December 12, 2020
De parte de Asociacion Germinal
205 puntos de vista


Entrevista a Carlos Gómez Gil, autor de “Debates y controversias en la cooperación al desarrollo”

Fuentes: Rebelión

El denominado Fondo Africano para la Agricultura (AAF), radicado en el paraíso fiscal de las Islas Mauricio, recibió 40 millones de dólares en 2010 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se trataba, en teoría, de “fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a pequeños productores desde un enfoque territorial (…) en las zonas rurales africanas”. En la práctica el proyecto se centró en la producción de aceite de palma para la exportación, afirma el sociólogo Carlos Gómez Gil en el libro Debates y controversias en la cooperación al desarrollo. Fondos privados de ayuda, acuerdos neocoloniales y ayuda a refugiados (Universitat d’Alacant, 2020).

Diferentes estudios y ONG han denunciado que –con la ayuda oficial española invertida en el proyecto de AAF- se produjeron abusos contra las comunidades y situaciones de explotación laboral (salarios de un dólar diario) en la República Democrática del Congo. Otro caso mencionado por Gómez Gil son los 12,5 millones de dólares de la cooperación española aportados en 2012 a Latin Renewables Infraestructure Fund, ubicado en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Este fondo de inversión es uno de los financiadores de la represa hidroeléctrica Santa Rita, en el norte de Guatemala, rechazado por comunidades indígenas y defensores ambientales. Carlos Gómez Gil imparte docencia sobre cooperación al desarrollo en la Universidad de Alicante y es autor de El colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo (Catarata, 2016). La entrevista se realizó por correo electrónico.

-En la década de los 90 del siglo XX comenzó a expandirse el modelo de empresas privadas que invertían en países del Sur con recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), procedentes de los países donantes u organismos como el FMI o el Banco Mundial. En el caso de la cooperación española, apuntas el caso del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) –adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores- y sus aportaciones a fondos de inversión privados radicados en paraísos fiscales. ¿Qué ejemplos destacarías?

Una vez más, los recursos públicos destinados a la ayuda al desarrollo se ponen al servicio de los intereses privados y de sus inversores a través de estas empresas, creadas con frecuencia al amparo de paraísos fiscales como sociedades offshore. Hasta tal punto que a estas compañías que recolectan recursos públicos de la ayuda al desarrollo para sus negocios privados se las denomina con el elocuente nombre de “intermediarios financieros”, recibiendo cada vez más recursos de instituciones bilaterales como multilaterales así como de agencias de desarrollo.

En el caso de España, el sucesor de los polémicos créditos FAD, el Fonprode (Fondo de Promoción para el Desarrollo), creado en el año 2010, que se presentaban repletos de bondades, han abierto la puerta a un magma de actividades privadas muy dañinas y sin prácticamente control, como hemos visto en estos años. No son solo mis artículos y estudios los que están dejando testimonio de ello, sino la propia auditoría del Tribunal de Cuentas del año 2016 la que ha constatado estos hechos.

Entre los casos más llamativos y dañinos que se han financiado con recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España podemos mencionar el Fondo REGMIFA radicado en Luxemburgo y constituido como SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) para eludir el pago de impuestos, que ha recibido 55 millones de dólares; al igual que el Fondo Privado de Capital en Angola, también radicado en Luxemburgo como SICAV, que ha recibido 6 millones de dólares; el Fondo de Capital Privado Progresa, constituido como una Limited Partneship, con sede en Alberta (Canadá) que ha recibido también 20 millones de dólares; el Fondo Africano para la Agricultura, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Mauricio y que opera también desde las Islas Caimán, que ha recibido 40 millones de dólares; el Fondo Africano de Garantías, constituido como una Sociedad de Responsabilidad Limitada que ha recibido otros 20 millones de dólares.

O el Fondo Moringa, con la forma de Sociedad Comanditaria de Acciones, con sede en Luxemburgo como SICAV, que recibió 15 millones de euros; el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina, una Sociedad Limitada con sede en el paraíso fiscal de Delaware, en los Estados Unidos, que recibió de la cooperación española 12,5 millones de dólares; y el Fondo de Inclusión Financiera Global, constituido en Luxemburgo como Sociedad Comanditaria por Acciones, receptor de 12,5 millones de euros.

-¿Cuál es la conclusión?

Cuando tenemos una cooperación española que lleva años alejada de la lucha contra la pobreza y de apoyar el acceso a bienes esenciales en las poblaciones más desfavorecidas, resulta que se dedica a regar de dinero a estas oscuras sociedades de inversión privadas que protagonizan la elusión fiscal a través de paraísos fiscales opacos utilizando una sofisticada ingeniería financiera. No hablamos únicamente de la rechazable financiación a estas empresas opacas, sino que, con el Código de Financiación Responsable de la Cooperación Española, estas operaciones nunca deberían de haber recibido financiación, siendo una irregularidad muy importante.

-¿Dinero de la AOD española para estos fondos se ha concretado en proyectos con impacto muy negativo, a los que se haya denunciado por violaciones de los derechos humanos o agresiones ambientales?

Así es, resulta todavía más impactante el hecho de que algunas de estas empresas han promovido, financiado o invertido en proyectos extractivistas en países empobrecidos en contra de las poblaciones locales, apropiándose de sus tierras, dañando de manera irreversible sus valiosos ecosistemas, impidiéndoles acceder con su ganado a las zonas de pastoreo ancestrales; y llegando incluso a utilizar a la policía y a las fuerzas militares para reprimir con dureza algunas de las protestas contra algunos de estos proyectos, que llevaban el apoyo de la cooperación española, incluso con indígenas detenidos, muertos, heridos y perseguidos.

-En el libro mencionas tres de los casos más “escandalosos”…

La actuación del Fondo GEF África sustanaible Forestry Partners, en Uganda, que según el informe anual  del Movimiento Mundial sobre Bosques Tropicales, es uno de los más conflictivos del mundo debido a las multas, detenciones arbitrarias, confiscación de ganado a la población local y la prohibición de abastecerse de las fuentes de agua que han utilizado toda la vida, agravado por la actuación violenta de los agentes de seguridad de la plantación que imponen sanciones arbitrarias muy elevadas a los campesinos de la región; han llegado a denunciarse, incluso, violaciones de mujeres.

También destacaría el proyecto promovido en la República Democrática del Congo por el Fondo Africano para la Agricultura (AAF) a través de la empresa Feronia Inc., mediante un holding radicado en las Islas Caimán, que ha sido muy bien estudiado por diferentes ONG de España y de otros países; sobre el terreno y con evaluaciones ejemplares. En ellas, se recogen minuciosamente los abusos cometidos por esta empresa en las plantaciones que posee, como la denuncia de 61 personas a las que se ha despojado de 14.000 hectáreas de tierra mediante engaños, a cambio de sacos de sal, mantas y tabaco, con situaciones de explotación laboral extremas e incluso el desvío de fondos a dirigentes del gobierno congoleño mediante un complejo entramado societario que ha sido denunciado por Wikileaks.

Aunque quizás, el caso más grave haya sido el protagonizado por el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable en América Latina (LRIF) en Guatemala; es el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, situado en el departamento de Alta Verapaz, que desde sus inicios contó con una importante oposición de la población indígena local y defensores del territorio. Desde que comenzaron las movilizaciones contra el proyecto, que violaba los acuerdos de paz en materia de identidad y derechos de los pueblos indígenas, las fuerzas policiales actuaron duramente, con detenciones, asesinatos, heridos y órdenes de captura contra numerosas personas.

-¿Hubo reacciones contra la construcción de esta represa hidroeléctrica?

Me parece destacable el hecho de que en su día, diferentes colectivos del país remitieron una carta a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en la que informaban de estos hechos y pedían la retirada de los fondos de la cooperación española para no participar en una dura represión que hasta el momento se había cobrado la vida de siete personas, setenta civiles heridos, treinta detenciones arbitrarias y otras tantas casas incendiadas, junto a la persecución de líderes comunitarios, invasión de tierras y ordenes de captura contra más de cuarenta personas. Esta carta nunca fue contestada por la cooperación española.

Creo que son ejemplos más que contundentes de intervenciones que nunca debían de haber recibido financiación de la cooperación española, aunque lo peor es que, al tener conocimiento de estas graves actuaciones, la AECID mantuvo el apoyo a las mismas a pesar del sufrimiento generado a las poblaciones locales, lo que hace todavía más rechazable la actuación de la cooperación española en todos ellos.

-El pasado 12 de noviembre el Parlamento Europeo dio el visto bueno al acuerdo pesquero entre la UE y la República de Senegal, centrado en las capturas de atún y merluza negra por barcos españoles, portugueses y franceses. ¿Se trata de acuerdos –el primero se firmó en 1979- de carácter neocolonial y que han terminado por arrasar las economías locales?

Desgraciadamente, el balance sobre estos acuerdos de pesca de la UE con Senegal desde que se pusieron en marcha es muy negativo para la población senegalesa, con impactos destructivos múltiples, a cambio de la depredación salvaje de sus ricos bancos de pesca y la generación de efectos muy negativos de carácter transversal en la sociedad y en su economía que perdurarán durante décadas. Son acuerdos basados en el extractivismo salvaje, con características que, en efecto, podríamos denominar de neocoloniales, que en ningún momento han hecho un diagnóstico previo de sus posibles impactos sobre el país ni sobre sus habitantes.

Así lo demuestro en el estudio que he llevado a cabo, con una revisión exhaustiva de informes, artículos científicos y estudios publicados en los últimos años. De tal forma que, frente a la propaganda hueca y engañosa de la UE que ha pasado a denominar a estos acuerdos como Acuerdos de Asociación de Pesca Sostenible (AAPS), afirmando que cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas y en consonancia con las prioridades de la FAO, las mismas Naciones Unidas, en sus informes, han destacado cómo su evaluación es claramente negativa, tanto desde el punto de vista ambiental como social, afirmando que los bancos de pesca se han agotado, dañando a la pesca artesanal y al conjunto de la población senegalesa.

-¿Observas una relación entre los convenios en materia de pesca con la UE, los ajustes promovidos por el FMI y el Banco Mundial -década de los 80 y 90 del siglo XX- y las migraciones de la población senegalesa a Europa, incluida la denominada crisis de los cayucos de 2006 en las Islas Canarias?

En países como Senegal se verifica esta relación tan perversa con extrema claridad, y así lo he analizado en mi libro. Años de crueles políticas de ajuste del FMI y el BM aplicadas en Senegal que empobrecieron a agricultores y trabajadores, causaron el cierre de explotaciones agrícolas y granjas avícolas en todo el país, impulsando procesos de liberalización comercial y financiera asimétricos que extendieron la desregulación de los mercados. Así, se abrió el camino para la importación masiva desde la UE de los mismos productos cuyas exportaciones hacia los mercados europeos se cortó, a precios mucho más bajos de los de producción en el país africano. Al mismo tiempo, el impacto de décadas de acuerdos pesqueros con la UE y con otros países, que han sobreexplotado sus caladeros y dañado sus ecosistemas marinos, crearon las condiciones perfectas para desencadenar una explosión migratoria en el país, con unas consecuencias inéditas para España.

-¿Cómo resumirías las consecuencias socioeconómicas de estos ajustes y pactos?

Agricultores y trabajadores arrojados al paro por las políticas económicas impulsadas por el FMI, junto a pescadores obligados a dejar de faenar ante la ausencia de capturas en las costas por el expolio al que se vienen sometiendo los caladeros desde hace años por los acuerdos de pesca suscritos con la UE, unido a los constructores y propietarios de cayucos que tenían que dejar sus embarcaciones varadas y sin poder salir al mar ante la falta de ocupación, proporcionaron los ingredientes para que desde Senegal se viviera un proceso migratorio singular, como respuesta a todos estos desajustes sociales y económicos.

Los caladeros siguen esquilmados y toda la cadena vinculada a un sector tan importante como la pesca sigue profundamente dañada, al tiempo que las economías agrarias han sido seriamente golpeadas, por lo que las migraciones se mantienen como una válvula de escape al malestar social existente. En mi opinión, una política económica y comercial más justa hacia estos países africanos salvaría numerosas vidas y frenarían unas pulsiones migratorias alimentadas por décadas de políticas de ajuste tan fracasadas como dañinas.

-El Ministerio del Interior español informa que, entre enero y mediados de noviembre, la llegada de personas migrantes a Canarias por mar ha aumentado un 1.019% respecto al mismo periodo de 2019. Mientras, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya viajó el 22 de noviembre a Senegal para –según la nota de prensa oficial- “reforzar la cooperación” con este país. ¿En qué medida se trata de una externalización policial y militar de las fronteras?

Hay un error importante al creer que las migraciones se van a detener aplicando soluciones policiales o militares, sin comprender los factores que las originan ni articular medidas legales y seguras para facilitar unas migraciones ordenadas. Esto ya se hizo durante la crisis de los cayucos, en el año 2006, cuando se llegó a utilizar dinero de los fondos reservados a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluso, para pagar a propietarios de cayucos con el vano propósito de detener a los inmigrantes, o empleando dinero de la ayuda al desarrollo para frenar las migraciones.

Muchos nos preguntamos dónde quedan los tan cacareados Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que nuestros dirigentes políticos afirman cumplir sin conocer su significado, cuando, por ejemplo, en su meta 10.7 se recoge facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable: ¿qué se está haciendo para ello? En el mismo sentido, en el año 2018 España suscribió el “Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular” de Marrakech, que también se compromete a lo mismo, y creo que debemos preguntar a nuestros dirigentes públicos qué están haciendo para que España y la UE avancen.

-¿Cuál es la tendencia, durante los últimos años, de las partidas presupuestarias e inversiones en la cooperación española al desarrollo?

Tras atravesar la política de cooperación española en la última década el período más oscuro de su historia, lo que la ha conducido a un proceso de deterioro imparable, ahora tiene que enfrentarse a la mayor crisis económica, sanitaria y social de los últimos tiempos. El estado tan precario en el que se encuentra, la irrelevancia a la que ha sido conducida, los profundos recortes presupuestarios, técnicos y humanos que ha tenido que afrontar, junto a la situación de debilidad crónica que atraviesa, la sitúan en muy malas condiciones para afrontar los gigantescos desafíos sistémicos que tiene por delante.

El estado comatoso de la cooperación española, que ha venido siendo sistemáticamente negado e ignorado por sus máximos responsables desde hace años, es algo que ha sido recogido en diferentes estudios mundiales por instituciones de distinta naturaleza. El hecho de que, durante los gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy, la cooperación española retrocediera a niveles de los años 80, siendo reducida a su mínima expresión, no impidió que sus máximos responsables políticos defendieran públicamente ante foros tan solemnes como las Naciones Unidas que España era un importante donante mundial y que su política de cooperación al desarrollo era un importante activo. Tantas mentiras se han venido desplegando sobre la cooperación española que ha llegado a un punto caricaturesco de hacerla irreconocible, lo que ha ayudado muy poco a su mejora y reorientación.

-¿Hay, a tu juicio, también experiencias positivas en la cooperación española?

Naturalmente que el sistema español de cooperación y ayuda al desarrollo ha acumulado experiencia y capacidades, alimentando buenas prácticas y experiencias exitosas, construyendo estructuras y dispositivos importantes, pero muchas de ellas no han sido reconocidas suficientemente por nuestros responsables políticos y en otros casos, a base de difundir discursos grandilocuentes y autoelogiosos, se ha acabado por hacer pura propaganda hueca.

-Dedicas un capítulo del libro a un aspecto poco conocido: la utilización de la AOD para financiar la atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en los países occidentales. ¿Cómo ha evolucionado este gasto con cargo a las ayudas y por qué te parece criticable?

Desde hace años, especialmente a partir de la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015, me venía preocupando el empleo de importantes partidas de la Ayuda Oficial al Desarrollo dedicadas a la atención a los refugiados por los propios países occidentales, en su mismo territorio.

Ahora bien, el avance de estas partidas de gastos para la atención a refugiados en los propios países donantes de acogida, especialmente durante los años en los que Europa ha vivido la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, no se corresponde con un avance en las políticas de acogida, en mejores procesos de incorporación social e incluso en un mejor reconocimiento del derecho al asilo y a la protección internacional.

Por el contrario, los recursos dedicados a solicitantes de asilo y refugio durante su primer año de estancia en los países donantes han tenido una voluntad de reforzar las capacidades institucionales en políticas migratorias y de asilo, nada que ver con la mejora del desarrollo y el bienestar en los países origen de esos refugiados, en todos los casos, países pobres, con frecuencia azotados por guerras, hambrunas, conflictos y privaciones. Ni siquiera se han impulsado desde la AOD vías para impulsar patrones nuevos que vinculen las migraciones y el desarrollo, que algunos países han tratado de trabajar por medio de organizaciones de la sociedad civil con comunidades del Sur en diferentes países, contribuyendo a renovar una Ayuda Oficial al Desarrollo decadente.

-En el texto te refieres, asimismo, a un polémico informe que concluyó, en febrero, con la renuncia en el cargo de la economista jefe del Banco Mundial. ¿Cuál era el contenido, a grandes rasgos, del documento? ¿Apunta un modus operandi usual en la AOD?

Este caso ejemplifica algunas de las disfunciones en el sistema de ayuda que deben corregirse, con el añadido de ser recogido en un polémico Working Paper publicado por el Banco Mundial.

El estudio, con el título: “Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts”, realizado por los economistas Jørgen Juel Andersen, profesor de la Norwegian Business School; Niels Johannesen, profesor de la universidad de Copenhagen, y Bob Rijkers, economista del propio Banco Mundial, generó una enorme polémica que llevó a que el Banco Mundial tratara de evitar su publicación, por lo que se le denominó como “Papergate”.

El estudio revela que existe una correlación inequívoca entre aquellos países que mayores volúmenes de ayuda al desarrollo reciben, con el aumento en los depósitos bancarios en paraísos fiscales por parte de sus élites. Para ello se estudia una muestra de los 22 países más dependientes de la ayuda, analizando los desembolsos que reciben, junto a su secuencia temporal, constatando que en los períodos en que un país recibe más flujos de ayuda aumentan de manera sustancial las transferencias a depósitos opacos en paraísos fiscales, frente a aquellos otros países similares que no reciben ayuda y cuyas transferencias permanecen constantes. De esta forma, los tres investigadores han determinado que, por cada 100 dólares de ayuda recibida en los 22 mayores países receptores, 7,5 se convertirían en transferencias ocultas desviadas a centros financieros extraterritoriales.

Los profesores Juel, Johannesen y Rijkers afirman que aquellos países que dependen más de la ayuda, como Afganistán o Burkina Faso, suelen ser también los peor gestionados y donde más corrupción existe. Según los resultados del documento, la ayuda al desarrollo podría mejorar la vida de la gente y responder a sus necesidades inmediatas, pero también ayuda a los políticos corruptos locales a acumular riqueza personal que transfieren a cuentas opacas en paraísos fiscales con las que poder consolidar su poder. Al mismo tiempo, señalan que, si los políticos locales se vuelven cada vez más ricos y poderosos, cuanta más ayuda reciban, menos incentivos tendrán para reducir la pobreza en su país. Un buen ejemplo lo constituye el país más dependiente de la ayuda en el mundo, Afganistán, que recibe el 33,5 por ciento de su PIB en ayuda exterior, siendo también uno de los países más corruptos del mundo y con un importante volumen de dinero en paraísos fiscales, a pesar de su pobreza.

-Por último, escribes, “la lógica de las agencias, de los organismos internacionales y financiadores se ha ido alejando cada vez más de los pobres y desheredados, convertidos en simples cifras”, a lo que se agrega “toda la aristocracia técnica y académica de la AOD”. ¿Hay actualmente modelos o ejemplos de ONG que promuevan una solidaridad alternativa?

Por supuesto, y no son una excepción, sino que en todo el mundo muchas ONG llevan años trabajando con esfuerzo para cambiar y mejorar unas sociedades repletas de injusticias. En el estado español existen organizaciones ejemplares que, desde hace décadas, impulsan cambios, luchas y dinámicas de solidaridad capilar de una enorme riqueza que han sido trascendentales en numerosos sectores. Y muchas de ellas son pequeñas organizaciones, con una fuerte implantación territorial, que llevan años poniendo en marcha valiosas experiencias de solidaridad internacional en comunidades y poblaciones.

Recordemos que las ONG han sido un fenómeno de la sociedad global y un exponente más de las profundas transformaciones que se han producido en los estados, en la gobernanza y en el conjunto de la sociedad, impulsando cambios económicos y sociales de un gran calado. Precisamente por ello, se han producido importantes reajustes en las funciones y competencias de los Estados y de la sociedad civil, llevando a las ONG a ocupar un lugar destacado, pero siendo utilizadas por gobiernos y administraciones como proveedoras de servicios baratos especializados y agentes propagandísticos de políticas oficiales. Ahí es donde otro buen número de estas ONG han renunciado a la independencia y al potencial de transformación que acumulan, para ponerse al servicio de los poderes públicos. Sin olvidar aquellas otras que han surgido del poder político o económico, convirtiéndose en sus mamporreros, dañando enormemente al sector.

Así las cosas, se plantea la exigencia de una profunda revisión en el sector de las ONG, que lleve a que el modelo de organizaciones entendidas únicamente como proveedores de servicios baratos a las administraciones públicas o de propaganda y difusión de sus políticas, pueda dar paso a una nueva generación de ONG, mucho más comprometidas, mucho más militantes, mucho más politizadas, dotadas de un corpus crítico y analítico de mayor calado. Y para ello, el rearme ideológico de las ONG es una condición necesaria para articular respuestas efectivas a los cambios que se están generando y a sus efectos, así como para reforzar su legitimidad social.

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Fuente: Asociaciongerminal.org