September 29, 2021
De parte de SAS Madrid
336 puntos de vista


En v铆speras de la tramitaci贸n del proyecto de ley que trasponga el Real Decreto-ley 14/2021, Confilegal ha tenido acceso a un informe jur铆dico elaborado por el despacho Maluenda Penal, que analiza posibles responsabilidades penales de las Administraciones en la tramitaci贸n del citado Real Decreto-ley de reducci贸n de la temporalidad.

Este informe, encargado a dicho bufete de abogados por el Sindicato de Empleo Publico de Canarias (SEPCA), entidad adscrita a la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal (CEPPT), ahonda en las figuras de la prevaricaci贸n administrativa y malversaci贸n de fondos como posibles conductas a analizar.

En las conclusiones del informe del despacho que dirige Andr茅s Maluenda  se se帽alan varias cuestiones:

Espa帽a ha incumplido el derecho de la Uni贸n en reiteradas ocasiones, lo que ha generado una conducta abusiva en t茅rminos de temporalidad  dentro del sector p煤blico. La problem谩tica quisieron resolverla con los procesos PESCO 2017/2018.

Tambi茅n se indica que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha se帽alado los incumplimientos en nuestro pa铆s.

Ah铆 las sentencias importantes son la de 20 de marzo de 2020, el auto de 3 de junio y la sentencia de 3 junio.

En el informe se se帽ala, adem谩s, que el Gobierno de Espa帽a y el exministro Miquel Iceta han desarrollado ciertas conductas que deber铆an investigarse por ser posible delito.

Ah铆 se habla de la aprobaci贸n del Plan de Transformaci贸n y Resiliencia donde esta el componente 11, que es contrario a derecho.

En ese componente, en el que se prev茅n la adopci贸n de medidas a futuro, se vuelve a acordar una nueva tasa adicional para la estabilizaci贸n que ser谩 ejecutada mediante procesos selectivos y que se ha cristalizado en el Real Decreto-ley.

Es decir, que mediante la resoluci贸n que aprueba el plan se acuerda, nuevamente, una medida que es contraria al derecho de la Uni贸n, de lo que son plenamente conscientes. Y a煤n as铆 se prosigue.

Tambi茅n la resoluci贸n de 28 de mayo de 2021, firmada por V铆ctor Francos, en ese momento secretario general de Funci贸n P煤blica, por  la que se convocan procesos selectivos de ingreso en el Cuerpo de la Administraci贸n General del Estado (AGE) autorizando distintos procesos selectivos que son contrarios a derecho.

Estas figuras podr铆an encajar en un posible delito de prevaricaci贸n administrativa reflejado en el art铆culo 404 del C贸digo Penal.

MALVERSACI脫N DE FONDOS P脷BLICOS

Sobre la malversaci贸n de fondos p煤blicos se indica que al afectar a los intereses econ贸micos de la UE, ser铆a posible plantear la competencia de la Fiscal铆a Europea para la investigaci贸n de estos hechos.

Y que un posible uso de esos fondos europeos, que ya est谩n en nuestro pa铆s 鈥揹e hecho llegaron en julio 9.000 millones de euros para supuestamente crear un fondo que pudiera cubrir las indemnizaciones, fuera de su objetivo natural de ayudar a la recuperaci贸n del pa铆s鈥 podr铆a ser constitutivo de un delito de malversaci贸n de fondos p煤blicos.

Este delito est谩 tipificado en el C贸digo Penal. El tipo b谩sico, en concreto, en el art铆culo 432 del C贸digo Penal y siguientes; y 茅ste puede conllevar penas de entre 2 y 6 a帽os de prisi贸n 3 inhabilitaci贸n de 6 a 10 a帽os.

Desde Maluenda Penal se explica a Confilegal que el estudio realizado en el ultimo a帽o por los profesionales de este bufete supone la s铆ntesis de los actos realizados por el Gobierno de Espa帽a en los 煤ltimos meses, en relaci贸n con la problem谩tica del abuso de temporalidad y precariedad que existen en las Administraciones Publicas.

A juicio de estos expertos, de su an谩lisis podr铆a derivarse una clara vulneraci贸n de los derechos de los trabajadores y, a su vez, una contravenci贸n del Derecho Comunitario.

INTERINOS A LA EXPECTATIVA

Para Manuel Gonz谩lez, secretario general del SEPCA, 鈥渆ste estudio se帽ala que hay irregularidades en c贸mo se ha gestionado este Real Decreto-ley y su tramitaci贸n. Lo que estamos evaluando es el posible alcance a nivel de responsabilidad penal desde la tramitaci贸n del proyecto de ley en los pr贸ximos d铆as y los posibles controles que haga Europa de dicha nueva norma鈥.

Desde su punto de vista, 鈥渓as irregularidades parecen claras en lo que explica el informe de la producci贸n ejecutiva de este Real Decreto-ley ahora en vigor y que est谩 lanzando a la calle a muchos interinos sin indemnizaciones鈥.

En su opinion y la de su propio colectivo 鈥渃reemos que el texto aprobado y ahora sujeto a enmiendas no hay una transposici贸n clara de la Directiva comunitaria 1999/70. 脷nicamente se centraba en la reducci贸n de la temporalidad que el anterior ministro, Miquel Iceta, reconoc铆a que exist铆a, sin valorar la figura del abuso de temporalidad clara para todos los expertos鈥.

鈥淐reemos que el dictamen es bastante riguroso y arroja luz sobre la situaci贸n del colectivo y la normativa vigente que no cumple con la normativa europea ni con las sentencias del TJUE. La transposici贸n de la Directiva sigue sin hacerse pese a que ya han pasado cerca de 20 a帽os鈥.

Gonz谩lez cree que 鈥渆n la medida que vayan avanzando estos procesos de estabilizaci贸n podremos saber si realmente estamos ante un delito de prevaricaci贸n administrativa, que supondr铆a la inhabilitaci贸n para cargo p煤blico de los dirigentes implicados鈥.

La citada Directiva 1999/70 芦abre la puerta a dos opciones claras un proceso restringido porque los posibles procesos de estabilizaci贸n abiertos no suponen ninguna sanci贸n al empleador ni una compensaci贸n al afectado por el abuso de temporalidad y, por otro lado, se baraja como consecuencia que se equipare en las mismas condiciones al personal fijo de carrera鈥, a帽ade.

El secretario general del SEPCA, que ha estado muy pendiente de la manifestaci贸n de Madrid de este pasado s谩bado, donde miles de interinos han reclamado una soluci贸n al problema, 鈥渁cercarse a Madrid con el volc谩n de Palma en erupci贸n no ha sido posible, pero apoyamos sus reivindicaciones que son nuestras鈥.

UN INFORME EXHAUSTIVO SOBRE INTERINOS

En dicho informe se desgrana todo el contexto jur铆dico de esta situacion. Se trata de que un lector pueda saber qu茅 ha pasado desde 1999 a la actualidad y despu茅s los cambios que se est谩n produciendo en el 2021, con bastantes modificaciones normativas

Al final de lo que se trata es de analizar si la conducta del Gobierno en estos 煤ltimos meses puede tener un reproche penal haciendo especial 茅nfasis en la prevaricaci贸n administrativa y en la malversaci贸n de fondos.

En ese sentido, desde Maluenda Penal aclaran que  la conducta del Gobierno ha sido muy incoherente tanto por las manifestaciones del ministro Iceta, en el Senado, en abril de 2021, y posteriores, como por las actuaciones que se han ido sucediendo.

Desde este despacho se cita la Resoluci贸n por la que se aprueba el Plan de Recuperaci贸n y  Transformaci贸n y Resiliencia, en la que el Gobierno propone pedir a la UE unos fondos para acometer unas acciones que el propio Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) ya ha dictaminado que son contrarias al derecho de la UE.

Tambi茅n se帽alan que utilizan una t茅cnica jur铆dica que no queda tan clara hay que hacer un an谩lisis m谩s profundo que lo que se est谩 proponiendo no es conforme al TJUE.

UNA SENTENCIA DEL TJUE, CLAVE

En este punto se destaca la sentencia del TJUE  de 19 de marzo del 2020, punto de inflexi贸n en ese debate, donde se se帽ala  que los procesos  selectivos que se estaban desarrollando en Espa帽a desde los PESCO, que se inician en 2017, eran contrarios al derecho de la UE y a la Directiva 1999/70.

Y lo hace en dos sentidos. Por un lado, pretenden hacer, y lo hacen, con el Real Decreto-ley 14/2021, un nuevo proceso  de estabilizaci贸n. Ahora hay tres, junto con los de 2017 y 2018 ,y proponen realizar unas modificaciones a futuro.

A priori esta conducta podr铆a estar cercana a la prevaricaci贸n.

La prevaricaci贸n ser铆a actuar en contra del ordenamiento jur铆dico siendo consciente de ello. Y se consigue un resultado injusto para todos los administrados interinos.

En el informe se destaca que saben que se incumple el derecho de la UE porque Espa帽a no ha traspuesto la Directiva 1999/70, que deb铆a estarlo a principios del 2000. Pero utilizando ese vac铆o legal y esa ausencia de transposici贸n, se obtiene  una ausencia de legalidad que les permite seguir ejecutando esas conductas de forma contraria al derecho a la UE.

De acuerdo con el C贸digo Penal, la prevaricaci贸n administrativa 鈥揳rt铆culo 404鈥 no conlleva pena de prisi贸n pero s铆 inhabilitaci贸n para cargo p煤blico de autoridad o funcionario.

Y podr铆a afectar, seg煤n este documento al Consejo de Ministros del pasado 27 de abril del 2017 as铆 como al anterior ministro de Pol铆tica Territorial, Iceta.

Curiosamente, un mes antes, Iceta en el Senado hab铆a dicho que las plazas de interinos no deb铆an salir al concurso.

Sin embargo, en la resoluci贸n de 28 de mayo, firmada por V铆ctor Francos, nada se dice. Y se hace lo contrario a lo comentado por el exministro. 

Dicha resoluci贸n tiene 芦car谩cter malicioso禄, seg煤n este despacho, porque trata de sortear el marco legal vigente. Su disposici贸n transitoria primera se帽ala que no se aplique la normativa a los procesos ya convocados.

En cuanto a la malversaci贸n de fondos, la cuesti贸n radica, seg煤n se desprende de la lectura de dicho dictamen jur铆dico, que al haber solicitado fondos p煤blicos de la UE como manera de recuperar el pa铆s, un posible fondo alejado de esos fines podr铆a constituir un posible delito de malversaci贸n de fondos p煤blicos.

El ejemplo m谩s claro es el pago de indemnizaciones a los interinos con fondos p煤blicos, lo que podr铆a derivar en este delito.

Estas indemnizaciones ya vienen fijadas en el Real Decreto-ley 14/2021 por 20 d铆as por a帽o trabajado y es posible que sea objeto de enmiendas en la tramitaci贸n del proyecto de ley.

Ahora bien, desde Maluenda Penal se indica que el Gobierno lo que hace con el Real Decreto-ley es introduce la disposici贸n transitoria primera en el cual establece que estos cambios legislativos solo se aplicar谩n a aquellos procesos selectivos que se celebren a partir de la reforma. No habr铆a retroactividad.

En el momento de que las administraciones destinasen dinero p煤blico a esas indemnizaciones procedentes de los fondos europeos, el informe indica que podr铆a producirse un posible delito de malversaci贸n de fondos p煤blicos.

Enlace relacionado Confilegal.com (28/09/2021).




Fuente: Sasmadrid.org