January 12, 2022
De parte de La Haine
390 puntos de vista


A lo largo de la historia, desde el medievo a la dictadura del General Franco (por poner dos ejemplos al azar), quienes ostentaban el poder otorgaban t铆tulos, medallas y potestades, a personas y colectivos que, con la excusa de haber dado servicios a la patria, adquir铆an un plus de respetabilidad, fama o prestigio, y tambi茅n (驴Por qu茅 no decirlo?) ten铆an el innegable efecto de asegurarse lealtades y apoyo al poder que les encumbraba.

Ejemplo de ello fue el papel de los serenos; aunque Franco no los invent贸, 茅stos fueron durante su dictadura un tent谩culo del poder municipal para el control social de los barrios. Pertenecientes al cuerpo de polic铆a o auxiliares de la justicia, seg煤n el momento de la historia, ten铆an labores de control, como recoger los panfletos que encontraran y llevarlas a la autoridad, o, en algunas 茅pocas, llevar ante el cuerpo de guardia a cualquiera que anduviera por la calle a partir de determinada hora. En la 茅poca de Su Escremencia los ojos de los serenos vigilaban calles y plazas como parte del aparato represivo del poder.

La estupefacci贸n se abre paso cuando, en pleno 2021, con el 鈥淕obierno m谩s progresista de la historia鈥 y en el curso del debate sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada coloquialmente Ley Mordaza, se presenta una enmienda conjunta del PSOE y Unidas Podemos, que reconocer铆a a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Frente a dicha enmienda, el pasado 30 de noviembre de 2021, un total de 27 organizaciones manifestaron su 鈥渁bsoluto rechazo鈥 a dicha propuesta, registrando una petici贸n dirigida a las portavoc铆as de los grupos parlamentarios que componen la Comisi贸n de Interior del Congreso con la finalidad de 鈥渇renar una modificaci贸n legislativa que implicar铆a una nueva regresi贸n democr谩tica鈥 (sic), y denunciando que tal medida reabr铆a las puertas a la policializaci贸n de los funcionarios de prisiones y denunciando que esa enmienda implantar铆a un modelo en el que 鈥渓as personas privadas de libertad podr谩n ser sancionadas por hechos leves tanto por la v铆a administrativa-penitenciaria, como tambi茅n en la v铆a penal generando un aumento de los casos en los que se acuse y condene por atentado, resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad鈥.

Adem谩s, seg煤n manifiestan dichas organizaciones, esta reforma tambi茅n supondr铆a 鈥渦n incremento de las dificultades para denunciar situaciones de maltrato en contexto de privaci贸n de libertad鈥. De esta manera la presunci贸n de veracidad de los funcionarios de c谩rcel que pretende introducir la reforma actuar铆a como un elemento disuasorio a la hora de presentar denuncias e iniciar procedimientos ante una eventual contradenuncia por parte de los funcionarios y, adem谩s, aumentar铆a el margen de arbitrariedad en los expedientes sancionadores, incluidos aquellos que afectan gravemente a derechos fundamentales como los aislamientos en celda.

No hemos de olvidar el contexto espacio-temporal en el que se articula la enmienda: Las denuncias de torturas y malos tratos en dependencias policiales, prisiones y centros de menores en el Estado espa帽ol han encontrado reflejo en un informe oficial: El Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) ha identificado una serie de vulneraciones a los derechos humanos en esos 谩mbitos, tal como queda expuesto en el informe sobre Espa帽a que en esas fechas (finales de 2021) public贸 dicho organismo.

El documento fue sido elaborado tras la visita realizada en septiembre de 2020 por una delegaci贸n del CPT, Organismo del Consejo de Europa que examin贸 el trato y las condiciones de detenci贸n de hombres y mujeres recluidos en varias prisiones y en los dos hospitales psiqui谩tricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, as铆 como en un centro de detenci贸n para menores en Algeciras. Adem谩s, se examin贸 el trato y las garant铆as ofrecidas a las personas privadas de libertad por la Polic铆a. En el citado informe, se afirma con rotundidad respecto a los centros penitenciarios que sigue existiendo un patr贸n de malos tratos f铆sicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacci贸n punitiva al comportamiento de los presos, incluyendo m茅todos de tortura como la “falanga” o “falaka”, que se trata de un doloroso castigo que consiste, b谩sicamente, en golpes en la planta de los pies.

Seg煤n la delegaci贸n del CPT, las denuncias efectuadas por las personas privadas de libertad, no pueden ser tratadas como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios, 鈥渟ino que representan una cultura m谩s profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas c谩rceles鈥.

Aunque dicha petici贸n no obtuvo eco en la prensa, como era de prever, al menos tuvo la virtualidad pr谩ctica de que dicha enmienda fue retirada, lo cual no significa que las personas privadas de libertad est茅n cualitativamente m谩s protegidas; nunca las normas de este sistema aseguran derechos, y menos a煤n en materia de represi贸n.

Pero no solo respecto a ese colectivo ha habido en los 煤ltimos tiempos debate respecto a la ampliaci贸n de la consideraci贸n de agentes de la autoridad a determinados grupos y profesiones.

As铆, la Ley Org谩nica 1/2015, de reforma del C贸digo Penal, estableci贸 que pasaba a considerarse delito de atentado a agente de la autoridad los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educaci贸n en el ejercicio de sus funciones, atendiendo a reclamaciones efectuadas por Colegios de M茅dicos y otras entidades relacionadas con el profesorado ante casos de agresiones a dichos profesionales por parte de pacientes, alumnos y padres de 茅stos.

En el campo del derecho, en los 煤ltimos a帽os ha habido voces que reclamaban la consideraci贸n de agente a la autoridad de las personas letradas que ejercen por ejemplo la defensa en los turnos de oficio, incluso alguna asociaci贸n profesional de la abogac铆a ha pedido tal consideraci贸n argumentando que hab铆a casos de agresiones a abogadas y abogados por parte de sus clientes.

No ser茅 yo quien diga que est谩 muy bonito agredir a un profesional, sea 茅ste de la medicina, la educaci贸n, la abogac铆a o la fontaner铆a, pero la sucesi贸n de tales incidentes, no s茅 si muchos o pocos, viene a poner de manifiesto problemas sociales profundos que no se solucionan ni solo ni principalmente incrementando el nivel de la represi贸n elevando a la categor铆a de atentado a agente de la autoridad a dichas agresiones.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos, sean del signo que sean, ha ido optando por aumentar el n煤mero de colectivos revestidos de 鈥渁utoridad鈥 como 煤nica medida a barajar.

Menci贸n especial merece que el art铆culo 31 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada que devuelve a los vigilantes de seguridad el car谩cter de agentes de la autoridad se帽alando que 鈥淪e considerar谩n agresiones y desobediencia a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperaci贸n y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad鈥.

La recuperaci贸n de dicha condici贸n (fue suprimido dicho car谩cter en 1992) a un colectivo respecto al cual pesan multitud de acusaciones de racismo y xenofobia, en actuaciones arbitrarias de las que se ha hecho eco la prensa y colectivos como SOS Racismo, desde escupitajos a pasajeros negros a agresiones e insultos a migrantes, supone un envalentonamiento de los elementos m谩s energ煤menos de dicha profesi贸n, sobre todo teniendo en cuenta el concepto que en muchos juzgados y tribunales se tiene del deber de obediencia a un uniforme.

Se帽al谩bamos al principio que el poder teje complicidades, y la tentaci贸n de nombrar autoridad a cada vez m谩s colectivos profesionales supone una salida f谩cil, a lo que se ve, a problemas de fondo que nadie quiere abordar. Se trata de nombrarles accionistas ideol贸gicos de una sociedad cuyos valores est谩n en una profunda crisis, en un mundo en que el poder sue帽a con que la mitad de la poblaci贸n ejerza como vigilante de la otra mitad, todo con tal de que las cosas sigan igual.

Francisco Garc铆a Cediel




Fuente: Lahaine.org