March 27, 2021
De parte de Nodo50
32 puntos de vista

En febrero de 2021, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunia Mijatovic, dirigi贸 una carta a las autoridades espa帽olas mostrando su preocupaci贸n por las amenazas a la libertad de expresi贸n en Espa帽a e inst谩ndolas a modificar varios art铆culos del C贸digo Penal. Lo m谩s llamativo de esa misiva es que, en esencia, justificaba su petici贸n en que se trata de preceptos redactados de forma ambigua que muchos jueces espa帽oles interpretan de manera contraria a los est谩ndares internacionales en materia de libertad de expresi贸n. De esta manera, ven铆a a se帽alar directamente al poder judicial como responsable del recorte de derechos y el progresivo alejamiento de nuestro pa铆s de los est谩ndares democr谩ticos vigentes en Europa.

驴Qu茅 hay de cierto en esta reflexi贸n? 驴Merecen realmente nuestros jueces este desprestigio internacional?

Una radiograf铆a del poder judicial espa帽ol muestra a unos jueces y magistrados generalmente muy bien formados en cuestiones t茅cnicas salvo 鈥搎uiz谩s鈥 en lo relativo a los derechos fundamentales. Tambi茅n presentan un sesgo ideol贸gico pronunciadamente conservador y, a pesar de su preocupaci贸n por la independencia de los pol铆ticos, unas m谩s que evidentes carencias en materia de neutralidad. Son buenos juristas pero quiz谩s no siempre sean buenos jueces.

En cuanto a la formaci贸n, la pr谩ctica totalidad de nuestros magistrados y magistradas defiende el actual modelo de oposiciones y se cierra en banda ante cualquier cambio. Lo cierto es que el sistema garantiza, sin duda, la transparencia y objetividad en la selecci贸n de nuevos jueces y juezas. Sin embargo, el tipo actual de oposiciones parece haberse quedado obsoleto para los desaf铆os de la sociedad. Descansa en habilidades memor铆sticas y a menudo funciona como selector social: no todo el mundo puede dedicar varios a帽os a unos estudios intensos que dif铆cilmente pueden compatibilizarse con un trabajo, pagando adem谩s mensualmente (a menudo en negro) a un preparador. Ciertamente, hay candidatos de extracci贸n humilde que consiguen acceder, pero son casos excepcionales.

El tipo actual de oposiciones descansa en habilidades memor铆sticas y a menudo funciona como selector social

Las asociaciones judiciales vienen reclamando, con raz贸n, que se cree un sistema p煤blico de becas. Sin embargo esto no basta. Aunque se mantenga el sistema de oposiciones transparentes y objetivas deben introducirse en ellas mejoras: exigir unos a帽os de pr谩ctica como abogado antes de acceder a la carrera judicial permitir铆a a los futuros magistrados desarrollar el conocimiento y la empat铆a con el resto de operadores jur铆dicos y la ciudadan铆a. Incluir en el examen el control de habilidades sociales y 茅ticas de los candidatos, as铆 como su capacidad de investigaci贸n y argumentaci贸n propia 鈥搎uitando protagonismo a la repetici贸n memor铆stica de contenidos鈥 tambi茅n contribuir铆a a mejorar el modelo de jueces que necesita la sociedad espa帽ola.

Al mismo tiempo, en los 煤ltimos a帽os parece que nuestra judicatura se muestra casi un谩nimemente beligerante con la elecci贸n pol铆tica de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Conforme a la ley espa帽ola, todos los consejeros son elegidos por el Parlamento en un procedimiento que exige el consenso de los principales partidos. Frente a ello, la tendencia europea es que el 贸rgano de gobierno de los jueces venga elegido mayoritariamente por ellos mismos.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial en Espa帽a no es solo el 贸rgano de gobierno de la judicatura. Tambi茅n es, sobre todo, el encargado de elegir a la c煤pula judicial; sobre todo elige discrecionalmente a los magistrados del Tribunal Supremo que son nombrados de forma vitalicia.

En efecto, pese al mito de la buena formaci贸n de nuestro poder judicial, en Espa帽a no se llega a juez del Supremo por oposici贸n, ni por m茅ritos, ni por antig眉edad. No hay un baremo objetivo y cerrado, sino que los nombramientos son el resultado de componendas en el 贸rgano en cuesti贸n. Por eso, la pelea por el control del Consejo General no tiene que ver tanto con un deseo de nuestra judicatura de gobernarse por s铆 mismos como con una batalla por qui茅n mete a su gente en el m谩ximo 贸rgano judicial del pa铆s.

Los ataques al actual modo de elecci贸n pol铆tica se presentan como una reivindicaci贸n de la independencia judicial, pero a menudo esconden el ansia de asociaciones y grupos judiciales por colocar a los suyos y crear redes de intercambio de favores. Como muestra basta echar un vistazo a la indignaci贸n que entre los l铆deres de opini贸n judiciales ha creado una propuesta muy razonable del Gobierno: que cuando el Consejo General del Poder Judicial est茅 en funciones, porque haya cambiado la mayor铆a pol铆tica y el partido perdedor bloquee la reelecci贸n para mantener ileg铆timamente el control de la instituci贸n, no pueda hacer nombramientos. Parece que a la mayor铆a de nuestros jueces no les preocupa que el Consejo est茅 politizado a la hora de establecer sus condiciones laborales y vigilar su disciplina; les preocupa no poder colocarse ellos, o sus amigos, en el Tribunal Supremo.

La soluci贸n para pacificar el asunto del Consejo General del Poder Judicial pasa por quitarle el poder de nombrar a dedo a los jueces del Tribunal Supremo

As铆, la soluci贸n para pacificar el asunto del Consejo General del Poder Judicial pasa por quitarle el poder de nombrar a dedo a los jueces del Tribunal Supremo. Pero entretanto, puesto que la Constituci贸n y la ley han querido que esos nombramientos discrecionales tengan legitimidad democr谩tica, resulta inaceptable que el 贸rgano no se renueve cuando cambia la mayor铆a pol铆tica. Sobre eso no se oyen quejas entre la magistratura y es leg铆timo empezar a pensar que una judicatura entre cuyas filas dominan posiciones cercanas a la derecha 鈥揳 menudo extrema鈥 prefiera que siga siendo el Partido Popular el que decida sobre sus nombramientos. Aunque ello suponga vulnerar la Constituci贸n.

Es frecuente leer a nuestros jueces, convertidos ahora en prol铆ficos opinadores sociales gracias a twitter, negando este sesgo conservador de la carrera. Sin embargo, los datos son tozudos: la (casi) ultraderechista Asociaci贸n Profesional de la Magistratura arrasa en afiliaci贸n y obtiene mayor铆a absoluta en todas las elecciones judiciales. Le siguen asociaciones de perfil profesional centroderechista a cuyos miembros no es raro leerles declaraciones antidemocr谩ticas. El antiguo portavoz de una de estas asociaciones 鈥榤oderadas鈥 defend铆a hace poco en p煤blico la vuelta al sufragio pasivo censitario. Sin inmutarse y con el apoyo de la mayor铆a de sus afiliados. En fin, independientemente de c贸mo se califiquen a s铆 mismos los jueces y juezas espa帽oles lo cierto es que votan masivamente a asociaciones de derecha radical y hacen continuamente declaraciones p煤blicas conservadoras: las cuentas judiciales de twitter lo mismo niegan la violencia de g茅nero que atacan el derecho al aborto. Los insultos graves a los dirigentes de Unidas Podemos son intr铆nsecos a cualquier chat judicial que se precie.

Sin embargo, incluso con este panorama de profundo sesgo ideol贸gico y deficiencias en la formaci贸n como jueces, podr铆a resultar que los jueces espa帽oles en sus sentencias fueran escrupulosamente neutrales pol铆tica e ideol贸gicamente. Much铆simos lo son. Pero otros no.

La ofensiva judicial contra los l铆deres del proceso independentista catal谩n hizo saltar las alarmas a este respecto en muchos de los observadores internacionales. Se utiliz贸 la prisi贸n provisional de manera ideol贸gica y contraria a la Constituci贸n; se interfiri贸 en los resultados electorales y hasta en los debates de investidura del Parlamento catal谩n; se inventaron o redefinieron tipos legales para poder encarcelar a l铆deres sociales y, en general, se obviaron los derechos fundamentales de los encausados en aras de defender desde los tribunales la unidad de Espa帽a.

En momentos de polarizaci贸n pol铆tica como el actual, el sesgo ideol贸gico se est谩 extendiendo por toda la carrera judicial y aparece en decisiones de cualquier instancia. Un juez de M谩laga invoca el dogma de la inmaculada concepci贸n para encarcelar a quien canta que la virgen Mar铆a tambi茅n abortar铆a mientras otro de Madrid mantiene encausado durante a帽os a un famoso actor por cagarse en Dios. Hay jueces en Catalu帽a que castigan por delito de odio a un payaso que se hizo una foto haci茅ndole burla a un guardia civil. Otros persiguen a una tuitera adolescente por hacer chistes sobre el fascista de Carrero Blanco. A una dirigente pol铆tica andaluza la han condenado utilizando la legislaci贸n franquista por decir que los ministros de Franco consintieron los asesinatos pol铆ticos decididos por este. Se inician actuaciones contra quien se alegra de la muerte de un torero y hasta el Tribunal Constitucional condena a un sindicalista que trabajaba en un cuartel y se quej贸 de que los militares prestaran m谩s atenci贸n a la puta bandera que a sus derechos laborales. En todos estos casos (y hay much铆simos m谩s) se condena siempre a quienes con su discurso desaf铆an a la monarqu铆a, las fuerzas de seguridad, la iglesia cat贸lica o los dirigentes franquistas. Apenas hay condenas equivalentes contra personas del otro espectro ideol贸gico. El sesgo pol铆tico de gran parte de la judicatura, y su sensaci贸n de impunidad al dictar sentencias ideol贸gicas, solo la lleva a silenciar a quienes ponen en cuesti贸n el orden establecido y tradicional. Poco les importa que con ello los derechos fundamentales a expresarse, a manifestarse, a la cr铆tica pol铆tica, a la participaci贸n democr谩tica鈥 est茅n qued谩ndose sin espacio.

Ya no son casos aislados, sino que es una tendencia. Tan evidente, que se aprecia incluso desde el Consejo de Europa y que tiene dif铆cil soluci贸n; cuando los encargados de resolver las disputas de manera imparcial y de garantizar el Estado de Derecho fallan, la cosa tiene mal arreglo. Frente a ello cabe reformar el sistema de acceso a la judicatura, fomentar la formaci贸n en materia de derechos fundamentales y utilizar el margen que ofrece la Constituci贸n para revertir la tendencia. Pero ha de hacerse sin afectar a la independencia del poder judicial.

Todo esto no basta. Es urgente animar a los muchos jueces y juezas serios y responsables para que se atrevan a poner en evidencia los excesos de sus compa帽eros. Es algo complicado en un colectivo peque帽o, corporativista y donde el control social interno es muy fuerte. Sin embargo, solo si los jueces dem贸cratas dan un paso al frente reivindicando el ejercicio ideol贸gicamente neutral de la funci贸n jurisdiccional y se帽alando los abusos, podemos empezar a afrontar la situaci贸n. Estamos en sus manos y lo que est谩 en juego es, nada menos, que la propia noci贸n de Estado de Derecho.




Fuente: Ctxt.es