May 6, 2022
De parte de SAS Madrid
204 puntos de vista

El Gobierno se ha propuesto impulsar una reforma legal para eliminar los internamientos forzosos a enfermos psiqui谩tricos y buscar “medidas alternativas” m谩s basadas en los Derechos Humanos. Es uno de los objetivos fijados en la nueva Estrategia Espa帽ola sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. El fin es, en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodr铆guez, apoyar a los “m谩s de cuatro millones de espa帽oles que sufren discapacidad, acompa帽arles y derribar barreras arquitect贸nicas, sociales, laborales y normativas”.

En un extenso documento de m谩s de un centenar de p谩ginas, el Ejecutivo marca la hoja de ruta a seguir para “hacer efectivos los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y los de sus familias”. Plantean, para los pr贸ximos ocho a帽os, una serie de reformas enmarcadas en seis ejes principales, que van desde la inclusi贸n social y garant铆a de la autonom铆a personal, a la igualdad, cohesi贸n territorial e innovaci贸n. 

Dentro del segundo eje, el de “autonom铆a personal y vida independiente”, est谩n quiz谩s las reformas m谩s destacadas. Todas ellas tienen un horizonte claro: promover, dentro de lo posible, la m谩xima autonom铆a personal y libre elecci贸n de las personas con discapacidad. As铆, uno de los cambios que se ha propuesto el Gobierno pasa por modificar el art铆culo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para eliminar los internamientos forzosos -sin consentimiento- en centros psiqui谩tricos, con especial atenci贸n a la situaci贸n de los menores de edad y en buscar “medidas alternativas”, que no concreta en el documento.

Este procedimiento de internamiento no voluntario fue dotado de car谩cter de ley org谩nica en 2015, despu茅s de que el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional precisamente por no tener el rango de org谩nico y afectar al derecho fundamental a la libertad personal. Lo que permite esta regulaci贸n espec铆fica es internar por raz贸n de trastorno ps铆quico a una persona “que no est茅 en condiciones de decidirlo por s铆 misma”, con el 煤nico requisito de que se presente una autorizaci贸n judicial. 

Una modificaci贸n “acorde” con los Derechos Humanos

“Lo que est谩 en juego cuando no se respeta la voluntad de una persona son los derechos humanos. Aqu铆 no estamos hablando de alguien que ha cometido un delito, estamos hablando de que, por protecci贸n de esa propia persona, se dispone de su internamiento a煤n sin contar con su voluntad”, asevera a 20minutos el delegado de Derechos Humanos del Comit茅 Espa帽ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Gregorio Saravia. 

Es, se帽ala, “una cuesti贸n muy problem谩tica”. Lo que seg煤n CERMI deber铆a hacerse es una reforma del art铆culo 763 “acorde” con los derechos blindados en la Convenci贸n Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Espa帽a. Y es que con la regulaci贸n actual, denuncia, se vulneran numerosos derechos reconocidos en el acuerdo jur铆dico, como el de no discriminaci贸n, el de igual reconocimiento ante la ley o el de la protecci贸n de la integridad personal. 

“Cuando las personas son internadas por estas cuestiones, en general, lo que se lleva adelante son una serie de medidas de contenci贸n que pueden ser tanto qu铆micas como mec谩nicas, para personas que est谩n teniendo alg煤n brote, por ejemplo”, explica Saravia. A lo que aspiran, afirma, es a proteger a las personas con discapacidad de “tratos que se asemejan a la tortura”. “Tener a una persona inmovilizada con correas durante much铆simas horas es un trato degradante”, subraya. 

Asimismo, Saravia incide en delimitar “dos problemas muy distintos”: “Muchas veces se confunde la voluntad de decidir con las formas en las que esa voluntad se manifiesta”, asegura. Lo que hay que hacer, seg煤n el miembro de CERMI, es especificar de una forma mucho m谩s concreta los supuestos y condiciones bajo las cuales se acuda al internamiento forzoso de una persona con problemas de salud mental. “Si no se tiene una mirada omnicomprensiva de las diferentes situaciones que pueden atravesar las personas, lo que podemos estar haciendo con legislaciones como esta es afectar de una forma desproporcionada aun determinado tipo de personas”. 

“Lo excepcional no puede convertirse en regla”

“No tiene ning煤n sentido negar que hay casos en los cuales s铆 que la 煤nica alternativa es la de llevar a cabo ese internamiento”, reconoce, incidiendo en que debe abordarse como una medida completamente extraordinaria. “Lo excepcional no puede convertirse en regla, y es lo que est谩 sucediendo ahora”, denuncia el delegado de Derechos Humanos del CERMI. 

“Una reforma legal que no venga acompa帽ada de un cambio en la cultura de quienes la aplican va a ser infructuosa”

Por ello, desde CERMI creen que, si bien hay casos en los que s铆 que es necesario internar a una persona en un hospital psiqui谩trico sin su consentimiento o el de su tutor legal, tiene que darse con ciertas garant铆as, desde un punto de vista judicial, de que se est谩n respetando los derechos. “Tiene que ser excepcional y adem谩s proporcional en el tiempo. No se pueden ir extendiendo eternamente internamientos como ha pasado en much铆simos casos”. 

As铆, abogan por llevar a cabo controles “m谩s rigurosos” para los que, adem谩s, consideran que har铆an falta reformas m谩s all谩 de la modificaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Civil. “Una reforma legal que no venga acompa帽ada de un cambio en la cultura de quienes tienen que aplicarla va a ser una reforma infructuosa”, subraya. 

La ‘laguna’, seg煤n Saravia, tiene su origen en un problema de orden legislativo, pero tambi茅n en una “fata de pedagog铆a” por parte de los operadores jur铆dicos. “Todav铆a hay que avanzar en la toma de conciencia de que estos derechos existen y deben ser respetados en todas las situaciones. Habr铆a que reforzar la formaci贸n de los que interceden, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad hasta el personal sanitario”. 

Reducir la institucionalizaci贸n

Tambi茅n dentro del marco de fomentar la autonom铆a de las personas con discapacidad, el Gobierno marca en el Ejecutivo la intenci贸n de mejorar en el despliegue del Sistema para la Autonom铆a a la Dependencia (SAAD), orient谩ndolo a la “promoci贸n de la autonom铆a personal, la permanencia en el domicilio y la vida en la comunidad de las personas con discapacidad”. 

En definitiva, de lo que se trata es de potenciar todos los servicios que se encargan de la asistencia personal (la atenci贸n domiciliaria) para reducir el n煤mero de personas con discapacidad que viven en instituciones y poniendo especial atenci贸n a la infancia con discapacidad promoviendo modelos como el de acogida familiar. 

Para ello, contemplan tambi茅n avanzar en el desarrollo de medidas de apoyo a las familias y personas cuidadoras, “considerando los nuevos modelos familiares y el relevo generacional” en el apoyo a familiares con discapacidad. Adem谩s, promover谩n opciones de vivienda “accesible y asequible” para potenciar su emancipaci贸n y “compensando sus especiales dificultades de acceso”, reza el texto.

Enlace relacionado 20Minutos.es (03/05/2022).




Fuente: Sasmadrid.org