May 10, 2021
De parte de ANRed
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Esperando el fallo de la Cámara de apelaciones en lo Penal I de Bahía Blanca, las familias de los 14 jóvenes de Puan detenidos el 15 de diciembre en el marco de un mega operativo de la policía bonaerense (del que días después el ministro Berni se jactaría por haber desbaratado una banda narco,  exhibiendo armas en desuso, secuestradas en domicilios de abuelos de los jóvenes)   y por orden del Juez Guillermo Mércuri en base a una investigación absolutamente irregular del fiscal Mauricio Del Cero, manifestaron su preocupación ante los jueces ante el inminente fallo que se espera en estos días. Por Corresponsal popular para ANRed.


En la carta que las familias dirigieron esta semana a los jueces le manifiestan su preocupación por la definición de esta instancia en la causa. A casi 5 meses de las detenciones expresan la injusta detención que padecen los jóvenes,  habiéndose denunciado la irregularidad de la causa desde el mismo inicio de la investigación, a partir de una denuncia falsificada por la policía bonaerense, así como por la competencia de la causa, que si fuera tal como consta en la causa debiera estar en el fuero federal por  tratarse de un caso que involucraba otra provincia, pues la denuncia falsa decía que los jóvenes transportaban drogas desde la provincia de La Pampa, cuestión que ya quedó probado que no tiene veracidad ya que el único testimonio que supuestamente lo afirmaría se trata de un relato falso. Dicho testimonio fue adjudicado por la bonaerense a  Kevin Torres quien lo ha venido negando de plano desde el marzo pasado que viajó a declarar a Bahía Blanca.

El abuso de prisiones preventivas en el sistema penitenciario bonaerense,  las numerosas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y de abogados defensores oficiales bonaerenses en un habeas corpus respecto de la situación de pandemia y el sistema carcelario son algunas de las cuestiones que las familias señalan en la carta enviada a los jueces.   En febrero pasado la Comisión Provincial por la Memoria había manifestado y explicitado la doctrina y jurisprudencia respecto de lo que implican las prisiones preventivas para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La vulnerabilidad de las juventudes en nuestro continente y en nuestro pais en particular es de enorme preocupación. El narcotráfico como excusa para detener a cultivadores y jóvenes que consumen estupefacientes es un común denominador a toda América.  Numerosos son los jóvenes que semana a semana caen detenidos en los barrios empobrecidos de nuestros países con acusaciones referidas a la violación de leyes de estupefacientes.

También en la carta manifiestan lo cuestionadas que son estas leyes en nuestro país existiendo numerosos proyectos de reformas.

Las semanas pasadas, el 14 de abril al cumplirse cuatro meses de las detenciones, se realizó desde la Universidad Nacional del Sur un conversatorio virtual para reflexionar en torno a las problemáticas de las Juventudes, su criminalización y la política de drogas. La actividad fue organizada por la Cátedra Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur y el Proyecto de Investigación “Pedagogías críticas, interseccionalidades y derechos humanos: una mirada en territorio desde la investigación participante y las metodologías cualitativas”. Participaron del Panel realizado de 2021): Andrés Bacigalupo- Andrés Bacigalupo . Coordinador del área política de drogas de la APP. Abogado litigante en el fuero penal , especialista en Defensa y Garantías constitucionales. Defensor en causas por infracción a la ley de drogas y coordinador del equipo de redacción de la ley de cannabis medicinal en Entre Ríos. Tiene numerosas publicaciones en el tema de la política de drogas. Fabiana Herrero. Familiar de los jóvenes detenidos. Emilio Ruchansky- Trabajador de prensa. Integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannabica, Cecca. Coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. productor periodístico del noticiero de la TV Pública. Rodrigo Pomares- Abogado, Coordinador del Área de Justicia y Director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM. Pablo Radivoy- Abogado (UNLP-1993). Defensor Oficial Depto. Judicial B.Bca. (Concurso-1998). Profesor titular de Derecho Penal II, Universidad Salesiana de B.Bca. (2017 hasta la actualidad). Interinamente a cargo de la Def. Gral Departamental de B.Bca. (2018 hasta la actualidad). Federico Parodi, familiar de los jóvenes detenidos.

Bacigalupo refirió a la infracción a la ley de drogas en nuestro país, inscripta en lo que se da en llamar Derecho Penal del Enemigo, y esto la sitúa en un lugar de reducir  las garantías constitucionales, privilegia el uso de las prisiones preventivas desde las políticas de Estado, dando en las condenas penas de prisiones efectivas de un mínimo de cuatro años como lo plantea la ley de estupefacientes.  Señaló que desde los años de los 70 esta legislación fue exportada desde Estados Unidos y denuncia en la intervención que esta legislación en nuestro país sobrevivió a todos los gobiernos desde los años 70 en adelante, potenciándose en los 80 y 90.  Refirió a una tiranía de la aplicación de esta ley penal abocada al macro tráfico.  Hasta 2009 la tenencia para consumo era punible pero no lo es mas desde este año que un fallo la declarada constitucional.  Habla de un fenómeno punitivo excesivo.  Menciona el microtrafico de drogas enmarcado en la ley de desfederalizacion, y en el marco de esta el poder que se otorgó a las policías provinciales.  Se invocan razones de Estado y por esto se aplican sentencias para mandar un mensaje a la sociedad, y en este marco es que se pone este “chip” como lo denominó en funcionamiento por el cual para los estados el mayor flagelo serían las drogas.  Así explican desde la Asociación Pensamiento Penal el microtrafico de drogas y el por qué de estas detenciones: serian chivos expiatorios que justificarían el accionar del Estado sobre el “mayor flagelo” que la aquejaría, para estas miradas puntitivistas. Advirtió también que es un problema cuya responsabilidad atañe a los cuatro poderes del estado, sin dejar los medios de comunicación afuera.  Planteo la necesidad de avanzar y profundizar en debates, en formación de funcionarios en el nuevo paradigma sobre la ley de drogas que esta manejándose a nivel legislativo.

Fabiana Herrero, madre de uno de los jóvenes planteó lo que vienen denunciando la inconsistencia de las pruebas que los incriminan como banda de narcotraficantes.  Señalo el tiempo de la justicia, la espera, la burocracia… Las múltiples esperas y las consecuencias de estas esperas …. Y señalaba el hecho de que los verdaderos narcotraficantes no están en las cárceles. Amparada en los derechos constitucionales exigía la libertad de los jóvenes. El cómo se usan recursos del estado para campaña contra la juventud, para campañas políticas.  Denunció a la institución policial, corrupta, funcional al poder de turno.  Señaló las condiciones de detención en los primeros días y solicitó el cese de las prisiones preventivas. Denunció las negativas unas tras otras de todos los pedidos que se han realizado.  Asimismo mencionó las intervenciones de la Comisión Provincial por la Memoria y de las defensas pidiendo la nulidad de la causa, en base a la denuncia de Kevin Torres.

Fabiana recordó quienes son estos jóvenes. Padres de familia, trabajadores rurales, trabajadores en comercio, padres solteros, jornaleros en la cosecha de trigo y maíz, albañiles. Señalo que jóvenes se entregaron por propia voluntad. Señala jóvenes menores de 21 años, detenidos, hermanos detenidos.  Señalo la importancia también de transformar el paradigma, las miradas, que por tener una cultura cannábica no son delincuentes.

Rodrigo Pomares señalo también que se trata de una causa viciada desde el origen, con irregularidades graves, y que esto debería ser motivo suficiente para ser revisado el fallo inicial por el poder judicial. Señaló tanto el inicio de la causa a partir de un testigo clave, ya mencionado así como denuncias de la propia policía o seguimientos de la policía. Esto como mecanismo habitual por el que se introducen e inician causas. Denuncia también la actuación policial. Señala la ley de la desfederalizacion, cae sobre el sistema acusatorio ya instalado y esto le ha dado un poder enorme a las policías de la mano de las fiscalías. Señala que la gran cantidad de causas y detenciones no han tenido actividades investigativas, sin o que se basan en el accionar de la policía, en lo que denomina la policialización de la actividad fiscal, esto es la justificación y el aval de las practicas policiales en los territorios.  Esto como mecanismo de control social. Además señala los mercados ilegalizados que se generan. Advierte que hay una gestión de la comercialización, de la venta, de los mercados por la policía.

La política de drogas asentada en el prohibicionismo para supuestamente regular las bandas a nivel nacional e internacional. No han servido para el objetivo que se proponían, que era disuadir los consumos. Ni a los consumidores ni a los oferentes. Lo único que ha generado el prohibicionismo es criminalizar los consumidores y generar más violencia en los territorios. Genero escenarios bélicos en los países.  En Argentina tuvo la doctrina de las nuevas amenazas, iniciada con la Ley Antiterrorista pero también en estas políticas de drogas, es transformar en nuevos mercados en amenaza a los estados. Avanza en las garantías de los ciudadanos al situarlo en la lógica de las guerras. Limita las garantías de en los países esto. En nuestro país la incorporación de nuevas técnicas de investigación, como la incorporación de la figura del infiltrado o agente revelador, presentes en esta causa de los chicos, señala Rodrigo Pomares que deteriora el esquema de garantías, el principio de defensa. Señala como se da la construcción de enemigos asociados con la venta de drogas, la criminalización de los migrantes, del colectivo trans,  los   jóvenes entre 18 y 30 años, son colectivos que concentran las violencias estatales.

Señala que esta ficcionalización de grandes persecuciones a la drogas es un mecanismo de control social por un lado,  y una ficción que le construyen a la sociedad para legitimar la reducción de garantías o que la forma de resolver los conflictos en los territorios es desde el abordaje policial o darles mas facultades y sin control a las policías. El sistema penal puede perseguir a quienes estructuran los mercados ilegales deberían involucrar a los segmentos grandes de estos mercados y no  a los eslabones mas débiles. No lo hacen no por ineficacia sino para regular la ilegalidad. Es un gigante mecanismo de recaudación, es un negocio mundial que quienes lo estructuran y piensan lo hacen desde el beneficio que genera legal e ilegal y los gastos estatales asociados que también son un gran comercio asociado a las drogas como armas, mega radares en las rutas, etc., comercio gigantescamente redituable.

Señalo las condiciones de detención, la retentividad del sistema penal, con el exceso de preventivas no son daños colaterales al propio sistema penal.

Emilio Ruchansky, como trabajador de prensa señalaba la persecución a ancianas, a cultivadoras  y las diferencias en el accionar de fiscalías. En este caso señalaba como esta causa y otras en que intervino Mauricio Del Cero, el desconocimiento sobre plantas. También la mediatización de los casos por este fiscal, los operativos violentos que emergen de los expedientes, y de los relatos de las víctimas, que son los acusados. Se producen robos con carácter de allanamiento…   La policía sabe que allana en casas de personas que no son peligrosas. Señaló el accionar de vender humo, o plantar pruebas como habitual.  También el ingreso y allanamientos habilitados por los fiscales.

Señalaba que se trata de una cuestión estructural, se trata de un negocio de la policía, que regula y negocia la aplicación de la ley. Este fenómeno que señala ha sido investigado, la mafia en Argentina es la propia policía. La regulación del cannabis, completo, autocultivo, formas cooperativas, clubes,  y emulando a Uruguay, Canadá y numerosos estados de Estados Unidos debe regularse completamente la comercialización. Señalo que personas puedan trabajar de este cultivo y pagar impuestos. No es lo mismo quien cultiva e intercambia por objetos o cosecha de otro cultivador, o aquella compra de cannabis prensado desde Paraguay donde interviene el trabajo esclavo y la explotación de campesinos e indígenas, que llega con el conocimiento de la policía, gendarmería, prefectura. No viene sola la marihuana, hay robo de parte de estos funcionarios.  Considerar que es un sector económico este sector, como en Bolivia donde llega a ser presidente un productor cocalero. Ya entrando en un tono de ironía señalaba lo irrisorio que resultan muchos de los casos, señalando a Mauricio Del Cero, tal como en su nota en El Cohete a la Luna, como un “cogollero” que roba la cosecha a otros. Señala a l medio local La Brújula y su propietario como “vende buzones” literalmente, señalando los buzones de denuncias de narcotráfico instalados en la ciudad.  Insistió en quitarle sobriedad al tema y reírse de tanta farsa.  Abonó por la regulación del consumo de cannabis, señalando los avances legislativos en distintas provincias, contradictoriamente con la espectacularización de los allanamientos y detenciones, en el caso de Mauricio Del Cero con el aval del Fiscal General Fernández a la que definió como situación medieval.

Señala que cualquier regulación tiene que ser reparatoria, señaló el caso de estados de estados unidos en que ha habido plebiscitos, la población votó la regulación y ha habido reparaciones a las comunidades estigmatizadas como la afro , y para nuestro caso la comunidad trans, mujeres con hijos, entre otrxs.  Planteó la urgencia de regular como medida de salud pública y como medida de derechos humanos para dejar de violar la privacidad e intimidad de las personas que consumen.  Mencionó las condiciones de detención y el hecho de preguntarse por que están detenidos los jóvenes, muchos casos están por microtráfico o consumo. Señaló asimismo la coexistencia de dos factores en este problema, un sector del poder judicial medieval, y también por otro lado una ambición económica en la que parece que primero está el mercado y después los derechos.

Pablo Radivoy, se remontó al año 2005 cuando la provincia adhirió a la denominada ley de desfederalización.  Los casos de menor gravedad perseguidos por la Ley 23737,  aquellos en que había entrega gratuita y narcomenudeo sea facultad de las provincias. En la provincia de Buenos Aires, la policía debería ser solo brazo ejecutor de las fiscalías, a través de los instructores judiciales que serian una policía fiscal.  En realidad y lo que se señalaba como crítica desde legisladores, quienes observaron que organizaciones criminales tienen ramificaciones que trascienden competencias. Partir en competencias distintas iba a perjudicar la persecución a las grandes organizaciones. El argumento que se usó es que eran casos de poca trascendencia.  Incluso la protección de la salud pública que es lo que se trata de resguardar, se verían afectados por esta cuestión de competencia. Hoy la policía provincial es la que termina calificando los hechos. Denunció una “avidez”  por tener competencia positiva cuando podrían ser trasladados por la cantidad o por las redes que se ven deberían ser trasladados a la justicia federal. Esta ley no obliga a los jueces o los fiscales a trasladar la competencia. Lo preocupante cuando se dió esta modificación de esta ley, siendo la provincia de buenos aires la primera en adherir, es que se hizo sin recursos y lo más preocupante es que se produjo un empoderamiento de las policías provinciales, que redunda en decidir que se persigue y que no se persigue. Es la policía la que filtra y activa o no las causas de narcotráfico. En materia de duda la jurisdicción es federal. En causas donde hay conectividad la causa pasa al fuero federal. Disminuyó la persecución de la organización criminal por delitos graves y un incremento desproporcionado de causas de  narcomenudeo.   La constitucionalidad de la ley de desfederalización parcial ha sido cuestionada también señalo Radivoy.

Lo que ha sucedido es que la persecución se centró en delitos menores priorizándose casos individuales menores en detrimento de grandes organizaciones narcocriminales. Denuncia que se ha apuntado donde no hay que apuntar.

Respecto del exceso de las prisiones preventivas, señalo que la Corte Suprema de Justicia de la provincia reunió a todos los jueces penales bonaerenses donde se habló de este tema respecto del abuso de las prisiones preventivas. La extrema gravedad de la situación de superpoblación de las cárceles, el bajar el índice de racionalización es una realidad en el sistema penal bonaerense.

Quienes son detenidos en este tipo de causas se preguntó Radivoy,  son jóvenes, vulnerables, mujeres que comercializan en pequeñas dosis. Señaló sin embargo una  apertura para discutir en términos de salud pública el cultivo del cannabis medicinal en el marco de este cambio de paradigma.

Respecto del caso de los chicos de Puan, señaló el carácter espurio de la investigación en el caso de Puan. El 80 porciento de las causas se inicia por llamados anónimos, o alguien que supuestamente denuncia y negó haberlo denunciado y tiene que ver con este poder que se ha dado a las policías.  Así es que mencionó que se está también cuestionando en términos procesales desde la defensa oficial este caso.

Manifestó la preocupación por los casos semejantes, de lo extendido de este tipo de detenciones que conllevan un perjuicio social, y en este caso puntual, tratándose de  jóvenes que no tienen antecedes penales.

Finalmente Federico Parodi señalo un modus operandi para criminalizar la juventud, reitero la falsedad del inicio de la investigación, la parcialidad de la fiscalía, revictimización de la familias, acusándolos de presionar a los testigos. El hecho que se hayan interrogado a familiares da cuenta de un problema de raíz. Asimismo lo planteo en términos de la división que generan en las comunidades, la estigmatización de la que son víctimas.  Instó a la justicia a tener en cuenta todo esto que se ha considerado respecto de la falsedad  y el anonimato de las denuncias.





Fuente: Anred.org