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El decreto del Gobierno no funciona: hay m谩s desahucios por alquiler que antes de la pandemia


June 10, 2021
De parte de Sindicato De Inquilinas De Gran Canaria
274 puntos de vista


Con este titular tan demoledor, elDiario.es publicaba la siguiente noticia:

De enero a marzo de 2021, el n煤mero de lanzamientos ejecutados por los juzgados ha aumentado en un 14% de media, y de forma dram谩tica en provincias de costa y altamente dependientes de hosteler铆a y turismo como Castell贸n (46%), Las Palmas (26%), Tenerife (42%), Baleares (35%), Murcia (25%) o Granada (80%)

El Gobierno no ha conseguido paralizar los lanzamientos arrendaticios a familias vulnerables. De acuerdo a los 煤ltimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2021 las actuaciones judiciales para expulsar a inquilinos han aumentado en 29 de 50 provincias, ya que de Ceuta y Melilla no hay datos disponibles. 7.862 lanzamientos, un 14% m谩s que el a帽o anterior. En algunos casos como en Almer铆a, con un aumento del 89% con respecto al mismo per铆odo de 2020, 脕vila (150%), Cuenca (450%), Granada (80%) o Guadalajara, con un 82% de desahucios m谩s, la subida alcanza la estratosfera. El Gobierno ha insistido durante estos meses en que, con el decreto extraordinario con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en vivienda, los desahucios estaban parados.

En zonas donde la econom铆a ha sufrido el fuerte impacto de la dependencia de la hosteler铆a y el turismo, con miles de personas que han pasado a estar desempleadas o afectadas por ERTE, la subida es igualmente alta: los lanzamientos en Castell贸n han aumentado un 46%, en Las Palmas un 26%, en Tenerife han subido hasta un 42%, en Baleares hasta el 35%, Murcia, un 25% o Granada casi los dobla, con un 80% de actuaciones judiciales m谩s que en 2020.

En octubre pasado, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jos茅 Luis 脕balos, responsable de la redacci贸n del la medida, manten铆a que , y confes贸 su sorpresa ante la evidencia de la realidad de una ejecuci贸n a una familia madrile帽a, de la que fue conocedor durante una rueda de prensa, a preguntas de los medios.

Quienes lo saben bien son las plataformas y sindicatos de vivienda, que durante meses han estado avisando de que las cifras no se reduc铆an y de que bancos, fondos de inversi贸n, inmobiliarias, grandes tenedores e incluso empresas p煤blicas de vivienda continuaban denunciando a familias vulnerables e intentando expulsarles de su casa, obviando el redactado del texto del decreto o col谩ndose por sus fisuras. El comienzo de a帽o est谩 siendo especialmente intenso. En Baleares, de acuerdo a la plataforma Stop Desahucios, han podido paralizar en el plazo de quince d铆as, de los 374 casos oficiales ejecutados desde el 1 de enero y hasta finales de marzo.

Jos茅 Cardona, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, valora los datos: 芦Son realmente alarmantes. Se confirma lo que dec铆amos hace un a帽o: el escudo social aprobado por el gobierno de PSOE y Unidad Podemos es insuficiente禄. En la ma帽ana de ayer lunes, este sindicato denunci贸 el intento de desalojo de Caixabank, Coral Homes y Building Center en una urbanizaci贸n en el municipio de Galdas. Setenta familias que fueron supuestamente enga帽adas por un promotor que en enero les pidi贸 una fianza y tras cobrarla, se esfum贸. 芦Estamos hablando de 70 casos, es una macroestafa inmobiliaria禄, afirma Cardona. 芦Es una crisis humanitaria que se agravar谩 en septiembre, cuando acabe el espectro de actuaci贸n del real decreto禄, concluye.

En diciembre, el Gobierno modific贸 el texto inicial de marzo para que se contemplara la vulnerabilidad econ贸mica previa al estallido del coronavirus y poder as铆 acogerse al mismo, y evitar el desahucio si la pobreza hab铆a entrado en la vivienda antes de marzo de 2020. Tampoco sirvi贸: desde el 1 de enero y hasta el 7 de junio, estas entidades vecinales que asesoran y acompa帽an en procesos de lanzamiento han actuado en decenas de ellos.

El prototipo de los desahuciados es de claro perfil femenino, de familia monomarental y migrante. Durante el Estado de Alarma ha dado tiempo a que a algunas familias se les haya intentado expulsar de su vivienda dos o tres veces, seg煤n las plataformas en defensa de la vivienda.

En algunos casos hay negativas a renovar alquileres, en las que la propiedad ha decidido denunciar y tratar de desahuciar: por ejemplo, Quim, Laura y su hijo en la calle Rabassa, de Barcelona. Seg煤n esta familia, Caixabank no quiere renovarles el alquiler. O Dolores, que lleva 42 a帽os pagando religiosamente la cuota en su vivienda de Carabanchel, en Madrid, pero asegura que la propiedad particular no le contesta al tel茅fono para continuar con el contrato de arrendamiento.

Mientras, en el municipio de Alajer贸, en La Gomera, varias familias con cinco menores que llevan d茅cadas en cuatro casas terreras de alquiler han recibido la notificaci贸n de la propiedad, un empresario privado, para que las abandonen porque quiere usarlas para alquiler vacacional.  Y en la calle Egia n煤mero 22 de Donostia, es la Sociedad de Gesti贸n Activos procedentes de la Reestructuraci贸n Bancaria, la SAREB, y Haya Reale Estate, la gestora encargada de los alquileres, el Sindicato de Inquilinas de San Sebasti谩n explica que doce vecinos de cinco viviendas eran amenazados con la salida de las viviendas a medida que terminasen los contratos actuales, entre ellas una mujer sola de 87 a帽os. El Sindicato de Inquilinas y la asamblea vecinal constituida en su defensa consigui贸 que el ayuntamiento mediase para encontrar una soluci贸n.

Otros ejemplos que recogen asociaciones de inquilinos son el de Juan en Arganda del Rey, viudo y jubilado de 64 a帽os con problemas m茅dicos, que vive con su hijo de 46 a帽os y sus nietos de 5, 9, 17 y 19 a帽os en un piso de alquiler de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad De Madrid, entidad p煤blica que ha interpuesto una demanda de desahucio contra 茅l. Lleva viviendo en ella 33 a帽os. La adjudicataria del piso p煤blico era su mujer. Falleci贸 en 2016 y 茅l no subrog贸 el contrato.  En Barcelona, en el distrito de Horta-Guinard贸, Radouane y Houda y sus tres hijos llevan 7 a帽os viviendo en el piso propiedad de Isern, una empresa de asesor铆a que compr贸 todo el edificio, y que ahora los quiere echar. Los dos trabajan, Radouane haciendo tareas de mantenimiento en edificios y Houda cuidando de personas mayores. No se pueden permitir las subidas que la propiedad les ha ido imponiendo a lo largo de las diferentes pr贸rrogas. Han estado pagando veintid贸s meses el alquiler sin contrato y negociando la renovaci贸n, con la ayuda de las plataformas.

Cada una de estas familias ha recibido, al menos, una carta con una notificaci贸n de desahucio, durante la actual pandemia, que no les ha evitado el miedo, la angustia y la incertidumbre que provoca el proceso de quedarse sin casa.

Una yincana de obst谩culos para las familias vulnerables

El de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad, es un amparo judicial que los afectados deben solicitar mediante recursos, no una medida de oficio que paralice las expulsiones hasta el nueve de agosto, fecha de su 煤ltima ampliaci贸n. Los procesos de denuncia y las citas con las comisiones judiciales en domicilios no han parado con la pandemia. Los due帽os de los inmuebles no han dejado de denunciar. Desde abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de este a帽o, han sido enviadas 22.111 notificaciones desde los juzgados de primera instancia en las que se avisaba a particulares de la fecha del pr贸ximo desahucio.

Junto a la paralizaci贸n de los desahucios por impago de alquiler para familias vulnerables, el Gobierno dictamin贸 tambi茅n pocas semanas tras la declaraci贸n del estado de alarma, como parte del llamado 芦escudo social禄, la garant铆a de suministros b谩sicos: agua, luz, gas. Este amparo se articul贸 de una forma mucho m谩s sencilla: el consumidor puede emplear cualquier medio documental, por ejemplo un recibo que acredite el domicilio, para poder acogerse. Sin embargo, la protecci贸n de las familias vulnerables en materia de vivienda obliga a recorrer una yincana de obst谩culos en los juzgados.

El equipo de 脕balos defiende el procedimiento. 芦El juez debe determinar si se acreditan los criterios de vulnerabilidad en base a la documentaci贸n aportada y el informe de los servicios sociales禄, asegura a trav茅s de una fuente oficial. 芦Deben garantizarse la seguridad jur铆dica y la salvaguarda de todos los derechos afectados禄 , rubrican. Sobre por qu茅 no se estipul贸 un sistema similar al de la garant铆a de suministros desde el gobierno, aseguran que 芦son procesos diferentes禄 en el contexto de vivienda, que precisan de la judicatura.

Para poder acogerse al decreto, en cada paso las familias deben asumir la terminolog铆a judicial y apelar o rogar el amparo de las instituciones. 芦La indefensi贸n de las familias es total禄, se帽ala Mar铆a, de la Obra Social de Tetu谩n, en Madrid.  芦Hay abogados de oficio que no saben que existe un decreto extraordinario en pandemia, se lo tenemos que decir nosotros禄. Ana, desde la Asamblea Stop Desahucios de Latina, puntualiza que 芦hay veces que hay que decirles a los abogados: oye, que aqu铆 cabe un recurso por cl谩usulas abusivas, presenta uno, aunque sea el 704禄 . Este art铆culo de la Ley de Enjuiciamiento Civil consigue, si es aceptado, retrasar el lanzamiento un mes m谩s, lo que les da a las familias un respiro para poder seguir buscando una alternativa habitacional. Un movimiento de liturgia jur铆dica  in extremis, que queda lejos de ser una soluci贸n.

Sentencias dispares con casos similares

La disparidad de criterios sobre la vulnerabilidad en las sentencias judiciales ante situaciones similares sorprende. Seg煤n el juzgado donde toque, el decreto tiene m谩s o menos efecto. As铆, un juzgado de Madrid consider贸 que Elisabeth Mu帽oz, con dos hijos menores de edad y un Ingreso M铆nimo Vital (IMV) de 500 euros, m谩s una pensi贸n de 150 euros del padre de los ni帽os, no era suficientemente vulnerable. El 12 de mayo tuvo que dejar, junto a los dos menores, el piso p煤blico propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en el barrio de Lavapi茅s que ocupaba desde 2013. Ocho d铆as despu茅s, de la vivienda de M谩laga que ella y su familia llevaban habitando m谩s de tres a帽os, a pesar de cumplir con todos los requisitos que establece el decreto: no tener alternativa habitacional, que el due帽o del inmueble sea un gran tenedor, en este caso, el Banco Santander, y no disponer de ingresos suficientes para acceder al mercado del alquiler.

Ruth y Jos茅 tuvieron m谩s suerte. A principios de febrero un juez decidi贸 aplicar el decreto y paralizar la expulsi贸n. Tras perder el piso en propiedad en Zaragoza por impago de hipoteca en 2018, la familia consigui贸 el compromiso de Ibercaja de acceder a un alquiler social, que nunca lleg贸. En plena pandemia, la entidad inici贸 proceso de desahucio y puso en venta el piso. En este caso, el decreto ha servido para conseguir un aplazamiento, ordenado por el juez.

Otro caso en el que los tribunales dictaminaron la paralizaci贸n del lanzamiento es el de Pilar, del barrio madrile帽o de Hortaleza. Joven de 26 a帽os, con dos hijos de ocho y seis a帽os, el mayor con discapacidad, y a punto de dar a luz de nuevo. Vive desde hace 2013, sin contrato, en una de las viviendas en remodelaci贸n de la UVA de Hortaleza, propiedad de AVS, de la Comunidad de Madrid. Ha sentido en primera persona la estigmatizaci贸n de quien no paga alquiler. Seg煤n relata, inspectores de la empresa regional le llegaron a decir que tendr铆a que haber ocupado un piso nuevo, que entonces habr铆an regularizado su situaci贸n, pero como el edificio se iba a derruir, seguir谩n con el desahucio. 芦Yo les pregunt茅 que qu茅 tipo de persona cre铆an que soy, que yo no iba por ah铆 entrando a patadas en pisos禄. Su marido cobra alrededor de 900 euros al mes, en una empresa de limpieza de San Sebasti谩n de los Reyes. 芦Hemos mirado fuera de la ciudad, en los pueblos cercanos de su empleo, y lo que nos piden es inasumible禄. Tres meses de adelanto, m谩s mes de fianza, m谩s honorarios de agencia. Sumas de dinero que no son imaginables en su familia.

Finalmente, el juzgado s铆 dictamin贸 vulnerabilidad econ贸mica, y que la AVS deber铆a ofrecerle alternativa habitacional en tres meses. La Comunidad se dirigi贸 a los servicios sociales municipales de Hortaleza, que alegaron no tener competencias en vivienda m谩s all谩 de albergues de emergencia. Las autoridades institucionales con competencias en vivienda son las Comunidades Aut贸nomas. 芦Y tal cual, desde la AVS rellenaron un informe y presentaron ese recurso al juzgado, que les ha dicho que eso no es lo que dictamin贸, y que les da tres meses  para ofrecernos una vivienda digna o archiva el caso禄, relata.

Desde la Consejer铆a de la Vivienda de la Comunidad, refieren que 芦es nuestra obligaci贸n recuperar esas viviendas ilegalmente ocupadas para poder ser entregadas a familias vulnerables que las esperan禄. La regi贸n ha denunciado a doce familias en los  煤ltimos meses, seg煤n lo documentado por las plataformas. La misma Comunidad que vendi贸 en 2013 a un fondo de inversi贸n, operaci贸n que ha sido declarada ilegal.  En 2019, la Comunidad dispon铆a de un parque de 20.693 viviendas, todas ellas en r茅gimen de alquiler, una por cada 322 habitantes, que ser铆an 282 de recomprar tal y como dice la sentencia del Tribunal Supremo los pisos vendidos a Goldman Sachs y ubicados en once municipios.

En Telde, municipio de Gran Canaria, el 12 de marzo el decreto antidesahucios y un informe de servicios sociales evit贸 que una madre soltera con dos hijos tuviera que abandonar el piso del Instituto Canario de la vivienda en el que entr贸 en 2018, tras la muerte de la inquilina que pagaba la renta. La jueza del caso paraliz贸 el proceso a finales de abril, a la espera de que llegue el informe de los servicios sociales que acredite su vulnerabilidad. Tambi茅n en Barcelona, un juzgado paraliz贸 la semana pasada, d铆a 4 de junio, el lanzamiento de una familia con menores en la calle Sequ铆a de la capital catalana, propiedad de la empresa p煤blica de vivienda de la Generalitat de Catalunya.

La Comunidad de Arag贸n es una de las tres autonom铆as, junto con Galicia y Euskadi, en que se ha reducido el n煤mero de lanzamientos este trimestre. 芦Nosotros podemos considerar que el juzgado ha hecho su parte禄, explicar Ricardo Arnedo desde el Sindicato de Inquilinos de Zaragoza, tras comentar que la mayor铆a de sus casos s铆 han encontrado la cobertura del decreto en las sentencias.

Aunque mantiene una queja: 芦El decreto iba m谩s all谩. En el texto se obliga a las administraciones a aportar las medidas necesarias que condujeran a asegurar una vivienda digna a las familias a las que se les reconoce vulnerabilidad econ贸mica. Han tenido todos estos meses en que en ning煤n caso se est谩 haciendo este trabajo禄.

Arnedo apunta que no es aceptable la excusa de que no hay viviendas p煤blicas en el gobierno de Arag贸n, 芦porque el decreto no dice que tengan que ser parque p煤blico, sino que se usen recursos de la manera m谩s adecuada para asegurarles el acceso a una vivienda digna禄. En este caso, Arag贸n tiene 762 viviendas p煤blicas regionales, una por cada 1.713 habitantes, de acuerdo al del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En el redactado del decreto se insta a las CCAA a desarrollar las ayudas a las v铆ctimas de violencia de g茅nero, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La media de la Uni贸n Europea es de 4 viviendas sociales por cada 100 habitantes, seg煤n el mismo Observatorio, mientras que Espa帽a es de una vivienda por cada 100 habitantes, en el puesto 17 de la lista. El ranking lo encabezan Pa铆ses Bajos, con m谩s de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes, seguido de Austria, con un 10% de vivienda social, Dinamarca (9,5%), Suecia (8%) y Francia, que se queda por debajo 7,5%.



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Fuente: Sindicatodeinquilinasgc.noblogs.org
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