April 24, 2022
De parte de Avispa Midia
262 puntos de vista

Hasta noviembre de 2021, entre el 2% y el 6% de casos de desaparici贸n de personas en M茅xico fueron judicializados y s贸lo se emitieron 36 sentencias a nivel nacional. De acuerdo al Informe del Comit茅 contra la Desaparici贸n Forzada de la ONU, funcionarios p煤blicos y la delincuencia organizada son los responsables de las desapariciones.

El informe se basa en la documentaci贸n realizada por la representaci贸n que visit贸 M茅xico en el 煤ltimo trimestre de 2021, pues la situaci贸n generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional impera en la impunidad casi absoluta y la revictimizaci贸n.

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Las desapariciones tuvieron un aumento en el 2006, cuando Felipe Calder贸n ocupaba presidencia de M茅xico. Afectaron mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 a帽os, aunque tambi茅n existe un alza en desapariciones de ni帽ez de 12 a帽os, as铆 como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudiz贸 durante la pandemia por la Covid-19. 

En algunas entidades la desaparici贸n de mujeres supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Campeche alcanza el 67 % y m谩s del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucat谩n; en su mayor铆a, casos de ni帽as y adolescentes de entre 10 a 19 a帽os.

En el caso de las desapariciones forzadas, a煤n son cometidas directamente por agentes p煤blicos del 谩mbito federal, estatal y municipal y la delincuencia organizada se considera perpetradora central de estos cr铆menes.

La impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducci贸n y el encubrimiento; pone en peligro y causa zozobra a las v铆ctimas, dice la ONU. Pero el presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador enfatiz贸, tras la presentaci贸n del informe, que ning煤n organismo internacional 鈥渧a ponernos en el banquillo de los acusados鈥 y asegur贸 que su gobierno trabaja con humanismo en esos casos, 鈥渆llos no tienen toda la informaci贸n y no est谩n actuando con apego con la verdad鈥, respondi贸 negando los datos de Naciones Unidas.

Sectores

Durante su visita en noviembre del a帽o pasado, los representantes de la ONU encabezaron reuniones con organizaciones, grupos, familiares de v铆ctimas y autoridades de 31 entidades en el recorrido que hicieron por Chihuahua, Ciudad de M茅xico, Coahuila, Estado de M茅xico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo Le贸n, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Ahora, en el estudio, el Comit茅 menciona las desapariciones por la labor de defensores de los derechos humanos, las ocurridas en el contexto carcelario, as铆 como las detenciones de personas migrantes en estaciones migratorias que son difundidas como 鈥渞escates humanitarios鈥, en los que reconocen la falta de informaci贸n, lo que constituye desaparici贸n forzada en virtud del art铆culo 2 de la Convenci贸n. 

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Desde 2016 se han interpuesto 124 denuncias por desaparici贸n de personas migrantes, a trav茅s de los consulados de M茅xico en Guatemala, El Salvador y Honduras. Al 21 de octubre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas inclu铆a a 2,522 personas extranjeras, pero 鈥渘o refleja de manera fidedigna los casos鈥, pues las personas en contexto de movilidad por lo general no reportan las desapariciones por temor a ser detenidas. 

En cuanto a las comunidades ind铆genas tambi茅n se han visto afectadas por desapariciones, principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de 铆ndole minera o energ茅tica o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotaci贸n econ贸mica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados.

En el reporte, se se帽ala que las desapariciones de personas LGBTIQ+ fueron cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades. 

En algunas entidades federativas existen patrones de desaparici贸n, independientemente del perfil de las v铆ctimas. Por mencionar los casos de feminicidios de Nuevo Le贸n y un importante n煤mero de desapariciones relacionadas con el tr谩fico de combustibles en el norte del pa铆s.

Crisis forense

鈥淣o se han creado un banco nacional de datos forenses, un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni un registro nacional de fosas, y que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones鈥, detalla el informe de la ONU. 

Para el Comit茅, la crisis forense es una realidad de profunda preocupaci贸n por las m谩s de 52,000 personas fallecidas sin identificar que yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

鈥淓sta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todav铆a no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de b煤squeda recogen semanalmente en las fosas clandestinas鈥, contextualiza sobre las estad铆sticas. 

Seg煤n varios expertos entrevistados por el Comit茅 de la ONU, en las actuales condiciones ser铆an necesarios 120 a帽os para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada d铆a. 

Integrantes de la Caravana Internacional de Bu虂squeda de Desaparecidos AC y familiares de vi虂ctimas de los estados de Jalisco, Guanajuato, Coahuila y estado de Me虂xico, durante una marcha en Guadalajara

Baja California, Ciudad de M茅xico, Estado de M茅xico, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo Le贸n concentran el 71,73% de los cuerpos no identificados; y los servicios forenses son insuficientes. 

Esta crisis fue reconocida por el Estado debido al alza de los niveles de violencia desde el a帽o de 2020, cuando se registraron 27,8 homicidios por cada 100,000 habitantes y en el gran n煤mero de personas desaparecidas. En fosas comunes en los panteones de la Ciudad de M茅xico, Puebla, Sonora y Veracruz, el 47,2% de las personas inhumadas son no identificadas. 

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Por ello, insiste la ONU en la necesidad de una Pol铆tica Nacional de Prevenci贸n y Erradicaci贸n de las Desapariciones Forzadas que aborde el conjunto de las observaciones y recomendaciones presentadas. Debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetici贸n. 

鈥淭omando en cuenta el car谩cter continuo de las desapariciones, su fecha de inicio no precluye las responsabilidades actuales del Estado parte conforme a la Convenci贸n鈥. Para lo que cita algunos criterios a valorar como la responsabilidad de servidores p煤blicos y erradicar la impunidad.

Abandonar la militarizaci贸n 

Naciones Unidas se remonta a los noventa para recordar el enfoque de seguridad p煤blica adoptado por el Estado, fomentado por la reforma legislativa del 2006 y caracterizado por la militarizaci贸n. 

Entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial con el 98% de las desapariciones en el pa铆s, que evidencian la estrecha relaci贸n entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada 鈥済uerra contra el narcotr谩fico鈥 durante el sexenio de Felipe Calder贸n Hinojosa. 

Pero el informe expone, al igual, la adopci贸n de recientes reformas normativas y operacionales al respecto como el Decreto de 26 marzo de 2019, que reforma el art铆culo 21 de la Constituci贸n y crea la Guardia Nacional; el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad p煤blica; la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019. 

La Guardia Nacional se integra por 101,182 elementos, el 58% provienen de la Secretar铆a de la Defensa Nacional (Sedena), 26% de la ex Polic铆a Federal y 16% de la Secretar铆a de Marina (Semar).

Entre 2007 y 2021, la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos emiti贸 un total de 162 recomendaciones a la Sedena y la Semar por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparici贸n forzada. 

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En 2021, la Sedena y la Guardia Nacional se colocaron entre las diez autoridades m谩s mencionadas en expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Sedena y la Semar tambi茅n est谩n entre las cinco con mayor n煤mero de recomendaciones en tr谩mite. 

Registro

El Comit茅 se帽ala que recibi贸 informaci贸n, tanto de autoridades como de v铆ctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisi贸n de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayor铆a de las entidades federativas. 

Por ello, se帽ala la urgencia de implementar los puntos tratados en el informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente, debido a los reportes preocupantes de las personas entrevistadas por la ONU en cuanto a las duplicaciones, errores en los datos registrados o informaci贸n incompleta y las dificultades existentes para solicitar correcciones o actualizaciones. 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por otro lado, no permite una visi贸n clara sobre la proporci贸n de casos registrados que podr铆an corresponder a desapariciones forzadas, por lo que recomend贸 la actualizado constante. 

En esto, el Comit茅 resalta la riqueza de las herramientas existentes en M茅xico para abordar las desapariciones, pero lamenta las graves deficiencias encontradas en su implementaci贸n. Despu茅s de cuatro a帽os de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparici贸n Forzada de personas, Desaparici贸n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de B煤squeda, su reglamento todav铆a no ha sido publicado. 

La mayor铆a de entidades mexicanas carecen de pol铆tica p煤blica en materia de desaparici贸n de personas. Solo Coahuila, Guerrero y Estado de M茅xico, Nayarit, San Luis Potos铆, Tamaulipas, Veracruz, cuentan con Fiscal铆as especializadas. 

Seg煤n las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95,121 personas desaparecidas, de las cuales 112 desaparecieron durante la visita del Comit茅. El Registro Nacional, administrado por la Comisi贸n Nacional de B煤squeda de la Secretar铆a de Gobernaci贸n (Segob), es el 煤nico en funcionamiento de los previstos por la Ley General. 

Y son las propias autoridades las que siguen se帽aladas, adem谩s, por dilaciones injustificables en la ejecuci贸n de diligencias, exigiendo que hayan pasado 72 horas despu茅s de una desaparici贸n para recibir una denuncia, 鈥渋mpidiendo as铆 que se busque a la persona desaparecida de forma inmediata鈥, dice la ONU. 

La Comisi贸n Nacional de B煤squeda carece frecuentemente de los recursos necesarios para su funcionamiento y las comisiones tienen que anular las actividades programadas o buscar formas alternativas de financiamiento. 

El Comit茅 asegura que los registros de huellas dactilares constituyen una herramienta esencial para la b煤squeda e identificaci贸n de las personas desaparecidas, pero dicho sistema no es aplicable a los menores de edad, por lo que las recomendaciones son valoradas por las diferentes organizaciones de la sociedad civil que documentan casos de desaparici贸n en M茅xico.




Fuente: Avispa.org