October 14, 2021
De parte de Indymedia Argentina
298 puntos de vista


Con el visto bueno de la Corte Suprema, la Ciudad-Estado pretende controlar la Justicia Nacional.

Movilizaci贸n frente al Tribunal Superior de Justicia porte帽o el mi茅rcoles 6 de octubre. Foto SiPreBA.

La Legislatura de la Ciudad, con amplia mayor铆a de Juntos por el Cambio, sancion贸 una ley que ampl铆a la competencia del Tribunal Superior de Justicia local, facult谩ndolo para revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional con sede en el distrito en cualquiera de sus fueros: civil, comercial, penal, contencioso-administrativo, laboral y de la seguridad social.

De esta forma, la Legislatura ha otorgado al Tribunal Superior de Justicia local el car谩cter de 贸rgano superior de la Justicia Nacional, lo que implica una reforma de esta 煤ltima, arrebatando la competencia del Congreso de la Naci贸n.

La audacia y la rapidez con que se llev贸 a cabo esta maniobra revela la urgencia pol铆tica del gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta por darle a un tribunal casi totalmente adicto la posibilidad de revisar fallos de la Justicia Nacional Comercial sobre la causa del Correo Argentino, que afecten los intereses del grupo Socma y la familia Macri; y los de la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya jurisprudencia preocupa a los grupos econ贸micos y las grandes empresas.

La Sala VI de la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha calificado esta ley como inconstitucional, notificando su resoluci贸n a la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, al Consejo de la Magistratura y a otros poderes.

Frente a la gravedad institucional creada por esta ley, numerosas organizaciones, entre ellas la Asociaci贸n de Magistrados y Funcionarios de la Naci贸n, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Uni贸n de Empleados Judiciales de la Naci贸n, el Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal, la Asociaci贸n Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, la Asociaci贸n Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, el Frente de Abogados Populares, la Lista Celeste de la Asociaci贸n de Magistrados y la Asociaci贸n del Personal Aeron谩utico, convocaron a una movilizaci贸n que se realiz贸 el mi茅rcoles 6 de octubre frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en la que un gran n煤mero de trabajadores expres贸 su repudio a la maniobra de colonizaci贸n de la Justicia Nacional.

La 鈥淐iudad constitucional鈥 sobre el Estado de Derecho

El gobierno de Rodr铆guez Larreta y la mayor铆a de la Legislatura porte帽a han ampliado los poderes de su Tribunal Superior, coloc谩ndolo por encima de la Justicia Nacional. De esta forma ponen al descubierto su voluntad de avanzar sobre las instituciones y consolidarse como un poder aut贸nomo y autoritario dentro del Estado Nacional.

No constituye un hecho aislado sino parte de una estrategia de la derecha tendiente a afianzar el control pol铆tico sobre todos los resortes del Estado dentro del territorio de la Ciudad.

Hay hechos anteriores que lo demuestran, como los siguientes:

1. En 2017 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n煤mero 75 dict贸 sentencia en un juicio de rendici贸n de cuentas, condenando al demandado a llevar adelante la rendici贸n bajo apercibimiento de hacerlas a su costo. La sentencia fue confirmada un a帽o m谩s tarde por la Sala A de la C谩mara Nacional de Apelaciones en lo Civil.[1]

El demandado interpone recurso de inconstitucionalidad, no ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n sino ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La C谩mara rechaza el recurso por aplicaci贸n de las normas del C贸digo Procesal Civil y Comercial de la Naci贸n.

El demandado interpone queja por denegaci贸n del recurso por ante el Tribunal Superior, que hace lugar al misma y deja sin efecto la sentencia de la C谩mara Nacional, propone un cambio en el modo de interpretar el C贸digo Procesal Civil y Comercial de la Naci贸n y la Ley 402 de la Ciudad.

El Tribunal se arroga la condici贸n de 鈥渢ribunal superior de la causa鈥, como poder de gobierno y cabeza del Poder Judicial local, y exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo porte帽os a que tomen 鈥渕edidas activas para hacer avanzar la autonom铆a jurisdiccional plena de la Ciudad鈥.

La 煤nica integrante del Tribunal que no comparte la decisi贸n es la doctora Alicia Ruiz, quien sostiene 鈥渜ue por v铆a jurisprudencial no se pueden realizar modificaciones procesales con entidad suficiente como para alterar la estructura institucional de todo un sistema de justicia altamente complejo, cuando, como en el caso, no se ha planteado una cuesti贸n constitucional suficiente. Ello as铆, y sin que lo que aqu铆 se resuelva importe renunciar al mandato de defensa de la autonom铆a de la Ciudad de Buenos Aires impuesto por el art铆culo 6 de la Constituci贸n, corresponde abstenerse de entender en estos autos, porque lo contrario implicar铆a alterar la organizaci贸n del sistema de justicia establecida por leyes de la Naci贸n y de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires鈥.[2]

2. En abril de 2021 el gobierno de la Ciudad emprendi贸 acciones tendientes a resistir el cumplimiento del Decreto 241/2021 del gobierno nacional que 鈥揺n el peor momento de expansi贸n y recrudecimiento de la pandemia鈥 hab铆a dispuesto que las clases se desarrollaran en forma virtual. Rodr铆guez Larreta se niega a aplicarlo, fund谩ndose en un fallo dictado por la C谩mara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires 鈥搕ribunal local incompetente para analizar, revisar y mucho menos desconocer la validez de un Decreto de Necesidad y Urgencia鈥 y planteando una acci贸n declarativa de inconstitucionalidad del mismo por ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n.

La bandera de la defensa de la presencialidad en las escuelas enarbolada entonces por el gobierno de Rodr铆guez Larreta encubr铆a la intenci贸n de hacer fracasar las medidas adoptadas por el gobierno nacional para combatir la expansi贸n de la pandemia, en momentos en que crec铆an exponencialmente los contagios y las muertes como consecuencia de la segunda ola de la pandemia.

En nuestro art铆culo La rebeli贸n de la Ciudad Estado manifestamos que estas maniobras judiciales del gobierno de la Ciudad eran acciones pol铆ticas dirigidas a desconocer la autoridad del gobierno nacional, desautorizarlo, deslegitimarlo, limando la credibilidad de sus decisiones.

Sostuvimos entonces y reiteramos hoy que estas decisiones del Ejecutivo de la Ciudad no s贸lo violaban las normas de pol铆tica sanitaria sino que constitu铆an un alzamiento contra el gobierno constitucional.

El fallo que aval贸 el alzamiento del gobierno de la Ciudad

El 4 de mayo de 2021 la Corte falla a favor de la pretensi贸n del gobierno de la Ciudad 鈥揻allo anunciado un d铆a antes por varios medios hegem贸nicos, entre ellos el Grupo Clar铆n e Infobae鈥, con la abstenci贸n de la doctora Elena Highton.

El fallo sostiene que la Ciudad Aut贸noma es prioritariamente una 鈥渃iudad constitucional鈥 y 鈥渟贸lo subsidiaria y excepcionalmente, en cuanto se comprometieran los intereses federales, como territorio sujeto a normas y jurisdicci贸n de ese tipo鈥.

Dice que 鈥渓a 鈥渃apitalidad鈥 鈥搚 por extensi贸n la federalizaci贸n鈥 de la Ciudad de Buenos Aires es la excepci贸n; la regla es la prevalencia del ejercicio regular de sus competencias locales鈥.

El art铆culo 129 de la Constituci贸n Nacional no avala esta interpretaci贸n: 鈥淟a ciudad de Buenos Aires tendr谩 un r茅gimen de gobierno aut贸nomo, con facultades propias de legislaci贸n y jurisdicci贸n; y su jefe de gobierno ser谩 elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizar谩 los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Naci贸n鈥.

Esa ley es la 24.588, conocida como 鈥淟ey Cafiero鈥, en vigencia desde 1995, y no le da autonom铆a de Provincia a la Ciudad de Buenos Aires. Su art铆culo 1掳 determina que 鈥済arantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la Rep煤blica, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Naci贸n鈥.

El Art铆culo 2掳 determina que 鈥渟in perjuicio de las competencias de los art铆culos siguientes, la Naci贸n conserva todo el poder no atribuido por la Constituci贸n al gobierno aut贸nomo de la Ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones鈥.

El art铆culo 8掳 de la ley 24.588 dispone que la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendr谩 su actual jurisdicci贸n y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Naci贸n, y que 鈥渓a ciudad de Buenos Aires tendr谩 facultades propias de jurisdicci贸n en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales鈥.

De esta forma la Corte avala la pretensi贸n del gobierno de Rodr铆guez Larreta de cumplir s贸lo aquellas normas con las que est茅 de acuerdo e incumplir las que no gocen de su conformidad, d谩ndole un status privilegiado que supera los derechos y facultades que tienen las provincias en un Estado federal, como si se tratara de una suerte de Ciudad Estado.

Obviamente que nadie puede reconocerle a la Corte el derecho a modificar la Constituci贸n Nacional. Sin embargo, se ha atribuido las facultades propias de una Convenci贸n Constituyente, modificando los art铆culos 116, 128 y 129 de la Constituci贸n en nombre de una pretendida interpretaci贸n de la misma a la luz de algunos de sus fallos.

El fallo de la Corte fue una resoluci贸n de car谩cter abstracto, dado que el Decreto de Necesidad y Urgencia hab铆a vencido el 30 de abril; pero no obstante ello sostuvo 鈥揷on el voto de Ricardo Lorenzetti鈥 que ser铆a aplicable a decretos posteriores del Poder Ejecutivo nacional. En otras palabras, el fallo no se limita a resolver la cuesti贸n planteada por el gobierno de la Ciudad sino que 鈥渞ige para el futuro鈥, como si se tratara de una ley.

Creemos que este fallo no s贸lo acord贸 legitimidad a las resoluciones del gobierno porte帽o y su justicia contencioso administrativa, que incumplieron las medidas sanitarias de emergencia, sino que alent贸 la consumaci贸n de otras a煤n m谩s graves como la ley con la que se pretende que el Tribunal Superior de la Ciudad ejerza un poder de revisi贸n sobre las decisiones de todos los fueros de la Justicia Nacional con sede en la Capital Federal.

La renuncia de Highton y el futuro de la Corte

La reciente renuncia de la doctora Elena Highton a su cargo de ministra de la Corte a partir del 1掳 de noviembre de 2021 agrava a煤n m谩s la situaci贸n del m谩ximo Tribunal, haciendo insostenible jur铆dica y pol铆ticamente su funcionamiento.

Highton siempre se manifest贸 contraria a la 鈥渓ibre interpretaci贸n鈥 del texto del art铆culo 129 de la Constituci贸n, que lleva a la mayor铆a de los miembros de la Corte a equiparar la situaci贸n de la ciudad con la de las provincias, al concederle la posibilidad de recurrir a la competencia originaria de la Corte en sus conflictos con la Naci贸n.

Ha dicho la ministra renunciante que 鈥渓os constituyentes no concibieron a la Ciudad como una provincia ni a su autonom铆a con el mismo alcance que la de aquellas, conclusi贸n que se ve ratificada por las exposiciones que tuvieron lugar en las sesiones de la Convenci贸n Nacional Constituyente de 1994, donde se expresaron interpretaciones concordantes acerca de la limitaci贸n de la autonom铆a porte帽a por parte de representantes de diferentes sectores pol铆ticos (disidencia de la jueza Highton de Nolasco, que remite a su disidencia en el precedente 鈥淕obierno de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires y otros鈥.[3]

La posici贸n de los cuatro que contin煤an en sus cargos ha sido diametralmente opuesta, como lo demuestra el fallo comentado, que constituye un alzamiento de la Corte contra el orden constitucional.

Cabe recordar que dos de sus integrantes, Carlos Fernando Carlos Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti, fueron designados por decreto 83/2015 鈥損ublicado el 15 de diciembre de 2015鈥 del entonces Presidente Mauricio Macri. Para ello se utiliz贸 el art铆culo 99 inciso 19 de la Constituci贸n Nacional y el nombramiento se efectu贸 鈥渆n comisi贸n鈥, sin prever siquiera el acuerdo del Senado. No obstante la irregularidad del procedimiento, Rosenkrantz y Rosatti aceptaron la designaci贸n. El posterior acuerdo del Senado no convalida dicha irregularidad ni justifica la conducta de los propuestos para integrar el m谩ximo Tribunal de nuestro pa铆s.

La Corte actual ha dictado fallos claramente violatorios de las normas protectorias del Derecho Laboral y de los pactos internacionales con jerarqu铆a constitucional, entre otros en el caso 鈥淥campo, Alessio Mat铆as Yair c/ BGH S.A. s/ despido鈥, en el que la mayor铆a del m谩ximo tribunal considera v谩lido el acuerdo de extinci贸n del v铆nculo laboral firmado por el trabajador y el representante de la empresa ante un escribano; y en los casos 鈥淥rellano鈥 y 鈥淐onte鈥, ambos contra el Correo Oficial de la Rep煤blica Argentina, en los que se desconoce el car谩cter discriminatorio de despidos por causas gremiales y se les niega el ejercicio del derecho de huelga.

Por otra parte, cuando se trata de recursos extraordinarios planteados ante la Corte por los trabajadores o los sectores populares, pueden pasar a帽os sin que nada se resuelva, o bien que se resuelva desecharlos en forma inmediata acudiendo al art铆culo 280 del C贸digo Procesal Civil y Comercial de la Naci贸n: 鈥淟a Corte, seg煤n su sana discreci贸n, y con la sola invocaci贸n de esta norma, podr谩 rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia鈥. Estas facultades desestimatorias son utilizadas por la Corte en numerosos casos, lo que le permite abstenerse de emitir opini贸n alguna sobre los casos de arbitrariedad de las decisiones judiciales.

Si un poder se coloca por encima de la Constituci贸n y las leyes se convierte en un poder que viola la propia Carta Magna, y lo que es m谩s grave es el hecho de que no existe recurso alguno contra el mismo.

Coloc谩ndose por encima de los dem谩s poderes del Estado, atribuy茅ndose funciones de constituyente, legislativas y ejecutivas, la Corte pretende instaurar el 鈥済obierno de los jueces鈥, el m谩s autoritario y antidemocr谩tico de los que conoce la humanidad. En nombre de la Constituci贸n se terminan por violar derechos fundamentales reconocidos por la misma y se lesionan las bases del propio funcionamiento del Estado democr谩tico.

No hay democracia cuando no existe equilibrio entre los poderes, cuando uno de ellos se alza por encima de los dem谩s y pretende disciplinarlos; y resulta mucho m谩s grave a煤n que el poder que se autoerige como superior a los dem谩s no sea producto ni est茅 sujeto al control de la voluntad popular.

[1] C谩mara Nacional Civil, 鈥淔errari Mar铆a Alicia y otro c/ Levinas Gabriel Isa铆as s/ Rendici贸n de Cuentas鈥. Expediente 78500/2015, sentencia del 2 de octubre de 2020.

[2] Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, 鈥淟evinas, Gabriel Isa铆as s/SAG (queja por recurso de inconstitucionalidad denegado), en Ferrari Mar铆a Alicia c/ Levinas, Gabriel Isa铆as鈥.

[3] CSJN, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros (voto en disidencia); 3 de diciembre de 2020. (Fallos: 342:533).

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/el-gobierno-de-los-jueces-3/




Fuente: Argentina.indymedia.org