August 18, 2022
De parte de Avispa Midia
219 puntos de vista

En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar cr铆menes de Estado en M茅xico y Brasil. S茫o Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago

La desaparici贸n forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. As铆 lo confirm贸 Alejandro Encinas, titular de la Comisi贸n para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

鈥淪e acredita plenamente la colusi贸n y la intervenci贸n de autoridades de distintos 贸rdenes de gobierno con los polic铆as municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparici贸n de los muchachos鈥, detall贸 el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisi贸n que preside.

Te puede interesar – Tras montaje en la desaparici贸n de los 43, familiares se pronuncian contra la 鈥渃uarta transformaci贸n鈥

Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos a煤n est茅n con vida. 鈥淧or el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que 茅stos fueron arteramente ultimados y desaparecidos鈥, coment贸 Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretar铆a de Gobernaci贸n.

El funcionario federal detall贸 que las autoridades de los tres niveles, adem谩s del Ej茅rcito mexicano, tuvieron acceso a informaci贸n en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparici贸n a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuaci贸n de las autoridades para evitar los cr铆menes.

Encinas comparti贸 que existen 贸rdenes de aprehensi贸n contra 33 ex funcionarios, de los cuales reserv贸 sus identidades, aunque aclar贸 que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Pe帽a Nieto.

鈥淐oncluyo dici茅ndoles que la creaci贸n de la verdad hist贸rica fue una acci贸n concertada del aparato organizado del poder desde el m谩s alto nivel del Gobierno, que ocult贸 la verdad de los hechos, alter贸 la escena del crimen, ocult贸 los v铆nculos de autoridades con el grupo delictivo y la participaci贸n de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuraci贸n de justicia en la desaparici贸n de los estudiantes. En resumen, se trat贸 de un crimen de Estado鈥, sentenci贸 Encinas, quien asegur贸 que la investigaci贸n del caso contin煤a.

Infiltrado

El subsecretario inform贸 que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de M茅xico en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedi贸 incluso con informaci贸n desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretar铆a de la Defensa Nacional (Sedena) infiltr贸 a uno de sus elementos, de nombre Julio C茅sar L贸pez Patolzin, quien realizaba informes para el Ej茅rcito.

L贸pez Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infanter铆a Marcos Mac铆as Barbosa del 27 batall贸n.

Te puede interesar 鈥 Investigaciones de los 43 no presentan ning煤n avance

鈥淵 desapareci贸 junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acci贸n para garantizar su integridad y su b煤squeda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de b煤squeda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes鈥, enfatiz贸 Encinas, quien apunt贸 que el Teniente es una de las personas que tendr谩 que rendir cuentas por su omisi贸n.

Jueces, obst谩culo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificaci贸n en los procesos judiciales, dispersi贸n de las causas, as铆 como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obst谩culo para avanzar con las investigaciones de la desaparici贸n de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radic贸 los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. 鈥淟o que fragment贸 el proceso judicial, estableci贸 criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretaci贸n de los hechos y de la ley鈥, sostuvo el funcionario federal.

Encinas inform贸 que en la actualidad existen m谩s de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federaci贸n por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual 鈥減ropici贸 trabas burocr谩ticas y administrativas, prolongando los procesos en dem茅rito de los derechos de las v铆ctimas鈥.

Te puede interesar – Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa

鈥淔rente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n establecer una jurisdicci贸n 煤nica sobre el caso, demanda que no ha sido atendida鈥, apunt贸 el titular de la Comisi贸n.

El informe apunta la actuaci贸n espec铆fica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liber贸 a 77 presuntos responsables de la desaparici贸n por haber sido torturados por distintas autoridades 鈥渟in dar vista al Ministerio P煤blico ni se帽alar e investigar a quienes realizaron la tortura鈥, detalla el documento.

Adem谩s, el mismo Juez rest贸 valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realiz贸 la Administraci贸n de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl茅s) en Chicago. Tambi茅n se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, 鈥淟a Pompi鈥, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos 鈥淣鈥, un ex mando de la Polic铆a Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparici贸n forzada es prescriptible.




Fuente: Avispa.org