March 18, 2021
De parte de La Haine
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C贸mo oper贸 la cacer铆a judicial contra Evo Morales y un centenar de exfuncionarios y sindicalistas despu茅s del golpe de Estado en Bolivia

Las im谩genes de la detenci贸n de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine 脕帽ez, quien ahora cumple una pena de cuatro meses en prisi贸n preventiva por el caso del golpe de Estado contra el mandatario depuesto Evo Morales y su gobierno indigenista, han causado reacciones de diversa 铆ndole.

Mientras el ministro de Justicia, Iv谩n Lima Magne, ha adelantado que su cartera pide “una condena de 30 a帽os” contra 脕帽ez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su Administraci贸n (noviembre 2019-noviembre 2020), la exdictadora ha denunciado ser v铆ctima de “abuso y persecuci贸n pol铆tica”.

Sin embargo, poco se habla de c贸mo 脕帽ez, despu茅s de haber instaurado su r茅gimen de facto tras el golpe de Estado contra Morales, us贸 el poder judicial para perseguir a un centenar de personas del Gobierno del mandatario depuesto, sindicalistas y de los movimientos sociales.

Jeanine 脕帽ez y 脕lvaro Coimbra, en La Paz, 20 noviembre de 2019

“Que empiecen a correr”

El 14 de noviembre de 2019, dos d铆as despu茅s de la autojuramentaci贸n de 脕帽ez como “presidenta interina” de Bolivia, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunci贸 una “cacer铆a” contra exfuncionarios, activistas y personas cercanas a Evo Morales. 

Sin una investigaci贸n judicial independiente y completa que acreditase sedici贸n (como se le conoce al alzamiento contra la autoridad), Murillo asegur贸 que Juan Ram贸n Quintana, exministro de Presidencia durante la Administraci贸n de Evo Morales, y Ra煤l Garc铆a Linera, hermano del vicepresidente 脕lvaro Garc铆a, hab铆an cometido ese delito tras participar en los disturbios que siguieron a la renuncia de Morales. 

“Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona m谩s que siga haciendo sedici贸n en el pa铆s”, declar贸 Murillo a la prensa sin mostrar pruebas. 

Denuncia contra Evo

Unos d铆as despu茅s, el 22 de noviembre de ese a帽o, Murillo present贸 una denuncia formal ante la Fiscal铆a Departamental de La Paz contra el depuesto presidente por “sedici贸n” y “terrorismo”. 

El ministro dijo que la denuncia se realiz贸 luego que se diera a conocer un video en el que se aprecia a un supuesto dirigente del tr贸pico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales, donde el depuesto mandatario le indica c贸mo organizar los bloqueos en el pa铆s para protestar contra el r茅gimen de facto.

Asilados pol铆ticos

Asimismo, la exministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, inform贸 que se hab铆an emitido 贸rdenes de arresto bajo los cargos de sedici贸n y terrorismo, as铆 mismo sin pruebas, contra los pol铆ticos asilados en la Embajada mexicana. All铆 se encontraban Juan Ram贸n Quintana, ministro de Gobierno y uno de los hombres de confianza del presidente Morales; Javier Zavaleta L贸pez, ministro de Defensa de Morales; H茅ctor Arce Zaconeta, procurador general; F茅lix C茅sar Navarro Miranda, ministro de Miner铆a; Wilma Alanoca, ministra de Culturas de 2017 a 2019; y Hugo Moldiz, ministro de Gobierno hasta 2015; V铆ctor Hugo V谩squez Mamani, Gobernador del departamento de Oruro; Pedro Dami谩n Dorado L贸pez, viceministro de Desarrollo Rural, y Nicol谩s Laguna, director de la agencia digital del Gobierno de Morales (Agetic).

En esa misma t贸nica, la entonces ministra de Comunicaci贸n, Roxana Liz谩rraga, amenaz贸 a los periodistas nacionales y extranjeros que cubr铆an las protestas sociales, que enfrentar铆an la ley por supuestamente causar sedici贸n. Demostrando su pobre conocimiento del espa帽ol, afirm贸: “Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas, en algunos casos bolivianos o extranjeros, que est谩n causando sedici贸n en nuestro pa铆s, tienen que responder a la ley boliviana”, dijo Liz谩rraga. 

En medio de la cacer铆a anunciada por el r茅gimen de facto de facto contra exfuncionarios, el Gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador ofreci贸 asilo a Morales en M茅xico y acogi贸 a 20 funcionarios en la Embajada mexicana en La Paz. 

“La Canciller铆a mexicana (…) ha decidido concederle asilo pol铆tico [a Evo] por razones humanitarias y en virtud de la situaci贸n de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo”, inform贸 entonces el canciller Marcelo Ebrard sobre el salvoconducto. 

Agresi贸n contra alcaldesa

En medio de la persecuci贸n judicial de las autoridades de facto, la alcaldesa por el MAS en la provincia de Vinto, Patricia Arce, fue secuestrada por opositores de Morales, ayudados por la polic铆a -que siempre estuvo a favor del Golpe-, quienes la sacaron de la sede del ayuntamiento y la obligaron a caminar descalza, entre piedras y vidrios, por m谩s de siete kil贸metros.

En el camino, Arce fue golpeada, rapada y hasta le arrojaron pintura roja en todo su cuerpo.

Recientemente, Arce record贸 las humillaciones de las que fue v铆ctima durante la Administraci贸n de 脕帽ez. “Mis derechos humanos fueron vulnerados (…) y el r茅gimen de facto se encarg贸 de seguir ejerciendo una persecuci贸n pol铆tica, hasta vulnerar los derechos de toda mi familia, sin respetar la edad de mis hijos e hija”, tuite贸. 

El 25 de noviembre de 2019, fueron detenidos Gerardo Garc铆a, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el secretario de Transparencia del partido, Ram贸n Caro. Seg煤n anunci贸 el jefe de la Divisi贸n de Lucha Contra la Corrupci贸n de la Fuerza Anticrimen (FELCC), Luis Fernando Guarachi, fueron aprehendidos por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.

Ese mismo d铆a, la exdiputada electa del MAS por la circunscripci贸n 52 (ciudad de Montero), Deisy Judith Choque, se encontraba dando un mensaje a periodistas en la puerta de su casa, cuando fue detenida por miembros de la “Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen” (FELCC).

Las autoridades acusaron a Choque y a su hermano Bismarck de ser autores intelectuales y materiales de las muertes de Mario Salvatierra, de 55 a帽os y Marcelo Terrazas, de 48, quienes fallecieron por arma de fuego el 31 de octubre durante los enfrentamientos entre derechistas y militantes populares, en la ciudad de Montero, departamento Santa Cruz. 

Causas contra funcionarios electorales

Adem谩s, cerca de treinta funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron detenidos por supuestamente participar en un “fraude electoral” -que despu茅s fue comprobado que no existi贸-, incluyendo la expresidenta del 贸rgano, Mar铆a Eugenia Choque, as铆 como los vocales Antonio Costas, 脡dgar Gonz谩lez y Lucy Cruz.

El 13 de diciembre de 2019, la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz ratific贸 la prisi贸n preventiva contra Choque, Gonz谩lez y Cruz por delitos electorales en el caso del inexistente fraude en los comicios del 20 de octubre, cuyo caso tom贸 como evidencia el informe preliminar de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), que apunt贸 a presuntas irregularidades en las elecciones, pese a que varios estudios independientes documentaron posteriormente que el citado dictamen del organismo, pol铆ticamente motivado, fue “deficiente”, estuvo basado en “datos incorrectos” y “t茅cnicas estad铆sticas inapropiadas”.

Uso de las instituciones

La organizaci贸n Human Rights Watch se帽al贸 en un informe que el Gobierno de 脕帽ez us贸 a las instituciones de seguridad y justicia de Bolivia para perseguir a personas vinculadas con el movimiento indigenista. 

El exministro del r茅gimen de facto, Arturo Murillo, en Bolivia, el 8 de enero de 2020.

“Ha presionado de forma p煤blica a fiscales y jueces para que act煤en de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra m谩s de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedici贸n o terrorismo”, acus贸 esta organizaci贸n en el informe ‘La justicia como arma: Persecuci贸n pol铆tica en Bolivia’, publicado el 11 de septiembre de 2020.

En el caso del mandatario depuesto, quien en ese entonces enfrentaba cargos por terrorismo, alert贸 que, “a la luz de las pruebas”, estas imputaciones respond铆an “a motivaciones pol铆ticas”. 

Reacci贸n de la ONU

Tras el anuncio de las causas judiciales contra 脕帽ez y los exministros de su Gobierno de facto, hubo diversas reacciones.

El exsecretario ejecutivo de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abr茫o, hizo referencia a las 贸rdenes de aprehensi贸n de la Fiscal铆a boliviana, en el marco del caso del golpe de Estado. 

“Ni perd贸n, ni olvido. Atentar contra la democracia requiere las respuestas m谩s fuertes y contundentes por parte del Sistema de Justicia como efectiva garant铆a para la no repetici贸n”, escribi贸 Abr茫o en su cuenta de twitter.

Sputnik / La Haine




Fuente: Lahaine.org