September 23, 2021
De parte de SAS Madrid
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Cristina ten铆a 34 a帽os cuando decidi贸 que su embarazo no iba a seguir adelante. Estaba en la vig茅simo segunda semana y acababan de detectar en su beb茅 trisom铆a 21. Es decir, s铆ndrome de Down. Lo que sigui贸 fue toda una odisea que meses despu茅s derivar铆a en un diagn贸stico: estr茅s postraum谩tico. En su historia convergen diversos factores: objeciones de conciencia, religi贸n, falta de informaci贸n y un nulo acompa帽amiento. Viejos conocidos que siguen resonando cuando se habla de interrupci贸n del embarazo y que evidencian el largo camino por recorrer en un derecho que se presum铆a consolidado. 

No todas las interrupciones del embarazo son traum谩ticas, tampoco dolorosas, ni necesariamente dejan huella. Pero a veces ocurre que no todo sale como deber铆a. Cristina pas贸 por dos abortos: “Uno fue traum谩tico y el otro no”. As铆 que conoce las dos caras de la moneda. El primero fue en 2015, cuando confirmaron que el beb茅 padec铆a s铆ndrome de Down, pero tambi茅n una malformaci贸n en el aparato digestivo y una posible cardiopat铆a. “Decid铆 interrumpir con todo el dolor de mi coraz贸n: era un embarazo deseado, un ni帽o que yo ya notaba”, recuerda la madre. El seguimiento del embarazo corri贸 a cargo de su mutua privada, pero la interrupci贸n, le dijeron entonces, deb铆a asumirla la Seguridad Social. Ah铆 lleg贸 el primer problema: su hospital de referencia era el barcelon茅s Sant Pau. Con un fuerte arraigo religioso, nadie le practicar铆a un aborto.

Cristina fue derivada a una cl铆nica privada y ah铆 culmin贸 la cadena de adversidades. “Era una cl铆nica enfocada a interrupciones voluntarias y de primer trimestre”, as铆 que la sensaci贸n de no estar donde deber铆a emergi贸 desde la misma sala de espera. “Yo ya ten铆a mi barriga y estaba destrozada, no sab铆a qu茅 har铆an ni qu茅 pasar铆a, recib铆 muy poca informaci贸n”. En unas instalaciones que la madre 鈥搚a ten铆a un ni帽o de a帽o y media鈥 percibi贸 muy distintas a las de un centro sanitario, la joven de entonces treinta y cuatro a帽os fue dirigida a una sala, “un cub铆culo con una cama y una cortinilla, sola, sin acompa帽amiento”. Fue, rememora, un proceso largo: “Ah铆 me dejaron, muy medicada y sin explicaciones“. A partir de ese momento fue sedada hasta en dos ocasiones, sin saber exactamente los motivos ni las intervenciones a las que deb铆a someterse. “No pude despedirme de mi hijo, eso no se hac铆a”, recuerda Cristina. En aquel momento pod铆a sonar a extravagancia, pero meses despu茅s la despedida pasar铆a a ser un derecho: en 2016 el Tribunal Constitucional dio la raz贸n a una madre que pidi贸 incinerar y despedir los restos del feto que abort贸. 

Ella no fue consciente de nada. Cuando despert贸, no hab铆a para ella ni una silla de ruedas. “Me llevaron andando al ba帽o, todav铆a me sal铆a la sangre”, relata. Le dieron un refresco y la mandaron a casa. Los d铆as pasaban y no consegu铆a recuperarse, ni del da帽o f铆sico 鈥揻uertes dolores en el abdomen鈥, ni del psicol贸gico. Mes y medio despu茅s consigui贸 ser atendida por una psic贸loga especializada y el diagn贸stico fue claro: ten铆a estr茅s postraum谩tico. “No s贸lo hab铆a perdido a un hijo, ten铆a que cargar con la culpa de haber decidido interrumpir el embarazo y adem谩s pensaba que si mi hospital de referencia no quer铆a atenderme, era porque yo estaba haciendo una cosa mal铆sima“. 

En Espa帽a, seg煤n los 煤ltimos datos del Ministerio de Sanidad, el 85,68% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en centros privados. El llamativo porcentaje no es el peor de la serie hist贸rica: en 2010 ascend铆a al 98,16%. Cinco comunidades ni siquiera han notificado un s贸lo aborto realizado en la red p煤blica. Son Madrid, Murcia, Arag贸n, Castilla-La Mancha y Extremadura. Isabel Serrano, gineco obstetra ya retirada y miembro de la Federaci贸n de Planificaci贸n Familiar (Sedra-FPFE), incide en que el fen贸meno ocurre “independientemente del color del gobierno”. 

La experta repara adem谩s en una particularidad: la ley de interrupci贸n voluntaria del embarazo establece que en los supuestos de anomal铆as fetales incompatibles con la vida las intervenciones se realizar谩n “preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria p煤blica”. Las mujeres que hayan abortado por estos motivos en las cinco regiones citadas, por tanto, han visto lastrado su derecho a ser atendidas en un hospital p煤blico. “Tiene que haber una implicaci贸n decidida de las comunidades” y debe ponerse en valor, estima la profesional, que todos los “hospitales p煤blicos de este pa铆s est谩n autorizados legalmente” a practicar abortos.

Objeci贸n de conciencia

Este mi茅rcoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmaba ante los medios de comunicaci贸n que “la objeci贸n de conciencia no puede ser un impedimento” a la hora de abortar. Las declaraciones fueron realizadas a prop贸sito de una entrevista emitida por la Cadena Ser la ma帽ana del mi茅rcoles, en la que la m茅dica Marta Vigara relat贸 su experiencia en el hospital p煤blico Cl铆nico San Carlos de Madrid, donde todo el equipo de ginecolog铆a es objetor de conciencia. “Sabemos que hay que compatibilizar todos los derechos, pero el derecho de salud de una paciente es m谩s importante”, zanj贸 Darias. La ministra, sin embargo, rechaz贸 regular la objeci贸n de conciencia.

Seg煤n un informe elaborado por la asociaci贸n Women’s Link Worldwide en enero de 2021, la realidad es que “muchos hospitales p煤blicos practican una objeci贸n de conciencia institucional, no individual, y no realizan abortos, derivando todos los casos a cl铆nicas privadas concertadas”. Esta objeci贸n colectiva, prohibida en la ley de 2010, es muchas veces velada: “No se da a las mujeres informaci贸n correcta sobre sobre el estado de salud del feto, sobre su derecho a interrumpir el embarazo, ni sobre el proceso que deben seguir para solicitarlo”.

No son casos aislados. Lo afirma Guillermo Gonz谩lez, presidente de Planificaci贸n Familiar. La objeci贸n de conciencia en masa “no es lo m谩s frecuente, pero existe y no es una objeci贸n de conciencia moral“, sino que se produce por otras cuestiones como el “desprestigio de esta pr谩ctica profesional”. Marta Vigara afirmaba, en la entrevista con 脌ngels Barcel贸, que algunos objetores de conciencia lo son por convicci贸n, pero en ocasiones se suman otros compa帽eros desbordados ante la idea de tener que abordar en soledad la totalidad de abortos que llegan al hospital. A ello hay que sumar “el estigma que puede tener para el profesional y su entorno”, completa Guillermo. Y por supuesto, agrega, el acoso. 

Este mismo martes, el Congreso de los Diputados aprob贸 penalizar el acoso frente a las cl铆nicas de interrupci贸n del embarazo. Una forma de violencia sistem谩tica contra las mujeres y los profesionales por parte de grupos ultra. La propuesta sali贸 adelante sin el apoyo del Partido Popular y Vox.

La derecha y el viejo debate

La posici贸n de la derecha retrotrae a las feministas a febrero de 2014. Entonces, decenas de miles de personas salieron a la calle contra la reforma de la ley del aborto articulada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard贸n. All铆 estaba Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid. “El debate sobre el aborto ha pasado por distintos momentos, pero un asunto que siempre se ha venido planteando es que no est谩 normalizado como prestaci贸n sanitaria”. 

Todas las voces consultadas coinciden en elogiar el trabajo de las cl铆nicas privadas, cuyos profesionales han venido solventando las carencias en la red p煤blica. Sin embargo, matizan, la interrupci贸n voluntaria del embarazo debe estar garantizado en el sistema p煤blico. El hecho de que “durante todo este tiempo no se haya normalizado genera una serie de problemas que lo hace m谩s vulnerable como derecho“, se帽ala la hist贸rica feminista, quien a finales de los setenta cofund贸 la Comisi贸n por el derecho al aborto.

Pero lejos de haberse afianzado como un derecho incontestable, la interrupci贸n voluntaria del embarazo sobrevuela una vez m谩s al debate p煤blico y sigue despertando una oposici贸n encarnizada. Para Montero, el discurso de Vox tiene sabor a帽ejo. Sus l铆deres recuperan la “hipocres铆a de la defensa de la vida, un debate recurrente que parte de negar los derechos y la autonom铆a de las mujeres”. Cuestionar el aborto como derecho, acierta a reconocer la activista, infunde un inevitable temor. Pero en la memoria de las feministas resuenan tambi茅n las victorias y la pelea por el aborto es, posiblemente, la m谩s evidente. “Por primera vez conseguimos que un ministro dimitiera, gracias a la contestaci贸n social”, presume Montero. 

Mientras la ultraderecha insiste en enfrentarse a un derecho que parec铆a consolidado, el Gobierno trabaja por consagrarlo mediante la reforma de la ley de 2010. Los planes del Ministerio de Igualdad pasan por eliminar los tres d铆as de reflexi贸n por los que han de pasar las mujeres, las restricciones a las menores de diecis茅is y diecisiete a帽os, quienes requieren de un permiso paterno, pero tambi茅n prev茅 introducir conceptos como la violencia obst茅trica. Este mismo mi茅rcoles, Irene Montero reiter贸 en redes sociales su voluntad de reformar la ley de manera urgente: “El derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos debe estar blindado por ley“.

Enlace relacionado InfoLibre.es (23/09/2021).




Fuente: Sasmadrid.org