May 10, 2022
De parte de SAS Madrid
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El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de poblaci贸n de la zona en la que est谩n ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitaci贸n a un m谩ximo de 90 plazas como propuso en febrero.

As铆 se recoge un nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditaci贸n y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonom铆a y Atenci贸n a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo est谩 negociando con las autonom铆as, que son las competentes en la materia, ha informado Europa Press.

En concreto, el nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge que los centros que se construyan tras la aprobaci贸n de este acuerdo “no podr谩n superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas”; mientras que las “localidades o zonas de densidad intermedia” tendr铆an el l铆mite en 90 plazas; las “ciudades o zonas densamente pobladas”, en 120.

El nuevo texto, al que ha tenido acceso Europa Press, mantiene la limitaci贸n a “un m谩ximo de 50 plazas” a los centros “cuya atenci贸n se destine a personas con discapacidad”.

Plazas p煤blicas y divisi贸n de espacios

Entre las exigencias que propone Derechos Sociales, tambi茅n se indica que las administraciones competentes, dispondr谩n de, al menos, el 65% de las plazas p煤blicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Del mismo modo, recoge que los centros cuya construcci贸n se haya iniciado con car谩cter previo al acuerdo, dispondr谩n, al menos, de un 15% de las plazas p煤blicas en habitaciones de uso individual cuando el centro est茅 ubicado en zona rural o zona escasamente poblada, mientras que este porcentaje se elevar谩 hasta el 25% cuando el centro est茅 ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 30% cuando est茅 ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.

“La administraci贸n auton贸mica competente en el territorio en el que se ubique el centro, podr谩 expedir una autorizaci贸n expl铆cita para que aquellos centros que as铆 lo soliciten, no tengan que cumplir los porcentajes plazas p煤blicas en habitaciones de uso individual referidas (…), siempre que su capacidad m谩xima sea igual o inferior a 35 plazas y que justifiquen circunstancias excepcionales de viabilidad econ贸mica o arquitect贸nica”, se帽ala el documento.

Tambi茅n se indica que las personas residentes deber谩n gozar simult谩neamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y de espacios de convivencia en el centro, que se les facilitar谩 conexi贸n a Internet de forma gratuita y que en las unidades convivir谩n “un grupo reducido” de residentes, que en ning煤n caso podr谩n superar las 15 personas, “de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar”.

Condiciones de los profesionales

Del mismo modo, se propone que los turnos de los profesionales de atenci贸n directa de primer nivel se organicen “minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia”.

A este personal de atenci贸n directa de primer nivel (Ad1N) se le exigir谩, seg煤n recoge la propuesta de acuerdo, que posea la cualificaci贸n profesional que acredite sus competencias y tal efecto, aunque se permite facilitar la habilitaci贸n excepcional a personas cuidadoras, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales con experiencia de al menos 3 a帽os y con un m铆nimo de 2.000 horas trabajadas en los 煤ltimos 12 a帽os en la categor铆a profesional correspondiente, o con un m铆nimo de 300 horas de formaci贸n relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en los 煤ltimos 12 a帽os, previa presentaci贸n de su solicitud.

Esto quedar谩 determinado en la normativa auton贸mica, en su caso, donde est茅 ubicada la empresa donde haya prestado sus 煤ltimos servicios la persona solicitante.

Del mismo modo y, tal y como recoge Derechos Sociales en el documento, con el objetivo de “garantizar la estabilidad en el empleo”, se propone habilitar provisionalmente a aquellas personas que sin haber alcanzado los requisitos para la habilitaci贸n excepcional, se comprometan, mediante declaraci贸n responsable, a participar en los procesos de evaluaci贸n y acreditaci贸n de la experiencia laboral, que se realicen desde el 谩mbito estatal o auton贸mico, o a realizar la formaci贸n vinculada a los certificados de profesionalidad o t铆tulos de formaci贸n profesional del sector.

Tambi茅n en este sentido, se distingue de forma espec铆fica a los centros situados en el medio rural que, cuando no dispongan de las personas con la acreditaci贸n requerida para las categor铆as mencionadas anteriormente o se acredite la inexistencia de demandantes de empleo en la zona, podr谩n, mediante certificado de la Oficina de Empleo correspondiente, contratar a personas que no cuenten con la cualificaci贸n profesional exigida hasta que sus puestos puedan ser ocupados por profesionales cualificados, o estos adquieran la cualificaci贸n correspondiente.

Rechazo de la patronal

En cuanto a la financiaci贸n para esta reforma del sistema, el documento indica que las administraciones p煤blicas “adecuar谩n la financiaci贸n del SAAD y el precio de los servicios concertados a medida que se introduzcan progresivamente los requisitos contenidos en el presente Acuerdo”.

“En particular, el Marco de Cooperaci贸n Interadministrativa acordado entre la Administraci贸n General del Estado y las comunidades aut贸nomas, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom铆a y Atenci贸n a la Dependencia, orientar谩 el nivel acordado de financiaci贸n a garantizar los criterios comunes de acreditaci贸n y calidad de los centros y servicios del SAAD, seg煤n lo establecido en el art铆culo 32 de la Ley de Dependencia”, recoge el texto.

Precisamente, la ausencia de m谩s concreci贸n en la financiaci贸n y la ausencia en el documento de una memoria econ贸mica, es una de las cosas que m谩s preocupa a la patronal de dependencia.

As铆 lo ha expresado la presidenta del C铆rculo Empresarial de Atenci贸n a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, quien ha indicado que tampoco est谩n “satisfechos” con el hecho de que “no se trata a todos los mayores por igual” y se “distingue” su situaci贸n dependiendo del centro en el que se encuentren: p煤blico, concertado o privado.

El secretario general de AESTE, Jes煤s Cubero, por su parte, esta propuesta de Derechos Sociales es “un verdadero desprop贸sito” que “no resuelve los problemas que tiene actualmente el modelo de atenci贸n a las personas mayores” y “no es capaz de anticiparse a las necesidades de la poblaci贸n de personas mayores”.

A su juicio, tampoco “satisface la problem谩tica de carencia de profesionales en el sector”; “no incentiva la construcci贸n de nuevos centros residenciales”; y “constituye una clara invasi贸n de competencias en una materia como la dependencia, que est谩 totalmente transferida a las comunidades aut贸nomas”.

“Es un documento, sin duda, realizado por quien no conoce de primera mano el sector de atenci贸n a los mayores y cuenta con nuestro rechazo frontal”, ha declarado.

Enlace relacionado InfoLibre.es (10/05/2022).




Fuente: Sasmadrid.org