October 3, 2021
De parte de La Haine
185 puntos de vista


Los reales inte颅reses de la fanaticada privatizadora, qu茅 empresas estatales est谩n en su mira y cu谩les son los mecanismos con que pre颅tenden acceder a su propiedad

Esta es la t茅cnica est谩ndar de la privatizaci贸n: cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa de excusa para pasarlo a manos del capital privado”
-Noam Chomsky

El mundo da vueltas, y m谩s a煤n el Ecuador: naci贸n que a veces parece un trompo (peonza), pero de cabeza. Como ya ha sucedido varias veces en la historia del pa铆s, pasamos fluctuando entre crisis profundas y desperdicios de coyunturas favorables. El per铆odo corre铆sta de 2007-2017 es un buen ejemplo: transitamos de ser el “jaguar latinoamericano” a entramparnos en un serio estancamiento econ贸mico.1 Luego, vendr铆a el morenismo y un manejo econ贸mico aletargado y desastroso entre 2017-2019, que no solo ahond贸 el estancamiento, sino que hasta exacerb贸 la tragedia del coronavirus en 2020.

Entre el desperdicio y la tragedia, el pa铆s ha vuelto al punto de partida, pues hasta en el aire se percibe cierta sensaci贸n de retorno a las d茅cadas de los 80 y 90. As铆, ni hemos resuelto nuestros problemas estructurales ni hemos superado las viejas recetas. Las discusiones y las “soluciones milagrosas” se repiten casi tanto como los Buend铆a en Macondo… Ni la peor crisis de las 煤ltimas d茅cadas ha sido suficiente para replantearnos las cosas. Basta con ver el “renovado” debate de las privatizaciones abierto desde las iniciales declaraciones del presidente Guillermo Lasso.

驴De verdad no se cansan de presentar a la privatizaci贸n de las empresas y activos estatales y a la reducci贸n del tama帽o del Estado como la panacea para los problemas que nos aquejan? Tan tozudos son algunos defensores de estos dogmas, que hasta ser铆an capaces de recomendar la privatizaci贸n del propio infierno en el d铆a del juicio final. Imbuidos del esp铆ritu privatizador, con un fervor inigualable, varios “profetas” siguen insistiendo en la misma cantaleta. Ni siquiera tienen creatividad para adornar sus viejos discursos. Para colmo, los grandes medios de comunicaci贸n retruecan como caja de resonancia el mensaje. Y por supuesto muchos empresarios criollos y extranjeros se frotan las manos haciendo n煤meros de los potenciales negocios que podr铆an hacer.

Con este empuje, el af谩n privatizador irrumpe -de nuevo y con enorme fuerza- en la sociedad ecuato颅riana. Gracias a ese af谩n, ahora nos toca la tediosa tarea de volver a discutir una noveler铆a t铆pica de los a帽os noventa, cuando el dogma neoliberal se expand铆a aceleradamente en Nuestra Am茅rica y en otras partes del planeta.2 Pero bueno, no pod铆amos esperar nada diferente de este gobierno (y quiz谩 de ning煤n otro gobierno siendo francos). El propio Guillermo Lasso anunci贸 horas antes de asumir el poder presidencial su desespero por privatizarlo todo.3

Seg煤n nuestros economistas ortodoxos, la opci贸n privatizadora ofrece varios beneficios a trav茅s de empresas privadas que superar铆an la ineficiencia natural y cr贸nica de las empresas estatales. El dogma se completa con la expectativa de un seguro y positivo resultado en el rendimiento de las empresas privatizadas que modernizar铆an su capacidad de ges颅ti贸n y eliminar铆an los subsidios y los d茅ficits del sector p煤blico, creando posibilidades para atraer nuevos recursos internos y externos.

En este escenario, al Estado s贸lo le corresponder铆a hacer respetar las reglas del juego de los intereses privados, facilitar el flujo de capitales y bienes nacionales e internacionales, vigilar la libre fijaci贸n de los precios, garantizar la propiedad privada, controlar el desen颅volvimiento de los salarios, contribuir a una mayor apertura de la propiedad accionar铆a y mantener el orden p煤blico. El Estado, por tanto, se mantendr铆a al margen de la actividad econ贸mica para evitar distorsiones, sosteniendo, eso si, el ambiente propi颅cio para “el comportamiento racional” -en t茅rminos de la propiedad privada- de los individuos. Aqu铆 emergen con fuerza el tema de los arbitrajes nacionales e internacionales con los que el gobierno quiere favorecer las inversiones privadas. El funcionamiento del mer颅cado estar铆a protegido por esta actitud estatal que, en forma an贸nima e imparcial, equilibrar铆a las fuerzas contrapues颅tas. Hasta all铆 llega la poes铆a.

Sin duda que el problema de la eficiencia o ineficiencia estatal no es simple, de modo que no se lo puede asumir cual dato inequ铆voco y proceder a la b煤squeda de pragm谩ticas soluciones. Es m谩s, recordemos que el Estado puede ser ineficiente pero solo hasta cuando toca aplicar alg煤n salvataje al propio sector privado en tiempos de crisis… Por ejemplo, en las crisis financieras, los Estados se han vuelto hasta una boya de salvaci贸n ante las graves p茅rdidas financieras privadas. Adem谩s, 驴cu谩l es la evidencia de que las privatizaciones / concesiones / monetizaciones de activos estatales realmente van a aumentar la tasa de crecimiento de la econom铆a e inclusive asegurar la gobernabilidad?

En definitiva, el planteamiento privatizador -tan af铆n a los esquemas fondomone颅taristas y tan propio de envejecidas ideas librecambistas- merece un an谩lisis m谩s detenido y contextualizado. Por ende, hay que evitar la trivializaci贸n de esta cuesti贸n, en la medida que se intenta reducir el tema del Estado a un dilema simplista: m谩s Estado o m谩s mercado, aterriz谩ndolo en estatizaci贸n o priva颅tizaci贸n. 隆Estas no son 茅pocas como para seguir entrampados en estas viejas noveler铆as!

El Estado: un instrumento inseparable del sistema capitalista

Las campa帽as privatizadoras son tan dogm谩ticas que hasta pretenden avasa颅llar como atrasa-pueblos a quienes se oponen y a煤n a aquellos que desean conocer algo m谩s sobre el tema y que cuestionan ciertos elementos de su propuesta. Pero m谩s all谩 del dogma, cabe destacar que el problema no es s贸lo el simple traspaso de la propiedad p煤blica a la esfera de la propiedad privada o el mantenimiento de algunas empresas y actividades en manos estatales. Los problemas estructurales, m谩s a煤n en tiempos de crisis profundas, no pueden reducirse a la simpleza de cu谩nto Estado y cu谩nto mercado deben participar en la econom铆a.

En primer t茅rmino, no hay la contra颅dicci贸n radical que se quiere presentar entre el Estado y el sector privado. El Estado, por su composici贸n social no representa un actor antag贸nico, sino que refleja la propia correlaci贸n de las fuerzas sociales internas, incluyendo, cada vez m谩s, la presencia influyente de capitalistas for谩neos e inclusive en la pr谩ctica de organismos internacionales como el FMI. Adem谩s, en ning煤n pa铆s, en circunstancia alguna, el discurso que impulsa el retiro del Estado de la econom铆a ha eliminado su participaci贸n. La presencia estatal o su ausencia relativa se ajusta a determinadas rela颅ciones sociales que buscan defender uno u otro grupo o marco de privile颅gios.

En la presentaci贸n de la ortodoxia librecambista, reembalsamada en los 煤ltimos a帽os en varios pa铆ses de la regi贸n, nada se dice sobre los factores que han ge颅nerado que se retome la discusi贸n. Incluso descuidan el hecho de que la presencia activa del Estado en el proceso de busqueda del “desarrollo” fue im颅pulsada por los mismos organismos internacio颅nales, que ahora arremeten en contra de la inter颅venci贸n estatal. No se menciona para nada la crisis del sistema, que ha motivado una severa cr铆tica al papel del Estado interventor como promotor y garante del sistema capitalista; inter颅venci贸n impulsada por John Maynard Keynes como consecuencia de la crisis de los a帽os treinta, parad贸jicamente nacida a ra铆z de los excesos del librecambismo.

Tam颅poco se mencionan las presiones a reducir el gasto p煤blico provocadas por el creciente peso del servicio de la deuda externa; deuda que, por cierto, beneficia en gran medida a los mismos grandes agentes privados, por ejemplo, con obras p煤blicas, compras p煤blicas y dem谩s pagos estatales al sector privado financiados con dicho endeudamiento. Y mucho menos se habla de los ingentes subsidios obtenidos por el sec颅tor privado con el acceso a bienes y servicios producidos por entidades y empresas p煤blicas, hasta el punto de que varias de dichas corporaciones p煤blicas terminen al borde de la desaparici贸n o sufren la acumulaci贸n de d茅ficits permanentes. Asimismo, nunca se discuten las razones que impiden capitalizar a las empresas estatales empleando sus utilidades cuando, por el contrario, sobran los casos donde se las ha obligado a contratar cr茅ditos externos que luego no se destinan a dichas empresas.

Para el caso ecuatoriano, en este momento se deber铆a tener en cuenta las renovadas demandas al Estado para enfrentar los retos derivados de la pandemia del coronavirus. Pero no, lo que interesa es monetizar algunos activos del Estado para intentar salir del “actual bache” -la mayor crisis de la historia econ贸mica del pa铆s4- sobre todo para atender las enormes demandas del servicio de la deuda externa, que desde 2021 a 2025 demandar谩n m谩s de 20 mil millones de d贸lares.

As铆, a esta campa帽a en contra de la acci贸n estatal, no le interesa que el Estado ecuatoriano haya transferido a lo largo de las 煤ltimas decadas millonarios recursos a los empresarios priva颅dos, a trav茅s de m煤ltiples v铆as incluyendo la omnipresente corrupci贸n (inducida en varias veces por los propios agentes econ贸micos privados). Para nada importa que el Estado garan颅tice con un sistema complejo de subsi颅dios impl铆citos y poco transparentes la tan socorrida “eficiente privada”.

Igualmente, no se puede olvidar que los Estados suelen invertir en diversos proyectos que, por su baja rentabilidad de corto plazo y por los enormes reque颅rimientos de capital involucrados, no pueden ser asumidos por el empresario privado. En el caso ecuatoriano, particularmente en los dos auges petroleros, el Estado asumi贸 cada vez m谩s tareas en beneficio de grupos monop贸licos y oligop贸li颅cos, cuando adicionalmente 茅stos usu颅fructuaban de f谩ciles negocios. Ahora, en medio de la crisis, surge el af谩n privatizador para ampliar o al menos mantener las tasas de ganancia del capital.

Anotemos un punto adicional. Inclusive quienes cuestionan la ideolog铆a dominante, sustentada en la filosofia liberal, pretenden presentar al Estado como un ente fuera de la so颅ciedad, que est谩 sobre ella y que act煤a en forma neutra para normarla. As铆, los defensores de estas visiones estatistas quieren desconocer las relaciones sociales existentes en el Estado, en cuyo seno se expresan tendencias diversas, como producto de m煤tiples correlaciones de fuerzas econ贸micas y sociales prevalecien颅tes en la sociedad. Y por eso simplemente creen que es preciso “asaltar” el Estado para desde all铆 administrar el capitalismo provocando las transformaciones que consideran necesarias. Vaya ingenuidad de esta lectura tan propia de 谩mbitos progresistas.

El Estado: una suerte de “empresa reparadora” del sistema

Sin negar la presencia muchas veces masiva e indignante de ineficiencia y burocratismo en el aparato estatal, en el Ecuador no ha habido una experiencia estatizante como en otros paises latinoamericanos. Aunque esto no significa que las cosas deben seguir como est谩n.

Para comprender el alcance de la ingerencia estatal en la econom铆a, cabr铆a analizar la incidencia de las actividades en que par颅ticipan las empresas p煤blicas, as铆 como los impactos -incluso potencialmente multiplicadores- que pueden tener dentro de varios sectores tanto la obra p煤blica como las compras estatales. Salvo algunos sectores como los estrat茅gicos -en especial petr贸leo, electricidad, comunicaciones- la participaci贸n de las empresas estatales es suma颅mente limitada como para ejercer una influencia profunda en la din谩mica de las respectivas ramas y subramas de la econom铆a. Adem谩s, de ninguna manera se puede concluir que la eficiencia en el sector privado ecuatoriano es siempre mayor que en el estatal. Mucho depende el contexto, los objetivos de las empresas p煤blicas (donde la prestaci贸n de servicios puede ser m谩s relevante que maximizar la rentabilidad), e incluso la actividad concreta realizada.

Para colmo, los problemas de una empresa estatal no son f谩cilmente gene颅ralizables para todo el Estado. Emp铆ricamente resulta muy dificil ase颅verar que por definici贸n las empresas estatales no son m谩s eficientes que las privadas, puesto que habr铆a que comparar en situaciones de eficiencia y mercado similares cada caso concreto.

Tampoco podemos olvidar que el Estado no solo asumi贸 una y otra vez la tarea de apoyar el funcionamiento del sector pri颅vado, sino que incluso ha intervenido como “reparadora” del sistema. La lista de ejemplos es enorme: basta recordar lo sucedido desde la estatizaci贸n de las p茅rdidas del Banco “La Previsora”, en 1977, hasta el gran salvajate bancario de fines del siglo XX. Podr铆amos a帽adir los salvatajes en las d茅cadas de los 80 y 90 con la famosa “sucreti颅zaci贸n” de la deuda externa contratada libremente por los ac颅tores privados, el masivo financiamiento estatal de todo el sistema financiero privado con la compra de cuentas especiales en divisas (aunque con ciertas preferencias para algunos bancos), con la sobreprotecci贸n por d茅cadas con aranceles y subsidios a grandes grupos econ贸micos…

Un caso luminoso es el relacionado al sumi颅nistro de electricidad de Guayaquil a cargo de la empresa privada EMELEC, que pudo funcionar por d茅cadas como una empresa privada ex颅tranjera sumamente rentable, s贸lo gracias a la garant铆a estatal. Por contrato el Estado le aseguraba ganancias m铆nimas y en d贸lares de 9,5% sobre activos fijos, a m谩s de que no pag贸 por muchos a帽os los com颅bustibles a CEPE (ahora PETROECUADOR), y la energ铆a el茅ctrica a INECEL, ente estatal que generaba la casi totalidad de la electricidad que comercializa dicha empresa privada. Y si bien esa situaci贸n se super贸, a trav茅s de un proceso abiertamente nocivo para el Estado, no podemos olvidar los enormes beneficios que recibieron una serie de empresas de generaci贸n t茅rmica de electricidad en especial desde el gobierno de Sixto Dur谩n Ball茅n hasta llegar a varias empresas que en la actualidad suministran electricidad generada con energ铆a solar, gracias a monumentales subsidos estatales.5

Tomando como referencia esta realidad, francamente no convendr铆a tanto hablar de privatizaciones; lo l贸gico ser铆a m谩s bien buscar la desprivatizaci贸n del Estado entendida como una real eliminaci贸n de la estructura estatal al servicio de monopolios y oligopolios tanto nacionales como transnacionales. En definitiva, lo l贸gico ser铆a replantear al Estado para que deje de servir de instrumento de acumulaci贸n del capital (tarea sin duda compleja y que puede requerir el inicio de una transformaci贸n de la propia sociedad). Adem谩s, en muchos casos, el tema no se resuelve con la estatizaci贸n de servicios p煤blicos, como el suministro de agua, por ejemplo, sino con su comunalizaci贸n. Empero, antes a煤n de ana颅lizar estas contrapuestas posiciones y de pensar en redimensionar el Estado, es necesario que se discuta cual debe ser su funci贸n. Repensarlo es ponerlo al d铆a en funci贸n de las demandas de la sociedad y no a gusto de las demandas del capital sea en tiempos neoliberales o progresistas.

Impulsos e intentos privatizadores correistas

Antes de desmenuzar muy r谩pidamente los objetivos privatizadores propuestos por el gobierno de Lasso, cabe tomar en cuenta que el proceso privatizador en el pa铆s no es un mero capricho de una u otra corriente pol铆tica o econ贸mica. Hace varios a帽os que la crisis econ贸mica del Ecuador trasciende a las formas y apariencias pol铆ticas de los gobiernos. Particularmente desde 2015, la econom铆a ecuatoriana muestra un serio estancamiento pese a haber recibido miles de millones de d贸lares sobre todo las exportaciones de petr贸leo y de endeudamiento externo; y del estancamiento pasamos directamente al colapso gracias al coronavirus y a un manejo gubernamental desastroso. Es m谩s, podemos decir que la crisis del capitalismo ecuatoriano es tan severa que la situaci贸n que actualmente vivimos quiz谩 no ser铆a muy diferente si la victoria electoral de 2021 llegaba para alguien distinto a Lasso. 驴O acaso alguna corriente pol铆tica pose铆a la varita m谩gica para resolver la crisis estructural de inmediato?

Vivimos una crisis capitalista en toda su magnitud. Una crisis donde las clases dominantes -m谩s all谩 de sus formas particulares- necesitan con urgencia la libertad suficiente para sobreexplotar a trabajadores y Naturaleza. En ese sentido, el proceso privatizador es otro elemento adicional que busca brindar a los grandes capitales -locales y transnacionales- la oportunidad de reactivar o fortalecer sus posibilidades de lucro. Al formar parte de un proceso m谩s dentro de la din谩mica de acumulaci贸n capitalista, no debe sorprendernos que las pretensiones privatizadoras ya ven铆an haciendo ruido desde hace algunos a帽os, incluso en tiempos del progresismo corre铆sta.

Recordemos que al final de su gobierno, Rafael Correa disolvi贸 empresas estatales y arranc贸 con el impulso privatizador al se帽alar las intenciones de vender varias empresas p煤blicas, incluso a ratos de forma camuflada.6 Dentro del arranque privatizador corre铆sta destaca la Empresa P煤blica de F谩rmacos ENFARMA, creada en diciembre de 2009, la cual se dedicar铆a a producir medicamentos gen茅ricos e incluso a la investigaci贸n farmac茅utica. La producci贸n de esta empresa proveer铆a a los hospitales y centros de salud administrados por el Ministerio de Salud, el IESS, el ISSFA y el ISSPOL. De hecho, el mercado cautivo de la empresa era de aproximadamente 500 millones de d贸lares al a帽o. Finalmente, la empresa termin贸 por ser liquidada v铆a decreto por el propio Correa en 2016. Aqu铆 no podemos dejar de pensar en el aporte que pudo haber dado esta empresa en tiempos de pandemia, ni en el negocio que termin贸 garantiz谩ndose a los importadores privados de medicamentos…

Junto con esta empresa p煤blica ca铆da en desgracia, el corre铆smo ejecut贸 otros procesos privatizadores: ejemplo de ello es el ingenio azucarero Ecudos (antes Aztra), el cual pas贸 a manos del Estado en 2008 luego de ser incautado a la familia Isa铆as, y que en 2011 se lo vendi贸 al Grupo Gloria de Per煤. La venta del ingenio se hizo a pesar de que la empresa gener贸 utilidades netas en 2008 de 3,5 millones, en 2009 de 2,4 millones y en 2010 de 7,1 millones de d贸lares. Para colmo, las condiciones de la venta fueron cuestionables: se vendi贸 70% del paquete accionario por 133,8 millones de d贸lares, cuando se deb铆a obtener 174 millones (p茅rdida aproximada de 40 millones); adem谩s que el grupo peruano apenas pag贸 el 10% al contado, mientras que el 90% se pag贸 con un cr茅dito de la Corporaci贸n Financiera Nacional a una tasa de 5% (recordemos que al Ecuador le cobran, en promedio, un 9% en la emisi贸n de bonos de deuda).

Adem谩s de Aztra/Ecudos, tambi茅n se promovi贸 la privatizaci贸n de las cementeras Chimborazo y Guap谩n. Cementos Chimborazo desde su creaci贸n perteneci贸 al Estado, mientras que Guap谩n originalmente pertenec铆a al IESS, pero luego la cementera fue adquirida por el Ministerio de Industrias. Ambas empresas se fusionaron y conformaron la Uni贸n Cementera Nacional, la cual pas贸 a ser manejada por la Empresa P煤blica Cementera del Ecuador (EPCE) en 2010. Aunque la cementera gener贸 en 2014 utilidades de aproximadamente 25 millones de d贸lares, m谩s del 60% del paquete accionario se vendi贸 a fines de 2014 al mismo Grupo Gloria de Per煤 que, dicho sea de paso, se encontrar铆a entre los grupos econ贸micos m谩s poderosos del vecino del sur.

En esta lista correista de concesiones de activos del sector p煤blico no puede faltar la entrega de los puertos m谩s grandes del pa铆s al capital transnacional, al铆ado con grupos olig谩rquicos locales. Nos referimos a las concesiones por 50 a帽os, sin licitaci贸n, de los puertos de Posorja, Puerto Bol铆var, Manta… Y por cierto no se puede ocultar el empuje que se otorg贸 durante el correismo a los capitales petroleros, llegando inclusive a entregar el capo petrolero Sacha y otros campos petroleros a empresas privadas transnacionales en su gran mayor铆a.7 El fest铆n minero del siglo XXI es por supuesto otra clara manifestaci贸n de c贸mo en el gobierno corre铆sa -de vac铆o discurso soberanista- se abr铆a la puerta a los capitales transnacionales.

A su vez, al final de su gobierno, Correa se帽al贸 una larga lista de intenciones privatizadoras: Fabricamos Ecuador (Fabrec), GamaTC, TC Televisi贸n, Banco del Pac铆fico, Diario El Tel茅grafo y Televisi贸n y Radio de Ecuador (RTV Ecuador), los Correos del Ecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana, la liquidaci贸n de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre. Incluso se propuso la apertura a capitales privados para que administren las hidroel茅ctricas Sopladora, Manduriacu y Oca帽a, y hasta la participaci贸n de capitales privados en grandes empresas p煤blicas como la Corporaci贸n Nacional de Telecomunicaciones (CNT) – una de las empresas con el patrimonio m谩s grande del pa铆s.

Fueron se帽ales muy claras de que se pretend铆a un nuevo desmantelamiento del Estado al puro estilo neoliberal. Y todo bajo el argumento de obtener liquidez para el gobierno y afrontar el dif铆cil momento de la econom铆a ecuatoriana, argumento hasta indolente si recordamos todos los despilfarros del corre铆smo. Por ejemplo, para citar apenas dos casos, recordemos la fallida construcci贸n de la Refiner铆a del Pac铆fico y la costosa rehabilitaci贸n de la Refiner铆a Estatal de Esmeraldas.

Por cierto, cabe mencionar que en el gobierno de Moreno no prosperaron esas intenciones privatizadoras. Lo que se produjo es la disoluci贸n de varias empresas estatales, incluso de indudable importancia para la vida de una sociedad como Correos del Ecuador. En todo caso, hasta para la ejecuci贸n de las ambiciones privatizadoras, el gobierno de Moreno result贸 un desastre.

El pa铆s del encuentro… privatizador

Llegados a este punto, cuando el gobierno de Lasso ha declarado su inter茅s de abrir la puerta a privatizaciones y concesiones -a las que el gobierno anterior eufem铆sticamente llamaba monetizaciones- bien vale establecer algunas diferencias y por cierto adentrarse en la materia desde una lectura de econom铆a pol铆tica. Empecemos pues destacando a qui茅nes les interesa las privatizaciones, m谩s all谩 de quienes las aceptan como una verdad revelada.

El discurso privatizador tiene interesados a nivel nacional e internacional. En este sentido, los capitales transnacionales est谩n entre los primeros empe帽ados en que los Estados nacionales se deshagan de sus patrimonios, para obtenerlos por la v铆a de la inversi贸n extranjera directa normal. Los capitales nacionales, muchas veces estrechamente vinculados al capital externo, tambi茅n aspiran hacerse cargo de una tajada de posibles negocios, casi siempre muy lucrativos. Y por si esto fuera poco, estas preten颅siones reciben el respaldo abierto de los organismos multilaterales de cr茅dito o de gobiernos como los EEUU que en repetidas ocasiones se ha pronunciado a favor de sus connacionales, como en el mencionado caso de Emelec, o recientemente al otorgar una l铆nea de cr茅dito condicionada a privatizaciones y concesiones.

Ahora, con el gobierno de Guillermo Lasso parece que la intenci贸n privatizadora a ultranza se har铆a realidad. En este punto cabr铆a discutir algunas de las 谩reas que aparecen en la mira de las privatizaciones y concesiones lassistas.

Venta del Banco del Pac铆fico

Empecemos por la pretendida venta del Banco del Pac铆fico, que tiene una possici贸n preponderante en el mercado financiero del pa铆s y que realiza importantes utilidades. 驴Qu茅 hace el Estado manejando un banco que era privado?, es una pregunta de caj贸n. La respuesta est谩 en l铆nea con lo que manifestamos anteriormente: este banco form贸 parte de las entidades financieras salvadas por el Estado. Y ahora, su venta ser铆a -seg煤n una lectura muy superficial- un paso necesario para que vuelva a sus or铆genes.

El asunto es m谩s complejo. No se trata solo de impulsar un proceso transparente y de obtener el mejor precio posible. Lo que interesa es averiguar las consecuencias que podr铆a tener dicha venta y cu谩les podr铆an ser algunas alternativas para conseguir un objetivo m谩s trascendente que el obtener un ingreso monetario m谩s o menos significativo, pero con una mera perspectiva cortoplacista.

Basta recordar que en 2019 solo cinco bancos (Pichincha, Produbanco, Guayaquil, Internacional y Bolivariano) concentraron un 64 % de los cr茅ditos y 67 % de los dep贸sitos. Si se concreta la venta del Banco del Pac铆fico -por su tama帽o, el segundo del mercado, actualmente en manos del Estado- el poder del oligopolio bancario crecer铆a a煤n m谩s. Dif铆cilmente se puede aceptar el argumento de que un propietario privado mejorar铆a los niveles de competencia en el mercado. Si ese es el objetivo, 驴por qu茅 no impulsar un frente de banca p煤blica y comunitaria -bancos estatales (Banecuador, CFN, Banco del Pac铆fico) y BIESS- en estrecha alianza con las cooperativas de ahorro y cr茅ditos, as铆 como con las cajas comunales y otras entidades de la Econom铆a Popular y Solidaria?

Por supuesto que urge tomar medidas para generar competencia en el mercado financiero y, por ejemplo, reducir las tasas de inter茅s. El Estado puede abrir l铆neas de segundo piso para fondear (financiar) especialmente a las cooperativas que son las que m谩s llegan a las localidades y financian a los micro y peque帽os emprendimientos. Es necesario tambi茅n fomentar la creaci贸n de m谩s cajas de ahorro comunitarias complementadas con un mayor uso de medios de pago alternativos que dejen de depender del uso de d贸lares f铆sicos para las transacciones. Y por cierto urge tambi茅n estimar y establecer l铆mites a la concentraci贸n de la banca: por ejemplo, impedir legalmente que un solo banco concentre m谩s del 10% de cr茅ditos y dep贸sitos. Aqu铆 puede ayudar una ley antimonopolios que penalice con impuestos extraordinarios a grupos econ贸micos y financieros de excesiva concentraci贸n.

Concesi贸n de Corporaci贸n Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

Otro de los activos del Estado que est谩 en la mira privatizadora es la CNT. El patrimonio de esta empresa debe bordear f谩cilmente los 1.700 millones d贸lares. Su abierta privatizaci贸n o concesi贸n es muy probable que conlleve a la transnacionalizaci贸n de la Corporaci贸n, pues es muy dif铆cil creer que una empresa privada nacional pueda asumir el reto de transformar a la CNT y ponerla a competir con las transnacionales telef贸nicas Claro y Movistar que actualmente dominan el mercado. Por cierto, cabe no olvidar los apoyos que el corre铆smo brind贸 a estas empresas transnacionales para que sigan operando en el pa铆s cuando exist铆a la posibilidad de que la empresa p煤blica se encargue totalmente de las telecomunicaciones.

Sin que CNT sea una empresa que brille por su eficiencia, es una empresa rentable. Y bien podr铆a transformarse en actor importante para ampliar sustantivamente el servicio en todo el Ecuador, al tiempo que servir铆a para romper el poder del oligopolio de la telefon铆a privada, que controlan el grueso del mercado y que en algunos casos -sobre todo Claro- obtienen utilidades anuales superiores al 90% (noventa por ciento) sobre su patrimonio neto.

Concesiones y privatizaciones en el sector hidrocarbur铆fero

Una decisi贸n de privatizar las tres refiner铆as existentes tiene que considerar una serie de elementos estrat茅gicos y, en el caso pe颅trolero, no se puede olvidar la experien颅cia de las d茅cadas en que las transnacio颅nales dominaban toda la industria hidro颅carbur铆fera, con escasos beneficios para el pa铆s. Incluso cabe traer a la memoria los enormes subsidios que han recibido las empresas petroleras para sostener rentables sus operaciones; una cuesti贸n que surgi贸 hace ya much铆simas d茅cadas cuando el Estado ecuatoriano subsidiaba las exportaciones petroleras de la Anglo, que extar铆a el crudo de la Pen铆nsula de Santa Elena. Y tampoco se puede menospre颅ciar la selecci贸n del momento oportuno para proceder a la venta de las refinerias, puesto que cuando existe una sobre颅oferta de determinadas empresas o cuando el sector da clara muestras de debilitamiento estructural8, se otorgar铆an mayores beneficios al capital transnacional y no se conseguir铆an todos los resultados espera颅dos. En este sentido, igualmente se propone transformar la mayor empresa del pa铆s, Petroecuador, en una sociedad an贸nima, es decir abrir la puerta para su paulatina privatizaci贸n.

La viabilidad de una privati颅zaci贸n de empresas de areas estrat茅gicas deber铆a depender de las posibilidades existentes para que 茅sta sirva de palanca para garantizar la transferencia de tecnolog铆a por parte de los inversionistas extranjeros, en campos donde sea indispensable. De todas maneras, mejor ser谩 crear condiciones adecuadas para que los en颅tes estatales que act煤an en campos estrat茅gicos puedan desenvolverse en ambientes de mayor competividad. Reiteremos tambi茅n que el objetivo de las empresas p煤blica no es necesariamente la rentabilidad, m谩s a煤n en el caso de sectores estrat茅gicos donde es crucial garantizar al pa铆s al menos un m铆nimo de autonom铆a.

Asimismo, disponer de empresas estatales en campos estrat茅gicos puede ayudar, sobre todo si se quiere impulsar una transici贸n posextractivista. Pero, contar con esas empresas no asegura mec谩nicamente otra pol铆tica extractivista y peor una superaci贸n del extractivismo. Recordemos que el accionar de las empresas estatales casi siempre est谩 motivado por las demandas del mercado mundial, e incluso ha llegado a ser -en no pocas oportunidades- mucho m谩s da帽ino que las acciones de las propias transnacionales al atropellar a las comunidades en nombre del inter茅s nacional y/o porque no tienen tecnolog铆as y pr谩cticas adecuadas. A modo de constataci贸n de lo dicho, es perversa la alianza de empresas extractivistas estatales, como entre la empresa minera estatal ecuatoriana Enami y Codelco (Corporaci贸n Nacional del Cobre de Chile), esta 煤ltima orientada a facilitar la ampliaci贸n de la miner铆a en Intag, provincia de Imbabura.

Un redoblado impulso transnacional para los extractivismos

En l铆nea con lo que han intentado otros gobiernos, sobre todo ahora agobiado por la megacrisis que afecta al pa铆s y m谩s a煤n con el lastre de una econom铆a dolarizada, se trata de conseguir d贸lares de cualquier forma. En especial, d贸lares provenientes de las exportaciones. Y para lograrlo se forzan las actividades extractivistas y la flexibilizaci贸n laboral, con el fin de hacer realidad la ansiada competitividad.

As铆, con el fin de paliar las angustias fiscales, una de las medidas que ha esgrimido el presidente Lasso -ya en campa帽a- es la duplicaci贸n del volumen de extracci贸n de petr贸leo, de 500 mil a 1 mill贸n de barriles diarios (sin considerar incluso todas las limitaciones ambientales y t茅cnicas que semejante propuesta podr铆a implicar). Y en consecuencia ha sintetizado los afanes orientados a ampliar las actividades petroleras en el Decreto 95, del 7 de julio de 20219.

Para empezar no se puede caer en an谩lisis simples y comenzar a calcular -con meras “reglas de tres” o similares- cu谩nto ser铆a el aumento de los ingresos petroleros necesarios para las tan alica铆das finanzas p煤blicas. Lasso ha reconocido que tomar谩 cuatro a帽os cumplir con esta meta petrolera (ser铆a oportuno conocer qu茅 fuente o estudio especializado emple贸 como referencia para plantear ese plazo). Sin embargo, algo que no se toma en cuenta es la resistencia de las comunidades amaz贸nicas que con sobradas razones defender谩n con creciente firmeza sus territorios. Otro limitante: un aumento del volumen de extracci贸n de crudo, sin un incremento de las reservas, acercar谩 a煤n m谩s la fecha en la que Ecuador dejar谩 de exportar petr贸leo; caer铆amos en una suerte de pan para hoy, hambre para ma帽ana. 10

Un mecanismo para conseguir este ambicioso y a la par complejo objetivo, a m谩s de las privatizaciones r谩pidamente mencionadas en l铆neas anteriores, radica en concluir con los contratos petroleros de servicios y, volver a los contratos de participaci贸n. Los contratos de prestaci贸n de servicios adolecen de un problema, que radica en el costo de extracci贸n m铆nimo, que bordea en promedio los 35 d贸lares por barril; as铆, cuando el precio cae, el rendimiento es menor. Con los contratos de participaci贸n la tajada estatal ser谩 menor, pero se espera contrapesar eso con mayores inversiones que permitan incrementar las tasas de extracci贸n de crudo. La entrega de campos petroleros a empresas extranjeras -como ya lo hizo Correa en su gobierno- no ser谩 suficiente para conseguir ese esperado beneficio, pues para generar inter茅s en las empresas privadas hay que ampliar el margen de sus utilidades.

El espaldarazo a la megaminer铆a (ver el Decreto 151, suscrito el 5 de agosto de 202111) que recibe abierto aliento de los grandes medios de comunicaci贸n -seguramente lucran hasta de la creciente publicidad de las empresas mineras- no se reflejar谩 en beneficios importantes para el pa铆s, pero con seguridad aumentar谩 la conflictividad social en los territorios. Veamos un par de cifras preliminares de las mismas mineras y del Estado para el caso de siete proyectos megamineros: el total de ingresos que se generar铆a por la megaminer铆a en las pr贸ximas d茅cadas podr铆a ser de 132.432 millones de d贸lares. De ellos s贸lo unos 27.486 millones (20%) llegar铆an al Estado ecuatoriano en per铆odos que van desde once hasta m谩s de cincuenta a帽os.

Solo para entender lo poco que representan los 27.486 millones que se recopilar铆a al terminar los principales megaproyectos actualmente en cartera, notemos algunas cifras: entre 2007 y 2018, el sector p煤blico no financiero ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas p煤blicas y dem谩s entes estatales), recibi贸 casi 99 mil millones por ingresos petroleros; solo el gobierno central registr贸 por ese rubro, en esos once a帽os, 41.822 millones de d贸lares: 150% veces m谩s en un per铆odo tres veces m谩s corto que lo que ofrece la megaminer铆a.

El costo de monitoreo -no necesariamente de remediaci贸n y menos a煤n de restauraci贸n- de los sitios de las minas de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, R铆o Blanco, Panantza-San Carlos, Llurimagua, Cascabel, Cangrejos, y El Domo/Curipamba, calculado a m铆seros 3 d贸lares por tonelada para procesar las m谩s de 5 mil millones de toneladas de material que hay que extraer del subsuelo, podr铆a llegar al menos a 14.500 millones de d贸lares: casi el 53% de los 27.486 millones de d贸lares que, se supone, recibir铆a el Estado. Este costo no considera, por supuesto, la contaminaci贸n del agua, los subsidios ocultos (electricidad subsidiada, por ejemplo), los costos de eventuales accidentes (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se est谩n desarrollando los proyectos), como la rotura de un dique de colas y la consecuente limpieza de la contaminaci贸n asociada. Y no podr铆amos marginar la enorme cantidad de beneficios tributarios y arancelarios que reciben estas empresas. Si todos los proyectos estrat茅gicos entraran en funcionamiento, habr铆a entre 32 y 40 mil puestos de trabajo directo, menos del 0,4% de la poblaci贸n econ贸micamente activa.12

Para alentar las inversiones extranjeras en otros 谩mbitos, as铆 como tambi茅n en los diversos extractivismos, el Gobierno retorn贸 al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados – CIADI. Como consecuencia de esta acci贸n el r茅gimen expidi贸 el Decreto 16513, el 18 de agosto de 2021, que reglamenta la Ley de Arbitraje y Mediaci贸n expedida en 1998. A trav茅s de dicho reglamento se ampl铆a de manera profunda el 谩mbito de los arbitrajes, incluso prohibiendo cualquier injerencia de fuera de los centros de arbitraje y abriendo la puerta a la retroactividad en la aplicaci贸n de los arbitrajes, para asegurar m谩s y m谩s garant铆as a las inversiones privadas, en particular extranjeras. Inversiones que, por cierto, cuando han provocado controversias resueltas en arbitrajes internacionales, han generado pr谩cticamente miles de millones de d贸lares en p茅rdidas al estado ecuatoriano.

Si se lee con detenimiento -y buena fe- lo que dispone la Constituci贸n, si se recupera el esp铆ritu de la Constituyente y, si se revisa la Carta Magna en su integralidad, la prohibici贸n a que el pa铆s se someta a arbitrajes internacionales no deja espacio para la duda.14 En el art铆culo 419, se fija el marco de vigencia de los tratados internacionales que requieren una aprobaci贸n por parte de la funci贸n legislativa, entre los que no aparecen los mencionados arbitrajes internacionales. Los arbitrajes est谩n expresamente prohibidos en el art铆culo 422. Eso s铆, dejamos claro, incluso como argumento adicional para aclarar el tema, que en dicho art铆culo 422 se prev茅 la posibilidad de instancias arbitrales solo en el 谩mbito regional, es decir latinoamericano,15 y tambi茅n se contempla la posibilidad de un sistema de arbitraje para deuda externa soberana, que no existe todav铆a a nivel internacional.16

La experiencia en Ecuador y en el mundo nos dice que las inversiones extranjeras no vienen motivadas solo por tratados bilaterales de inversi贸n (en donde se acepta el arbitraje internacional en el caso de controversias) sino por otras razones que tienen que ver con las posibilidades de obtener beneficios e incluso con la capacidad de aumentar la influencia de capitales transnacionales en sectores estrat茅gicos. Es m谩s, Ecuador, al 2017, ten铆a m谩s tratados de arbitraje internacional que muchos pa铆ses de la regi贸n, y sin embargo recib铆a solo 0,79% de la inversi贸n que llegaba del mundo a Am茅rica Latina y el Caribe. El principal flujo de inversiones extranjeras directas hacia Ecuador proven铆a de Brasil, M茅xico y Panam谩, pa铆ses con los que Ecuador no hab铆a firmado un tratado bilateral de inversiones. Y como si lo anterior no fuese suficiente, t茅ngase presente que -comparando dos pa铆ses de la regi贸n de tama帽o relativamente similar- Brasil, sin tratados bilaterales de inversi贸n, supera en inversiones extranjeras a M茅xico, uno de los pa铆ses con m谩s tratados de inversi贸n.

Privatizar o no privatizar, “that is (not) the question”

En este texto hemos presentado apenas una breve lectura preliminar de los principales sectores que podr铆an afectarse por la ola privatizadora que parece aproximarse. Sin duda faltan temas candentes y preocupantes que merecen una discusi贸n futura mucho m谩s detallada. Entre esos temas se puede destacar a las pretensiones de privatizaci贸n (as铆 sea “encubierta”) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por ahora, lo que buscamos es incentivar al an谩lisis de algunos elementos b谩sicos de la cuesti贸n y plantear algunas interrogantes que pueden enriquecer el debate. Incluso, cabe aprovechar el momento para empezar a repensar al Estado. As铆, luego de plantearse la funci贸n que debe asumir el Estado en el conjunto de la sociedad y no solo en la econom铆a, se podr铆a dise帽ar un programa de mejo颅ramiento de la eficiencia estatal (comprendiendo que los objetivos estatales deber铆an ser distintos a objetivos del capital). S贸lo entonces se podr谩 debatir sobre el tema de la entrega o incluso venta de activos del sector p煤blico, que podr铆a ser en algunos casos una herramienta para mejorar los 铆ndices de eficiencia, que no se agota en la esfera de la propiedad empresarial, sino que debe integrar otros aspectos de mayor incidencia en la macroeconom铆a y en la sociedad en general. Incluso, cabr铆a pensar en la posibilidad no de la privatizaci贸n sino de la entrega de la administraci贸n de empresas p煤blicas y activos estatales a comunidades, cooperativas u otras formas alternativas de organizaci贸n social de car谩cter no capitalista.

As铆, el logro de este objetivo no necesariamente deber铆a estar ligado a un problema de propiedad sino de gesti贸n, que no se reduce a una supuesta dicotom铆a entre el Estado y la empresa privada.

Entre algunos puntos dignos de mencionar destaquemos que varias empresas p煤blicas han sido v铆ctimas de un manejo irresponsable y corrupto, hasta en beneficio de agentes privados. Y en este punto tampoco se puede marginar la existencia de “las puertas giratorias”, es decir la casi contin煤a circulaci贸n de personas que vienen del sector privado a administrar las empresas p煤blicas o a cumplir funciones gubernamentales, de donde, luego de un tiempo -muchas veces luego de haber atendido las demandas de sus gremios o sus empresas – retornan al mundo empresarial privado, sin que se pueda consolidar un equipo de gerencia estable y preparado al frente de las empresas del Estado.

Tampoco se puede descuidar el efecto acumulativo de las sucesivas pol铆ti颅cas de austeridad -motivada por la necesidad de mantener el pago del servicio de la deuda externa-, que ha ocasionado severos problemas finan颅cieros a las entidades estatales, que han asumido el peso de los ajustes y se han visto imposibilitadas de mantener los ritmos de atenci贸n al p煤blico o la expan颅si贸n y el mantenimiento de sus opera颅ciones.

En el caso de los servicios p煤blicos, afectados por la crisis econ贸mica, la impostergable b煤squeda de mayor efi颅ciencia, que pretende ser resuelta por la acci贸n privatizadora, no puede perder de vista la equidad social y la responsabilidad ambiental, objetivos insepa颅rables de la gesti贸n estatal. Por lo tanto, se debe considerar el riesgo del incremento de las tarifas de los servicios p煤blicos que sean privatizados, a m谩s de las dificul颅tades para ampliar su cobertura a los sectores m谩s necesitados. Est谩 claro que las necesidades sociales no suelen coincidir con el rendimiento empresarial, pues este 煤ltimo puede agudizar la con颅centraci贸n de beneficios en la 茅lite. En cambio, para los sectores de menores ingresos, las privatizaciones pueden implicar hasta una disminuci贸n o eliminaci贸n del acceso a deter颅minados servicios p煤blicos.

De igual manera inciden en el funciona颅miento de las empresas p煤blicas los mar颅cos jur铆dicos vigentes y la falta de un entorno econ贸mico adecuado, que constituyen verdaderas camisas de fuerza que impiden su desenvolvimiento; el caso de Petroecuador es paradigm谩tico en este punto. A su vez, el desenvolvimiento de las empresas p煤blicas se ve afec颅tado por interferencias pol铆ticas, impidiendo que su fun颅cionamiento sea estable y arm贸nico; es m谩s, en no pocas ocasiones la designaci贸n de sus directivos responde a intereses coyunturales de la pol铆tica par颅tidista antes que a alguna visi贸n estrat茅gica. Por eso, antes que pensar en la venta (hasta subvaluada) de las empresas estatales, lo urgente deber铆a ser la transformaci贸n de su gesti贸n, buscando una posible combinaci贸n entre rentabilidad, sustentabilidad y garant铆a del acceso a la poblaci贸n, sin perder de vista en ning煤n momento los mencionados objetivos sociales y ambientales.

Tambi茅n es preciso destacar que la privatizaci贸n no puede sustituir un monopolio estatal por un privado. No solo se trata del problema de que el monopolio, independientemente de su propiedad, produce ineficiencias en la asignaci贸n de recursos, sino que en el caso de los monopolios privados con颅ducen a mayores concentraciones de la riqueza y por ende del poder pol铆tico. Por esta raz贸n, antes que pensar en una sus颅tituci贸n de las estructuras de la propiedad monop贸lica, es preferible configurar condiciones para que la empresa estatal funcione como si existieran condiciones de competencia y que considere los cos颅tos externos a su gesti贸n. Y esto ser谩 factible cuando se armonice jur铆dica e institucionalmente la actividad de los entes estatales, cuando se elimine la debilidad en la definici贸n de las pol铆ticas del sector p煤blico en general, y cuando se brinde una mayor participaci贸n popular y comunitario en la propia administraci贸n del Estado y de sus activos.

De todas maneras, existen casos donde se podr铆a impulsar la privatizaci贸n, o mejor dicho la transformaci贸n de la propiedad estatal en otras formas de propiedad que fortalezcan la econom铆a nacional. Por ejemplo, la participaci贸n p煤blica en varias empresas productivas o en otras con caracter铆sticas nada priori颅tarias, como aquellas destinadas al tu颅rismo y a la recreaci贸n, que no ameritan el concurso del capital estatal. Estas par颅ticipaciones podr铆an ser vendidas no solo considerando su posible rentabilidad comercial, sino que deber铆an ser instru颅mentos para ampliar la base del accio颅nariado impidiendo mayores niveles de concentraci贸n de la riqueza. Se deber铆an ensayar esquemas de “privatizaci贸n” que otorguen paquetes de acciones, en condiciones preferenciales y con regulaciones claras que impidan su venta inmediata, a los propios trabajadores y a los mismos usuarios de las empresas afectadas. As铆, no se buscar铆a el mayor precio en el mercado, sino ante todo mecanismos que contribuyan a una mayor democratizaci贸n de la propiedad y la gesti贸n los activos p煤blicos.

El precio de venta, en definitiva, no debe ser el punto m谩s importante, sino los efectos colaterales de contenido macroecon贸rnico, social y ambiental que se puedan derivar de una privatizaci贸n o concesi贸n. Es decir, la decisi贸n del manejo de las empresas p煤blicas y otros activos debe hacerse desde una perspectiva estrat茅gica e integral.

Tambi茅n, como ya lo anotamos antes, es importante destacar que un ob颅jetivo clave de estas acciones privatizadoras implica la b煤squeda de recursos para superar deficiencias fiscales. Sin embargo, lo importante no es simplemente reducir en el corto plazo el d茅ficit fiscal, sino tener presente el potencial valor futuro de las utilidades que gene颅rar铆a la empresa. As铆, solo en los casos en que una empresa estatal lleve a condiciones deficita颅rias graves, que no pueden ser resueltas en el corto o mediano plazos, y que no sea indispensable para cumplir los mencionados objetivos superiores del Estado, se podr铆a pensar en privatizarla.

Adem谩s, el ob颅jetivo de una privatizaci贸n no puede ser simplemente fiscal, menos a煤n si se con颅sidera que los ingresos obtenidos pueden tener un efecto ef铆mero ante problemas serios del subdesarrollo. Por ejemplo, 驴para qu茅 privatizar si un mejor manejo de las empresas p煤blicas puede mejorar la capacidad productiva de la econom铆a del pa铆s? Por otro lado, la aplicaci贸n de medidas privati颅zadoras no puede ocultar el hecho de que el d茅ficit muchas veces encuen颅tra su origen en los esfuerzos que se realizan para servir la deuda p煤blica ex颅terna e interna.

Otro asunto que no puede pasar de颅sapercibido es el destino que se da a los fondos que se consigan con la venta de las empresas estatales. Como se dijo, lo fundamental no debe ser prio颅rizar la b煤squeda de mayores precios, sin considerar otras posibilidades que se derivar铆an de este proceso. Los recursos obtenidos por esta v铆a de ninguna ma颅nera deber铆an engrosar el servicio de la deuda externa o ser destinados a gastos suntuarios o a la compra de armas, por ejemplo. Por el contrario, deber铆an servir, por ejemplo, para impulsar procesos de reconversi贸n productiva, teniendo presente en todo momento criterios de equidad socio颅econ贸mica y ambiental, antes que simples reflexiones empresariales que contribuyan a otorgar nuevos y mayores beneficios a los grupos monop贸licos.

En lugar de insistir en la ine颅ficiencia de las empresas estatales -asumiendo esta afirmaci贸n como dogma cuando es dif铆cil compro颅barlo emp铆ricamente- se deber铆a buscar una activa cooperaci贸n entre el Estado y el sector productivo en general -priorizando la econom铆a popular y solidaria-, no solo entre el Estado y los grandes grupos fi颅nancieros. Del tama帽o del Estado o del sector privado tampoco se pueden deri颅var conclusiones mecanicistas sobre el grado de desenvolvimiento de un pa铆s; lo que cuenta es el grado de interrelaci贸n que se consiga entre estos dos actores sin des颅cuidar a la sociedad civil, para ga颅rantizar la conformaci贸n y fortalecimiento de una ciudadan铆a activa y de comunidades empoderadas que sean actores determinantes en los procesos de transformaci贸n del Estado y no solo conseguir una presencia aislada de cier颅tos grupos sociales en calidad de nuevos propietarios.

Para completar esta reflexi贸n cabe plantear la duda sobre los reales inte颅reses de la fanaticada privatizadora, qu茅 empresas estatales est谩n en su mira y cu谩les son los mecanismos con que pre颅tenden acceder a su propiedad. Un real reorde颅namiento del Estado y de sus empresas no puede iniciar antes de redefinir su papel, para luego redimensionar su participaci贸n en la econom铆a y en la so颅ciedad. As铆, m谩s que el tama帽o del Estado y sus empresas interesa su incidencia en la sociedad y la calidad de sus decisiones, cuestiones clave al dise帽ar posibles esquemas de trans颅formaci贸n de la propiedad estatal y hasta la participaci贸n del capital extranjero en la econom铆a. Caso contrario se corre el riesgo de que una masiva e indiscri颅minada privatizaci贸n acent煤e las ca颅racter铆sticas concentradoras y excluyen颅tes de la sociedad nacional y que, como resultado de la recomposici贸n estructu颅ral de las relaciones entre econom铆a y pol铆tica, se configure una nueva tipo颅log铆a de Estado autoritario, que restrinja a煤n m谩s los espacios democr谩ticos.

En suma, no se pueden aceptar irreflexiva颅mente viejos dogmas del liberalismo derivados de una masiva angustia fiscal, de un gran desinter茅s por el bienestar de las poblaciones vulnerables que se benefician de la existencia de servicios p煤blicos, y de los inocultables intereses de algunos grupos de poder dentro y fuera del pa铆s que buscan lucrar en medio de la crisis.

En definitiva, requerimos otro Estado.17 Y esta es una cuesti贸n que ya no se puede simplemente analizar discutiendo sobre su tama帽o y eficiencia. Vivimos nuevos momentos que conllevan retos cada vez m谩s complejos y que plantean nuevos horizontes. As铆, el plantearse un nuevo Estado -inspirado en la plurinacionalidad- debe incorporarse al Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza, al tiempo que se consolidan y amplian los derechos colectivos y comunitarios. Igualmente debe incorporarse una cr铆tica severa a la actual estructura de propiedad de la riqueza y de los medios de producci贸n tanto en manos privadas como estatales. Esto exige crear esquemas horizontales de redistribuci贸n de riqueza y poder, as铆 como de construcci贸n de equidades en plural, pues est谩n en juego varias cuestiones: una lucha de clases entre capital-trabajo; la superaci贸n efectiva del concepto de “raza” y del racismo como los elementos m谩s crudos de dominaci贸n de estas sociedades; e incluso la construcci贸n de sociedades que rompan con su matriz patriarcal. De esta manera, desde la cr铆tica y desde un radical replanteamiento del Estado, se puede pensar en c贸mo enfrentar la crisis civilizatoria que el capitalismo nos impone (y el coronavirus ha exacerbado).

Todo lo dicho aspira a engranarse con propuestas de transformaciones profundas, civilizatorias, en las que el 茅nfasis debe estar en asegurar simult谩neamente la pluralidad y la radicalidad. Una tarea que no ser谩 posible de la noche a la ma帽ana, sino a trav茅s de sucesivas aproximaciones que enfrenten todas aquellas maquinarias de muerte que amenazan a la supervivencia humana y a la vida en el planeta.

Impulsemos pues un esfuerzo que libere las fuerzas sociales hoy atrapadas en engorrosas institucionalidades estatales, potenciando sus capacidades de autosuficiencia, autogesti贸n y autogobierno. Hasta la discusi贸n sobre las privatizaciones merece una nueva perspectiva desde la autogesti贸n popular. Todo esto demanda no solo inteligencia en la cr铆tica, ni solo profundidad en las alternativas, sino sobre todo la acci贸n de las fuerzas pol铆ticas que lideren y viabilicen los procesos emancipatorios que tanto nos hacen falta.

* Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ministro de Energ铆a y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).
John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador.

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Notas

1 Conviene recordar que en el gobierno de Rafael Correa se desperdici贸 una gran oportunidad para impulsar transformaciones estructurales, existiendo una serie de condiciones casi 煤nicas para al menos intentarlo. Sobre el particular se recomienda el libro de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una d茅cada desperdiciada: Las sombras del corre铆smo. CAAP, Centro Andino de Acci贸n Popular. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

2 Sobre el particular se puede revisar el art铆culo de Alberto Acosta (1992); Riesgos y alcances de una noveler铆a, Revista Ecuador Debate N潞 25; disponible en https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9144/1/REXTN-ED25-02-Acosta.pdf o el libro de Alberto Acosta y Lautaro Ojeda (1993); Centro de Educaci贸n Popular (CEDEP), Quito.

3 Ver nota period铆stica: “Guillermo Lasso anuncia concesi贸n de refiner铆as, carreteras, telef贸nica y venta del banco estatal”, Diario El Universo, 23 de mayo del 2021, https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-anuncia-concesion-refinerias-carreteras-telefonica-venta-banco-estatal-nota/

4 Para profundizar sobre la grave situaci贸n que atraviesa el Ecuador se recomienda el an谩lisis de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Hugo J谩come (2021); Ecuador: al borde del naufragio – Entre la pandemia sanitaria y el pandemonio neoliberal. Disponible en https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Ecuador-al-borde-del-naufragio.pdf

5 Basta revisar los potentes aportes y denuncias de Arturo Villavicencio (2015); “Un cambio de matriz energ茅tica bajo toda sospecha”; como el art铆culo disponible en https://lalineadefuego.info/2015/06/02/un-cambio-de-matriz-energetica-bajo-toda-sospecha-por-arturo-villavicencio/

6 Un detalle de todos estos procesos se encuentra en el libro de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una d茅cada desperdiciada: Las sombras del corre铆smo. CAAP, Centro Andino de Acci贸n Popular. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

7 Ver una s铆tesis del manejo petrolero de ese gobierno en Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018). En especial el apartado ‘La maldici贸n de la abundancia petrolera’.

8 Hay que tener presente la tendencia -cada vez m谩s presente- de disminuir la dependencia de los combustibles f贸siles.

9 Disponible en https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._95_20210607132917_20210607132920.pdf

10 Consultar en Vicente Sebastian Espinoza, Javier Fontalvo, Jaime Mart铆-Herrero, Paola Ram铆rez, I帽igo Capel谩n-P茅rez (2019);

“Future oil extraction in Ecuador using a Hubbert approach”. Science Direct. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544219311922

11 Disponible en https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/wp-1628209776656.pdf

12 Sobre esta importante cuesti贸n invitamos leer el libro de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020); El fest铆n minero del siglo XXI. 驴Del ocaso petrolero a una pandemia megaminera?, Abya-Yala, Fundaci贸n Rosa Luxemburg, Quito.

13 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/13lf57Lha9bO-UbDzma9XmPMw7a1I-rOZ/view?usp=sharing

14 Consultar en Alberto Acosta (2021); “Presidente Guillermo Lasso viola la Constituci贸n – 驴Con complicidad de la Corte Constitucional?”. Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

15 El segundo inciso del art铆culo 422: “Se except煤an los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la soluci贸n de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoam茅rica por instancias arbitrales regionales o por 贸rganos jurisdiccionales de designaci贸n de los pa铆ses signatarios. No podr谩n intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia”.

16 El tercer inciso del art铆culo 422: “En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promover谩 soluciones arbitrales en funci贸n del origen de la deuda y con sujeci贸n a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional”. Sobre el tema se puede consultar la propuesta formulada desde hace m谩s de dos d茅cadas por Alberto Acosta y el economista peruano Oscar Ugarteche, sintetizada entre otras varias publicaciones de los autores, en el siguiente art铆culo: “A favor de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana” (2003). Para completar esta informaci贸n, es pertinente conocer que la esencia de este Tribunal, en lo que se refiere a las normas de justicia internacional, transparencia y equidad, fueron discutidas e incluso aprobadas en dos ocasiones en el seno de Naciones Unidas, sin tener ning煤n resultado favorable hasta la fecha, por la oposici贸n de las grandes potencias, que son, a su vez, los mayores acreedoras de la deuda externa.

17 Una detallada discusi贸n sobre el papel que debe jugar el Estado se encuentra en el art铆culo de Alberto Acosta (2018); “Repensando nuevamente el Estado 驴Reconstruirlo u olvidarlo”, en el libro de varios autores, Am茅rica Latina: Expansi贸n capitalista,conflictos sociales y ecol贸gicos, Universidad de Concepci贸n, Chile. Disponible en https://ecuadortoday.media/2019/01/04/repensando-nuevamente-el-estado-reconstruirlo-u-olvidarlo/

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Fuente: Lahaine.org