November 2, 2021
De parte de SAS Madrid
252 puntos de vista

El Ingreso M铆nimo Vital, la renta estatal dise帽ada por el gobierno actual de coalici贸n PSOE-UP, se present贸 en febrero de 2020 dos veces, previo al estallido del coronavirus. La autor铆a fue reclamada por dos miembros del ejecutivo en sus primeras comparecencias tras tomar posesi贸n: el entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y Jos茅 Luis Escriv谩, reci茅n nombrado ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y que ya desde su anterior puesto en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hab铆a sugerido crear una modalidad de prestaci贸n similar. Ambos hablaron de una renta m铆nima de car谩cter estatal que convivir铆a con las auton贸micas y que triplicar铆a el alcance de estas.

El 29 de mayo de 2020 se anunci贸, al alim贸n y en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, como un gran hito de legislatura la herramienta que llegar铆a a 850.000 hogares, lo que supon铆a  2,3 millones de personas. Un a帽o y medio y una pandemia despu茅s, el pasado 1 de octubre, en nota de prensa y sin comparecencia, el equipo de Escriv谩 reconoc铆a que el IMV hab铆a llegado a 800.000 personas, que no hogares, lo que reduc铆a en un 60% el n煤mero de familias beneficiarias con respecto a lo anunciado, y a煤n m谩s, un 65% a las personas, compar谩ndolas a las previsiones calculadas. En espera de los resultados de los incipientes itinerarios de inclusi贸n, presentados esta misma semana, y que se espera que sirvan como “palancas” para que las personas beneficiarias salgan de su situaci贸n vulnerable, los resultados quedan muy lejos de lo previsto.

Analizando los propios datos ministeriales con la tasa de riesgo de pobreza, la cifra media de cobertura del IMV se reduce a un 10% para el territorio nacional, con datos dram谩ticos en zonas como Catalunya, donde s贸lo cinco de cada cien personas vulnerables son receptoras de esta ayuda, seguidos de Canarias, Castilla La Mancha, Illes Balears y Galicia, con seis, Extremadura con siete y Murcia, Comunitat Valenciana, Madrid y Cantabria, donde son ocho de cada cien las personas en situaci贸n de pobreza protegidas. La CCAA que sale m谩s favorecida en esta mirada ser铆a Navarra, con un 22% de cobertura sobre el total de poblaci贸n vulnerable.

Una fuente oficial del ministerio valora estas cifras como un reto: “Hemos detectado la existencia de un grupo importante de personas en situaci贸n de vulnerabilidad que no ha solicitado el IMV. Se emprender谩 una b煤squeda activa de las mismas y, por esta v铆a, se podr铆an incorporar entre otras 20.000 y  40.000 nuevas prestaciones”, calculan.

La Plataforma RMI Tu Derecho ha valorado esta misma semana de forma positiva que las solicitudes pendientes de tramitaci贸n se hayan reducido en el 煤ltimo medio a帽o en m谩s del 70%, pasando de 350.000 a 97.500, en un dossier en el que analizan las deficiencias estructurales que identifican y monitorizan en la implementaci贸n de esta ayuda, un a帽o y cuatro meses despu茅s de su lanzamiento.

Y es que a煤n se est谩n quedando fuera miles de personas. Una pista la dan las 890.000 solicitudes denegadas de los 1,45 millones recibidas, seg煤n la informaci贸n del ministerio de mediados de septiembre. 

Denegaci贸n por estar empadronada en un hogar del que fue desahuciada

Una es Lorena, junto a su marido y sus cuatro hijos de entre dos y nueve a帽os. Actualmente viven en Zaragoza en casa de su madre. Hasta hace poco habitaban en Quinto de Ebro, a 45 km, de donde fueron desahuciados este verano. Les han denegado el IMV hasta dos veces por estar empadronados en aquella direcci贸n con sus suegros y de la que han sido expulsados por sentencia judicial. Adem谩s, no conviven desde 2017 con ellos, y as铆 lo han documentado en sucesivos recursos. Es lo que se lee en las cartas de denegaci贸n c贸mo “formar parte de otra unidad de convivencia”.

Han cambiado a los ni帽os del colegio, “pero no el padr贸n, me da miedo que si me pongo con mi madre, nos lo denieguen por tercera vez”, explica. Y eso le lleva a no poder solicitar ayuda en los servicios sociales de la capital aragonesa. Sobreviven con 675 euros al mes para los seis miembros, procedentes de las ayudas para parados de larga duraci贸n y prestaciones por hijo a cargo, que le retiraron tambi茅n al iniciar el proceso de solicitud. De acuerdo a la tabla del IMV, deber铆an estar ingresando al mes 1.034 euros. Llevan desde julio de 2020 esper谩ndolo.

Desde la European Anti-Poverty Network, la EAPN, autora del 铆ndice AROPE que acaba de ser publicado, aseguran que “el IMV es el mayor avance social desde la Ley de Dependencia, pero no est谩 llegando a todas las personas que lo necesitan”. Los requisitos a cumplir (que lo alejan de la idea de renta b谩sica incondicional), y la excesiva burocracia, acrecentada por el torpe flujo de informaci贸n entre instituciones como la Agencia Tributaria y la propia Seguridad Social, el cruce con la gesti贸n de las rentas auton贸micas y la presi贸n sobre los servicios sociales locales, junto con el colapso administrativo generado por la pandemia, ayudan a explicar en parte los bajos 铆ndices de 茅xito.

Para entidades y asociaciones que trabajan con personas en exclusi贸n, sin embargo, hay errores de base. “Las personas con necesidades de entre 18 y 22 a帽os quedan fuera a menos que est茅n emancipados y con familia propia”, explican desde la red europea como uno de los ejemplos de inoperancia. Y, sin embargo, a煤n cumpliendo esos requisitos, en la localidad de Vilardev贸s, en Ourense, Tamara Balboa, coordinadora de la entidad CDR Portas Obertas y trabajadora social, se dio de bruces con respuestas contradictorias desde el tel茅fono de atenci贸n para solicitantes al intentar ayudar a una chica de 22 a帽os sin recursos que acababa de ser madre. “Ella y su beb茅 s铆 constitu铆an una unidad familiar, por lo que pod铆a solicitar el IMV. Me contestaron con informaciones totalmente contrapuestas: una vez me dijeron que al no haber cumplido 23 no pod铆a, y en otra que s铆”, recuerda. Despu茅s vino el problema del tiempo, no llevaba un a帽o siendo una unidad de convivencia familiar, ya que el beb茅 ten铆a pocos meses, y eso la dejaba fuera.

La actividad de la asociaci贸n se centra en el desarrollo rural de la zona y la complicaci贸n m谩s presente, de acuerdo a su experiencia intentando ayudar a las familias, es la brecha digital. “Es una prestaci贸n pensada para que las personas posibles candidatas a percibirla la soliciten por s铆 mismas y en el medio rural los recursos son menores, tambi茅n la alfabetizaci贸n digital”, explica. Tampoco el acceso a internet es igual al de las zonas m谩s pobladas. “Hay pueblos que se han pasado meses sin cobertura m贸vil decente. Menos mal que aqu铆 estamos nosotras para echarles una mano”, denuncia.  En otras localidades, seg煤n cuenta, las familias solicitantes han terminado pagando gestor铆as o abogados para tener ayuda en la solicitud. Familias con graves carencias econ贸micas. “Es algo aberrante”, sentencia. 

La trampa de computar los ingresos de hace a帽os para delimitar rentas

Seg煤n el ministerio, la causa mayor de que m谩s de seis solicitudes de cada diez sean denegadas es la superaci贸n de los niveles de renta. El problema, se帽alado por numerosas entidades, es que para delimitarlos se utilizan las declaraciones de la renta de los potenciales beneficiarios en los ejercicios fiscales anteriores, lo que da lugar a que aquellas personas que hubieran estado trabajando en 2019 y en 2020 sufrieran reducci贸n de ingresos por causas sobrevenidas, relacionadas o no con la pandemia, quedaran fuera. Lo mismo es aplicable con las anualidades de 2020 y 2021. Desde hace unos meses, en el registro de solicitud se puede se帽alar la opci贸n de que se tengan en cuenta los ingresos del a帽o en curso. 

Esto es lo que hizo Sandra Arauz, coordinadora de Servicios Sociales de la Zona Baja del Ebro con Tino Ramos, de cincuenta a帽os, que hab铆a estado trabajando tres meses colocando placas solares en 2020 y por esos ingresos le denegaron una primera vez el IMV, a pesar de haber pedido en marzo de 2021, al hacer la solicitud, que se tuviera en cuenta que desde el a帽o anterior no ingresaba nada. El ministerio responde con asepsia a casos como este. “Las personas que no est茅n conformes con las resoluciones tendr谩n la opci贸n de presentar un recurso”, explican.

“Gracias a que tengo buenos vecinos tengo un plato de comida. Algo as铆 no me hab铆a pasado en mi vida”, cuenta Toni al tel茅fono. Actualmente acumula impagos de recibos de luz, dos meses de alquiler y est谩 en tratamiento psicol贸gico. “No tengo ganas de vivir, me siento completamente desamparado”. Una vez al mes habla en lo que llama “en asamblea” con su equipo de trabajadoras sociales. Arauz apunta que “Toni lleva casi 11 meses sin ning煤n tipo de ingresos y sobrevive gracias a la solidaridad de los vecinos y al apoyo que se le presta desde los servicios sociales comarcales”. De primera mano ve c贸mo la demora en las resoluciones del IMV “fomenta la dependencia de las personas hacia los servicios sociales en lugar de estar trabajando por su  normalizaci贸n, independencia y autonom铆a”. Llevan desde finales de agosto esperando la respuesta a una reclamaci贸n para que revisen su solicitud y tengan en cuenta los meses que lleva sin ingresos. 

Inmersos ya en el cuarto trimestre, a煤n no se han actualizado las rentas del 2021, pero s铆 se est谩n haciendo revisiones de las concedidas en 2020 desde la Seguridad Social, lo que da lugar a situaciones complejas. Rosa S谩nchez, del Centro de Derechos Sociales de Zaragoza, explica c贸mo han estado acompa帽ando en el tortuoso camino burocr谩tico a una familia a la que se le retir贸 sin previo aviso la ayuda tras no haber comunicado un cambio en su situaci贸n familiar como penalizaci贸n. Dicho cambio fue la muerte dram谩tica un mes antes de su hijo de 15 a帽os por ahogamiento. 

A Alberto, vecino de 62 a帽os de Madrid, el c贸mputo de las rentas a sumar, unido en su caso a que se haya contabilizado el a帽o 2019, ha hecho que de los 470 euros que le corresponder铆an como unidad familiar unipersonal solo est茅 percibiendo 116. En el 2019 fue beneficiario de RAI, la Renta Activa de Inserci贸n del Estado, y de prestaciones de desempleo. Ambas ayudas le han computado como rentas, por lo que se le descuentan mes a mes de lo que recibe. En palabras de Roberto Borda, de la Asociaci贸n Apoyo, que ha explicado el caso en Twitter, “est谩 devolviendo en 2021 al Estado las prestaciones recibidas en  2019, en una pol铆tica de recaudaci贸n a los m谩s pobres”. Desde el equipo de Escriv谩 y sobre este caso concreto, a preguntas de eldiario.es se responde que “si existen rentas preexistentes se cubre la diferencia hasta garantizar el nivel asignado”. Alberto ha pagado, pues, el pato de la mala definici贸n del c贸mputo de rentas, ya que el desempleo previsiblemente dejar谩 de sumar para futuras prestaciones, si se consigue meter en la ley esta mejora.

Intentos de mejora que chocan con instituciones

En febrero de este a帽o, el Gobierno modific贸 el decreto por el que se regula el IMV ampliando algunas opciones de unidades de convivencia, para facilitar el acceso a personas con complicaciones para justificar residencias. Tambi茅n qued贸 rubricada la necesidad de que los municipios comuniquen a la Seguridad Social los cambios en el padr贸n en un plazo de treinta d铆as para que no se produzcan fallos en el cruce de datos que lleve a denegaciones err贸neas, una de las causas de denegaci贸n y recurso m谩s repetidas.

En cualquier caso, el certificado que se exige para acreditar situaciones especiales de residencia es otro problema. Se ha delegado el mismo en los servicios locales municipales. “Se han tardado meses en tener los modelos y las instrucciones” explica Hontanares Arranz, de ATD Cuarto Milenio y RMI Tu Derecho. “Genera en las instituciones locales inseguridad jur铆dica. Adem谩s tiene que ir firmado por el secretario de los ayuntamientos”. Varias trabajadoras p煤blicas consultadas explican que esta indicaci贸n desde el ministerio de Escriv谩 ha generado rechazo, en algunos casos incluso la negativa del funcionario responsable, que no quiere firmar modelos que no ha dise帽ado. Arranz explica que “aunque legalmente est谩 contemplado, se retrasa y hay casos en que no se est谩 haciendo”. En la pr谩ctica, “se dan casos de familias que acceden a su expediente, y ven que no est谩 resuelto, y en realidad lo que est谩 pasando es que el secretario del ayuntamiento a煤n no ha firmado el certificado”, concreta la trabajadora social desde el Bajo Ebro.

El pasado lunes hubo una nueva comparecencia conjunta. De nuevo, Jos茅 Luis Escriv谩, acompa帽ado en esta ocasi贸n de la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, adelantaron algunas mejoras que previsiblemente se implementar谩n cuando el actual decreto ley se convierta en ley: que no sea una excepci贸n que se utilicen los ingresos del a帽o en curso y que no se computan como rentas el desempleo o pensiones por dependencia. Tambi茅n se reducir谩 el plazo de antig眉edad de la unidad de convivencia a los seis meses y se complementar谩 con una ayuda extra por menor a cargo de entre 50 y 100 euros mensuales, entre otras modificaciones. Y m谩s all谩 del redactado de la ley, se est谩 trabajando en el dise帽o de itinerarios de inclusi贸n dentro del Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia. 

Hoy por hoy, todo sigue igual. A煤n falta tiempo, el texto que incorpora las mejoras a煤n no ha sido debatido en pleno ni enmendado y est谩 a medio camino para llegar a convertirse en ley. Durante todo este tiempo, nadie de Unidas Podemos ha hecho declaraciones p煤blicas alabando la gesti贸n de la ayuda. Incluso provoc贸 un encontronazo p煤blico entre Iglesias y Escriv谩 en febrero pasado. Desde las filas moradas llegaron a decir que “no podemos permitirnos como gobierno progresista que (el IMV) funcione mal y que no llegue a todas las familias a las que tiene que llegar”. Su grupo parlamentario present贸, finalmente, doce enmiendas al texto original, que esperan su tiempo de presentaci贸n en pleno parlamentario. 

Lorena en el momento de la entrevista para este diario hab铆a le铆do la noticia. “Yo no quiero que mejoren nada, si yo con que le den a mi familia lo que nos corresponde y que llevo esperando desde hace m谩s de un a帽o, me conformo”.

Enlace relacionado ElDiario.es (01/11/2021).




Fuente: Sasmadrid.org