January 27, 2021
De parte de Nodo50
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El 22 de enero, la Generalitat valenciana compraba tres viviendas que un banco iba a vender a un fondo buitre. La noticia era el precio: apenas 30 euros por unos inmuebles valorados en casi 300.000. Todo gracias a una ley aprobada unos meses antes que da prioridad a las administraciones p煤blicas en este tipo de operaciones para frenar la espiral especulativa y nutrir el parque p煤blico de vivienda. 

El 19 de enero, el Consejo de Ministros aprobaba una modificaci贸n en el decreto anti-desahucios del 23 de diciembre. Con 鈥渘octurnidad y alevos铆a鈥, seg煤n un art铆culo de El Idealista, el Gobierno ampliaba la protecci贸n contra posibles desahucios tambi茅n a las familias vulnerables que ocupan viviendas de grandes tenedores. Un titular entierra al siguiente y ninguno parece gustar a los grandes propietarios. 

En Catalunya, las leyes impulsadas por el movimiento de vivienda en los 煤ltimos seis a帽os han conseguido situar a este territorio entre los m谩s avanzados de Europa. El lobby financiero e inmobiliario utiliza al PP para tumbarlas a trav茅s del Tribunal Constitucional

En Catalunya, las leyes impulsadas por el movimiento de vivienda en los 煤ltimos seis a帽os han conseguido situar a este territorio entre los m谩s avanzados de Europa, algo que para las patronales del negocio financiero e inmobiliario supone un 鈥渄rama鈥 que coloca a los actores del mercado en una situaci贸n de 鈥渄esprotecci贸n鈥

Frente al impulso de nuevas leyes que intentan proteger a las familias m谩s vulnerables de la especulaci贸n, el lobby inmobiliario se ha recuperado de los primeros golpes y prepara una gran contraofensiva judicial contra las leyes que atentan contra sus intereses.

鈥淓l PP es el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios. Siempre que hay una ley que recorta los beneficios millonarios que tienen cualquier de estos sectores, el PP autom谩ticamente lo lleva al Constitucional鈥, sentencia Santi Mas de Xax脿s, portavoz del Grupo Promotor de la ley 24/2015, la ley de vivienda m谩s avanzada de todo el Estado espa帽ol y una de las m谩s garantistas de Europa.

Contraofensiva judicial en Catalunya

Los juicios del proc茅s han dejado en un segundo plano una lucha por el derecho a la vivienda que ha conseguido importantes conquistas para las familias y hogares m谩s vulnerables en Catalunya. 

Dos de esas normas que ampl铆an la cobertura de la ley 24/2015 est谩n en la mira del alto tribunal y ser谩n consideradas inconstitucionales en estos d铆as, seg煤n filtr贸 el diario El Pa铆s.

Se trata del decreto 17/2019 y el 1/2020, que modifica el anterior. Estas dos normas ampl铆an la protecci贸n de las familias vulnerables frente a posibles desahucios, extienden los contratos de alquiler social de tres a siete a帽os y obligan a los grandes tenedores a renovarlos de forma autom谩tica. La medida m谩s pol茅mica que recogen estos decretos es la protecci贸n frente a los desahucios de las familias vulnerables que ocupan una vivienda sin tener contrato, es decir, que est谩n okupando. 

Para Mas de Xax脿s, este decreto supuso un 鈥渃ambio de paradigma y de relato muy necesario鈥, al pasar de 鈥渃riminalizar a las familias a reconocerles un derecho, a la vez que se reconoce la incapacidad del Estado de solucionar la situaci贸n鈥.

Apenas un a帽o despu茅s de su aprobaci贸n, el Tribunal Constitucional se dispone a tumbar estos dos decretos, no tanto por su fondo 鈥攅n el que la ponencia del Constitucional hecha p煤blica por El Pa铆s este 26 de enero no profundiza鈥, sino por la forma en la que fueron tramitados. 

Seg煤n el alto tribunal, las medidas recogidas en estos decretos afectan a un derecho fundamental de la Constituci贸n 鈥攅l derecho a la propiedad鈥 por lo que se tendr铆a que haber tramitado como una ley y no como un decreto, la v铆a elegida por la Generalitat. De confirmarse esta resoluci贸n en los siguientes d铆as, la sentencia supondr铆a un golpe a los avances legislativos en materia de vivienda en Catalunya y en el resto del Estado, pero no un golpe definitivo. 

Frente al impulso de nuevas leyes que intentan proteger a las familias m谩s vulnerables de la especulaci贸n, el lobby inmobiliario se ha recuperado de los primeros golpes y prepara una gran contraofensiva judicial contra las leyes que reducen sus beneficios

鈥淓l Tribunal Constitucional no entra en el fondo 鈥攑or lo tanto todo lo que contienen los decretos no tiene ning煤n viso de ser inconstitucional鈥, sino en que se tendr铆a que haber aprobado a trav茅s de una ley. Si esto se confirma, queremos que la Generalitat y los grupos del Parlament aprueben de inmediato una ley con el mismo contenido鈥, dice a El Salto el portavoz del Grupo Promotor de la 24/2015.

Este activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona recrimina al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no haber hecho todo lo que estaba en sus manos para 鈥渂lindar鈥 estos decretos a trav茅s de la comisi贸n bilateral abierta entre el Gobierno central y la Generalitat. Desde el 18 de diciembre, cuenta Mas de Xax脿s, el Ejecutivo ten铆a sobre la mesa una propuesta del Govern que hubiera obligado, al menos, a dilatar la decisi贸n del Constitucional. 

El Gobierno de coalici贸n todav铆a est谩 a tiempo, se帽ala, de incluir los principales avances de la legislaci贸n catalana en la futura Ley de Vivienda que prepara el PSOE y sus aliados para blindar estas leyes y generalizar su aplicaci贸n a todas las familias vulnerables del Estado.

Una ley 鈥減ionera y valiente鈥

La ley 24/2015 naci贸 de una Iniciativa Popular Legislativa (ILP) impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energ茅tica. Una campa帽a que consigui贸 m谩s de 150.000 firmas y un enorme apoyo de la sociedad civil se tradujo en una 鈥渓ey pionera y valiente鈥, seg煤n las organizaciones promotoras, tanto en el 谩mbito nacional como internacional. Sin embargo, su creaci贸n y posterior aplicaci贸n ha estado rodeada de 鈥渁taques constantes por parte del 鈥榣obby鈥 de la banca y los fondos buitres con sus tent谩culos al PP e incluso en el sistema judicial鈥, explica el Grupo Promotor de la ley. 

Adem谩s de prohibir los cortes de suministros a familias vulnerables 鈥攗na medida que se ha ampliado a todo el Estado mientras dure la pandemia鈥, la ley de vivienda catalana proh铆be los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler. 

Al poco de aprobarse, el Gobierno de Mariano Rajoy llev贸 la ley 24/2015 al Constitucional. El alto tribunal tumb贸 los art铆culos m谩s controvertidos, entre ellos, el que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que vayan a ser desahuciadas o aquel que permit铆a a las autoridades expropiar viviendas vac铆as de bancos o fondos de inversi贸n.

En 2019, el Gobierno de Pedro S谩nchez, en plena negociaci贸n con la Generalitat, decidi贸 retirar los recursos. Desde entonces, la ley 24/2015 se aplica en su totalidad y fue completada en 2019 y 2020 con dos nuevos decretos que levantaron nuevas y aireadas respuestas de los inversores, constructoras e inmobiliarias.

En junio de este a帽o, un grupo de 50 diputados del PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad basado en la falta de competencias de la Generalitat y en que estas medidas vulneran el derecho a la propiedad privada. Seg煤n el Grupo Promotor de la ley 24/2015, esta norma y los decretos que ampl铆an su cobertura est谩n cubiertos por el art铆culo 47 de la Constituci贸n sobre el derecho a la vivienda, un apartado 鈥渢an vulnerado sistem谩ticamente y desamparado por la propia Administraci贸n p煤blica a todos los niveles鈥.

鈥淐on demasiada frecuencia, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder econ贸mico ejercido por la banca y fondos buitres y han obviado su deber de protecci贸n de las personas, los derechos humanos y la justicia social鈥, dicen desde el Grupo Promotor de la ley 24/2015

Es un proceso que suele durar unos dos a帽os, explican desde el Grupo Promotor de la ley, pero en este caso antes de seis meses el Constitucional ya ten铆a una respuesta al recurso del PP, que se dio a conocer este 26 de enero.

鈥淪omos conscientes de que, desgraciadamente y con demasiada frecuencia, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder econ贸mico ejercido por la banca y fondos buitres y han obviado su deber de protecci贸n de las personas, los derechos humanos y la justicia social鈥, proclamaba en un comunicado este Grupo Promotor. Seg煤n las organizaciones sociales impulsoras, los efectos de la anulaci贸n de estos decretos ser铆an desastrosos. Seg煤n datos de la Generalitat, detallan, la nueva legislaci贸n ha obligado a los grandes tenedores a hacer 2.200 ofertas de alquiler social para evitar desahucios. Sin tener en cuenta los casos de Barcelona, dicen, si el Constitucional tumba estas leyes 3.289 familias podr铆an ser desahuciadas.

El otro gran terreno de lucha entre el derecho a la vivienda y los intereses financieros e inmobiliarios, la regulaci贸n de los alquileres, tambi茅n est谩 pendiente de otra resoluci贸n del Tribunal Constitucional. La ley 11/2020, que entr贸 en vigor el 28 de septiembre del a帽o pasado, se adelant贸 a la normativa estatal y congel贸 el precio de los alquileres en las 60 localidades catalanas m谩s castigadas por la especulaci贸n, Barcelona entre ellas. En aquellos casos donde la renta haya crecido m谩s del 铆ndice de referencia, los propietarios est谩n obligados a bajar los precios.

El PP lanz贸 un recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido por el alto tribunal. Para llevar el caso contrat贸 nada menos que al despacho del fundador de Ciudadanos, Albert Rivera. 鈥淯na ley que protege a miles de familias en situaci贸n vulnerable no se toca. Se defiende鈥, dec铆an dec铆an desde el Sindicat de Llogaters de Catalunya. Desde esta organizaci贸n han convocado una concentraci贸n el 28 de enero en la Plaza Sant Jaume de Barcelona a las 18h.

El PP acusa al Gobierno de 鈥渂lanquear la okupaci贸n鈥

La modificaci贸n del decreto anti-desahucios del pasado 23 de diciembre para incluir a las familias vulnerables que est谩n viviendo 鈥渟in ning煤n t铆tulo habilitante鈥 ha escandalizado a la patronal del sector y a la derecha parlamentaria. La vicesecretaria de Pol铆tica Sectorial del PP, Elvira Rodr铆guez, acusaba al Gobierno de 鈥渂lanquear la okupaci贸n鈥 y de 鈥渘o respetar la propiedad privada鈥. 

La n煤mero 5 del PP en el Congreso, en consonancia con declaraciones anteriores de Pablo Casado, adelant贸 futuras acciones judiciales contra la norma: 鈥淣o solo no descartamos ir a los tribunales sino que estamos convencidos de que es inconstitucional y no lo podemos dejar ah铆鈥. El 25 de enero, la diputada de Vox en el Congreso, Roc铆o de Meer M茅ndez, anunciaba que su formaci贸n recurrir谩 ante el Constitucional una ley que, seg煤n sus propias palabras, 鈥渁mpara la okupaci贸n ilegal鈥. 

Pese a la alarma pol铆tica y medi谩tica, la normativa anti-desahucios caduca con el fin del estado de alarma y solo  cubre a aquellas familias vulnerables acreditadas por los servicios sociales que habiten una vivienda de grandes tenedores de forma irregular, siempre y cuando haya en el hogar menores, dependientes o v铆ctimas reconocidas de violencia de g茅nero, y excluye aquellos casos en los que 鈥渓a entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidaci贸n o violencia sobre las personas鈥.  Pese al limitado alcance de esta norma, la derecha no ha desaprovechado la ocasi贸n para volver a repetir el mantra de que el Gobierno legisla para 鈥渟us amigos los okupas鈥.

La ampliaci贸n del decreto anti-desahucios para incluir a las familias vulnerables forzadas a ocupar ha soliviantado a la derecha y extrema derecha parlamentaria, que amenaza con llevar la medida al Constitucional

Para la PAH, las implicaciones de esta modificaci贸n van m谩s all谩 y suponen una 鈥渧ictoria鈥 conquistada gracias a la presi贸n ciudadana. Seg煤n explican en un comunicado, el decreto del 23 de diciembre para suspender desahucios solo proteg铆a los casos iniciados por la v铆a civil: 鈥淓sto abr铆a la puerta a que todos los grandes propietarios escogieran la v铆a penal, haciendo totalmente ineficaz y absurdo el decreto. Porque una norma que quiere prohibir realmente los desahucios, no puede dejar una v铆a abierta para que se produzcan鈥. Para esta organizaci贸n, lo importante de este decreto es que sit煤a 鈥渆l fen贸meno de la ocupaci贸n como un grave problema de vivienda鈥 cuya soluci贸n no pasa por 鈥渃riminalizar la pobreza de familias que se obligadas a ocupar, la mayor铆a con ni帽os鈥. 

El PP contra el Govern valenciano

Antes de verano, el Pa铆s Valenci脿 se sumaba a las pocas comunidades aut贸nomas que disponen del derecho al tanteo y retracto, y tienen voluntad pol铆tica de utilizarlos, algo que ha escandalizado a la banca, a los grandes propietarios y fondos buitre.

El derecho al tanteo permite a las administraciones p煤blicas adquirir de manera preferente una vivienda que se va a vender a un tercero. Y el retracto autoriza a que las autoridades se queden con el inmueble una vez realizada la operaci贸n de compraventa en los mismos t茅rminos, es decir, pagando el mismo precio. El 22 de enero, la Generalitat volv铆a a recurrir a estas prerrogativas que tambi茅n disponen las administraciones vascas y catalanas: interven铆a una compraventa de tres viviendas 鈥攄os al precio de un euro y una tercera por 29鈥 que se iba a realizar entre una entidad financiera y un fondo de inversi贸n. 鈥淐on esto no solo evitamos que esas viviendas acaben en fondos buitre, sino que las incorporamos, por el precio de un euro, de forma inmediata al parque p煤blico de la Comunitat鈥, dijo a Europa Press el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rub茅n Mart铆nez Dalmau (Podem).

A principios de julio de 2020, la Conseller铆a ya hab铆a estrenado el derecho al tanteo incorporando al parque p煤blico valenciano 218 viviendas que el Banco Sabadell iba a vender a un fondo de inversi贸n. Desde la aprobaci贸n de la ley, la Conseller铆a utiliz贸 estas herramientas para comprar m谩s de 250 viviendas, seg煤n sus propios datos.

El PP llev贸 al Constitucional la ley que permite a las autoridades valencianas intervenir en operaciones especulativas y comprar viviendas al mismo precio para aumentar el parque p煤blico. El tribunal no tard贸 en aceptar el recurso

En septiembre de 2020, el PP present贸 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la medida que permite el tanteo y retracto por considerar que invade competencias estatales y significa la 鈥渆xpropiaci贸n de un derecho fundamental鈥, como es el de la propiedad privada. El TC no tard贸 en admitir el recurso. La presidenta del PP valenciano, Isabel Boning, declar贸 entonces su 鈥渟atisfacci贸n鈥 por la decisi贸n del alto tribunal y calific贸 que la ley es inconstitucional, 鈥渘o da seguridad jur铆dica鈥 y supone 鈥渦n ejercicio m谩s del sectarismo de la izquierda鈥.

El car谩cter conservador de la justicia espa帽ola es el aliado perfecto de la derecha y extrema derecha parlamentaria para tumbar unas leyes que afectan a los beneficios de la banca, de los fondos de inversi贸n y del sector inmobiliario. 鈥淗aces una ILP, haces una ley, la apruebas, consigues que se implemente, luego resulta que te la llevan al Tribunal Constitucional y al final despu茅s de tanta movilizaci贸n, despu茅s de tanta legislaci贸n, tanta participaci贸n de la ciudadan铆a sobre cu谩les son las leyes que quieren que les rijan, al final la decisi贸n depende de dos o tres personas鈥, dice Santi Mas de Xax脿s.  




Fuente: Elsaltodiario.com