November 29, 2021
De parte de SAS Madrid
337 puntos de vista


Asegura que la Comisión está muy pendiente de la tramitación del proyecto de ley y que una vez se apruebe en el Parlamento español estudiarán a fondo su viabilidad con la normativa europea

El colectivo de interinos ya habría presentado un escrito de denuncia a diferentes organismos de la Comisión denunciando que el proyecto de ley sobre la temporalidad se aleja de las directivas europeas.

Los efectos de la reunión del comisario europeo de Trabajo y Asuntos Sociales Nicolas Schmit al final de la tarde del pasado jueves se verán en los próximos días, pero pueden ser importantes.

Schmit aseguró que la Comisión Europea –el Gobierno de la Unión– está muy pendiente de la tramitación del proyecto de ley y que una vez se apruebe en el Parlamento español estudiarán a fondo su viabilidad con la normativa europea.

Una reunión que no fue programada, pero saca adelante por la tenacidad del colectivo de interinos que desde distintos puntos del país acudieron a la sede de la Comisión Europea en la capital de España. Todos los grupos parlamentarios ya están al tanto de dicha reunión y de la noticia dada en exclusiva por Confilegal. De momento no hay declaraciones públicas.7

Ana Dueñas, miembro de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal y portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla-León, que engloba a siete plataformas distintas en una Comunidad Autónoma donde los interinos y trabajadores temporales superan los 35.000 profesionales, asegura que la reunión ha sido «esperanzadora».

Dueñas destaca que Schmit tenía sobre la mesa el escrito de denuncia enviado por este colectivo, asesorado por el abogado Javier Arauz, donde se indicaba que el proyecto de ley que se tramita no está cumpliendo con dicha normativa.

“Además le insistimos en que en el Plan de Resiliencia entregado por el Gobierno a Bruselas se indicaba que dicha estabilización del personal interino sería a coste cero y sin ayudas públicas», subrayó.

Al parecer el comisario tiene claro que nuestro país debe llevar a cabo un proceso de estabilización de los más de 900.000 interinos.

Así se lo habría comunicado y así llegó desde la UE una recomendación a nuestro Gobierno en este sentido, recomendación que, sin embargo, no es vinculante cuando Bruselas.

En el transcurso de esta conversación se habló en varias ocasiones de la primacía del derecho comunitario. Tras la intervención introductoria de Javier Arauz, que explicó la situación y el problema que hay en nuestro país con este colectivo, fue el propio Schmit quien durante varios minutos subrayó el posicionamiento de la Comisión Europea sobre este tema.

CUMPLIR CON EUROPA ES INNEGOCIABLE

Arauz explica a Confilegal que la reunión en la sede de la Comisión Europea en Madrid ha sido muy productiva y esclarecedora. Afirma que el comisario Schmit subrayó que España tiene obligación de cumplir la normativa comunitaria, “es innegociable”, y la Comisión Europea velará porque tal cumplimiento se produzca.

“Es increíble que nos reciba un Comisario de la UE y que hasta la fecha el Gobierno español no se haya dignado a reunirse con este colectivo de profesionales en fraude de ley”, apunta.

Otra cuestión que destaca es que para cumplir la Directiva, España no tiene otra opción que la de regularizar a todos los empleados públicos temporales que se encuentren en una situación de abuso incompatible con la Directiva 1999/70/CE.

El propio comisario habría destacado que estos empleados públicos temporales han desarrollado un trabajo impecable, porque, si no hubiera sido así, no se les habría renovado, ni mantenido en sus puestos de trabajo, ya que, si él tuviera una empresa, no mantendría a los trabajadores temporales que no rindieran.

En la conversación se habló de la tramitación del Real Decreto-Ley como proyecto de ley urgente «esto va a hacer que una parte se regularice y otro cese en su puesto de trabajo. Si se recurre a las indemnizaciones el Gobierno español estaría incumpliendo el Plan de Recuperación y Resiliencia porque, en él, se comprometió a que estas reformas se iban a realizar sin coste presupuestario, ni ayudas del Estado”.

DENUNCIA EN EUROPA

Arauz también acudió el pasado jueves a otra reunión mantenida con funcionarios de la UE en Bruselas donde se habló también de la problemática de este colectivo.

Fruto de dicha reunión, el pasado lunes 22 de noviembre , este colectivo de interinos habría presentado un escrito de denuncia a distintas autoridades de la Comisión Europea,  “en el que al amparo de la Directiva 2017/1371, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión se indica que el Real Decreto-Ley 14/16 y el Proyecto de Ley que se está tramitando en las Cortes Generales, incumplían tanto la Directiva 1999/70/CE, como el Componente 11 del Plan de Recuperación y Resiliencia de España”.

Al parecer este escrito se ha dirigido a la presidenta de la Comisión, a comisarios de Economía; de Empleo y otras autoridades administrativas. De hecho, Schmit apareció ayer con dicho escrito en la citada reunión.

Arauz aclara que «se incumple Directiva 1999/70/CE, porque este Real Decreto-Ley y este Proyecto de Ley fijaban como sanción la convocatoria de procesos selectivos en forma de concursos-oposiciones y de concursos de méritos abiertos, en los que pueden participar quienes no son víctimas de un abuso y que, como dice el TJUE en su auto de 2 de junio de 2021, no garantizan a las víctimas de un abuso adquirir la condición de empleado público fijo».

Y, además, subraya que esta norma y este proyecto también infringen el principio de equivalencia, por cuanto que aplicando el Derecho interno, el artículo 87.5 Ley 40/2015 de 1 de octubre, en su relación dada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, permite que los trabajadores privados de empresas que se integran en el Sector Público, desarrollaran las funciones de los funcionarios públicos, con la condición a extinguir».

“Sin embargo, los trabajadores públicos seleccionados conforme a las normas de Derecho público, que trabajan en Administraciones Públicas, aplicando el Derecho de la Unión, no se les reconocía el mismo Derecho”, aclara este jurista.

En esa denuncia este jurista aclara que “en primer lugar, se requiere al al Reino de España a fin de que adapte el Proyecto de Ley a la Normativa comunitaria, en particular a la Directiva 1999/70/CE y a la doctrina del TJUE, y también a los compromisos asumidos con la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia».

«Mientras esté en vigor el Real Decreto-Ley 14/2021, se acuerde por las Autoridades europeas paralizar el desembolso de todos los fondos vinculados al Plan de Resiliencia hasta que el RDL 14/2021 no sea reformado».

Otro elemento que se reclama es que «igualmente, se paralice o suspenda el desembolso efectivo de fondos europeos vinculados a dicho Plan hasta que, por el Reino de España se garantice que la reforma legislativa en tramitación y, por tanto, el Proyecto de Ley que se haya en las Cortes Generales, se ajusta a la Directiva 1999/70/CE y que, su aplicación, no va a conllevar incremento del gasto público, cumpliendo el reino de España con el compromiso asumido en su Plan de Resiliencia».

LOS ERRORES DEL REAL DECRETO-LEY QUE AHORA SE TRAMITA

Este jurista recuerda que el proyecto de ley discrimina a los interinos “de tres a cinco años en fraude van a un concurso oposición y a partir de cinco años a un concurso de méritos abierto. Es un gran error. La sentencia del TJUE de 3 de junio sitúa al abuso en tres años”.

Al mismo tiempo, recuerda que “si la sanción al abuso pasa por convocar este tipo de procesos selectivos, mal vamos. El TJUE ha dejado claro que ningún concurso de méritos es una medida sancionadora. Otro incumplimiento».

Sobre las indemnizaciones, “solo están prevista para quienes no superen los procesos selectivos. No es una sanción para satisfacer el incumplimiento de la Directiva. Si fuera una sanción debería percibirla todas las víctimas de abuso, no solamente los que no la hubieran aprobado”.

Araúz también indica que el TJUE ha dicho que las indemnizaciones al tiempo del cese no son una medida sancionadora “esto permitiría a las autoridades nacionales seguir en el abuso hasta el cese. Si no se cesa se le mantiene en fraude a perpetuidad hasta su cese. Las indemnizaciones deberían darse en el momento en que se produce el abuso, con carácter inmediato”.

Este jurista también apunta que se vulnera el principio de proporcionalidad “el TJUE ha señalado que las indemnizaciones no pueden estar topadas. Aquí se habla de 20 días y 12 mensualidades”.

Y eso que no incluyen el resto de conceptos indemnizatorios: la no convocatoria de procesos selectivos genera un daño, a esa habría que añadir lucro cesante, daños morales más el daño recogido de la sentencia 7 de marzo del 2018 del TJUE donde se habla de indemnización por perdida de oportunidades. No es lo mismo cesar a un interino de 40 años que otro que tiene 55, que tiene pocas posibilidades de encontrar empleo.

“Nadie entiende que el Gobierno no opte por la estabilización de los interinos, una solución más lógica y menos complicada que este proyecto de ley”, señala este jurista. 

Enlace relacionado ConfiLegal.com (27/11/2021).




Fuente: Sasmadrid.org