Desde la PAH, reiteramos nuestro rotundo desprecio por las mafias que se lucran con la miseria, aprovechando la tormenta perfecta que constituye la ausencia de parque público, precios de alquiler inalcanzables para los salarios y un muy elevado nivel de pobreza (patente en informes demoledores de Cáritas y relatores ONU), traficando con las casas sin distinción de propiedad o situación de las mismas.
En la PAH nunca hemos defendido ni alimentado la ocupación a pequeños propietarios, ni lo vamos a hacer. Nuestra lucha está en recuperar las viviendas vacías robadas por la banca a las familias, o que con estos pisos devuelvan el importe, dado por perdido, del rescate bancario. En definitiva, recuperar la función social de la vivienda a precios asequibles para la gente en vulnerabilidad económica.
Es indignante la manipulación mediática de algunos medios al servicio de la banca y la derecha reaccionaria. Ignorar cómo banca y fondos buitre adquieren las viviendas a precios ridículos, eluden el pago de impuestos mediante socimis, no tienen ninguna intención de devolver el rescate bancario, pero que aun así, van a ser compensados económicamente a precios de mercado, sobre viviendas que tenían cerradas y que muchas de ellas se construyeron a través de ayudas públicas.
Flaco favor hacen a la sociedad en general, manipulando la opinión de la gente y alimentando que se siga violando un derecho tan básico como es el derecho a techo, agua y luz. También son lamentables las palabras del ministro Ábalos, en el sentido de que no habrá prórrogas y que tras el estado de alarma, pero en plena y aguda crisis económica, permitirán un nuevo aluvión de desahucios. Debería el ministro recordar que, si bien no es el único culpable de la inexistencia de Parque Público de Vivienda, sí es el responsable de adoptar las medidas necesarias para que se desarrolle. No puede seguir obviando la falta de aplicación del artículo 128 de la Constitución, para que las casas desocupadas propiedad de grandes tenedores puedan ser utilizadas, al menos temporalmente, como Parque Público.
El Gobierno de Pedro Sánchez nos tendrá en frente, hasta lograr una solución definitiva recogida en la próxima Ley estatal de vivienda. La PAH, junto a todas las organizaciones que lo deseen, nos vamos a emplear a fondo para que la próxima Ley Estatal de Vivienda que salga del Congreso de los Diputados, termine siendo en realidad la Ley por el Derecho a la Vivienda
La vivienda es salud. Si quieren ayudar a favorecer la economía de la gente de este país, deben proteger, por Ley, el carácter de Bien Social de la vivienda, establecer el Derecho Subjetivo, castigar los usos antisociales, regular los precios del alquiler y crear un Parque Público suficiente. La vivienda es futuro.
El presente es salvar vidas. Exigimos al Gobierno que decrete, en el próximo Consejo de Ministros, la paralización de todos los desahucios de las familias vulnerables aún no protegidas. No cabe seguir desahuciando en plena pandemia a una ciudadanía expuesta a un virus mortal, mucho más, si cabe, en esta situación de riesgo extremo de contagio.
Con vidas en juego, la PAH sigue luchando para que no se discrimine a nadie vulnerable y que la protección no sea solo temporal. Frente a quienes desinforman y, vía discurso del odio, criminalizan la recuperación por necesidad de viviendas de la banca rescatada, seguiremos empujando por la justicia social.
Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Fuente: Oiradilos.wordpress.com
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América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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