November 8, 2020
De parte de CGT-LKN Euskal Herria
230 puntos de vista


Saquearon el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los bancos siguen sin devolver 42.000 millones

La realidad es que han saqueado el Fondo de Reserva, que en 2011 alcanz贸 los 65.830 millones, pero el a帽o pasado a penas ten铆a 2.153 millones, insuficientes para atender las necesidades de los pagos necesarios, que han tenido que transferirse desde otros cap铆tulos de las cuentas p煤blicas. 

Sin embargo, los bancos todav铆a no han devuelto los m谩s de 42.000 millones que recibieron de ayudas desde las arcas p煤blicas tras la crisis de 2008. Organizaciones de pensionistas est谩n impulsando una auditoria real de lo que ha pasado, porque entienden que esos fondos se detrajeron para otros usos, nada que ver con el pago de las pensiones para lo que estaba previsto.

La lucha semanal prolongada de los pensionistas ha llevado a las calles la reivindicaci贸n de pensiones dignas. Solo se pierde aquella lucha que se abandona. En este caso, siguen en pie, pero el problema de las pensiones no se circunscribe solo a las personas mayores, sino que apela a toda la sociedad. Junto a las pensiones dignas, por tanto, hay que reivindicar empleos de calidad con salarios adecuados para sostener el sistema p煤blico. Hoy se ve que el mercado laboral se est谩 resquebrajando, se est谩 convirtiendo en un sistema de relaci贸n mercantil donde el empresario se desliga de responsabilidades.

En agua de borrajas

Las principales reivindicaciones de los pensionistas han quedado en agua de borrajas en el reciente acuerdo de Pacto de Toledo, negociado por los partidos pol铆ticos del Congreso espa帽ol. No establece una pensi贸n m铆nima de 1.080 euros ni el Salario M铆nimo Interprofesional (SMI) en 1.200 euros al mes, con el objetivo de cumplir los compromisos de la Carta Social Europea.

S铆 consolida la edad de jubilaci贸n a los 67 a帽os, al contrario de lo que piden los pensionistas para mantenerla en 65 a帽os; eleva los a帽os de cotizaci贸n para el c谩lculo de la pensi贸n, ni tampoco elimina los coeficientes reductores de la jubilaci贸n anticipada con 40 a帽os cotizados.

Tampoco termina con la brecha de g茅nero en salarios y pensiones, ni reconoce el derecho subjetivo de las mujeres a una pensi贸n digna y que se complemente la pensi贸n de viudedad hasta el 100% de la base reguladora.

El acuerdo del Pacto de Toledo de octubre de 2020 no contempla la derogaci贸n de las dos 煤ltimas reformas del PSOE y el PP, que elevan la edad de jubilaci贸n y recortan con distintos mecanismos el cobro del 100% de la pensi贸n y aunque, s铆 contempla una revalorizaci贸n de las pensiones de acuerdo al incremento de la vida, en la letra peque帽a se mantiene la posibilidad de la vuelta al pacto de sostenibilidad de las 煤ltimas reformas antisociales.

Y, entre otros defectos, este acuerdo no habla para nada de la desregulaci贸n creciente del mercado laboral, que est谩 provocando una ca铆da de las cotizaciones y un futuro bastante incierto para los m谩s j贸venes en el 谩mbito de las pensiones p煤blicas. Es decir, el Pacto de Toledo, verdadero lobby de los intereses privados, se ha tapado los o铆dos en cuanto a las reivindicaciones de la calle y ha atendido los intereses de la 茅lite econ贸mica. No garantiza un sistema p煤blico, s贸lido y suficiente de las pensiones.

Fondos de pensiones en convenio

Tras cinco a帽os de reuniones, la revisi贸n del Pacto de Toledo ahonda en el modelo neoliberal y bajo la excusa del modelo vasco de previsi贸n social voluntaria (EPSV) pretende privatizar las mismas desde las empresas con apoyo p煤blico con desgravaciones o reducciones en el IRPF que pagaremos todos en beneficio de unos pocos, no de todos. Ya anticip贸 esta posibilidad el presidente de la Federaci贸n de Entidades de Previsi贸n Social Voluntaria (EPSV) y miembro del PNV, Ina Etxebarria, quien hace a penas dos a帽os pidi贸 al Pacto de Toledo que 鈥渉ay que imponer que los fondos de pensiones de empleo sean obligatorios en la negociaci贸n colectiva鈥.

Por lo tanto, no ahonda en un sistema p煤blico, s贸lido y universal, aunque el celof谩n en que envuelven las recomendaciones pretende que nos creamos esa historia. En realidad, el Pacto de Toledo desde su creaci贸n en 1995 ha ejercido de lobby de las pensiones privadas en manos de aseguradoras y bancos.

La realidad es tozuda. De hecho, en 1995 los fondos de pensiones controlaban 12.822 millones, sin embargo se han multiplicado casi por nueve veces y en junio de 2020 superan ya los 111.828 millones en 49 fondos. Ese patrimonio est谩 en manos de bancos y aseguradoras. Caixabank (29.059 millones), BBVA (21.646 millones) Santander (12.998 millones), Bankia (7.980 millones) e Ibercaja (6.604 millones) son los principales. Kutxabank posee un patrimonio de 1.409 millones y Laboral Kutxa, 258 millones, por citar a los m谩s cercanos.

Desde 1985 las reformas y modificaciones de la Ley de la Seguridad Social han sido intensas. Han aumentado los a帽os m铆nimos de cotizaci贸n para ceder a una pensi贸n, se ha ampliado el per铆odo de c贸mputo, los a帽os de cotizaci贸n y se ha elevado hasta los 67 a帽os la edad de jubilaci贸n, poniendo ya m谩s trabas para la jubilaci贸n anticipada. Todo con el objetivo de que pensemos en entrar en los sistemas privados, aunque con la calidad del empleo y los salarios existentes es una operaci贸n harto dif铆cil para una parte muy importante de las personas que integran el mercado laboral.

Por lo que han decidido seguir los pasos de la previsi贸n social voluntaria de la CAV y aplicarla desde las empresas. Significar谩 detraer salario, por lo que se producir谩n, entre otras, dos situaciones: bajar谩n los salarios o no subir谩n lo que podr铆an y te impedir谩n hacer con tu dinero lo que quieras, porque tendr谩s que cotizar al sistema p煤blico y al privado. En las actuales EPSV es voluntaria la entrada, pero el Pacto Toledo avanza en ese terreno y lo extiende. As铆 lo explic贸 el ministro espa帽ol de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, Jos茅 Luis Escriv谩, en la presentaci贸n reciente de los presupuestos de su departamento para el pr贸ximo a帽o.

Fondo de pensiones de empleo de gesti贸n privada

Las cuentas de 2021 contemplan 鈥渦na revisi贸n del sistema de previsi贸n social complementaria. El actual, con gran peso de los planes de pensiones individuales y un bajo porcentaje de poblaci贸n cubierta, no cumple con su principal objetivo: incentivar el ahorro鈥, seg煤n Escriv谩, quien indica que da 鈥渄os pasos de gran calado para revisar este modelo鈥. En primer lugar, 鈥渆xiste un desplazamiento de las ventajas fiscales hacia los planes colectivos鈥 y, en segundo lugar, 鈥渃ontempla la creaci贸n, por parte del Ministerio de Inclusi贸n, de un fondo de pensiones de empleo de car谩cter abierto, que se desarrollar谩 en el marco de la negociaci贸n colectiva鈥.

El fondo promovido por el ministerio ser谩 gestionado por una entidad seleccionada por concurso abierto y custodiado por una depositaria independiente. Por lo tanto, es un fondo privado de pensiones de titularidad p煤blica y gesti贸n privada. 鈥淯na de sus principales ventajas -seg煤n explic贸 Escriv谩- es que en ese concurso p煤blico se limitar谩 la comisi贸n que puede cobrar la entidad, 鈥渓o que lo abaratar谩 respecto a los est谩ndares actuales del mercado鈥. Por ello, el ministro espera que pueda extender la cobertura a sectores como los trabajadores aut贸nomos o de pymes, que 鈥渉abitualmente quedaban fuera de estos productos鈥.

Geroa: 185 鈧瑄ros 

 El caso m谩s cercano en el que podernos mirar es Geroa Pentsioak EPSV, que se cre贸 en Gipuzkoa en 1999 con la colaboraci贸n empresarial y sindical. Como indica, 鈥渆s un sistema en el que los trabajadores, mediante peque帽os esfuerzos compartidos con sus empresas durante toda la vida laboral, construyen su propia pensi贸n complementaria鈥.

La memoria de Geroa de 2019, 煤ltima disponible, indica que 鈥渆l importe de las aportaciones y el n煤mero de trabajadores contin煤a su senda alcista, lo que demuestra la consolidaci贸n de la recuperaci贸n econ贸mica鈥 y advierte que en lo relativo a las prestaciones a quienes ya se han jubilado y que en ese momento son los que m谩s han cotizado a la entidad, 鈥渓as nuevas prestaciones de jubilaci贸n abonadas en forma de renta ha alcanzado en 2019 un importe medio de 185,60 euros鈥. Ese es el modelo que quieren extender. Si falla la pensi贸n p煤blica, 驴se podr铆a vivir con ese complemento? La respuesta es f谩cil.

En la Comunidad Auton贸mica Vasca existe, adem谩s, otra entidad similar que agrupa a los funcionarios p煤blicos como es Itzarri. 

El patrimonio de la Previsi贸n Social (EPSV) se acerca a los 26.000 millones en la CAV y representa m谩s del 32,72% de su PIB, porcentaje muy superior a los sistemas del Estado espa帽ol (8,8%) y algo inferior a la media de la eurozona, del 35%. 

Tienen implantaci贸n porque esas pensiones tambi茅n las pagado t煤, mediante desgravaciones o reducciones en la declaraci贸n de la renta. Tienen una desgravaci贸n fiscal que no tienen en todo el Estado espa帽ol. A la gente que invierte en una EPSV de la declaraci贸n de la renta el primer a帽o est谩n devolvi茅ndole casi el 40% de lo que han metido hasta un m谩ximo de 14.000 euros, por distintas v铆as.

Pero, 驴quien tiene para invertir esa cantidad? Si casi un tercio de las personas que realizan la declaraci贸n de la renta en la CAV declara ingresos para poder vivir inferiores a esa cuant铆a.

Se esfuman 980 millones 

Las deducciones por EPSVs son, por otra parte, muy superiores a lo que se destina para pagar la Renta de Garant铆a de Ingresos (RGI), para quienes se encuentran en la pobreza y exclusi贸n social, o lo que se destina en pol铆tica de vivienda . Es decir, recibe menos la gente que no tiene nada que la gente que tiene mucho y mete dinero en estos sistemas privados de pensiones para su jubilaci贸n. 

Con datos del 煤ltimo informe p煤blico de las haciendas vascas, el volumen de las aportaciones a EPSV super贸 los 670 millones y fueron realizadas por el 30,8% de los contribuyentes. 鈥淟a aportaci贸n media fue de 1.949,8 euros, aumentando respecto del a帽o anterior; variando entre los 1.315 euros como aportaci贸n media de los niveles bajos de renta hasta 30.000 euros de base liquidable, donde s贸lo el 23,8% de los contribuyentes realizan aportaciones, pasando por los 2.630 euros de aportaci贸n media de contribuyentes con bases entre 30.000 y 90.000 euros, donde el 49,4% de los contribuyentes realizan aportaciones y hasta los 4.997 euros de aportaci贸n media en los niveles altos de renta, donde el porcentaje de contribuyentes que realizan aportaciones es el 61,5%鈥. La reducci贸n por tributaci贸n conjunta alcanz贸 los 980 millones por invertir en una EPSV o un fondo de pensiones y que se esfumaron de las arcas p煤blicas. 

En 2019 operaban en Euskadi (CAV) 115 EPSV. De ellas, 73 otorgan prestaciones complementarias a las de la Seguridad Social a trav茅s de Planes de Previsi贸n y las 42 restantes, sin Planes de Previsi贸n, cubren diferentes tipos de riesgos como son: decesos, incendios y otros.

D茅ficit por ventajas fiscales

Como explica el Ejecutivo de Gasteiz, en 2019 el n煤mero de rescates (totales y parciales) alcanza una cifra de 20.083 y su cuant铆a media, en el mismo a帽o, fue de 7.085,73 euros. 鈥淎 este respecto, se puede considerar que el n煤mero de personas que disponen anticipadamente de sus derechos econ贸micos sin incurrir en ninguna de las contingencias que cubren las EPSV es un buen indicador del grado en el que el sistema no cumple su finalidad previsora y es utilizado con otros fines ajenos, como pueden ser los motivos financiero-fiscales, motivado, en parte, por el ventajoso tratamiento tributario otorgado a las percepciones obtenidas en forma de capital frente a las percibidas en forma de renta peri贸dica鈥.

Sin embargo, si se analizan conjuntamente las aportaciones, prestaciones y rescates, debe se帽alarse que la diferencia entre lo recaudado por aportaciones y la suma de las prestaciones abonadas y los rescates realizados en los Planes de Previsi贸n presenta un saldo negativo en el periodo 2013-2019 de 850,5 millones. De d茅ficit. De ah铆 que Ina Etxebarria, presidente de la Federaci贸n de EPSV de Euskadi, pidiera que se obligue a invertir en una EPSV de Empleo por negociaci贸n colectiva, puesto que hasta la jubilaci贸n no se detraer铆an recursos.

Riqueza suficiente para pensi贸n p煤blica

Hay que garantizar unas pensiones p煤blicas, s贸lidas y de calidad. A partir de ah铆, cada cual podr铆a invertir en el modelo complementario o en las pensiones privadas. Pero la base debe ser la pensi贸n p煤blica, siempre garantizando empleos de calidad y salarios adecuados, que fortalecer铆an el sistema p煤blico, que no quiebra, aunque s铆 lo pueden hacer los sistemas privados.

La pregunta que siempre desde quienes impulsan los sistemas privados es si hay recursos p煤blicos suficientes para garantizar unas pensiones p煤blicas adecuadas. La respuesta es tajante y sencilla: s铆. Siempre es sostenible porque depende de la riqueza del pa铆s.

La riqueza en el Estado espa帽ol, seg煤n los datos del INE, ha crecido en lo que llevamos de siglo un 92,14% y, sin embargo, el incremento de la poblaci贸n lo ha hecho a un 15,98%. En Hego Euskal Herria, la riqueza desde el a帽o 2000 al 2019 creci贸 un 85% y la poblaci贸n, tan solo un 8,48%. Es decir, recursos econ贸micos existen, sin embargo su distribuci贸n es el aut茅ntico problema al que nos enfrentamos.

As铆 en Hego Euskal Herria con datos a setiembre existen 697.372 pensionistas, pero el 50,32% recibe pensiones por debajo del umbral de la pobreza, que se sit煤a en 1.080 euros. De hecho, la Renta de Garant铆a de Ingresos (RGI), que gestiona Lanbide, tiene que complementar a casi 13.000 (datos de setiembre) porque sus pensiones no alcanzan los 796 euros mensuales.

En Hego Euskal Herria una de cada cuatro personas es pensionista. La cuant铆a de la pensi贸n media es baja. En setiembre se situ贸 en 1.260 euros en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en 1.167 euros en Navarra.

La brecha de g茅nero est谩 muy marcada. La pensi贸n media de las mujeres es de tan solo 964 euros en la CAV (Euskadi) y de 896 en Navarra, casi un 40% menos que la de los hombres (1.575 euros en Euskadi y 1.439 euros en Navarra).

En el Estado espa帽ol, el porcentaje de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza se sit煤a en torno al 40%.

Por cierto, desde febrero a setiembre se han producido 1.862 bajas de pensionistas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 379, en Navarra, una parte muy importante derivada por las consecuencias tr谩gicas de la pandemia del COVID-19.

Subida desigual

Con la anunciada subida de las pensiones en 2021 de 0,9%, que es el incremento previsto del IPC, se cumple esa demanda de los pensionistas, pero ante la injusta distribuci贸n de las pensiones a las m谩s bajas no les supondr谩 ni 0,35 c茅ntimos de incremento diario, lejos de lo que subir谩n los alimentos de primera necesidad, por ejemplo. As铆, la pensi贸n media en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa crecer谩 11,34 euros y 10,5 euros en Nafarroa. En el caso de la pensi贸n media de viudedad, el incremento ser谩 de 8,13 euros en Euskadi (CAV) y 7,37鈧, en Nafarroa.

En realidad, el propio sistema de las pensiones es ya un inconveniente. Se limita la financiaci贸n de las pensiones a las cotizaciones sociales, lo que en tiempos de crisis o por las reformas laborales no derogadas, perjudica seriamente esa entrada de ingresos.

Cuando se ha producido super谩vit en las pensiones nunca se ha planteado un aumento de las mismas y, por el contrario, cuando hay d茅ficit se plantea que hay que recortar. 

Los diferentes servicios p煤blicos se financian con los ingresos p煤blicos mediante los impuestos y esto tambi茅n deber铆a ocurrir con las pensiones porque existe suficiente riqueza, aunque est谩 mal repartida. Tampoco en las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo se soluciona esta situaci贸n y lo que es peor el ministro espa帽ol Escriv谩 ha indicado que las prioridades del ministerio estar谩n 鈥渁lineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo鈥.

De reforma en reforma

En la d茅cada de los 80 se produjeron varias reformas que tuvieron por objeto el 鈥渞eajuste鈥 del sistema de Seguridad Social. En el Estado espa帽ol se crearon la Ley B谩sica de Empleo 51/1980 de 8 de octubre, y la Ley 31/1984 de 2 de agosto que justificaron que se extrajera la regulaci贸n del desempleo de la Ley General de Seguridad Social y fuera regulado de forma separada. Con la Ley 26/1985, se aument贸 el periodo m铆nimo de cotizaci贸n de diez a quince a帽os y el n煤mero de a帽os inmediatamente anteriores a la jubilaci贸n para calcular la cuant铆a de la base reguladora, paso de dos a ocho. En 1989 se modific贸 la regulaci贸n de la protecci贸n por maternidad. 

En los a帽os 90, la Ley 26/1990 de 20 de diciembre de pensiones no contributivas que se extiende a todo ciudadano residente en Estado espa帽ol que carezca de rentas y que subsista en el umbral de la pobreza y que por caracter铆sticas determinadas y objetivas de edad, minusval铆a o tener hijos a cargo no pueda o no haya podido acceder a un trabajo y cotizar a la Seguridad Social y tenga una situaci贸n de necesidad.

Con la Ley 24/1997 de 15 de julio de Consolidaci贸n y Racionalizaci贸n de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, se profundiz贸 en los cambios realizados en 1985. Adem谩s, con esta ley se pretende satisfacer y legislar sobre todo lo propuesto en el Pacto de Toledo, aprobado en el congreso de los diputados el 6 de abril de 1995. La presi贸n de las entidades financieras motiv贸 esa posici贸n.

En el a帽o 2001, y como renovaci贸n del Pacto de Toledo, se inscribe el Acuerdo para el desarrollo y la mejora del sistema de protecci贸n social de 9 de abril de 2001. Algunos de los pilares m谩s importantes de dicho acuerdo fueron: separaci贸n de fuentes de financiaci贸n del sistema de protecci贸n social, crear un fondo de reserva, jubilaci贸n flexible, mejora de prestaciones y lucha contra el fraude, entre otras.

De ah铆 surgieron leyes como la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social; el Real Decreto 1795/2003 de 26 de diciembre, de modificaci贸n parcial de r茅gimen jur铆dico de las prestaciones de muerte y supervivencia, que mejor贸 la prestaci贸n por viudedad, insuficiente todav铆a; el Real Decreto 1251/2001 de 16 de noviembre que mejora la prestaci贸n por maternidad y atendiendo al principio de igualdad de g茅nero as铆 como a una necesidad creciente de protecci贸n en la sociedad de esta situaci贸n, se redact贸 la Ley Org谩nica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protecci贸n integral contra la violencia de g茅nero.

En el a帽o 2006 de nuevo, los interlocutores sociales y el gobierno, firmaron un nuevo acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006. En este Acuerdo se concretan medidas referidas a 鈥 la garant铆a de la adecuada relaci贸n entre ingresos y gastos del sistema; mejora de la acci贸n protectora no contributiva; medidas en el 谩mbito de la acci贸n protectora derivadas de las prestaciones econ贸micas contributivas; medidas en torno a la edad de jubilaci贸n y a la prolongaci贸n de la vida laboral; reformas en la estructura del sistema de la Seguridad Social; sostenibilidad y adaptaci贸n del sistema, entre otras鈥

Con la reforma de 2006 se modifico el comput贸 de los d铆as efectivos para el c谩lculo de la prestaci贸n con el fin de aumentar el n煤mero de a帽os efectivos de cotizaci贸n hasta quince para el c谩lculo de la pensi贸n. Tambi茅n se aumento la edad l铆mite para la jubilaci贸n parcial hasta los 61 a帽os, siempre que el trabajador cumpliera con otros requisitos; y se racionalizaron los criterios para acceder a las pensiones de incapacidad.

El remate final

As铆, con la Ley 27/2011 de 1 de agosto se aumenta el n煤mero de a帽os para el c贸mputo de la base reguladora de quince a veinticinco. Tambi茅n se aumenta la edad legal de jubilaci贸n de 65 a 67 a帽os. Los a帽os de cotizaci贸n que se exigir谩n para cobrar el 100% de la base reguladora ser谩n de 37 a帽os. Igualmente se introducen cambios sustanciales para acceder a la jubilaci贸n anticipada. Aumenta el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora en la pensi贸n de viudedad del 52% al 60%. Introduce el denominado factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social, de modo que, a partir del a帽o 2027, los par谩metros fundamentales del sistema se revisar谩n en base a las diferencias que traer谩 al aumento de la esperanza de vida de la poblaci贸n. Dichas revisiones se efectuar谩n cada cinco a帽os.

Y lleg贸 la Ley 23/2013 de 23 de noviembre reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 脥ndice de Revalorizaci贸n del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. En esta ley se modifica la fecha para la revisi贸n del factor de sostenibilidad y adelanta su primera revisi贸n de 2027 a 2019. Adem谩s, legisla que la revalorizaci贸n de las pensiones que hasta ahora se vinculaba al IPC, dejar谩 de hacerlo a partir de enero de 2014 y pasar谩n a hacerlo a un nuevo 铆ndice vinculado, sobre todo, a la evoluci贸n de los ingresos y gastos del sistema. Este 铆ndice de revalorizaci贸n se recoger谩 en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada ejercicio econ贸mico.

Estas dos 煤ltimas han rematado a los y las pensionistas, pero en la renovaci贸n del Pacto de Toledo aprobada en octubre de 2020, a falta de ratificarse por medio de una legislaci贸n espec铆fica, no se derogan ambas, incluso en algunas recomendaciones se hace referencia a las mismas, que desarrollaron el PSOE y el PP, en la letra peque帽a.

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

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Fuente: Cgt-lkn.org