July 26, 2021
De parte de ANRed
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En estos d铆as fueron otorgadas detenciones domiciliarias a cuatro de los 14 j贸venes de Puan que a煤n estaban detenidos en la c谩rcel de Villa Floresta.  Se han cumplido ya 7 meses del megaoperativo montado por la bonaerense, con Sergio Berni a la cabeza, de la mano del fiscal Mauricio Del Cero -el ya ic贸nico en la causa 鈥渃ogollero gris鈥, como le denominara el periodista Emilio Ruchansky en una l煤cida nota acerca de este fiscal provincial.  Recordamos que en aquella oportunidad, en diciembre de 2021, fueron detenidos 20 j贸venes sin antecedentes penales en el marco de un operativo donde 200 efectivos allanaron en la madrugada en todos sus domicilios. El montaje se bas贸 en mostrar armas obsoletas secuestradas en el campo de un abuelo de uno de los chicos, plantas de cannabis pesadas en su totalidad, con ramas, troncos, ra铆ces, y el vergonzoso y ofensivo spot de Sergio Berni  donde los califica de 鈥減eligros banda narco鈥. 芦Estamos ante un problema social o de salud p煤blica m谩s que ante un caso de banda o cartel de narcotr谩fico禄 sostienen las familias y organizaciones. Por ANRed.


En estos d铆as y a pedido de los abogados defensores  de los cuatro j贸venes se otorgaron cuatro detenciones domiciliarias que se suman a la de una jovencita otorgada a la semana de producida la detenci贸n. Estamos ante una causa  muy compleja, por las irregularides que est谩n en su origen, por la cantidad de imputados, de defensas y familias, por la problem谩tica social que envuelve, por el cuestionamiento que existe en torno a la legislaci贸n sobre el tema y por el contexto en el que se desarrolla.

A lo largo de estos siete meses, diferentes organizaciones pol铆ticas, sociales, de derechos humanos, medios masivos y alternativos  locales y nacionales, as铆 como espacios acad茅micos han seguido y acompa帽ado el caso de los 芦j贸venes de Puan禄 que entra帽a enormes irregularidades e injusticias. Donde el Ministerio de Seguridad de Axel Kicillof ve una organizaci贸n de narcotr谩fico, las familias y organizaciones que asisten a los j贸venes de Puan sostienen que estamos ante una  pr谩ctica social que es el consumo de cannabis que est谩 siendo regulado en varios pa铆ses y Argentina va en camino a ello.

El inicio del montaje

Como hemos venido mencionando a lo largo de estos meses desde ANRed, el inicio mismo de la causa est谩 plagado de irregularidades. Un supuesto tr谩fico de estupefacientes desde la provincia de La Pampa hacia la localidad de Puan ya dar铆a lugar a una causa que tramita en fuero federal y no provincial, y el inicio de la misma se habr铆a originado a partir de una declaraci贸n de Kevin Torres qui茅n manifest贸 no haber hecho tales declaraciones, las cuales se帽alan detalles sobre el trafico desde Guatrach茅, La Pampa y da nombres de j贸venes que estar铆an involucrados en este tr谩fico. Este joven ya declar贸 en la fiscal铆a en numerosas oportunidades por propia voluntad, refiriendo al hostigamiento policial que desde hace a帽os viene sufriendo de parte de la polic铆a de Puan y de encontrarse de repente con esta declaraci贸n que desconoce.  En la pr贸xima semana se efectuar谩 una pericia sobre las firmas que obran en la denuncia por un perito de parte para terminar de determinar su falsedad.

Todos los recursos del Estado puestos, el trabajo de la fiscal铆a, y de inteligencia de polic铆as encubiertos,  que se dio de ah铆 en m谩s, con seguimientos,  escuchas telef贸nicas durante dos a帽os fue resultado de una denuncia falsa y otra an贸nima.  Esto es parte de todo lo que habilita y que se cuestiona  de las leyes vigentes, torn谩ndose de un car谩cter 鈥渆spurio鈥 la investigaci贸n, tal como se se帽al贸 en un panel sobre el tema, el 80 % de las causas de narcomenudeo se inicia por llamados an贸nimos, o alguien que supuestamente denuncia y neg贸 haberlo denunciado y tiene que ver con este poder que se ha dado a las polic铆as, en este caso en connivencia con la fiscal铆a.

Criminalizaci贸n de la juventud

La complejidad de esta causa radica en, como lo venimos se帽alando, una problem谩tica que es la de la criminalizaci贸n de las juventudes en nuestros pa铆ses en toda Latinoam茅rica, y Argentina no es la excepci贸n. En este caso nos centramos en la provincia de Buenos Aires en el contexto de una pol铆tica de seguridad y de persecuci贸n penal, denominada como de 鈥渢olerancia cero鈥 que con el actual ministro de seguridad Berni se ha profundizado, se implementan  pol铆ticas basadas en un encarcelamiento y punitivismo selectivo: esto es  la captaci贸n de los sectores pobres que forman parte de las cadenas m谩s d茅biles del delito.

Los j贸venes son hostigados por la polic铆a bonaerense, como lo vimos con el caso de Luciano Arruga,  con la desaparici贸n y asesinato de Facundo Castro, cuya causa se encamina a determinar la responsabilidad de quien est谩 a  la cabeza de esta instituci贸n, ni m谩s ni menos que Sergio Berni, que sostiene una pol铆tica de seguridad de mano dura, lejos de lo que tanto proclama el Frente de Todos, con Kicillof a la cabeza, que es quien lo sostiene en su cargo. El accionar policial con el operativo donde se allan贸 a los j贸venes de Puan fue utilizado como spot de campa帽a de Berni.

En el caso de los J贸venes de Puan estamos ante un asunto que afecta a la juventud rural. Puan es localidad cabeza de distrito y tiene 5000 habitantes; en ese contexto la poblaci贸n vive mayoritariamente de las actividades agr铆colo ganaderas y derivadas. As铆, esta problem谩tica social tiene particularidades como la dificultad de los j贸venes para insertarse laboralmente, la dificultad para estudiar por la poca diversificaci贸n de carreras, la dificultad para dise帽ar proyectos de vida que se sostengan.  Estos j贸venes son alba帽iles, tapiceros, trabajadores rurales, tienen peque帽os emprendimientos, ayudan a sus padres. Han estudiado en la localidad en secundarios completos o incompletos, o en plan Fines.  Kevin Torres, hostigado por la polic铆a tambi茅n es trabajador como ellos, trabajador municipal en tareas rurales y ha estudiado tambi茅n Plan Fines recientemente y antes en una escuela rural de la zona.

Hay j贸venes entre quienes se encuentran detenidos que cultivaban cannabis por razones de salud y tienen sus certificaciones.  Es diversa la imputaci贸n en cada caso pero hay casos en que les hallaron 3 plantines, a otros m谩s o menos, en casi ning煤n allanamiento otra sustancia. Las pr谩cticas por las que est谩n detenidos son parte de estrategias de consumo de cannabis, como el autocultivo. Como plantean asociaciones canabicultoras y de derechos humanos, en casos en que estemos ante consumo recreativo, de adicciones y se generen estas estrategias nada tienen que ver con la comercializaci贸n o las bandas narcos y no podemos como sociedad pensar que la c谩rcel es la soluci贸n. Es un grave riesgo asociar consumo de drogas con delincuencia, alej谩ndolo del plano socio cultural, de la  salud mental o de la salud integral.

El consumo de cannabis es una pr谩ctica social que est谩 siendo regulada en varios pa铆ses y Argentina va en camino a ello,  estamos ante un problema social o de salud p煤blica m谩s que ante un caso de banda o cartel de narcotr谩fico. Se trata de estrategias aisladas individuales y aisladas, eventuales, para poder consumir y sostener el consumo. En la causa de los J贸venes de Puan, la 煤nica declaraci贸n que hablar铆a de transporte con veh铆culos desde Guatrache se cay贸 porque Kevin Torres declar贸 que jam谩s dijo eso y no existe otra prueba al respecto.

驴Cu谩l es el marco jur铆dico?

Hasta el momento, Argentina tiene dos leyes referidas a la droga, el cual define un marco jur铆dico sumamente cuestionado desde sectores de derechos humanos.

La ley de estupefacientes 23.737,  estipula para los delitos de tr谩fico, duramente reprimidos, una pena de cuatro a quince a帽os de prisi贸n (Art. 5 de la Ley 23.737), plantea penas m铆nimas muy altas y no discrimina responsabilidades. Han habido ya numerosos proyectos de ley para modificarla. En el contexto actual, con el endurecimiento de la llamada 鈥済uerra contra las drogas鈥, un tercio de las c谩rceles del pa铆s estar铆an ocupadas por quienes practican narcomenudeo, y en el caso de las mujeres seg煤n el Informe de la Procuraci贸n General provincial, el 36%  est谩 detenida por la infracci贸n a la ley 23.737 de estupefacientes. En 2019 est谩 fue la mayor causa de detenci贸n de mujeres embarazadas y las madres con hijos/as menores de cinco a帽os. Adem谩s de esto, los aplicadores de las leyes, los administradores de justicia hacen un uso abusivo e incorrecto de prisi贸n preventiva, en un contexto social y comunicacional punitivo, de 鈥渢olerancia cero鈥, que propicia el encarcelamiento masivo de chicos pobres y j贸venes.

Mientras hay ocho proyectos para modificar la Ley de Estupefacientes, hay fallos que la han declarado inconstitucional como el fallo Loyola que est谩 actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n.

Como hemos se帽alado, hay una desproporci贸n en las penas, con m铆nimos muy altos. En otros pa铆ses se est谩 avanzando en la regulaci贸n del consumo y comercializaci贸n como Uruguay, incluso Argentina est谩 avanzando en este sentido, en debate, discusi贸n y regulaci贸n incluso de su industrializaci贸n.

Este caso confirma la pr谩ctica del uso del encarcelamiento de consumidores o de los eslabones m谩s d茅biles. A diario vemos en las ciudades y zonas rurales, un abuso de judicializaci贸n problem谩ticas sociales que hacen a la salud integral.

Por otro lado, en 2005 la provincia de Buenos Aires adhiri贸 a la denominada ley de desfederalizaci贸n para casos de menor gravedad, aquellos en que hab铆a entrega gratuita y narcomenudeo se habilita a que sea facultad de las provincias. Se ha dado mayor poder a las fuerzas de seguridad, a las polic铆as provinciales y la realidad es que hoy la polic铆a provincial es la que termina calificando los hechos,  en el marco de una 鈥渁videz鈥  por tener competencia cuando son casos que deber铆an ser trasladados por la cantidad o por las redes que se ven deber铆an ser trasladados a la justicia federal. Esta ley no obliga a los jueces o los fiscales a trasladar la competencia. Se denuncia que esta ley produjo un empoderamiento de las polic铆as provinciales, que redunda en decidir que se persigue y que no se persigue. Es la polic铆a la que filtra y activa o no las causas de narcotr谩fico. Y la realidad es que disminuy贸 la persecuci贸n de la organizaci贸n criminal por delitos graves y un incremento desproporcionado de causas de  narcomenudeo. No se han desbaratado grandes bandas narcos y se apunt贸 adonde no hay que apuntar.

Sobre estas cuestiones a partir de este caso se profundiz贸 en un panel virtual realizado desde la C谩tedra de Educaci贸n y Derechos Humanos de la UNS , sobre el que se ahond贸 en notas anteriores en ANRed.

Tal como Nora Corti帽as se帽ala en una videollamada en conferencia de prensa realizada el 17 de marzo en sede de la Universidad Nacional del Sur por esta causa, es de gran preocupaci贸n  la contradicci贸n entre los avances en los debates sociales y legislativos en torno al cannabis y su uso y causas escandalosas de persecuci贸n y judicializaci贸n de lxs j贸venes, m谩xime en un caso en que se ha falsificado y tergiversado el testimonio que inicia la causa.  Manifest贸 su preocupaci贸n ante estas irregularidades en la causa y el apoyo a las familias y los j贸venes

Detenci贸n de los j贸venes y vulneraci贸n de los derechos humanos

Al trabajo de los abogados defensores se sum贸 desde un inicio el acompa帽amiento y la denuncia entre otros espacios y personas, de Nora Corti帽as, por  la Comisi贸n Provincial por la Memoria y el Equipo Jur铆dico de la misma instituci贸n se帽alaron el contexto de pandemia m谩xime en las condiciones en las que se encuentran quienes est谩n en condiciones de detenci贸n en c谩rceles bonaerenses y luego  denunciaron  las enormes irregularidades de la causa.

Se mencionaron a lo largo de la causa antecedentes de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan a la prisi贸n preventiva usada como regla, y no como excepci贸n.  Estos instrumentos internacionales denuncian la aplicaci贸n regular de la prisi贸n preventiva y la reducci贸n constante de las medidas alternativas al encierro.  Todo esto en complejos penitenciarios que alojan personas por encima de su capacidad.   La sobrepoblaci贸n genera hacinamiento y vulnera derechos b谩sicos como el acceso a educaci贸n, trabajo, salud, visitas familiares,  alimentaci贸n  y crea condiciones para  que ocurran los hechos de violencia y tortura penitenciaria; los n煤meros arrojados en  materia  sanitaria  dan cuenta  que  la  desatenci贸n de la  salud  es  una  pr谩ctica  recurrente  y  extendida  en  todo  el  sistema  penitenciario provincial.

En el actual contexto de pandemia tanto Naciones Unidas, como la OMS plantean que resulta insoslayable que en el actual contexto de pandemia la crisis humanitaria que atraviesa el sistema carcelario provincial se agrava exponencialmente. En virtud de los problemas estructurales de las c谩rceles bonaerenses, la propagaci贸n del virus es  una amenaza concreta y extrema para la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.

La  CIDH  recomend贸  la  adopci贸n  de medidas para  enfrentar  el hacinamiento en las  unidades:  Entre  ellas,  inst贸  a reevaluar los casos de prisi贸n preventiva para identificar aqu茅llos que pueden ser convertidos  en  medidas  alternativas  a  la  privaci贸n de la libertad.

El Subcomit茅  de  Naciones Unidas  para  la  Prevenci贸n  de  la  Tortura, mediante  el  dictado  de  una  serie  de  recomendaciones,  inst贸  a  los Estados  a  reducir  las  poblaciones  penitenciarias.  El Comit茅 Nacional de Prevenci贸n de la Tortura emiti贸 un documento de  medidas  concretas  y efectu贸  recomendaciones  para  abordar  la  problem谩tica.

Un  habeas corpus colectivo  presentado  por  Defensores Generales  de  la  Provincia  de Buenos  Aires  a  favor  de las personas privadas de su  libertad donde tambi茅n refieren a esto.  Esas condiciones en contexo del Covid-19 constituyen  un  c贸ctel  explosivo  que  es  preciso desactivar,  con  la  mayor diligencia,  a trav茅s de  medidas  de car谩cter excepcional y urgente, desde la desprisionizaci贸n (en  todos  aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro  medio  menos aflictivo),  hasta  las mejoras sanitarias en las c谩rceles y  comisar铆as que son, por excelencia, focos de propagaci贸n de enfermedades, manifiestan.

Asimismo preocupa en materia de derecho penal y de derechos humanos, al  momento de dictar una coerci贸n personal como lo es la prisi贸n preventiva, cuestionada por los defensores  p煤blicos y abogados  intervinientes, se planteaba que no solo debe valorarse la pena en expectativa, sino realizar un an谩lisis concreto respecto a si hay reales peligros de fuga y entorpecimiento. Considerar las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaraci贸n de reincidencia, si  hubiere  gozado de excarcelaciones anteriores que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentar谩 eludir la acci贸n de la justicia entorpecer las investigaciones

As铆, la prisi贸n preventiva, como medida cautelar, s贸lo puede  tener fines procesales. Su car谩cter procesal significa que  la coerci贸n se utiliza para garantizar 芦la correcta  averiguaci贸n de  la verdad  y  la  actuaci贸n  de  la  ley penal禄 . No se puede recurrir  a  la detenci贸n preventiva  para  obtener  alguna de  las finalidades  propias de la pena.

La Corte  Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)  ha  consagrado, dentro del  contexto  general  de  los instrumentos internacionales  vigentes,  que  la  prisi贸n preventiva  es  una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general,  como  expresamente  lo  consagra  el  Pacto  Internacional  de Derechos  Civiles  y Pol铆ticos (art. 9掳.3), pues de lo contrario se estar铆a privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violaci贸n del principio de inocencia (8.2 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos).  Constituye la medida m谩s severa que se puede imponer al imputado, por  ello  debe  aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal el dictado de la prisi贸n preventiva no puede fundarse exclusivamente en la gravedad del delito imputado, sino que el tribunal debe atender las circunstancias objetivas que en el caso concreto permitir谩n formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera  la  necesidad  de la medida de coerci贸n鈥

Como se ha se帽alado ya, estamos ante j贸venes sin antecedentes. Sin peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa. J贸venes que en dos casos se entregaron. Y ante una situaci贸n en que se solicit贸 la nulidad de la causa.   Por otro lado estamos ante un contexto de Covid y de sobrepoblaci贸n de las c谩rceles bonaerenses.

Las familias

La incansable lucha de las familias desde el primer d铆a, han realizado marchas en la localidad, conferencias de prensa en Bah铆a Blanca, notas en medios, participaci贸n en entrevistas, llamadas, sacado comunicados de prensa. Han sido madres, padres, compa帽eras, hermanas, hermanos, amigos quienes han estado sin parar, en la calle, en los tel茅fonos, en redes sociales.  Hablamos con tres de las familias de los j贸venes que salieron con domiciliarias.

Fabiana Herrero, madre de Nicol谩s Lup铆n de 34 a帽os, nos dec铆a:  鈥Mis expectativas como familia y como mam谩 de Nicol谩s (Lupin) es que se compruebe que esta es una causa armada como tantas otras que hay armadas por la polic铆a bonaernese para imputar a jovenes que lo 煤nico que tienen es una cultura cann谩bica y un uso del cannabis recreativo y que se logre llegar a una libertad de los chicos鈥, y mencionaba lo absurdo de que se hable de una banda organizada.  Comentaba a Ared que esperan como familia que esta causa termine pronto, que cada uno pueda volver a una vida normal pero agregaba que sin embargo  鈥Somos muy concientes que somos parte de un gran cambio necesario de mentalidad en la sociedad y que estos temas se tienen que hablar y se tienen que poner en discusi贸n, si hoy nos toc贸 a nosotros darle batalla para que en el d铆a de ma帽ana las futuras generaciones tengan una libertad diferente y  una forma de pensar distinta, es lo que nos toc贸鈥.  A lo largo del proceso el Dr. Carlos Carnevale, de la defensa p煤blica ha estado acompa帽ando jur铆dicamente el caso.

Carina Loverde, madre de Lautaro Van Schaik, de 21 a帽os,  nos dec铆a que las expectativas hoy est谩n puestas en la pericia de esta semana respecto de la firma de Kevin Torres, y que los chicos queden libres para que puedan hacer su vida normal,  como deber铆a haber sido y que nunca deber铆a haber pasado esto, queremos, la libertad total de ellos鈥. Se帽alaba que el abogado defensor Mauro De Mira ha estado realizando presentaciones incluso hasta llegar a C谩mara de Casaci贸n en estos meses.

Casandra Bustos, compa帽era de Gonzalo G贸mez, de 41 a帽os nos dec铆a que esperan 鈥渜ue salga lo m谩s pronto posible el fallo a favor nuestro con la pericia de la firma de Kevin Torres, que salgan libres y que salga a la luz la verdad鈥 Esas son nuestras expectativas como familia , as铆 pueden salir a trabajar y hacer su vida normal鈥. La situaci贸n econ贸mica de familias en cuyo casos eran sost茅n de hogar se ha visto tremendamente afectada. Casandra mencionaba que el Dr. Hern谩n Silva ha realizado presentaciones incluso en C谩mara de Casaci贸n respecto de estos pedidos otorgamiento de la libertad mientras dure el proceso.





Fuente: Anred.org