November 13, 2021
De parte de ANRed
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Foto: Antonio Lacerda

Los delitos medio ambientales son el tercer delito m谩s lucrativo del mundo, por detr谩s del narcotr谩fico y el contrabando, sobre todo por el tr谩fico ilegal de especies y los delitos forestales. Voces de todo el mundo abogan por la regulaci贸n del delito de ecocidio y su inclusi贸n como delito contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que regula las competencias de la Corte Penal Internacional. Por Pilar Rodr铆guez Su谩rez. 


En el a帽o 2010, la abogada ambientalista escocesa Polly Higgins encabez贸 el proyecto que se present贸 en la Comisi贸n de Derecho Internacional de la ONU (CDI) que propon铆a la regulaci贸n del delito de ecocidio y su inclusi贸n como quinto delito contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que regula las competencias de la Corte Penal Internacional. No era una novedad que se plantease su incursi贸n en el Estatuto de Roma. Cuando este se aprob贸 en 1998, ya se sugiri贸 esta posibilidad. Sin embargo, se rechaz贸 al considerarse que era demasiado prematura su regulaci贸n.

Tampoco era la primera vez que se pretend铆a regular este delito. De hecho, ya hab铆a pa铆ses que lo ten铆an incluido en sus ordenamientos. Fue Vietnam el primer pa铆s en regularlo tras los efectos devastadores que tuvo el uso del agente naranja por parte del ej茅rcito americano.

En la 煤ltima d茅cada, se han intensificado los debates sobre la necesidad de regular el delito de ecocidio, que abarca los da帽os medioambientales m谩s graves que se pueden producir hasta el punto que, aunque sucedan en el territorio de un 煤nico Estado, sus efectos son tan destructivos que se considera que la v铆ctima es la totalidad de la humanidad.

Estos debates son cada vez m谩s frecuentes, pero a煤n no se incluyen en las agendas oficiales de las grandes cumbres medioambientales, sino que, de momento, se desarrollan en actividades paralelas organizadas por grupos ecologistas o por expertos en derecho medio ambiental. Sin embargo, las propuestas de regulaci贸n del delito de ecocidio ya est谩n entrando, tambi茅n, t铆midamente, en los parlamentos de Estados de todo el mundo: Francia, B茅lgica, Chile, Estado espa帽ol, M茅xico, etc鈥 Y es que tenemos motivos m谩s que justificados para que nos preocupe que, a d铆a de hoy, sean enormes las dificultades para poder responsabilizar a las personas f铆sicas y/o jur铆dicas (corporaciones) sobre da帽os ambientales transnacionales e internacionales.

A煤n son excepcionales los casos en los que un da帽o ambiental grave tiene una sentencia condenatoria y se puede ejecutar la sanci贸n. Solo hay que ver las enormes dificultades que un caso como el de los vertidos de Chevron en Ecuador est谩 teniendo para que la multinacional asuma los efectos de la sentencia que le condena.

驴Qu茅 nos falta para poder reclamar responsabilidades sobre estos ecocr铆menes? Pues nos falta pr谩cticamente todo. A nivel internacional, carecemos de un c贸digo de derecho penal y como consecuencia de la regulaci贸n de los delitos medioambientales. Tampoco existe un Tribunal internacional con competencias para juzgar los delitos medioambientales. Y nos falta, tambi茅n, una regulaci贸n que permita atribuir responsabilidades penales a las corporaciones.

El derecho internacional es una suma de tratados que le dan fama de caos normativo, en la que unos Estados son parte de unos tratados y de otros no, por lo que no se les puede pedir responsabilidades de los que no sean parte鈥 Esto permite que se desarrolle el dumping normativo, es decir, que las empresas opten por desarrollar sus actividades con mayores riesgos ambientales en los Estados en los que las regulaciones normativas son menos exigentes, o en las que sea m谩s f谩cil la corrupci贸n de las administraciones p煤blicas que le otorgan las licencias. Por eso, la regulaci贸n del delito de ecocidio debe ser un pacto universal para que sea eficaz.

Sin embargo, de nuevo, las expectativas son escasas. Si se plantea como quinto competencia delito de la Corte Penal Internacional (CPI), debemos recordar que muchos de los Estados m谩s contaminantes como EE UU, China o Rusia no forman parte y, adem谩s, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, de la que s铆 forman parte estos Estados, pueden vetar investigaciones de la Fiscal铆a de la Corte Penal Internacional.

Por otro lado, la CPI no prev茅 que se pueda juzgar a corporaciones, y se le achaca un sesgo postcolonial porque en los m谩s de 20 a帽os de funcionamiento, la mayor铆a de acusados y condenados son de origen africano. Todas estas circunstancias hacen que, desde algunas voces doctrinales, se plantee que ser铆a m谩s eficaz la creaci贸n de un Tribunal Internacional del Medio Ambiente para juzgar los delitos medio ambientales internacionales, incluido del delito de ecocidio. De hecho, ya existen m谩s de 350 tribunales ambientales en el mundo entre 50 Estados, con excelentes resultados muchos de ellos. Sin embargo, la controversia es m谩s amplia que el propio 谩mbito jur铆dico.

Si nos remitimos a los hechos, los delitos medio ambientales son el tercer delito m谩s lucrativo del mundo, por detr谩s del narcotr谩fico y el contrabando, sobre todo por el tr谩fico ilegal de especies y los delitos forestales. En la comisi贸n de estos ecocr铆menes se entrelazan actividades legales y autorizadas por las administraciones de los Estados, junto con actos ilegales de grupos criminales y el desarrollo econ贸mico de corporaciones internacionales que act煤an bajo la apariencia de legalidad y que nutren los mercados internacionales de sus productos.

Estas circunstancias dificultan la trazabilidad de la responsabilidad de los da帽os ambientales. Es, a su vez, el punto m谩s controvertido del derecho penal medioambiental, sea internacional o no. Y es que, a pesar, la importancia m茅dica se centra en las grandes cat谩strofes medioambientales, como afirma Ian Urbina, en su magn铆fico trabajo, Oc茅anos sin Ley: 鈥淔rente a la atenci贸n que despiertan los vertidos de petr贸leo de este tipo, lo cierto es que se arroja mucho m谩s combustible al agua a prop贸sito鈥.

Esta es la verdadera paradoja, que, frente a la voluntad de regular un nuevo delito contra la humanidad, hay comportamientos que, de manera fragmentada y a lo largo del tiempo, producen m谩s da帽os ambientales que los accidentes. Esta destrucci贸n cotidiana est谩 autorizada por los Estados, bajo el amparo de la evaluaci贸n entre el beneficio econ贸mico obtenido y el coste medio ambiental que genera. Por lo tanto, el debate sobre la regulaci贸n del delito de ecocidio debe ser m谩s profundo y amplio para que sea eficaz, pero no solo desde una 贸ptica pol铆tico-moral, sino desde un posicionamiento que reconozca el v铆nculo que existe entre la protecci贸n del medio ambiente y el sistema econ贸mico, que permita superar el concepto de desarrollo sostenible, y se avance en la justicia ambiental y en la sostenibilidad ecol贸gica, dot谩ndonos de las herramientas necesarias para responsabilizar a qui茅n destruye el medio ambiente.

Sin embargo, el camino no es f谩cil, en junio de este a帽o se present贸 por parte de un panel de expertos compuesto por doce abogados internacionalistas una propuesta de regulaci贸n del delito de ecocidio que no preve铆a la posibilidad de atribuir responsabilidades penales a las empresas. Cuando se les pregunt贸 el por qu茅 de esta ausencia, la respuesta fue clara: no quer铆an asustar a los Estados.

Fuente: El Salto





Fuente: Anred.org