspectiva de género”, afirma Deolinda.

En la misma semana falleció Valeria Araya, pobladora del paraje Bajo Hondo, en Santiago del Estero. Ese día, en diálogo con este diario Deolinda explicaría, cuando el sol ya dejaba paso al anochecer: “hace un rato he llegado de la comunidad del Bajo Hondo, de sepultar el cuerpo de Valeria, la ‘compa’ de esa comunidad que falleció por un cáncer relacionado a los agroquímicos de las fumigaciones sojeras sobre sus casas”.

–¿Por qué fumigan sobre la comunidad?

–Porque la comunidad Yaku Cachi, del pueblo Guaycurú, vive ahí. Son once familias. Valeria y sus ocho hijos eran una de esas familias, han resistido al desalojo, y desde 2016 padecen la fumigación de los aviones con agroquímicos que sobrevuelan la zona poblada. Son provocaciones, los empresarios quieren expulsarlos y utilizar esa tierra para monocultivo de soja.

–¿Qué se produce en Bajo Hondo?

–Vacas, chivas, chanchos, gallinas, huerta. Al ser una comunidad originaria están protegidos por la Ley de Relevamiento Territorial, pueden mantenerse en su predio. El intento de desalojo la desconoce y también viola la Ley de Agricultura Familiar. Por ser una reserva hay monte nativo, y las familias hacen pastoreo natural, recogen su leña, su medicina. Lo demás es desierto de soja y de maíz transgénico, pero en el Bajo Hondo la agricultura familiar puede producir, y la comunidad resiste. El que sabe lo que es dormir a la intemperie, resiste.

Pelear por la tierra

Muchos conflictos donde Deolinda interviene como integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar, “son casos de tierras donde hay mujeres afectadas”. “Hay más de 70 sentencias de desalojo ‘latentes’. En Salta, la secretaría interviene en un juicio donde se ha denunciado a una mujer por impedir el paso de los tractores de un empresario sobre las viviendas de una comunidad. En Chaco se ha evitado el desalojo de cinco familias. En Tucumán nos presentamos en un conflicto que perjudica a mujeres productoras”, repasa Deolinda. “El trabajo territorial es intenso. Y estos conflictos han reflotado en la pandemia”.

–¿Su participación es como veedora ante los desalojos?

–No solo estamos como veedoras, sino como garantes de los derechos de las personas afectadas. Como representantes del Estado somos responsables por los compromisos jurídicos internacionales tomados por el Estado, como el derecho al agua o a la tierra, porque ante los desalojos, directo a la calle iban las familias, luchamos contra eso. Estos son empresarios nacionales. En el sur, en Patagonia, son extranjeros.

–¿Cuál cree que es hoy el mayor desafío?

–Proteger la forma de vida campesina y la posesión comunitaria. Ese derecho no está reconocido y muchas mujeres se encuentran peleando con la justicia desde la individualidad, y atraviesan situaciones de violencia de género y económica. Son mujeres que quieren quedarse en su tierra. Queremos acompañar esto, asistir con maquinaria, con elementos que puedan garantizarles el buen vivir, eso sería lo mejor. Trabajamos para eso, día a día.

La funcionaria campesina

“He nacido en la comunidad Pampa Pozo, del pueblo originario Vilela, cerca de Quimili, y me ha atendido mi bisabuela, Nemesia Gallardo. Mis bisabuelos ya luchaban por la defensa del territorio”, se presenta Deolinda Carrizo. “Hasta el 2008 prácticamente nos han querido desalojar. Ellos junto a otras comunidades han conformado el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero). Y con el grupo de jóvenes hicimos campamentos y fuimos organizando de a poco muchas cosas lindas, como la red de radios, seis FM que todavía funcionan en la provincia. Así conocí el Ministerio de Agricultura, cuando nos movilizábamos. Y la delegación era de varón, varón, y ‘la Deo’. En esos años empezábamos a hablar de volver al campo, ahora hay programas para esto”.

Mira Díaz, la precursora

Desde comienzos del milenio hay un área dedicada a las mujeres rurales en el Ministerio de Agricultura. Estaba a cargo de ‘Mira’ Díaz, histórica militante feminista que hoy vive en Tucumán; pionera en el reconocimiento de las “mujeres campesinas”, cuando el Estado todavía no hablaba de campesinado. El enfoque de “género e igualdad” se impuso en 2020. Cuando la Secretaría de Agricultura Familiar, que conduce Miguel Gómez, creó el área y Deolinda Carrizo asumió como directora nacional. Pandemia mediante, su trabajo la mantiene en el campo. Cerca de los problemas sobre los que tiene que “enfocarse”. Trabajando por las mujeres “nunca desde la lástima, siempre desde la dignidad”, rememora Deolinda. Son las palabras de ‘Mira’ Díaz.

El emblema del algarrobo

El algarrobo, en el Gran Chaco americano es un emblema del monte nativo. “Además de madera y sombra, da fruta; una vaina; la algarroba, que se utiliza como alimento, o en bebidas como la aloja que podés tomar en el momento sin fermentar, y fermentada se mezcla con el mistol y es un alimento de invierno. La vaina también la comen los animales, es forraje. Y se ha estado produciendo. Queremos retomar esa producción para hacer harina, es apta para celíacos”, detalla Deolinda Carrizo.

“También se hace café, bombones, cerveza. Tiene propiedades nutritivas” describe. Se busca es producirla a escala. “Años anteriores ha disminuido la producción silvestre, por los venenos –fumigaciones ilegales–, y porque hacia un frío de muerte, en plena floración salía una lluvia o viento fuerte, y se caían las flores, se malograba, pero este año vino con linda producción y he llevado a mi hijo, y le ha encantado. Se colgaba del algarrobo, jugaba”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/358783-deolinda-carrizo-el-futuro-esta-en-la-agricultura-familiar




Fuente: Argentina.indymedia.org