November 21, 2020
De parte de SAS Madrid
2,302 puntos de vista

La resoluci贸n establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad deber谩n prestar 鈥渆special atenci贸n a las categor铆as de personas especialmente vulnerables (los menores de edad, las embarazadas o personas de edad avanzada)鈥. M谩s de 80 organizaciones sociales exigen al Gobierno que 鈥減aralice鈥 esas pr谩cticas 鈥渕ientras se establezca una regulaci贸n normativa acorde a las exigencias de la sentencia del TC鈥.

El Tribunal Constitucional, en la resoluci贸n del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protecci贸n de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), m谩s conocida como Ley Mordaza, ha desautorizado el modelo de devoluciones en caliente que hasta el momento ven铆a ejecutando el Ministerio de Interior y defendiendo el Gobierno espa帽ol. Para llevarlas a cabo deber谩n cumplirse ciertas garant铆as que hasta ahora no se respetaban.

Seg煤n la nota informativa 107/2020 difundida por su oficina de prensa el r茅gimen de rechazo en frontera debe ser conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 鈥渉a de llevarse a cabo con las garant铆as que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por Espa帽a, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio espa帽ol. En todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad deber谩n prestar especial atenci贸n a las categor铆as de personas especialmente vulnerables (los menores de edad, las embarazadas o personas de edad avanzada)鈥.

En tal sentido, m谩s de 80 organizaciones sociales han comunicado que 鈥渁 la espera de que se haga p煤blico el contenido 铆ntegro de la resoluci贸n鈥, la nota 鈥減one de manifiesto que dicho Tribunal condiciona la constitucionalidad de la regulaci贸n legal del r茅gimen especial de rechazo en frontera en las vallas de Ceuta y Melilla鈥.

鈥淒esde luego hay que esperar a que se publique la sentencia y se pueda leer con tranquilidad para poder valorar su alcance y contenido, no se entiende por qu茅 no publican simult谩neamente una nota de prensa y la sentencia鈥, razon贸 la catedr谩tica de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Mart铆nez Escamilla.

No obstante, explic贸 que desde la informaci贸n difundida 鈥渆n modo alguno puede deducirse que el Tribunal Constitucional avale las devoluciones en caliente, como se ha podido escuchar o leer en algunos medios de comunicaci贸n鈥 y aclar贸 que 鈥渆s importante que no se llegue a estas conclusiones err贸neas porque a trav茅s de los medios de comunicaci贸n se est谩 creando opini贸n鈥.

鈥淒e la nota de prensa, repito, en modo alguno se deduce que el Tribunal Constitucional avale las devoluciones en caliente. Es m谩s, se deduce lo contrario, porque dice que se deben respetar los derechos que a la persona migrante y refugiada le reconozca la normativa internacional sobre derechos humanos y adem谩s se establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deber谩n atender a las personas que se encuentran en una situaci贸n de especial vulnerabilidad. Si a las personas que intentan acceder a territorio espa帽ol se las devuelve sin dejarles abrir la boca, es imposible que esas situaciones de especial vulnerabilidad puedan ser protegidas鈥, concluy贸.

Las organizaciones, atendiendo a que ninguna de esas garant铆as se est谩 respetando en los procedimientos actuales, exigen que 鈥渆l Gobierno paralice la pr谩ctica de las devoluciones mientras se establezca con la mayor celeridad posible una regulaci贸n normativa que garantice un procedimiento acorde a las exigencias de la sentencia del TC鈥.

La polic铆a no puede prohibir la difusi贸n de im谩genes

Otro de los puntos importantes de la resoluci贸n del Tribunal es que ha declarado 鈥渓a inconstitucionalidad y nulidad del inciso 鈥榥o autorizado鈥 del art. 36.23 de la Ley, que prev茅 como infracci贸n grave el uso no autorizado de im谩genes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad鈥.

Seg煤n se ha informado, la sentencia reconoce que 鈥渉ay censura previa proscrita por el art. 20.2 CE cuando la difusi贸n de las im谩genes o datos se sometan a un previo examen de su contenido por el poder p煤blico, de forma que aqu茅lla (la difusi贸n) solo se pueda realizar si 茅ste 鈥榦torga el placet鈥欌.

En consecuencia, 鈥渆l art. 36.23 dado que sujeta a la obtenci贸n de autorizaci贸n administrativa previa la actividad consistente en usar im谩genes o datos de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta contrario a la interdicci贸n de censura previa ex art. 20.2 CE鈥, concluye el Tribunal.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 20/11/2020.




Fuente: Sasmadrid.org