December 22, 2020
De parte de Lobo Suelto
449 puntos de vista

Cuando Alberto Fern谩ndez asumi贸 la Presidencia de la Naci贸n, hubo un anuncio que pareci贸 sepultar los cuatro a帽os de la doctrina represiva sostenida por el macrismo como pol铆tica de Estado. 鈥淒ebemos escapar a la l贸gica del gatillo f谩cil y justificar las muertes por la espalda鈥, expres贸 el mandatario secundado por la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, y recibi贸 un aplauso que baj贸 desde distintos rincones del Congreso Nacional. Aquel 10 de diciembre de 2019, cuando la pandemia no era un tema instalado en la agenda local, las palabras de Fern谩ndez trajeron cierto alivio. Pero transcurrido el primer a帽o de gesti贸n 鈥 con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y las medidas oficiales motivadas por el COVID-19 -, el rol represivo del Estado no ha variado demasiado: las fuerzas de seguridad se cobraron una vida cada 20 horas en la Argentina entre el anuncio de Fern谩ndez y el 19 de noviembre de 2020. El Informe de la Situaci贸n Represiva Nacional, que presenta desde hace 24 a帽os de la Coordinadora contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI), aporta los datos actualizados al a帽o de la pandemia: hubo 411 asesinatos estatales (a raz贸n de 1,19 muerte por d铆a) durante el primer a帽o del Frente de Todos, de los cuales 348 ocurrieron despu茅s del inicio de la cuarentena (20 de marzo) y 63 previamente. 

As铆, el hist贸rico Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado de la Correpi acumula 7.587 muertes desde el inicio de la democracia hasta hoy, considerando que a la cifra de 2019 (7.091 casos acumulados) se le suman los 411 registros de 2020 y 85 casos de a帽os previos que fueron incorporados en la reciente actualizaci贸n.

La excepcionalidad de la cuarentena (con circulaci贸n limitada de la poblaci贸n, estrictos controles sanitarios y despliegue de las fuerzas de seguridad en los barrios), lejos de menguar el saldo mortal que ha caracterizado a los diversos gobiernos democr谩ticos de las 煤ltimas d茅cadas, agrav贸 el control sobre la ciudadan铆a dando lugar a arbitrariedades y abusos de autoridad.

Tal vez los casos m谩s aberrantes y resonantes hayan sido las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro (Mayor Buratovich, Buenos Aires, 30 de abril) y Luis Espinoza (Monteagudo, Tucum谩n, 15 de mayo), pero el mismo destino les toc贸 tambi茅n a otras dos personas que no tuvieron tanta prensa: Carlos Orellano (Rosario, Santa Fe, 23 de febrero) y Francisco Cruz (Florencio Varela, Buenos Aires, 15 de mayo).

Si bien la Doctrina Chocobar impulsada desde el Ministerio de Seguridad por Patricia Bullrich en el per铆odo anterior dej贸 las cifras de asesinatos estatales m谩s altas en democracia (1.831 muertes, a raz贸n de una cada 18,34 horas y un promedio de 1,31 asesinatos diarios), el primer a帽o de Gobierno de Fern谩ndez sostiene el piso de una vida humana que se pierde por d铆a a ra铆z del aparato represivo. Por eso la consigna del Informe 2020 de Correpi grita: 鈥淟as necesidades del pueblo son esenciales, 隆la represi贸n no!鈥.

La escena del crimen

El a帽o de la pandemia confirma la regularidad hist贸rica del archivo represivo en cuanto al contexto de las muertes, con el 铆tem 鈥渃谩rcel, comisar铆a o bajo custodia鈥 en primer lugar. Se registraron 272 casos (66,18%) en lugares de encierro, con la particularidad 鈥搒eg煤n el informe de Correpi鈥 de que despu茅s de muchas d茅cadas se registraron muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes del servicio contra personas presas desarmadas.

Las v铆ctimas fueron Federico Rey en Florencio Varela, Jos茅 Candia en Corrientes, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy, todos fusilados en la represi贸n a los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la cr铆tica situaci贸n en las c谩rceles.

Las otras modalidades de asesinatos son: gatillo f谩cil (103 casos, 25,06%), muerte intrafuerza o intrafamiliar (17, 4,14%), otras circunstancias (12, 2,92%; aqu铆 se incluyen las desapariciones forzadas) y causa fraguada o consecuencia de otros delitos (7, 1,70%).

En cuanto a la participaci贸n de las distintas fuerzas, el ranking est谩 integrado por: Servicio Penitenciario (237 casos, 57,66%), polic铆as provinciales (120, 29,20%), Polic铆a Federal Argentina (22, 5,35%), Polic铆a de la Ciudad (22, 5,35%), otras fuerzas (6, 1,46%), Gendarmer铆a Nacional (3, 0,73%) y seguridad privada (1, 0,24%).

Los registros de Correpi incluyen adem谩s los femicidios, es decir, los asesinatos cometidos por represi贸n estatal con componentes de violencia machista y patriarcal. Los dos primeros casos registrados se remontan a 1992 y desde entonces el 铆ndice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 v铆ctimas mujeres. Esa cifra convierte a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Tambi茅n se han registrado 46 femicidios relacionados, es decir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la v铆ctima asesinada en contexto de violencia machista, ya sea para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen ni帽os y ni帽as como v铆ctimas.

Propuestas contra la represi贸n

En su informe 2020, Correpi incluye una agenda antirrepresiva con medidas urgentes que deber铆a adoptar el Estado para revertir el saldo mortal de cada a帽o.

Detenciones arbitrarias:

*Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que orden贸 la derogaci贸n de todas las facultades normadas y la eliminaci贸n de todas las pr谩cticas no normadas de las FFSS federales y locales para detener personas fuera de las hip贸tesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.

*Cese inmediato del permanente y sistem谩tico hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la v铆a p煤blica, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

Legislaci贸n y justicia:

*Derogaci贸n de las reformas regresivas que se llevaron adelante en los 煤ltimos a帽os en toda la legislaci贸n represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al C贸digo Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.

*Retiro inmediato del proyecto de reforma del C贸digo Penal elaborado por la comisi贸n presidida por el juez Borinsky, revisado y presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2019 en el Senado, que incrementa la criminalizaci贸n de la pobreza y la protesta, consagra la impunidad de los represores y universaliza la prisi贸n preventiva.

*Derogaci贸n del Decreto 489/2019 que cre贸 el RePet (Registro P煤blico de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).

*Anulaci贸n del DNU 70/2017 que habilita la deportaci贸n expr茅s de migrantes.

*Derogaci贸n de la Resoluci贸n N潞 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuaci贸n para que las fuerzas de seguridad hagan 芦tareas de prevenci贸n禄 (espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales p煤blicas.

*Gratuidad para el acceso a la justicia de v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de hechos represivos.

*Aplicaci贸n estricta de las medidas internas de suspensi贸n del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos represivos.

Actuaci贸n de las fuerzas:

*Eliminaci贸n de los protocolos de l贸gica b茅lica para la actuaci贸n de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

*Prohibici贸n de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.

*Prohibici贸n de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha.

*Eliminaci贸n de los 鈥淐omandos Unificados鈥 para la intervenci贸n conjunta de fuerzas federales y locales en las provincias y la Ciudad.

*Prohibici贸n de la asunci贸n de la defensa t茅cnica de miembros de seguridad acusados por hechos represivos por los cuerpos profesionales de los ministerios de Seguridad nacional, provinciales y de CABA.

*Fin de la reestructuraci贸n de comisar铆as y alcaid铆as de la Polic铆a de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensor铆a Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detenci贸n y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

*Cese de la militarizaci贸n de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo f谩cil.

Cuestiones presupuestarias:

*Derogaci贸n del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que destin贸 $38.000 millones de pesos para fortalecer el poder de fuego de la bonaerense.

*Retiro del 鈥淧lan de Infraestructura Penitenciaria鈥 presentado a la Legislatura Bonaerense por el ministro de Justicia Julio Alak y el gobernador Axel Kiciloff para la construcci贸n de m谩s c谩rceles.

*Redirecci贸n de las partidas destinadas a esos planes y programas para mejorar las condiciones de habitabilidad en los lugares de detenci贸n.

Revista C铆trica 




Fuente: Lobosuelto.com