La descarbonización es el proceso que, de manera progresiva, reduce las emisiones de carbono (sobre todo de dióxido) a la atmósfera. El objetivo principal de la descarbonización es reducir el calentamiento global mediante la disminución de dichas emisiones, logrando las cero emisiones netas

Alberto Acevedo

En escenarios como la Cumbre de Davos, Suiza, en conversaciones con los empresarios colombianos, y en foros latinoamericanos de integración con audiencias como la de la Celac o en contactos bilaterales con gobernantes de la región durante la posesión del presidente Lula en Brasil, el mandatario colombiano, Gustavo Petro ha insistido en una propuesta medular: la necesidad de diseñar un capitalismo descarbonizado como elemento fundamental para aliviar los efectos de la crisis climática.

La propuesta tuvo importantes repercusiones. En primer lugar, colocó al presidente colombiano como protagonista inesperado de una idea que puso a reflexionar a los asistentes y a sectores comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Provocó nerviosismo en sectores empresariales y gubernamentales, no tan interesados en alcanzar una producción carbono cero.

Pero también la preocupación de falsos profetas que plantean  que los cambios sí se pueden lograr, pero en cincuenta o cien años, lo que constituye una burla para quienes desde la comunidad científica han prendido las alarmas sobre el tema.

Sanciones a Rusia, un bumerang

En todo caso, la propuesta de transformar el capitalismo actual en una estructura descarbonizada, tiene tanto de ancho como de largo, como suele decirse en el argot colombiano. Una primera dificultad de orden práctico, y que la conoce perfectamente el autor de la propuesta, es que en los foros internacionales, y particularmente los que se ocupan del cambio climático, una cosa son los discursos y otra las acciones, los compromisos concretos.

En tales escenarios han sido muchos los compromisos a que han llegado los gobiernos y las entidades no gubernamentales comprometidas con la causa. Y muchos también los recursos aprobados, que tampoco llegan a su destino.

Pero la tan pregonada transición energética no llega. No solo se retrocedió durante el confinamiento por la pandemia. Se ha retrocedido aún más durante el largo conflicto en Ucrania, que ya completa los doce meses. Sobre todo los gobiernos de Europa, víctimas de las sanciones a Rusia, han vuelto al consumo del carbón y de otros recursos altamente contaminantes.

El Reporte Global del Estado de Recursos Renovables (REN21), recientemente divulgado, indica que durante los diez años anteriores a la pandemia, el consumo global de energía y el uso de combustibles fósiles, creció más rápidamente que en décadas anteriores.

Contaminación bien financiada

La pauta de consumo de combustibles fósiles, agrega el informe, se ha mantenido estable desde 2009. Es decir, en este lapso, a pesar de los compromisos internacionales, el consumo de este tipo de energías no decrece. Pero más aún. Desde 2016 hasta 2021, los 60 bancos más poderosos del mundo concedieron 830.000 millones de dólares anualmente a las grandes empresas depredadoras del medio ambiente, causantes del cambio climático.

En la lista de empresas beneficiadas por la banca transnacional figuran firmas como TotalEnergy, Exxon Mobil, BP, Petrobras o Saudi Aramco. J.P. Morgan ocupa el primer lugar por el número de subvenciones financieras para que impulse el consumo de combustibles fósiles.

Con todo y esto, ¿cuál es el reto? Petro y otros mandatarios latinoamericanos recuerdan que la emisión de gases de efecto invernadero de las últimas décadas constituyen una de las causas directas del calentamiento global, una amenaza real para el planeta. Y la necesidad de revertir esta tendencia es el principal reto de la descarbonización.

Los cambios que conocemos serán peores

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas fue concluyente: “El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. Todo aumento del calentamiento exacerbará los cambios que estamos experimentando”. Algunos de sus efectos, como el aumento de la temperatura y el nivel del mar o el recrudecimiento de eventos naturales extremos, ya se están dejando notar.

La descarbonización es el proceso que, de manera progresiva, reduce las emisiones de carbono (sobre todo de dióxido) a la atmósfera. El objetivo principal de la descarbonización es reducir el calentamiento global mediante la disminución de dichas emisiones, logrando las cero emisiones netas.

Para alcanzar dicho objetivo, resulta evidente el necesario compromiso de todas las organizaciones, gobiernos y sociedades, para hacer realidad que la economía de cada país sea baja en carbono, fomentando la innovación y la sostenibilidad junto con otras ideas clave como la transición energética o la neutralidad tecnológica.

Inversión de recursos

“La única manera de detener la crisis climática es llevar a cero emisiones el consumo del carbón y del petróleo”, afirmó Petro en Davos. “Llevar a cero significa, en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse ya», precisó.

Algunos empresarios en Europa reconocen la necesidad de descarbonizar la economía en 50 años, pero para ello se requiere mucha inversión de recursos y mucha innovación tecnológica, especialmente en los campos de la digitalización y la sostenibilidad. Reducir de manera rápida y permanente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este proceso de reducción paulatina de emisiones es lo que se denomina descarbonización. El problema grande es que quemar carbón o hidrocarburos sigue siendo más barato que utilizar el dióxido de carbono recuperado.

Adoptar las medidas recomendadas implica inyecciones colosales de capital. Habría que invertir más de 150 billones de dólares entre 2020 y 2050, equivalentes a un cinco por ciento del PIB mundial. La idea de Petro de “un capitalismo descarbonizado para superar la crisis climática”, no la comparten algunos sectores ecologistas radicales. ¿Por qué en vez de mejorar el capitalismo, no luchamos por eliminarlo y cambiamos de modelo?, se preguntan. Son quienes defiende la idea de que otro mundo mejor es posible.

América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. 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