January 16, 2021
De parte de La Haine
2,708 puntos de vista

En abril pasado Haaretz public贸 una declaraci贸n en la que advert铆a al gobierno israel铆 que no se anexionara formalmente sus colonias en la ocupada Cisjordania. Las encuestas de opini贸n mostraban que al p煤blico no le importaba mucho la cuesti贸n, sin embargo, las 茅lites pol铆ticas lo debat铆an ferozmente. Tanto los defensores como los opositores de la anexi贸n afirmaban que el futuro de Israel y el sionismo estaba en juego. La declaraci贸n sosten铆a que 鈥渓a anexi贸n implicar铆a un golpe mortal a las posibilidades de la paz y supondr铆a el establecimiento de un Estado de apartheid鈥濃.

Estaba firmada por 56 exmiembros de la Knesset, entre ellos exministros del Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas y m谩s de una docena de otros departamentos, as铆 como exembajadores, generales del ej茅rcito israel铆, presidentes de partidos pol铆ticos, un jefe de la semigubernamental Jewish Agency for Israel, un exportavoz de la Knesset y un ganador del Israel Prize. Entre los firmantes figuraban no solo miembros de facciones de izquierda israel铆es, sino dos docenas de partidos de centro y centro-izquierda e incluso un exministro de Justicia, Meir Sheetrit, del derechista Partido Likud.

A la semana siguiente los dos partidos m谩s grandes de la Knesset -el Likud y el centrista Azul y Blanco, que en conjunto ten铆an mayor铆a parlamentaria- firmaron un acuerdo para formar un gobierno de coalici贸n que podr铆a aplicar la soberan铆a israel铆 a zonas de Cisjordania pero no antes del 1 de julio, una vez que Israel y EEUU hubieran concluido los mapas de anexi贸n. Estos mapas, versiones detalladas de los del 鈥減lan de paz鈥 de Donald Trump, ped铆an que Israel se anexionara el 30% de Cisjordania, dejando a los palestinos una especie de 鈥淓stado鈥 formado por varios cantones no contiguos rodeados por completo de territorio israel铆. El plan Trump tambi茅n propon铆a rescindir la ciudadan铆a de alrededor de un cuarto de mill贸n de palestinos ciudadanos de Israel mediante la transferencia de diez ciudades israel铆es a la jurisdicci贸n del futuro Estado palestino. Al finalizar esa semana el Partido Laborista de Israel, el creador de la empresa de colonias, decidi贸 unirse al nuevo gobierno y votar a favor de la anexi贸n.

Gran parte de la prensa israel铆 malinterpret贸 el acuerdo entre el Likud y Azul y Blanco. Los periodistas consideraron el 1 de julio no como el primer d铆a en que podr铆a tener lugar la anexi贸n, sino como una fecha l铆mite, lo que cre贸 una sensaci贸n de urgencia en torno a la medida. En los d铆as posteriores a la firma del acuerdo de coalici贸n los grupos sionistas liberales lanzaron sus gritos de batalla. Sus razones para oponerse a la anexi贸n eran reveladoras. La preocupaci贸n por los derechos humanos constaba a menudo como una cuesti贸n secundaria frente al da帽o que la anexi贸n pod铆a causar a Israel. Advirtieron que da帽ar铆a la percepci贸n de Israel como democracia. Instaron a los israel铆es a no dar impulso a las campa帽as que promueven los boicots o la reducci贸n de la ayuda econ贸mica y militar, y advirtieron tambi茅n que la anexi贸n solo ampliar铆a la brecha entre Israel y la di谩spora jud铆a. Y blandieron el espectro m谩s temido por la izquierda sionista: que, finalmente, Israel se viera obligado a otorgar la ciudadan铆a a todos los palestinos que viven bajo su control -casi cinco millones de palestinos en Cisjordania y Gaza, todos sin la ciudadan铆a israel铆, y aproximadamente 360.000 en la anexionada Jerusal茅n Oriental, m谩s del 90% de los cuales tienen residencia permanente pero no ciudadan铆a ni derecho a votar en las elecciones nacionales-, poniendo as铆 fin a la existencia de Israel como Estado jud铆o, con todos los privilegios que eso conlleva para los jud铆os (en 2018, un oficial del ej茅rcito israel铆 inform贸 que los palestinos superaban en n煤mero a los jud铆os en el territorio entre el r铆o Jord谩n y el Mediterr谩neo).

鈥淵a sea anexionando una colonia o todas鈥, afirm贸 el grupo sionista liberal Peace Now, 鈥渢al movimiento constituir铆a la base de un Estado de apartheid. La anexi贸n perjudica a Israel鈥. J Street, un grupo de presi贸n con sede en Washington alineado con los dem贸cratas, declar贸: 鈥淐omo estadounidenses pro-Israel y propaz, creemos que la anexi贸n pondr铆a en grave peligro el futuro de Israel como patria democr谩tica para el pueblo jud铆o, adem谩s del futuro de la relaci贸n entre EE. UU. e Israel.

Muchos de los argumentos en contra de la anexi贸n admit铆an que el territorio ya estaba anexionado de facto y permanecer铆a en posesi贸n de Israel. Yair Lapid, el jefe de la oposici贸n y presidente del partido centrista Yesh Atid, sostuvo que la anexi贸n formal no era necesaria porque el 谩rea m谩s grande en cuesti贸n, el Valle del Jord谩n, que constituye m谩s de una cuarta parte de Cisjordania y asegura el total cerco israel铆 de la poblaci贸n palestina, 鈥渆s ya parte de Israel. No es como si alguien estuviera amenazando con quit谩rnoslo鈥. Amos Gilad, hasta 2017 uno de los funcionarios m谩s importantes del Ministerio de Defensa, dijo que el control permanente de Israel sobre el Valle del Jord谩n se lograr铆a mejor aumentando las colonias jud铆as en lugar de una anexi贸n 鈥減uramente declarativa鈥: 鈥淓l gobierno podr铆a tomar medidas para garantizar que el Valle del Jord谩n se convierta en el hogar de decenas de miles de israel铆es y no solo de varios miles鈥. As铆 pues, el debate principal no iba de 鈥渟i鈥 sino de 鈥渃贸mo鈥 consolidar la apropiaci贸n por Israel del territorio de Cisjordania.

Los cr铆ticos tuvieron problemas para articular una raz贸n persuasiva para que Israel no formalizara una anexi贸n que, en la pr谩ctica, ya hab铆a tenido lugar. Un intento t铆picamente retorcido fue un informe publicado por el principal grupo de expertos en seguridad nacional de Israel, el INSS, una instituci贸n de centro izquierda que apoya la soluci贸n de dos Estados. El documento comenzaba argumentando que la anexi贸n unilateral era un terrible error. No obstante, llegaba a la conclusi贸n de que Israel deber铆a proceder una vez que la anexi贸n hubiera ganado el apoyo p煤blico, algo que se producir铆a una vez que los palestinos rechazaran el plan de paz de Trump. El peligro de la anexi贸n, argumentaba el INSS, era que

podr铆a socavar la visi贸n fundacional [de Israel] como Estado jud铆o, democr谩tico, seguro y moral que busca la paz con sus vecinos. Por lo tanto, se recomendaba que el nuevo gobierno de Israel pidiera a los l铆deres palestinos que regresaran a la mesa de negociaciones, con el plan de Trump incluido en los t茅rminos de referencia para las negociaciones. Si los palestinos continuaban neg谩ndose a discutir el plan, entonces el gobierno recibir铆a el apoyo del p煤blico en Israel para que diera pasos hacia la separaci贸n unilateral de los palestinos, incluida la anexi贸n gradual llevada a cabo de forma que se garantizara la seguridad pol铆tica, econ贸mica y social de Israel鈥.

Yair Golan, exjefe adjunto de personal del ej茅rcito y actual representante de Meretz, el partido sionista m谩s izquierdista de Israel, dijo que votar铆a a favor de la anexi贸n 鈥渟i el gobierno israel铆 declara que su objetivo supremo es separarse de los palestinos鈥.

Los palestinos estuvieron casi completamente ausentes del debate sobre la anexi贸n. Las cuestiones sobre, en caso de obtener un Estado, qu茅 territorio y poderes tendr铆a, si se les otorgar铆a la ciudadan铆a, la residencia o alg煤n otro Estado en el territorio anexado, qu茅 derechos se les otorgar铆an o no, y qui茅nes de ellos ser铆an despojados de su ciudadan铆a israel铆 se estaban decidiendo 煤nicamente a trav茅s de negociaciones de coalici贸n entre dos partidos sionistas. Sin embargo, incluso los cr铆ticos m谩s feroces de la anexi贸n -aquellos que advirtieron que convertir铆a a Israel en un Estado de apartheid- describieron a Israel como una democracia eficiente que simplemente corr铆a el riesgo de que alg煤n d铆a dejara de serlo. De acuerdo con esta l贸gica, mientras Israel se abstenga de formalizar la anexi贸n, puede negar indefinidamente los derechos civiles de millones de palestinos a la vez que ofrece toda forma de apoyo a los israel铆es en el territorio ocupado: infraestructura para las ciudades, pueblos y zonas industriales israel铆es en Cisjordania; reservas naturales; edificios municipales; comisar铆as de polic铆a y parques de bomberos; escuelas gubernamentales y 谩reas de juego; instalaciones m茅dicas estatales; cementerios鈥 Mientras Israel declare que la absorci贸n de Cisjordania es temporal, seguir谩 consider谩ndose una democracia. Israel nunca se convertir谩 en un Estado de apartheid a menos que se declare a s铆 mismo como tal.

La premisa de que Israel es una democracia, mantenida por Peace Now, Meretz, el consejo editorial de Haaretz y otros cr铆ticos de la ocupaci贸n, se basa en la creencia de que se puede separar el Estado anterior a 1967 del resto del territorio bajo su control. Hay que mantener un muro conceptual entre los dos reg铆menes: el (buen) Israel democr谩tico y su (mala) ocupaci贸n provisional.

Esta forma de pensar est谩 en consonancia con la creencia general sionista liberal de que es leg铆timo condenar las colonias israel铆es -e incluso, para algunos, boicotear sus productos- pero no pedir que se reduzca el apoyo al gobierno que los plane贸, estableci贸 y mantiene. Lo que a estos grupos les parec铆a m谩s preocupante acerca de la anexi贸n era que iba a socavar sus afirmaciones de que la ocupaci贸n est谩 sucediendo en alg煤n lugar fuera del Estado y que es temporal, una desviaci贸n de 53 a帽os de lo que los grupos liberales sionistas como el New Israel Fund llaman los 鈥渧alores fundacionales democr谩ticos liberales de Israel鈥.

No es dif铆cil argumentar que las acciones de Israel en Cisjordania equivalen a un apartheid. En el mismo territorio israel铆es y palestinos est谩n sujetos a dos sistemas legales diferentes. Son juzgados en distintos juzgados, uno militar y otro civil, por el mismo delito cometido en la misma calle. Los jud铆os en Cisjordania, tanto los ciudadanos israel铆es como los no ciudadanos que son elegibles como jud铆os para inmigrar, disfrutan de la mayor铆a de los mismos derechos y protecciones que los israel铆es en el resto del pa铆s. Los palestinos est谩n sujetos a un r茅gimen militar y se les niega la libertad de expresi贸n, la libertad de reuni贸n, la libertad de movimiento e incluso el derecho a no permanecer detenidos indefinidamente sin juicio. La discriminaci贸n no es solo nacional -de los israel铆es contra los palestinos que carecen de ciudadan铆a- sino 茅tnica, de los jud铆os contra los sometidos y ciudadanos palestinos por igual. Mientras que los jud铆os en Cisjordania, ciudadanos o no, son juzgados en tribunales civiles israel铆es, los palestinos con ciudadan铆a israel铆 pueden ser enviados a tribunales militares. Un informe de 2014 de la Asociaci贸n por los Derechos Civiles de Israel, el grupo de derechos humanos m谩s grande y antiguo del pa铆s, se帽alaba que 鈥渄esde la d茅cada de 1980 todos los ciudadanos israel铆es llevados a juicio ante los tribunales militares eran ciudadanos o residentes 谩rabes de Israel [鈥 no se encontr贸 ninguna sentencia en la que se aceptara la solicitud de alg煤n ciudadano 谩rabe de transferir su caso de un tribunal militar a un tribunal civil en Israel鈥.

Despu茅s de la guerra de 1967 Israel aplic贸 la ley militar a todos los territorios ocupados que no se anexion贸 formalmente. Los jud铆os israel铆es que se mudaron a las colonias planeadas por el gobierno en Cisjordania estaban sujetos a la ley civil israel铆, lo que los diferenciaba del r茅gimen legal impuesto a los palestinos en cuyas tierras resid铆an. Israel no pod铆a aplicar el derecho civil a sus ciudadanos en Cisjordania sobre una base territorial sin violar atrozmente la prohibici贸n legal internacional sobre la anexi贸n, por lo que la Knesset enmend贸 sus leyes y reglamentos para aplicarlos a los colonos como individuos, extraterritorialmente. De esta manera, Israel extendi贸 a los jud铆os en Cisjordania la mayor parte de los derechos de los israel铆es en el resto del pa铆s en relaci贸n al seguro m茅dico, seguro nacional, protecci贸n al consumidor, impuestos (ingresos, propiedad y valor agregado), educaci贸n superior, entradas a Israel, registro de poblaci贸n, ordenanza de tr谩fico y emisi贸n de voto, lo que convierte a los colonos en los 煤nicos ciudadanos israel铆es, aparte del peque帽o n煤mero estacionado en el extranjero, a los que se les permite votar en un lugar de residencia fuera del territorio oficial del Estado. En los d铆as de elecciones se confina a los palestinos que viven junto a ellos, lo que restringe a煤n m谩s sus movimientos.

La aplicaci贸n de la ley israel铆 a los colonos como individuos dejaba a煤n algunos lapsos, en particular en lo que respecta a la tierra, la construcci贸n y la planificaci贸n. Para solventarlos el ej茅rcito israel铆 emiti贸 ordenanzas que distingu铆an las 谩reas municipales de colonias (consejos locales y consejos regionales) del resto del territorio ocupado, de modo que Israel pudiera usar un conjunto de regulaciones (copiadas y pegadas de la legislaci贸n municipal en Israel antes de 1967) para expandir las comunidades jud铆as y otra para restringir las palestinas. Durante las 煤ltimas dos d茅cadas Israel ha construido decenas de miles de viviendas para jud铆os israel铆es en Cisjordania, y rechazado m谩s del 96% de las solicitudes de construcci贸n palestinas y demolido miles de hogares palestinos. De la tierra p煤blica que Israel ha designado para cualquier tipo de uso, el 99,76% se destin贸 a colonias jud铆as. A los palestinos se les proh铆be entrar en las 谩reas de las colonias, excepto con permisos especiales, generalmente otorgados a los jornaleros. De forma similar, en la llamada zona de separaci贸n -las 谩reas de Cisjordania que fueron separadas del resto del territorio por la barrera de separaci贸n de Israel- los palestinos no pueden entrar sin permiso, incluso para cultivar su propia tierra, mientras que cualquier turista o 鈥渋srael铆鈥, definido como ciudadano, residente permanente o jud铆o con derecho a inmigrar a Israel puede acceder a la misma 谩rea libremente.

El hecho de que algunas leyes israel铆es que se aplican al territorio de Cisjordania fueran introducidas a trav茅s de una orden militar -en la mayor铆a de los casos en r茅plica de la legislaci贸n israel铆- ha permitido a las organizaciones jud铆as que se consideran progresistas argumentar que hay dos reg铆menes separados en el 谩rea bajo control de Israel: un r茅gimen militar en la Cisjordania no anexionada, y un r茅gimen civil en la Jerusal茅n Oriental anexionada y en el Israel anterior a 1967. Seg煤n esta teor铆a, los colonos de Cisjordania y los palestinos est谩n sometidos a la misma administraci贸n militar opresiva, mientras que los ciudadanos y residentes israel铆es en el Israel anterior a 1967 y la Jerusal茅n Oriental anexionada est谩n gobernados por un r茅gimen civil democr谩tico.

La experiencia de vida de los colonos israel铆es o de los palestinos en Cisjordania no se ajusta a esa visi贸n. De hecho, lo contrario est谩 m谩s cerca de la verdad: no son los ciudadanos israel铆es en Cisjordania y quienes est谩n dentro de las l铆neas anteriores a 1967 los que viven bajo reg铆menes separados, sino los colonos israel铆es y los palestinos que viven junto a ellos. Israel铆es de todo el pa铆s conducen por las principales carreteras que entran y salen de Cisjordania: no hay se帽ales que indiquen que han salido de Israel. Los nuevos inmigrantes jud铆os pueden mudarse directamente desde Londres o Los 脕ngeles a una colonia en Cisjordania de la misma forma en que se mudar铆an a Tel Aviv, con los mismos beneficios financieros, instrucci贸n de idiomas e hipotecas a bajo inter茅s. Los israel铆es que viven dentro de las l铆neas anteriores a 1967 trabajan en f谩bricas ubicadas en las colonias, estudian en una universidad en las colonias acreditada por el Consejo de Educaci贸n Superior de Israel, compran en centros comerciales de las colonias y visitan parques nacionales en Cisjordania.

El gobierno israel铆 no est谩 separado de sus instituciones en el territorio ocupado. La Knesset aprob贸 una legislaci贸n que se aplica espec铆ficamente a Cisjordania y enmend贸 leyes para que se apliquen espec铆ficamente a los jud铆os e israel铆es que residen all铆. Los ministerios israel铆es gastan cientos de millones de d贸lares al a帽o en las colonias e infraestructura de Cisjordania. Es un comit茅 ministerial del poder ejecutivo quien aprueba el establecimiento de colonias en Cisjordania. Un subcomit茅 de la rama legislativa se dedica a promover su infraestructura y desarrollo. El interventor estatal fiscaliza la pol铆tica gubernamental en Cisjordania, supervis谩ndolo todo, desde la contaminaci贸n de las aguas residuales hasta la seguridad vial. El fiscal general hace cumplir las directrices que llevan a la legislatura a explicar la aplicabilidad de cada proyecto de ley en las colonias. El Tribunal Superior de Justicia de Israel es el tribunal de apelaci贸n final para todos los ciudadanos israel铆es y s煤bditos palestinos en todo el territorio bajo el control de Israel. Los agentes de la polic铆a nacional de Israel imponen multas de tr谩fico tanto a palestinos como a israel铆es en Cisjordania. La absorci贸n de Cisjordania por parte de Israel es una empresa conjunta de todos los poderes del gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial.

Mientras que los israel铆es viajan libremente a trav茅s de Israel y sus colonias de Cisjordania, los palestinos del interior del territorio ocupado viven en jurisdicciones separadas, lo que requiere de permisos israel铆es para cruzar desde las partes no anexionadas de Cisjordania a la anexionada Jerusal茅n, a Gaza o a m谩s del 30% de Cisjordania, a la que los palestinos tienen prohibido el acceso: la Zona de Separaci贸n, las 谩reas jurisdiccionales de las colonias y las llamadas 谩reas de entrenamiento militar, m谩s de las tres cuartas partes de las cuales, seg煤n ha descubierto la ONG israel铆 Kerem Navot, no se utilizan realmente para entrenamiento militar, sino para impedir el desarrollo palestino y retener el control israel铆. Una palestina de Ramala vive ostensiblemente en uno de los 165 enclaves gobernados por la Autoridad Palestina (AP) que en conjunto componen menos del 40% de Cisjordania. Pero tambi茅n est谩 sometida a una 煤nica autoridad israel铆, no a un r茅gimen separado en Cisjordania.

Si resulta que forma parte de una de las m谩s de cuatrocientas organizaciones ilegales (la lista se ampl铆a constantemente y contiene todos los partidos pol铆ticos palestinos importantes, incluido Fatah), las fuerzas israel铆es pueden arrestarla en un 谩rea palestina aut贸noma, como sucedi贸 en 2019 con la pol铆tica Khalida Jarrar, miembro de alto rango del Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina, que fue sacada por las fuerzas israel铆es de su casa cerca de Ramala a las tres de la madrugada. Los poderes de la Autonom铆a Palestina son tan limitados que Israel controla todas las carreteras que conducen a y fuera de las 谩reas gobernadas por la AP, invade hogares dentro de ellas todos los d铆as y noches, y se le permite entrar incluso por razones que no tienen nada que ver con la seguridad de los ciudadanos israel铆es, como arrestar a ladrones de autos. Entre los que realizan las detenciones se encuentran los miembros de Yamas y Yamam, dos unidades de la polic铆a nacional de Israel.

La residente de Ramala arrestada pudo ser llevada de su casa al Recinto Ruso en Jerusal茅n occidental, donde la estuvieron interrogando miembros de la Agencia de Seguridad de Israel, que tiene su sede en Tel Aviv pero opera en todas las 谩reas bajo el control de Israel. Puede permanecer detenida durante seis meses sin juicio ni cargos, y prorrogar su detenci贸n repetidamente, por otros seis meses seguidos cada vez, indefinidamente. Si finalmente se la somete a juicio, podr铆a pasar del r茅gimen supuestamente separado en Jerusal茅n Occidental al tribunal militar de Ofer cerca de Ramala.

Debido a que casi todos los que comparecen ante los tribunales militares israel铆es son condenados, es casi seguro que acabe en prisi贸n. Esa prisi贸n ser铆a una de las 29 administradas por el Servicio de Prisiones de Israel, que act煤a en todos los territorios controlados por Israel. Su familia, que no obtendr铆a permiso para visitar una c谩rcel ubicada dentro de las l铆neas anteriores a 1967, no podr铆a visitarla. Podr铆a intentar apelar contra su condena en el Tribunal Superior de Israel, pero las probabilidades no son alentadoras: el Tribunal ha aprobado casi todas las pol铆ticas prohibidas internacionalmente que Israel ha llevado a cabo en el territorio ocupado, incluidas deportaciones, asesinatos, encarcelamiento sin juicio, demoliciones, confiscaci贸n de terrenos, saqueo de recursos naturales y castigos colectivos como toques de queda masivos, cierre de escuelas y supresi贸n de la electricidad en toda una regi贸n. Para su apelaci贸n, podr铆a contratar a un abogado israel铆 de derechos humanos, quien argumentar铆a su caso contra un abogado del Ministerio de Justicia ante un panel de jueces del Tribunal Superior, dos de los cuales viven en Cisjordania. Seg煤n el an谩lisis de los 鈥渞eg铆menes separados鈥, ella y los dos jueces israel铆es no son tan diferentes entre s铆. Todos est谩n sometidos, en teor铆a, a un r茅gimen militar separado en Cisjordania.

La insistencia en reg铆menes separados se deriva m谩s de consideraciones pol铆ticas que jur铆dicas. Al afirmar la existencia de dos reg铆menes, los grupos sionistas liberales como J Street pueden decir a donantes, legisladores y estudiantes universitarios que son 鈥減ro-Israel鈥 a la vez que critican una ocupaci贸n que supuestamente existe en alg煤n lugar m谩s all谩 del Estado. Pero el intento de separar a Israel de las cr铆ticas y las consecuencias de sus pol铆ticas en Cisjordania tambi茅n conduce a afirmaciones absurdas y falsas, como la reciente afirmaci贸n de J Street de que los 鈥渃olonos israel铆es鈥 est谩n 鈥渄emoliendo hogares [palestinos]鈥. En realidad, no son 鈥渓os colonos鈥 -uno de cada diez jud铆os israel铆es- sino el gobierno de Israel, al que apoya J Street, el que destruye los hogares palestinos en Cisjordania. El gobierno lo hace a instancias de ministros y legisladores electos.

La ficci贸n de los reg铆menes separados permite a los sionistas liberales promover una soluci贸n de dos Estados, pol铆ticamente correcta, basada en las l铆neas anteriores a 1967, al tiempo que evita la soluci贸n m谩s equitativa que exige el reconocimiento de que el Estado israel铆 se extiende a toda la tierra que est谩 bajo su control. Tal soluci贸n requerir铆a no solo del fin de la ocupaci贸n sino tambi茅n del fin de la discriminaci贸n 茅tnica en todo el territorio. La izquierda sionista no pide que los ciudadanos jud铆os y palestinos de Israel tengan plena igualdad dentro del Israel anterior a 1967. En cambio, las principales organizaciones sionistas liberales buscan garantizar que Israel siga siendo un Estado de mayor铆a jud铆a que pueda seguir proporcionando a sus ciudadanos jud铆os los derechos de tierra y de inmigraci贸n que niega a los ciudadanos de la minor铆a ind铆gena palestina. La 煤nica forma de que la izquierda sionista se oponga a la dominaci贸n 茅tnica en Cisjordania, mientras preserva los privilegios 茅tnicos en el Israel anterior a 1967, es afirmar que existe un 鈥渞茅gimen de apartheid鈥 en Cisjordania separado del Estado israel铆. Por lo tanto, para que el Israel de antes de 1967 fuera parte de un Estado de apartheid necesitar铆a la anexi贸n formal de Cisjordania, que 鈥渇usione鈥 los dos reg铆menes.

Pero este es un equ铆voco del crimen de apartheid que el derecho internacional describe. Al igual que la tortura, el apartheid no necesita que se aplique de forma uniforme o en todas las partes de un pa铆s para ser criminal: en el derecho internacional no existe un 鈥渞茅gimen de apartheid鈥, como tampoco existe un 鈥渞茅gimen de tortura鈥. La palabra 鈥渞茅gimen鈥 no aparece en ninguna parte de la Convenci贸n Internacional sobre la Represi贸n y el Castigo del Crimen de Apartheid original de 1973. Y, aunque el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional s铆 usa la palabra 鈥渞茅gimen鈥 en su definici贸n (se agreg贸 para satisfacer a la delegaci贸n estadounidense, que estaba preocupada por el posible enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses pertenecientes a grupos supremacistas blancos), no se insert贸 a fin de permitir, de forma clara, que el apartheid se restringiera a regiones o unidades de un Estado.

Sin embargo, la idea de que solo la anexi贸n formal puede convertir a Israel en un Estado de apartheid se ha convertido en algo intr铆nseco a la ideolog铆a sionista de izquierdas. En junio del a帽o pasado m谩s de quinientos eruditos en estudios jud铆os, muchos de ellos destacados partidarios de Israel, como el fil贸sofo jud铆o estadounidense Michael Walzer, firmaron una carta en la que declaraban que 鈥渓a anexi贸n de territorios palestinos consolidar谩 un sistema antidemocr谩tico de leyes separadas y desiguales, y una discriminaci贸n sist茅mica de la poblaci贸n palestina. Esa discriminaci贸n por motivos raciales, 茅tnicos, religiosos o nacionales se define como 鈥榮ituaci贸n de apartheid鈥 y 鈥榗rimen de lesa humanidad鈥欌.

El mismo mes Zulat, un nuevo grupo de expertos encabezado por el expresidente del partido liberal sionista Meretz, Zehava Gal-On, public贸 un informe titulado 鈥淏lanqueo del apartheid鈥. En una secci贸n sobre las consecuencias de la anexi贸n de jure, llev贸 a cabo su propio blanqueo al argumentar que el apartheid en Cisjordania no lo practica actualmente Israel sino un r茅gimen separado: 鈥淎unque s贸lo nos anexion谩ramos un metro cuadrado, el Estado de Israel renunciar铆a a sus pretensiones democr谩ticas y abandonar铆a su declarada intenci贸n durante 53 a帽os de poner fin al conflicto, de llegar a un acuerdo con los palestinos y de dejar de gobernarlos鈥. Sin embargo, incluso la anexi贸n 鈥渘o convierte necesariamente a Israel en un Estado de apartheid, sino que m谩s bien lo mantiene como un Estado que dirige un r茅gimen con caracter铆sticas de apartheid en los territorios ocupados鈥. Seg煤n este criterio, la Sud谩frica del apartheid era una democracia -aunque imperfecta, como todas las democracias- que operaba con un r茅gimen con caracter铆sticas de apartheid en las zonas destinadas a los negros y bantustanes. Esos bantustanes, dicho sea de paso, ten铆an sus propias banderas, himnos, funcionarios, parlamentos, elecciones y un grado limitado de autonom铆a no muy diferente al de la Autoridad Palestina.

Quiz谩s ninguna organizaci贸n haya promovido la idea de reg铆menes separados con m谩s fuerza que Yesh Din, una organizaci贸n de derechos humanos que ha llevado a cabo una importante labor de defensa legal en nombre de los palestinos sometidos a la violencia de los colonos, homicidios ileg铆timos y la destrucci贸n de propiedades por las fuerzas de seguridad israel铆es, confiscaci贸n de tierras y restricciones para el acceso a sus tierras agr铆colas. El a帽o pasado Yesh Din se convirti贸 en la primera organizaci贸n israel铆 en publicar un informe significativo acusando de apartheid a funcionarios del gobierno. Pero, al mismo tiempo, es una de las m谩s ac茅rrimas defensoras de la teor铆a de los reg铆menes separados. Las respuestas cambiantes e inconsistentes de Yesh Din a la pregunta de en qu茅 punto Israel dejar铆a de ser una democracia han sido representativas de las debilidades m谩s amplias que presenta el argumento de los reg铆menes separados. La noche que el Likud firm贸 su acuerdo de coalici贸n con Azul y Blanco Yesh Din public贸 un documento de posici贸n sobre el potencial impacto de la anexi贸n. 鈥淟a siguiente anexi贸n鈥, conclu铆a,

鈥漧iquidar谩 el argumento, que actualmente prevalece en muchos c铆rculos, de que si bien el apartheid, o al menos un r茅gimen similar al apartheid, se practica actualmente en Cisjordania, el Estado soberano de Israel es una democracia. Aplicar la soberan铆a israel铆 a Cisjordania equivaldr铆a a declarar que hay un 煤nico r茅gimen, en lugar de administraciones separadas. La anexi贸n sin la ciudadan铆a plena e igualdad de derechos para los residentes palestinos de la zona anexionada producir铆a un verdadero r茅gimen de apartheid que Israel dif铆cilmente podr铆a negar. Tal r茅gimen perpetuar铆a los abusos de los derechos humanos contra los palestinos, priv谩ndoles para siempre de libertad e igualdad鈥.

Seg煤n este razonamiento, Israel podr铆a anexionar solo las 谩reas habitadas por jud铆os en Cisjordania, mantener su ocupaci贸n de millones de palestinos en las 谩reas adyacentes no anexionadas y seguir siendo democr谩tico. Quiz谩s consciente de las deficiencias de este argumento, Yesh Din modific贸 posteriormente el documento. La nueva versi贸n, publicada sin explicaci贸n ni correcci贸n algunas, declaraba que, despu茅s de la anexi贸n, Israel ser铆a un Estado de apartheid a menos que otorgara derechos plenos e iguales a los palestinos, no en 鈥渆l 谩rea anexionada鈥, como aparec铆a en la versi贸n original, sino en 鈥渢oda Cisjordania鈥.

Esta formulaci贸n permite a煤n, al menos a los ojos de Yesh Din y grupos afines, que Israel siga siendo una democracia aunque mantenga a dos millones de palestinos en Gaza, el m谩s grande de sus enclaves 茅tnicos, sin agua potable, alcantarillado operativo, electricidad regular o el derecho a entrar y salir libremente. Aunque Israel afirma que puso fin a su ocupaci贸n de Gaza en 2005, todav铆a controla las exportaciones, las importaciones, el espacio mar铆timo y a茅reo, e incluso el registro de poblaci贸n, que da un n煤mero de identificaci贸n 煤nico a todos los palestinos en el territorio, sin el cual no pueden salir, ni siquiera al otro lado de la frontera con Egipto. En el documento de Yesh Din tampoco aparec铆a por ning煤n lado sugerencia alguna de que Israel debiera otorgar derechos plenos e iguales a los palestinos en las 谩reas anexionadas formalmente en 1967: Jerusal茅n Este y 28 aldeas circundantes de Cisjordania. Los residentes palestinos de estas 谩reas todav铆a no tienen 鈥渃iudadan铆a plena e igualdad de derechos鈥. Tampoco se hizo intento alguno de explicar por qu茅 una anexi贸n parcial de Cisjordania en 2020 convertir铆a a Israel en un Estado de apartheid mientras que las anexiones de 1967 no lo hicieron.

En julio Yesh Din public贸 una opini贸n jur铆dica de cincuenta p谩ginas, escrita por el abogado de derechos humanos Michael Sfard, que declaraba a los funcionarios israel铆es culpables de apartheid, seg煤n aparece definido en la Convenci贸n de 1973 como 鈥渁ctos inhumanos cometidos con el prop贸sito de establecer y mantener la dominaci贸n de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas, oprimi茅ndolas sistem谩ticamente鈥. El derecho penal internacional reconoce los grupos raciales m谩s como grupos sociales que biol贸gicos: en la Convenci贸n Internacional sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n Racial, invocada en el pre谩mbulo de la Convenci贸n del Apartheid de 1973, la 鈥渄iscriminaci贸n racial鈥 se define como 鈥渃ualquier distinci贸n, exclusi贸n, restricci贸n o preferencia basada en la raza, color, ascendencia u origen nacional o 茅tnico鈥.

D茅cadas m谩s tarde, los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y para la ex Yugoslavia sostuvieron que la definici贸n de grupo perseguido no era una cuesti贸n de herencia, sino de estigmatizaci贸n y de las percepciones subjetivas de los perseguidores. El derecho penal internacional se aplica a los individuos, no a los Estados, por lo que no es el gobierno israel铆 sino sus funcionarios quienes podr铆an ser procesados por perpetrar apartheid. Las organizaciones de derechos humanos B鈥橳selem y Adalah son los 煤nicos grupos importantes en Israel que han pedido a la CPI que inicie una investigaci贸n sobre los cr铆menes de guerra cometidos por funcionarios israel铆es. Cuando el director ejecutivo de B鈥橳selem, Hagai El-Ad, habl贸 en contra de las colonias en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2016, fue condenado por los legisladores israel铆es de centro y centro-izquierda. El presidente de la coalici贸n del Likud amenaz贸 con despojarle de su ciudadan铆a y un activista del Partido Laborista present贸 una denuncia policial alegando que hab铆a cometido traici贸n.

El dictamen jur铆dico de Yesh Din se centr贸 煤nicamente en si se est谩 cometiendo el apartheid, 鈥渘o en qui茅n lo est谩 cometiendo鈥, y limit贸 su alcance a las 谩reas no anexionadas de Cisjordania (el 谩rea principal de especializaci贸n de Yesh Din), dejando fuera no solo a Gaza e Israel dentro de sus l铆neas anteriores a 1967, sino tambi茅n las tierras anexionadas en 1967. Esto no se debi贸 a que fuera inv谩lido examinar la subyugaci贸n de los palestinos en todo el territorio bajo el control de Israel, afirm贸 Sfard, sino porque a煤n era posible, a pesar de la 鈥渋nsidiosa anexi贸n legal鈥, considerar que Cisjordania estaba gobernada por un 鈥渞茅gimen鈥 separado o al menos un r茅gimen 鈥渟ubsidiario鈥 de Israel. Una de las 鈥渄ificultades鈥 de tratar a Cisjordania como un r茅gimen separado, reconoci贸, es que parte de Cisjordania ya ha sido anexionada formalmente. El 谩rea anexionada de Jerusal茅n Este y sus aldeas circundantes tienen muchos puntos en com煤n con Cisjordania: sus residentes palestinos no son ciudadanos israel铆es y, como tales, no votan ni tienen representaci贸n pol铆tica.

Adem谩s, Israel ha implementado una serie de pol铆ticas en Jerusal茅n Oriental que son an谩logas, y a veces id茅nticas, a las que utiliza en Cisjordania: colonizaci贸n masiva a trav茅s de un desarrollo centrado en Israel, que incentiva a decenas de miles de ciudadanos israel铆es a establecerse en la zona, expropiaci贸n masiva y despojo de tierras y propiedades palestinas, obstaculizaci贸n del desarrollo palestino y desviaci贸n de recursos en beneficio de los israel铆es que se trasladan a la ciudad. Todo esto y principalmente la anexi贸n ilegal, que no debe reconocerse, justifica que se trate a Jerusal茅n Oriental y a Cisjordania como una 煤nica unidad.

Sin embargo, el dictamen jur铆dico de Yesh Din no entr贸 a considerar eso. Tampoco examin贸 las pol铆ticas discriminatorias dentro de Israel, donde decenas de miles de ciudadanos palestinos viven en aldeas que Israel se niega a reconocer ni a conectarlas al agua y electricidad, y donde cientos de ciudades solo para jud铆os tienen comit茅s de admisi贸n a los que la ley permite rechazar a los palestinos con el pretexto de la 鈥渋doneidad social鈥, excluyendo as铆 a los solicitantes que no han servido en el ej茅rcito israel铆, que no son sionistas o que no tienen la intenci贸n de enviar a sus hijos a escuelas en lengua hebrea. Israel se ha apoderado de m谩s de las tres cuartas partes de la tierra de sus ciudadanos palestinos.

Esta expropiaci贸n es un proyecto continuo, particularmente en el Negev y Galilea, pero la mayor parte se llev贸 a cabo, como hoy en Cisjordania, cuando los palestinos estaban bajo r茅gimen militar. En las siete d茅cadas de existencia de Israel solo ha habido seis meses, entre 1966-1967, en los que no puso a miembros de un grupo 茅tnico bajo un gobierno militar mientras confiscaba sus tierras. Como ha se帽alado el historiador israel铆 Amnon Raz-Krakotzkin, 鈥渆sos seis meses, menos del uno por ciento de la existencia de Israel, son el punto de referencia para toda la discusi贸n sobre Israel como 鈥楨stado democr谩tico jud铆o鈥欌. Y, sin embargo, 鈥渓a excepci贸n [鈥 se convierte en la norma, mientras que la norma, la ocupaci贸n, se presenta como la excepci贸n鈥.

El apartheid no podr铆a haberse sostenido durante d茅cadas sin los muchos patrocinadores, protectores y c贸mplices externos. El principal de ellos es EEUU, que ha otorgado m谩s de 110.000 millones de d贸lares a la fuerza militar ocupante y ha gastado cientos de millones en mejorar las infraestructuras del apartheid, rehabilitar puestos de control y pavimentar las carreteras de Cisjordania. La UE es el principal financiero de los cantones aut贸nomos palestinos y uno de los principales importadores de productos de las colonias. Juntos, EEUU y sus aliados europeos han intentado incansablemente evitar que el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional hagan que Israel rinda cuentas.

Incluso aquellos que se presentan a s铆 mismos como campeones de la libertad y los derechos humanos palestinos apoyan el statu quo. El representante de pol铆tica exterior de la UE, Josep Borrell, dijo sobre el plan de Trump: 鈥淩econocemos [su] m茅rito鈥 y 鈥渢al vez sea un punto de partida para las negociaciones鈥. La oficina del coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio descuida regularmente los mandatos b谩sicos de la ONU de proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional, y prefiere ser un actor secundario en el 鈥減roceso de paz鈥 liderado por EEUU. En octubre, despu茅s de que Israel potenciara sus planes para casi 5.000 casas nuevas en las colonias de Cisjordania, el enviado saliente de la ONU, Nickolay Mladenov, emiti贸 una declaraci贸n t铆picamente insulsa, se帽alando que la mayor铆a de las casas estaban en 鈥渦bicaciones perif茅ricas en el interior de la Cisjordania ocupada鈥 y que 鈥渆l n煤mero significativo y la ubicaci贸n de las ampliaciones es motivo de gran preocupaci贸n鈥 porque 鈥渟ocavan la perspectiva de lograr una soluci贸n viable de dos Estados鈥.

驴Es el papel del enviado de la ONU distinguir entre colonias ilegales en las profundidades de Cisjordania y colonias ilegales m谩s pr贸ximos a las l铆neas anteriores a 1967? Con la ayuda de los 鈥減acificadores鈥, la definici贸n de lo que constituye 鈥減erif茅rico鈥 avanza constantemente hacia el este. La ONU, al igual que EEUU, Europa y los grupos sionistas liberales, ha subordinado el derecho internacional y los derechos humanos a la santificaci贸n de una soluci贸n de dos Estados, que no aborda como un posible medio para lograr lo que deber铆a ser el objetivo principal -poner fin a la opresi贸n de millones de personas sobre la base de su origen 茅tnico- sino como el objetivo en s铆.

Diplom谩ticos y grupos antiocupaci贸n bien intencionados acogen cada nuevo acto de expansi贸n israel铆 con advertencias nefastas de que ser谩 un 鈥済olpe mortal鈥 para la soluci贸n de dos Estados, que 鈥渓a ventana se est谩 cerrando鈥 para la estatalidad palestina y que ahora, en v铆speras de esta 煤ltima absorci贸n, estamos a 鈥渃inco minutos de la medianoche鈥 para la perspectiva de paz. Innumerables alarmas de este tipo se han disparado durante las 煤ltimas dos d茅cadas. Se supon铆a que todos deb铆an convencer a Israel, EEUU, Europa y el resto del mundo de la necesidad de detener o al menos ralentizar la anexi贸n de facto de Israel. Pero han conseguido el efecto contrario: demostrar que siempre faltar谩n cinco minutos para la medianoche. Los legisladores europeos y estadounidenses, junto con los grupos sionistas liberales que los presionan, pueden as铆 sostener que la soluci贸n de dos Estados no est谩 muerta sino simplemente asediada y, por lo tanto, permanentemente 鈥渧iva鈥. Mientras tanto, millones de palestinos contin煤an privados de sus derechos civiles b谩sicos y sometidos a un r茅gimen militar. Con la excepci贸n de esos seis meses en 1966-1967, esta ha sido la realidad para la mayor铆a de los palestinos que viven bajo el control israel铆 durante toda la historia de ese Estado. El apartheid de Sud谩frica dur贸 46 a帽os. El de Israel lleva ya 72, y suma y sigue鈥

lrb.co.uk.. Traducido del ingl茅s para Rebeli贸n por Sinfo Fern谩ndez. Extractado por La Haine.




Fuente: Lahaine.org