April 3, 2021
De parte de ANRed
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Las obligaciones a las que comprometería el país, sin tener en cuenta los condicionamientos que impondrían, son excesivas para una economía tan maltrecha. Por Eduardo Lucita.


En medio del fárrago de informaciones de estos días interesa destacar aqualla que nos anoticia que las negociaciones con el FMI están en un virtual estancamiento. Se debaten nuevos plazos, menores tasas, postergación del pago de intereses que vencen en septiembre y llevar la firma del acuerdo para fin de año.

En su discurso del 24 de marzo pasado la vicepresidenta de la Nación blanqueó lo que era un secreto a voces. Aún estirando a diez años el vencimiento de la deuda con el FMI no se puede pagar, por lo que pidió plazos más extensos y a menores tasas. Algo que ya fuera adelantado por la carta que el bloque de senadores del Frente de Todos enviara a la directora del FMI. En paralelo, el ministro de Economía negociaba en Washington un Plan de Facilidades Extendidas dentro de los marcos normativos del organismo. No hay en esto ninguna contradicción, como buscan instalar los medios hegemónicos, es que la centralidad y magnitud de la deuda es tal que los plazos no alcanzan. La respuesta del Fondo no se hizo esperar: «los plazos van hasta diez años» y «las condiciones se aplican a todos los países uniformemente». Así están las cosas al día de hoy.

Oportunidad perdida

Los lectores de esta sección conocen mi posición desde hace años. Una deuda fraudulenta como esta no se puede pagar, por el contrario hay que suspender los pagos y realizar una auditoría integral y pública. La pandemia cambió bruscamente todas las relaciones económico-sociales a nivel mundial, hundiendo a la economía en niveles nunca vistos desde la crisis del ’30 del siglo pasado. En Argentina fue peor porque el parón de la actividad cayó luego de dos años consecutivos de recesión, se creó así la oportunidad para llevar adelante este planteo de suspensión. Para «desensillar hasta que aclare», como escribiera el politólogo Atilio Borón. Es más, los pagos ya estaban suspendidos por el gobierno Macri. Sin embargo el presidente y su ministro de economía continuaron con el plan trazado al inicio del gobierno como si nada hubiera pasado, legalizando una deuda ilegal y fraudulenta. Algo que ahora reconoce el propio Alberto Fernández cuando impulsa la querella criminal contra los funcionarios que negociaron el endeudamiento. El país perdió así una oportunidad inmejorable y totalmente justificada para la suspensión.

Plazos

En un reciente artículo en Ambito Financiero, el economista Walter Graziano hace un cálculo de los reembolsos de capital en un plazo de diez años. Como hay cuatro años de gracia, se empezarían a pagar en 2025 hasta el 2030. La suma de la deuda con el FMI más los bonos de la deuda privada que vencen en ese período arroja 72.000 millones de dólares, lo que da un promedio de pagos de 12.000 millones por año. La conclusión de Graciano coincide con la de CFK: no se puede hacer frente a esos desembolsos. Y concluye que si el FMI acordó un crédito de 57.000 millones que más que duplicó la cuota del país para contraer deudas con el organismo, es más que razonable que también se duplique el plazo de un préstamo de facilidades extendidas llevándolo a veinte años.

Ahora bien, hemos hecho el ejercicio para un plan a dos décadas tomando los vencimientos de la deuda privada hasta el 2041 y estirando hasta ese plazo la deuda con el FMI. El total nos da un promedio de pagos de 7.000 millones por año. Conviene señalar que ambos cálculos, a diez y veinte años, no computan intereses, deuda con el Club de París y pagos a otros organismos.

Alternativas

Sea a diez o veinte años las obligaciones a las que comprometería el país, sin por ahora tener en cuenta los condicionamientos que impondrían, son excesivas para una economía tan maltrecha como la nuestra. El planteo del ministro Guzmán parte del supuesto que en 2025 ya se habrá «normalizado» la economía y el país estaría en condiciones de volver a los llamados mercados voluntarios de crédito, al menos para refinanciar la deuda privada. Con lo que el perfil de deuda se modificaría una vez más, pero ¿a qué plazos? (no creo demasiado extensos), ¿a qué costo? (si se redujera el riesgo país a 600 puntos básicos, lo que no es poco, lo más probable es que todo nuevo bono se colocará a una tasa no menor al 7 u 8 por ciento). Aun en este caso, ¿cuánto tendría que crecer el PBI para generar los excedentes necesarios para estos pagos? ¿Cuánto debiera ser el superávit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos para obtener las divisas que el BCRA debiera comprar?

Cualquiera de las alternativas en juego es muy gravosa y perpetuaría sin final a la vista el sistema de endeudamiento. El país tendría dificultades económicas por muchos años y seguiremos sometidos a los dictados del capital financiero internacional que nos limitan para desarrollar las fuerzas productivas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Investigar y actuar

La investigación está avanzada, el informe que hiciera el BCRA, a pedido del presidente Fernández, «Formación de activos externos 2015-2019», es exhaustivo y contiene la lista de personas jurídicas y físicas que fugaron fondos. La «querella criminal» va contra los funcionarios del gobierno Macri que posibilitaron el endeudamiento y posterior fuga de divisas, eventualmente contra los tecnoburócratas del Fondo, pero nada dice de los que se beneficiaron realmente con esa operatoria. Es necesario que se levante el secreto bancario y se haga pública la lista que está en el informe del Banco Central y actuar en consecuencia, haciendo que paguen los que se llevaron los fondos.

Si vamos a una nueva crisis de deuda los mercados pueden imponer el default, entonces la salida será caótica y muy costosa para los sectores populares. Por el contrario si la suspensión de los pagos se impone como una decisión política la salida no será un campo de rosas pero será ordenada, y deberá complementarse con mayor intervención estatal en la banca y el comercio exterior abriendo un futuro diferente a la mediocridad actual.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo Economistas de Izquierda (EDI).





Fuente: Anred.org