October 24, 2021
De parte de Indymedia Argentina
179 puntos de vista


Desde hace poco m谩s de un mes la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, en R铆o Negro, est谩 bloqueada por la polic铆a provincial y un grupo especial de esa fuerza para impedir la llegada de alimentos y abrigo a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que protagoniza un proceso de recuperaci贸n de sus tierras ancestrales. Una denuncia penal sin acusados/as (NN) desemboc贸 en un violento allanamiento: algunas personas quedaron en el cerro, otras en la ruta, donde se gest贸 un acampe solidario con gente de otras comunidades que a la vez opera como resguardo. En los operativos fue agredido un ni帽o de 8 a帽os, que hoy duerme con su madre en ese camino militarizado. Los polic铆as que le clavaron una rodilla en la espalda ahora vigilan en su trayecto ida y vuelta a la escuela todos los d铆as. Hasta ahora todos los habeas corpus y recursos judiciales fueron rechazados sin m谩s. La judicializaci贸n, y en ocasiones los allanamientos ilegales, promovidos por los estados, lejos de lograr una salida empeoran la conflictividad y se han cobrado vidas, como la de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

鈥淭errorismo鈥, de Patricia Bullrich a Arabela Carreras

El del Lof Quemquemtreu es uno entre decenas de conflictos similares que hay en la provincia que gobierna Arabela Carreras (Juntos Somos R铆o Negro), quien ha decidido asociar una serie de incendios intencionales recientes al pueblo mapuche y reflotar su estigmatizaci贸n bajo la acusaci贸n de 鈥渢errorismo鈥, como hizo el gobierno de Mauricio Macri a trav茅s de la gesti贸n de Patricia Bullrich en Seguridad. Otra pr谩ctica que la mandataria quiere replicar es la intervenci贸n de fuerzas federales, por lo que hizo un reclamo al gobierno de Alberto Fern谩ndez que se resist铆a a mandar gendarmes porque no observa un peligro para la seguridad nacional (como requiere la ley de Seguridad Interior) lo que fue utilizado por la oposici贸n para castigar al oficialismo. Ahora Carreras, en la misma l铆nea de acusaciones pretende que act煤e la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A su vez, el inter茅s empresario que pretende desacreditar los reclamos territoriales fue sincerado, este semana, por el llamado Consenso Bariloche, que nuclea a c谩maras empresariales, de turismo y entidades varias, todos defensores de la propiedad privada, que se montaron a la escalada de violencia simb贸lica y material con impronta racista contra los ind铆genas, recurriendo tambi茅n al t茅rmino 鈥渢errorismo鈥 y haciendo que se multiplique en medios de comunicaci贸n. El resultado es una gran fake news: como si el problema fuera la 鈥渧iolencia mapuche鈥, y no otra cosa.

鈥淓l proceso de recuperaci贸n territorial que lleva adelante el pueblo mapuche toca fibras 铆ntimas vinculadas a los negocios inmobiliarios, mineros, ganaderos. Hay territorios en recuperaci贸n que est谩n en manos de privados y de Parques nacionales. Existen 茅lites que se han beneficiado y apoderado de la Patagonia, que mantienen un poder pol铆tico e influencia directa sobre el aparato judicial, lo que genera una vulneraci贸n derechos sobre el pueblo mapuche tehuelche, que habita ac谩 de por siempre鈥, explica a P谩gina/12 Mauro Mill谩n, lonko de Pill谩n Mahuiza. En mapuzungun, la lengua mapuche, se llama 鈥渓onko鈥 a quien encabeza una agrupaci贸n territorial, familiar, pol铆tica. 鈥淓l conflicto viene de larga data. Pero es un error hablar de la comunidad mapuche: de la provincia de Buenos Aires para abajo somos m谩s de mil comunidades rurales m谩s organizaciones y gente que vive en las ciudades. Somos un pueblo con multiplicidad de expresiones鈥, pide distinguir Mill谩n.

Propiedad originaria

Un Informe del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), que conduce Magdalena Odarda, muestra que R铆o Negro es la 煤nica provincia que no aplica la Ley 26.160 o Ley de Tierras, vigente desde 2006 que obliga a los estados nacional y provinciales a hacer un relevamiento de las comunidades originarias, las tierras que habitan y su relaci贸n hist贸rica con ellas, para que alg煤n d铆a se les entreguen los t铆tulos de propiedad originaria. Apunta a cumplir con el art铆culo 75 inciso 17 de la Constituci贸n que dice que ata帽e al Congreso 鈥渞econocer la preexistencia 茅tnica y cultural de los pueblos ind铆genas argentinos鈥.  Pero en la provincia se han exacerbado las disputas con denuncias judiciales y la l铆nea de conducta de jueces/zas y fiscales les ha sido funcional, al no propiciar instancias de di谩logo o hacerlo sin las representaciones adecuadas (como el INAI y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Ind铆genas). S贸lo dos comunidades fueron relevadas, la Lof Buenuleo y la Lof Quijada cuando iban a ser desalojadas.

En las provincias donde existen mesas de negociaci贸n y organismos especializados, la conflictividad disminuy贸 de manera notoria o est谩 neutralizada, como 鈥損or ejemplo鈥 en Neuqu茅n. En R铆o Negro 鈥搝ona favorita del magnate Joe Lewis鈥 ninguna comunidad ind铆gena tiene t铆tulo comunitario; en Neuqu茅n ya se hizo el tr谩mite con m谩s de 500.000 hect谩reas. En esa provincia, adem谩s, la justicia objet贸 los allanamientos ilegales y cit贸 a indagatoria al exjefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, mientras que ella est谩 imputada. De m谩s de 2000 comunidades ind铆genas identificadas en el pa铆s hasta 2019, solo 100 tienen t铆tulo de propiedad comunitaria, aunque no se aplic贸 la ley ind铆gena.

El INAI impulsa un programa de 鈥渢ierras aptas y suficientes鈥 y que sea declarado sitio sagrado ind铆gena el lugar donde la Prefectura asesin贸 a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. All铆 radica uno de los conflictos m谩s duros. En Chubut, donde las comunidades reivindican muchos terrenos de la Compa帽铆a Tierras del Sud Argentino SA (Grupo Benetton), reci茅n ahora avanzan tratativas para retomar el relevamiento territorial. En el Lof en Resistencia de Cushamen fue donde muri贸 Maldonado tras una cacer铆a de Gendarmer铆a habilitada por directivas el entonces ministerio de seguridad para supuestos casos de 鈥渇lagrancia鈥. Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero son otras provincias donde hay alta tensi贸n, pero en las dos primeras ya se iniciaron los relevamientos territoriales y eso modera la confrontaci贸n.

鈥淗ay un andamiaje de derechos ind铆genas que no son aplicados porque el aparato judicial est谩 colmado de jueces racistas y supremacistas. Hay un listado interminable de gente imputada, procesada, entre ellos yo, con causas por usurpaci贸n. Tenemos que pensar en familias enteras que vemos impactada nuestra vida cuando tenemos un aparato judicial que nos persigue con sa帽a鈥, ilustra Mill谩n.

El INAI tiene un listado de al menos 28 causas judiciales iniciadas contra comunidades ind铆genas en distintas provincias. Pero adem谩s de esa insistencia punitivista, hay un problema adicional: la mayor铆a de los juzgados provinciales desconocen la aplicaci贸n del art铆culo 2 de la Ley 26.160, que impide los desalojos en el proceso de relevamiento territorial.

Negocios, incendios, acusaciones

La situaci贸n con la Lof Quemquemtreu, a 15 kil贸metros de El Bols贸n, tiene en alerta a organismos de derechos humanos. Tras el primer allanamiento dispuesto por el juez Ricardo Calcagno y la fiscala Betina Cendon, y luego el bloqueo de la llegada de alimentos, intervinieron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comit茅 Nacional de Prevenci贸n de la Tortura, entre otros. Tambi茅n sumaron un pedido de desmilitarizaci贸n el Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) y Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora. Ning煤n planteo judicial fue admitido.

El origen de la causa contra la comunidad y el empresario que la impulsa, ilustran el tema de fondo. El hombre se llama Rolando Rocco y no es titular de las tierras, que son fiscales, sino que recibi贸 una concesi贸n de 2550 hect谩reas como supuesto ocupante y a cambio de nada el 10 de mayo de 2011. 鈥淩occo se dedica a desmontar el bosque nativo y a plantar pinos, pero jam谩s vivi贸 ah铆, ni tiene t铆tulo de propiedad. La Cuesta del Ternero es territorio Mapuche鈥, se帽ala Soraya Maico帽o, quien por estos d铆as act煤a como vocera de la comunidad.

Mauro Mill谩n detalla que la expansi贸n del monocultivo de pino se est谩 expandiendo por la cordillera y, ante un proceso de sequ铆a, se convirti贸 en el principal combustible de incendios que azotan a la Patagonia y que determinaron que el a帽o pasado 300 familias perdieran sus viviendas.

Maico帽o explica que hay cuatro imputados y pedir谩n el cese de la medida cautelar. 鈥淣i a un preso se le niega la comida y el abrigo. No hay voluntad pol铆tica del estado nacional ni rionegrino para dialogar y asumir el genocidio que ha padecido nuestro pueblo y del que esto es una consecuencia m谩s鈥, dijo. Record贸 que esta semana, en medio de la difusi贸n de noticias contra el pueblo mapuche Miguel Angel Pichetto, homenaje贸 a Julio Argentino Roca 鈥揳rt铆fice de la Conquista del Desierto contra los pueblos ind铆genas鈥 en el cementerio de la Recoleta y se despach贸 contra las comunidades originarias.

Tras el cerco a esta comunidad, se sucedieron tres incendios en la zona: en un centro de informes tur铆sticos sin inaugurar en El Bols贸n, en un galp贸n de Vialidad Nacional en Bariloche, y por 煤ltimo el Club Andino Piltiquitr贸n, tambi茅n en Bols贸n. Por el segundo hubo una supuesta reivindicaci贸n del Movimiento Mapuche Aut贸nomo del Puelmapu. En el tercero aparecieron, en forma grotesca, unos panfletos contra la gobernadora y el intendente, junto a bidones de combustible. Nadie se atribuy贸 nada, e incluso la comunidad Quemquemtreu explicit贸 ser ajena. No est谩 claro el origen en ning煤n caso. La historia de las causa judiciales por hechos similares adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) muestra nulas imputaciones. Hay al menos dos fallos donde queda claro que ni siquiera se pudo probar la existencia de esa organizaci贸n. Uno del juez Gustavo Villanueva de 2019, en Neuqu茅n. Otro, bastante anterior, de 2015, firmado por el juez Mart铆n Zacchino, que rechaz贸 aplicar la ley antiterrorista en Chubut.

Los tres incendios recientes fueron excusa de la gobernadora Carreras para presentar una denuncia por terrorismo y hacer escalar el tema a nivel nacional, alimentado por una distorsi贸n sobre el juicio a Facundo Jones Huala en Chile. La jueza federal subrogante que tiene la denuncia de Carreras, Silvina Dom铆nguez, no parece encaminada a sostener la l贸gica represiva de sus antecesores.

Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, repudi贸 los incendios y pidi贸 鈥渜ue se investiguen los hechos pero que no se acuse al pueblo mapuche como hizo la gobernadora sin pruebas; y repudiamos el sitio a la comunidad Quemquemtreu, que sumado a los discursos de la militarizaci贸n, racismo, intolerancia y terrorismo, nos pone cerca del terrorismo de Estado鈥. 鈥淪e apela a la acusaci贸n de terrorismo 鈥揳帽adi贸鈥 para deslegitimar cualquier reclamo territorial en R铆o Negro, agitando un fantasma por el negocio de las tierras鈥.

El caso de los pueblos ind铆genas de Salta

Justo por estos mismos d铆as en que crece la ofensiva pol铆tica, empresaria y medi谩tica contra los pueblos originarios, el Estado nacional tuvo que empezar a ejecutar en Salta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en abril del a帽o pasado dispuso el reconocimiento de 400.000 hect谩reas de tierras ancestrales ante un reclamo de la Asociaci贸n de Comunidades Ind铆genas Lhaka Honhat en favor de los pueblos Wich铆, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy鈥檡. En la sentencia ese tribunal internacional reconoci贸 por primera vez la violaci贸n de los derechos a la identidad cultural, a un medioambiente sano, a la alimentaci贸n y al agua, que se vieron. Pero, adem谩s, estableci贸 que Argentina deber谩 dictar una Ley de Propiedad Comunitaria Ind铆gena, que incluya mecanismos para resolver los conflictos. Es un caso testigo.

El reclamo data de 1998 y estuvo patrocinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La legislaci贸n existente hoy en el pa铆s es de Emergencia y se debe renovar cada cuatro a帽os. El fallo de la Corte Interamericana es clave. Al disponer la sanci贸n de una ley espec铆fica, que deber谩 comprometer a todas las fuerzas en el Congreso, tuvo en cuenta la falta de regulaciones a nivel federal y provincial. 鈥淚ncluy贸 tambi茅n la propiedad comunitaria ind铆gena, no es s贸lo la relaci贸n con el territorio sino con los recursos naturales y la gesti贸n del ambiente. Aquellas comunidades que perdieron su territorio, pueden reivindicarlo en funci贸n de una relaci贸n material o espiritual鈥, explic贸 Diego Morales, del CELS. 鈥淎rgentina tambi茅n deber谩 dictar una ley de consulta previa, informada, que busque el acuerdo con las comunidades鈥, agreg贸. El Estado nacional conform贸 una unidad para la ejecuci贸n de la sentencia, que requiere delimitar, demarcar, otorgar un t铆tulo 煤nico, trasladar a la poblaci贸n criolla, remover alambrados y abstenerse de realizar cualquier emprendimiento en el territorio.


Fuente: https://www.pagina12.com.ar/376816-el-negocio-de-demonizar-al-indigena




Fuente: Argentina.indymedia.org