April 4, 2021
De parte de SAS Madrid
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La nueva dirección asegura que González Jurado contrató a familiares sin que fuera a trabajar y pagó la carrera de una de ellas desde las cuentas del Consejo.

– El expresidente asegura que esta querella es una represalia por denunciar con anterioridad a la actual junta ante la Justicia.

Una factura de 8.114 euros por solo una semana de teléfono en pleno agosto, 27.566 euros en gastos de restauración supuestamente indebidos, mariscadas en Semana Santa y en pleno agosto, gastos un Duty Free de Tailandia y hasta 1.705 euros en pan para delgazar de la marca Pronokal que el presidente durante más de 30 años del Consejo General de Enfermería Máximo González Jurado y sus colaboradores cargaron presuntamente desde 2013 y hasta su salida en 2019 a las cuentas del organismo

La información de esta supuesta vida alegre a costa de la entidad de derecho público aparece en la querella presentada ante la Justicia por los actuales responsables del Consejo, que acusan a Máximo Gómez y a varios de sus presuntos colaboradores de causar un perjuicio hasta 20 millones de euros de la entidad profesional que controló durante tres décadas. El grueso de la denuncia -que se encuentra todavía a espera de admisión a trámite-  es el presunto pago a una empresa de informática cantidades millonarias por encima del precio de mercado. Algo que la defensa del anterior presidente mantiene que ha sido ya juzgado y archivado en otro procedimiento. De hecho, fuentes cercanas al expresidente mantienen que esta denuncia es solo la consecuencia de la presentada con anterioridad por sus abogados contra el actual presidente y otros miembros de su familia y su junta directiva, tramitada por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y está en fase de instrucción.

En cualquier caso, la investigación interna realizada por los nuevos gestores refleja la posible contratación de personas vinculadas de González con ingresos totales que rondaron los 300.000 euros sin que acudieran supuestamente a trabajar, algo que el expresidente niega, el presunto pago de la carrera en una universidad privada a la hija de esa misma persona (por un montante según la denuncia de 55.000 euros) o la supuesta compra sobre precio de la vivienda de una hija del presidente. Ahora tendrá que ser la Justicia quien decida si las pruebas presentadas son suficientes como para investigar en firme a González, que en un escrito presentado ya ha explicado que muchos de estos extremos han sido ya analizados y rechazados en otros procedimiento.

En el caso de la carrera universitaria abonada a un familiar, fuentes cercanas a González reconocen que era una práctica habitual de los miembros del Consejo contratar a familiares dentro de la entidad, y que todos los trabajadores tenían acceso a becas de estudio. “Como ejemplo, se abonó también un máster al hijo del actual presidente, impulsor de esta denuncia”, explican las mismas fuentes.

Gastos de representación

Para sustentar la denuncia y según ha podido confirmar NIUS, entre la documentación aportada al juzgado por los nuevos gestores del Consejo se anexan cientos de páginas pertenecientes a los extractos bancarios de las distintas tarjetas de crédito expedidas a nombre de Máximo González Jurado y de su hermano Julio. Así, en el año 2014, la visa cargada en las cuentas del Consejo refleja un gasto de 325 euros en el Corte Inglés de Marbella. Ese día es siete de agosto, vacaciones estivales. “Un presidente no tiene vacaciones”, explican desde la defensa de Máximo González, que enmarca la mayoría de estos gastos en cuestiones de representación del propio consejo. 

El 19 de ese mismo mes hay otro gasto de 548 euros anotado a Explotaciones Impala, la empresa que explota el famoso beach club Trocadero. “Eso fue un encuentro en Cádiz. una reunión de trabajo a la que acudieron presidentes de distintos colegios andaluces y también el actual presidente del Consejo”, explican las fuentes consultadas por NIUS. Al día siguiente, 28 de agosto, la misma tarjeta registra otro gasto de 236 euros en el restaurante El Ancla, de San Pedro de Alcántara, otro local a pie de playa con un restaurante especializado en “mariscos y platos mediterráneos”. Máximo González explica que también estaba trabajando ese día en labores del Consejo.

Ese mismo año y entre la compra de entradas en atrapalo.com o sendos pagos a la tienda de Apple que superan los 600 euros, figura el cargo a una empresa de zapatos Aralina en México por 101 euros. “Esta tarjeta no estaba a mi nombre si no que se utilizaba para gastos del Consejo como puedan ser las entradas para actos de representación. Y sobre el gasto en zapatos, yo uso unos ortopédicos que compro de esa marca y los compro en el extranjero. Eso son los gastos de aduanas que llegaron a mi nombre y pagó mi secretaria cuando yo estaba de viaje, y que ya he reembolsado”, aclara el anterior presidente.  

Mariscada en Sermana Santa y un duty free de Tailandia

Al año siguiente, 2015, hay gastos que parecen repetirse según la documentación aportada al juzgado, como una gran compra en agosto en El Corte Inglés de Marbella (810 euros) o la compra de unos zapatos por 315 euros con la leyenda “EEUU” el mismo día que figura un pago de 1.319 euros en la Apple Store. Sobre la compra en Marbella, la defensa de González explica que el presidente de uno de los colegios de enfermería, que veraneaba en la Costa del Sol, cumplía años siempre en esas fechas y todos los veranos se le hacía un regalo con cargo al Consejo. Sobre las compras en Apple, las mismas fuentes explican que se trata de gastos enmarcados en el funcionamiento del Consejo que se realizaban con esa tarjeta, y no consumos personales del expresidente.

2016 arranca supuestamente con tres compras en un Duty Free de Tailandia por cerca de mil euros (“Esto fue un viaje a un congreso”, explica la defensa del expresidente) o la factura en Semana Santa de 418 euros en la marisquería La Pesquera de Marbella, el restaurante Chinitas (185 euros)  o los 91 euros gastados en “Alimentación Gorki”, de Málaga. En este caso, los gastos corresponden según la misma fuente, a un viaje de representación que la dirección del Consejo hacía todos los años a la Semana Santa al ser el presidente hermano mayor de una de las hermandades.

En 2017, el año arranca según la documentación aportada a la querella, con una comida en plenas fiestas, el dos de enero, en el restaurante Duque de Segovia por 153 euros y una compra el día 3 de 299 euros en El Corte Inglés de Pozuelo. “Lo que sucedió ahí es que tanto Florentíno Pérez como yo nos fuimos de viaje de trabajo con nuestras esposas”, explica en presidente en relación a la factura y al principal impulsor de esta denuncia. 

Sobre las compras en supermercados, y entre ellas ocho en el Makro de Alcobendas, el anterior responsable del Consejo General de Enfermería explica que se deben a adquisiciones de alimentos y otros materiales para el comedor de la institución, y no para consumo personal de ninguno de los directivos. 

La documentación aportada para sustentar la querella, refleja además el pago de nueve facturas cargadas según el Consejo General de Enfermería a su filial Confunsalud, que corresponderían a la “dieta” de Máximo González Jurado y que son compras a la marca de dietética Pronokal. En este sentido, desde su defensa explican que el Consejo tenía especial atención a la dieta de todos los trabajadores, y que el presidente empleaba en la suya un pan especial de esta marca. “Pero no es un privilegio personal, se hacía igual con todos los trabajadores que llevaran una dieta específica”, matizan.  

Guerra abierta

La querella, a la que ha tenido acceso NIUS, llega en mitad de una guerra abierta por el control de la entidad colegial que se ha trasladado a los juzgados. Así, por un lado el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investiga el gasto de 365.226 euros en un viaje de lujo a Camboya y Vietnam autorizado por el actual presidente, Florentino Pérez Raya. El pretexto fue el Congreso Mundial de Enfermería, celebrado en Singapur. Solo una persona de toda la expedición acudió al evento. El resto se marchó a hacer turismo con cargo a las cuentas de la entidad de derecho público. Pérez Raya ha explicado públicamente que el dinero para ese viaje procedía de comisiones de los laboratorios por lo que el Consejo podía hacer uso de él a su antojo.

La batalla legal entre ambos bandos ha llegado a tal punto que mientras la nueva directiva controla el Consejo, Máximo González se mantiene todavía al frente de la fundación que es dueña del edificio donde se ubica la sede, un inmueble de 9,5 millones en el barrio de Aravaca. González dimitió del cargo en octubre de 2017 por “motivos personales”, justo cuando la Fiscalía de Madrid anunciaba la apertura de una investigación por presunta malversación frente a la cúpula directiva. Finalmente, los hechos quedaron archivados al considerar el ministerio público que estarían prescritos. 

En cualquier caso, Gómez Jurado salió del Consejo pero no de su fundación, de la que se nombró presidente vitalicio y de la que retomó el control tras la dimisión de uno de sus directivos. Ahora, la batalla ha llegado a tal punto de que el Consejo se niega a pagar las facturas del alquiler del inmueble mientras unos y otros (Máximo González y el que fuera su mano derecha, Florentino Pérez Raya) acaban en los tribunales. 

Enlace relacionado NiusDiario.es 03/04/2021.




Fuente: Sasmadrid.org