November 6, 2020
De parte de Sare Antifaxista
200 puntos de vista


Dejará
a
más
de
la
mitad
de
pensionistas
de
Hego
Euskal
Herria
por
debajo
del
umbral
de
la
pobreza


Saquearon
el
Fondo
de
Reserva
de
la
Seguridad
Social
y
los
bancos
siguen
sin
devolver
42.000
millones

Juanjo
Basterra,
kazetaria
eta
militante
soziala
*
E.H

El
acuerdo
amplio
del
Pacto
de
Toledo
continuará
dejando
a
la
mitad
de
las
y
los
pensionistas
de
Hego
Euskal
Herria
bajo
el
umbral
de
la
pobreza
y
potenciará
el
sistema
privado
desde
la
negociación
colectiva,
siguiendo
los
pasos
de
las
EPSV
vascas.
La
realidad
es
que
han
saqueado
el
Fondo
de
Reserva,
que
en
2011
alcanzó
los
65.830
millones,
pero
el
año
pasado
a
penas
tenía
2.153
millones,
insuficientes
para
atender
las
necesidades
de
los
pagos
necesarios,
que
han
tenido
que
transferirse
desde
otros
capítulos
de
las
cuentas
públicas. 

Sin
embargo,
los
bancos
todavía
no
han
devuelto
los
más
de
42.000
millones
que
recibieron
de
ayudas
desde
las
arcas
públicas
tras
la
crisis
de
2008.
Organizaciones
de
pensionistas
están
impulsando
una
auditoria
real
de
lo
que
ha
pasado,
porque
entienden
que
esos
fondos
se
detrajeron
para
otros
usos,
nada
que
ver
con
el
pago
de
las
pensiones
para
lo
que
estaba
previsto.

La
lucha
semanal
prolongada
de
los
pensionistas
ha
llevado
a
las
calles
la
reivindicación
de
pensiones
dignas.
Solo
se
pierde
aquella
lucha
que
se
abandona.
En
este
caso,
siguen
en
pie,
pero
el
problema
de
las
pensiones
no
se
circunscribe
solo
a
las
personas
mayores,
sino
que
apela
a
toda
la
sociedad.
Junto
a
las
pensiones
dignas,
por
tanto,
hay
que
reivindicar
empleos
de
calidad
con
salarios
adecuados
para
sostener
el
sistema
público.
Hoy
se
ve
que
el
mercado
laboral
se
está
resquebrajando,
se
está
convirtiendo
en
un
sistema
de
relación
mercantil
donde
el
empresario
se
desliga
de
responsabilidades.


En
agua
de
borrajas

Las
principales
reivindicaciones
de
los
pensionistas
han
quedado
en
agua
de
borrajas
en
el
reciente
acuerdo
de
Pacto
de
Toledo,
negociado
por
los
partidos
políticos
del
Congreso
español.
No
establece
una
pensión
mínima
de
1.080
euros
ni
el
Salario
Mínimo
Interprofesional
(SMI)
en
1.200
euros
al
mes,
con
el
objetivo
de
cumplir
los
compromisos
de
la
Carta
Social
Europea.

Sí
consolida
la
edad
de
jubilación
a
los
67
años,
al
contrario
de
lo
que
piden
los
pensionistas
para
mantenerla
en
65
años;
eleva
los
años
de
cotización
para
el
cálculo
de
la
pensión,
ni
tampoco
elimina
los
coeficientes
reductores
de
la
jubilación
anticipada
con
40
años
cotizados.

Tampoco
termina
con
la
brecha
de
género
en
salarios
y
pensiones,
ni
reconoce
el
derecho
subjetivo
de
las
mujeres
a
una
pensión
digna
y
que
se
complemente
la
pensión
de
viudedad
hasta
el
100%
de
la
base
reguladora.

El
acuerdo
del
Pacto
de
Toledo
de
octubre
de
2020
no
contempla
la
derogación
de
las
dos
últimas
reformas
del
PSOE
y
el
PP,
que
elevan
la
edad
de
jubilación
y
recortan
con
distintos
mecanismos
el
cobro
del
100%
de
la
pensión
y
aunque,
sí
contempla
una
revalorización
de
las
pensiones
de
acuerdo
al
incremento
de
la
vida,
en
la
letra
pequeña
se
mantiene
la
posibilidad
de
la
vuelta
al
pacto
de
sostenibilidad
de
las
últimas
reformas
antisociales.

Y,
entre
otros
defectos,
este
acuerdo
no
habla
para
nada
de
la
desregulación
creciente
del
mercado
laboral,
que
está
provocando
una
caída
de
las
cotizaciones
y
un
futuro
bastante
incierto
para
los
más
jóvenes
en
el
ámbito
de
las
pensiones
públicas.
Es
decir,
el
Pacto
de
Toledo,
verdadero
lobby
de
los
intereses
privados,
se
ha
tapado
los
oídos
en
cuanto
a
las
reivindicaciones
de
la
calle
y
ha
atendido
los
intereses
de
la
élite
económica.
No
garantiza
un
sistema
público,
sólido
y
suficiente
de
las
pensiones.


Fondos
de
pensiones
en
convenio

Tras
cinco
años
de
reuniones,
la
revisión
del
Pacto
de
Toledo
ahonda
en
el
modelo
neoliberal
y
bajo
la
excusa
del
modelo
vasco
de
previsión
social
voluntaria
(EPSV)
pretende
privatizar
las
mismas
desde
las
empresas
con
apoyo
público
con
desgravaciones
o
reducciones
en
el
IRPF
que
pagaremos
todos
en
beneficio
de
unos
pocos,
no
de
todos.
Ya
anticipó
esta
posibilidad
el
presidente
de
la
Federación
de
Entidades
de
Previsión
Social
Voluntaria
(EPSV)
y
miembro
del
PNV,
Ina
Etxebarria,
quien
hace
a
penas
dos
años
pidió
al
Pacto
de
Toledo
que
“hay
que
imponer
que
los
fondos
de
pensiones
de
empleo
sean
obligatorios
en
la
negociación
colectiva”.

Por
lo
tanto,
no
ahonda
en
un
sistema
público,
sólido
y
universal,
aunque
el
celofán
en
que
envuelven
las
recomendaciones
pretende
que
nos
creamos
esa
historia.
En
realidad,
el
Pacto
de
Toledo
desde
su
creación
en
1995
ha
ejercido
de
lobby
de
las
pensiones
privadas
en
manos
de
aseguradoras
y
bancos.

La
realidad
es
tozuda.
De
hecho,
en
1995
los
fondos
de
pensiones
controlaban
12.822
millones,
sin
embargo
se
han
multiplicado
casi
por
nueve
veces
y
en
junio
de
2020
superan
ya
los
111.828
millones
en
49
fondos.
Ese
patrimonio
está
en
manos
de
bancos
y
aseguradoras.
Caixabank
(29.059
millones),
BBVA
(21.646
millones)
Santander
(12.998
millones),
Bankia
(7.980
millones)
e
Ibercaja
(6.604
millones)
son
los
principales.
Kutxabank
posee
un
patrimonio
de
1.409
millones
y
Laboral
Kutxa,
258
millones,
por
citar
a
los
más
cercanos.

Desde
1985
las
reformas
y
modificaciones
de
la
Ley
de
la
Seguridad
Social
han
sido
intensas.
Han
aumentado
los
años
mínimos
de
cotización
para
ceder
a
una
pensión,
se
ha
ampliado
el
período
de
cómputo,
los
años
de
cotización
y
se
ha
elevado
hasta
los
67
años
la
edad
de
jubilación,
poniendo
ya
más
trabas
para
la
jubilación
anticipada.
Todo
con
el
objetivo
de
que
pensemos
en
entrar
en
los
sistemas
privados,
aunque
con
la
calidad
del
empleo
y
los
salarios
existentes
es
una
operación
harto
difícil
para
una
parte
muy
importante
de
las
personas
que
integran
el
mercado
laboral.

Por
lo
que
han
decidido
seguir
los
pasos
de
la
previsión
social
voluntaria
de
la
CAV
y
aplicarla
desde
las
empresas.
Significará
detraer
salario,
por
lo
que
se
producirán,
entre
otras,
dos
situaciones:
bajarán
los
salarios
o
no
subirán
lo
que
podrían
y
te
impedirán
hacer
con
tu
dinero
lo
que
quieras,
porque
tendrás
que
cotizar
al
sistema
público
y
al
privado.
En
las
actuales
EPSV
es
voluntaria
la
entrada,
pero
el
Pacto
Toledo
avanza
en
ese
terreno
y
lo
extiende.
Así
lo
explicó
el
ministro
español
de
Inclusión,
Seguridad
Social
y
Migraciones,
José
Luis
Escrivá,
en
la
presentación
reciente
de
los
presupuestos
de
su
departamento
para
el
próximo
año.


Fondo
de
pensiones
de
empleo
de
gestión
privada

Las
cuentas
de
2021
contemplan
“una
revisión
del
sistema
de
previsión
social
complementaria.
El
actual,
con
gran
peso
de
los
planes
de
pensiones
individuales
y
un
bajo
porcentaje
de
población
cubierta,
no
cumple
con
su
principal
objetivo:
incentivar
el
ahorro”,
según
Escrivá,
quien
indica
que
da
“dos
pasos
de
gran
calado
para
revisar
este
modelo”.
En
primer
lugar,
“existe
un
desplazamiento
de
las
ventajas
fiscales
hacia
los
planes
colectivos”
y,
en
segundo
lugar,
“contempla
la
creación,
por
parte
del
Ministerio
de
Inclusión,
de
un
fondo
de
pensiones
de
empleo
de
carácter
abierto,
que
se
desarrollará
en
el
marco
de
la
negociación
colectiva”.

El
fondo
promovido
por
el
ministerio
será
gestionado
por
una
entidad
seleccionada
por
concurso
abierto
y
custodiado
por
una
depositaria
independiente.
Por
lo
tanto,
es
un
fondo
privado
de
pensiones
de
titularidad
pública
y
gestión
privada.
“Una
de
sus
principales
ventajas
-según
explicó
Escrivá-
es
que
en
ese
concurso
público
se
limitará
la
comisión
que
puede
cobrar
la
entidad,
“lo
que
lo
abaratará
respecto
a
los
estándares
actuales
del
mercado”.
Por
ello,
el
ministro
espera
que
pueda
extender
la
cobertura
a
sectores
como
los
trabajadores
autónomos
o
de
pymes,
que
“habitualmente
quedaban
fuera
de
estos
productos”.

Geroa:
185
€uros 

El
caso
más
cercano
en
el
que
podernos
mirar
es
Geroa
Pentsioak
EPSV,
que
se
creó
en
Gipuzkoa
en
1999
con
la
colaboración
empresarial
y
sindical.
Como
indica,
“es
un
sistema
en
el
que
los
trabajadores,
mediante
pequeños
esfuerzos
compartidos
con
sus
empresas
durante
toda
la
vida
laboral,
construyen
su
propia
pensión
complementaria”.

La
memoria
de
Geroa
de
2019,
última
disponible,
indica
que
“el
importe
de
las
aportaciones
y
el
número
de
trabajadores
continúa
su
senda
alcista,
lo
que
demuestra
la
consolidación
de
la
recuperación
económica”
y
advierte
que
en
lo
relativo
a
las
prestaciones
a
quienes
ya
se
han
jubilado
y
que
en
ese
momento
son
los
que
más
han
cotizado
a
la
entidad,
“las
nuevas
prestaciones
de
jubilación
abonadas
en
forma
de
renta
ha
alcanzado
en
2019
un
importe
medio
de
185,60
euros”.
Ese
es
el
modelo
que
quieren
extender.
Si
falla
la
pensión
pública,
¿se
podría
vivir
con
ese
complemento?
La
respuesta
es
fácil.

En
la
Comunidad
Autonómica
Vasca
existe,
además,
otra
entidad
similar
que
agrupa
a
los
funcionarios
públicos
como
es
Itzarri. 

El
patrimonio
de
la
Previsión
Social
(EPSV)
se
acerca
a
los
26.000
millones
en
la
CAV
y
representa
más
del
32,72%
de
su
PIB,
porcentaje
muy
superior
a
los
sistemas
del
Estado
español
(8,8%)
y
algo
inferior
a
la
media
de
la
eurozona,
del
35%. 

Tienen
implantación
porque
esas
pensiones
también
las
pagado
tú,
mediante
desgravaciones
o
reducciones
en
la
declaración
de
la
renta.
Tienen
una
desgravación
fiscal
que
no
tienen
en
todo
el
Estado
español.
A
la
gente
que
invierte
en
una
EPSV
de
la
declaración
de
la
renta
el
primer
año
están
devolviéndole
casi
el
40%
de
lo
que
han
metido
hasta
un
máximo
de
14.000
euros,
por
distintas
vías.

Pero,
¿quien
tiene
para
invertir
esa
cantidad?
Si
casi
un
tercio
de
las
personas
que
realizan
la
declaración
de
la
renta
en
la
CAV
declara
ingresos
para
poder
vivir
inferiores
a
esa
cuantía.


Se
esfuman
980
millones 

Las
deducciones
por
EPSVs
son,
por
otra
parte,
muy
superiores
a
lo
que
se
destina
para
pagar
la
Renta
de
Garantía
de
Ingresos
(RGI),
para
quienes
se
encuentran
en
la
pobreza
y
exclusión
social,
o
lo
que
se
destina
en
política
de
vivienda
.
Es
decir,
recibe
menos
la
gente
que
no
tiene
nada
que
la
gente
que
tiene
mucho
y
mete
dinero
en
estos
sistemas
privados
de
pensiones
para
su
jubilación. 

Con
datos
del
último
informe
público
de
las
haciendas
vascas,
el 
volumen
de
las
aportaciones
a
EPSV
superó
los
670
millones
y
fueron
realizadas
por
el
30,8%
de
los
contribuyentes.
“La
aportación
media
fue
de
1.949,8
euros,
aumentando
respecto
del
año
anterior;
variando
entre
los
1.315
euros
como
aportación
media
de
los
niveles
bajos
de
renta
hasta
30.000
euros
de
base
liquidable,
donde
sólo
el
23,8%
de
los
contribuyentes
realizan
aportaciones,
pasando
por
los
2.630
euros
de
aportación
media
de
contribuyentes
con
bases
entre
30.000
y
90.000
euros,
donde
el
49,4%
de
los
contribuyentes
realizan
aportaciones
y
hasta
los
4.997
euros
de
aportación
media
en
los
niveles
altos
de
renta,
donde
el
porcentaje
de
contribuyentes
que
realizan
aportaciones
es
el
61,5%”.
La
reducción
por
tributación
conjunta
alcanzó
los
980
millones
por
invertir
en
una
EPSV
o
un
fondo
de
pensiones
y
que
se
esfumaron
de
las
arcas
públicas. 

En
2019
operaban
en
Euskadi
(CAV)
115
EPSV.
De
ellas,
73
otorgan
prestaciones
complementarias
a
las
de
la
Seguridad
Social
a
través
de
Planes
de
Previsión
y
las
42
restantes,
sin
Planes
de
Previsión,
cubren
diferentes
tipos
de
riesgos
como
son:
decesos,
incendios
y
otros.


Déficit
por
ventajas
fiscales

Como
explica
el
Ejecutivo
de
Gasteiz,
en
2019
el
número
de
rescates
(totales
y
parciales)
alcanza
una
cifra
de
20.083
y
su
cuantía
media,
en
el
mismo
año,
fue
de
7.085,73
euros.
“A
este
respecto,
se
puede
considerar
que
el
número
de
personas
que
disponen
anticipadamente
de
sus
derechos
económicos
sin
incurrir
en
ninguna
de
las
contingencias
que
cubren
las
EPSV
es
un
buen
indicador
del
grado
en
el
que
el
sistema
no
cumple
su
finalidad
previsora
y
es
utilizado
con
otros
fines
ajenos,
como
pueden
ser
los
motivos
financiero-fiscales,
motivado,
en
parte,
por
el
ventajoso
tratamiento
tributario
otorgado
a
las
percepciones
obtenidas
en
forma
de
capital
frente
a
las
percibidas
en
forma
de
renta
periódica”.  

Sin
embargo,
si
se
analizan
conjuntamente
las
aportaciones,
prestaciones
y
rescates,
debe
señalarse
que
la
diferencia
entre
lo
recaudado
por
aportaciones
y
la
suma
de
las
prestaciones
abonadas
y
los
rescates
realizados
en
los
Planes
de
Previsión
presenta
un
saldo
negativo
en
el
periodo
2013-2019
de
850,5
millones.
De
déficit.
De
ahí
que
Ina
Etxebarria,
presidente
de
la
Federación
de
EPSV
de
Euskadi,
pidiera
que
se
obligue
a
invertir
en
una
EPSV
de
Empleo
por
negociación
colectiva,
puesto
que
hasta
la
jubilación
no
se
detraerían 
recursos.


Riqueza
suficiente
para
pensión
pública

Hay
que
garantizar
unas
pensiones
públicas,
sólidas
y
de
calidad.
A
partir
de
ahí,
cada
cual
podría
invertir
en
el
modelo
complementario
o
en
las
pensiones
privadas.
Pero
la
base
debe
ser
la
pensión
pública,
siempre
garantizando
empleos
de
calidad
y
salarios
adecuados,
que
fortalecerían
el
sistema
público,
que
no
quiebra,
aunque
sí
lo
pueden
hacer
los
sistemas
privados.

La
pregunta
que
siempre
desde
quienes
impulsan
los
sistemas
privados
es
si
hay
recursos
públicos
suficientes
para
garantizar
unas
pensiones
públicas
adecuadas.
La
respuesta
es
tajante
y
sencilla:
sí.
Siempre
es
sostenible
porque
depende
de
la
riqueza
del
país.

La
riqueza
en
el
Estado
español,
según
los
datos
del
INE,
ha
crecido
en
lo
que
llevamos
de
siglo
un
92,14%
y,
sin
embargo,
el
incremento
de
la
población
lo
ha
hecho
a
un
15,98%.
En
Hego
Euskal
Herria,
la
riqueza
desde
el
año
2000
al
2019
creció
un
85%
y
la
población,
tan
solo
un
8,48%.
Es
decir,
recursos
económicos
existen,
sin
embargo
su
distribución
es
el
auténtico
problema
al
que
nos
enfrentamos.

Así
en
Hego
Euskal
Herria
con
datos
a
setiembre
existen
697.372
pensionistas,
pero
el
50,32%
recibe
pensiones
por
debajo
del
umbral
de
la
pobreza,
que
se
sitúa
en
1.080
euros.
De
hecho,
la
Renta
de
Garantía
de
Ingresos
(RGI),
que
gestiona
Lanbide,
tiene
que
complementar
a
casi
13.000
(datos
de
setiembre)
porque
sus
pensiones
no
alcanzan
los
796
euros
mensuales.

En
Hego
Euskal
Herria
una
de
cada
cuatro
personas
es
pensionista.
La
cuantía
de
la
pensión
media
es
baja.
En
setiembre
se
situó
en
1.260
euros
en
Araba,
Bizkaia
y
Gipuzkoa
y
en
1.167
euros
en
Navarra.

La
brecha
de
género
está
muy
marcada.
La
pensión
media
de
las
mujeres
es
de
tan
solo
964
euros
en
la
CAV
(Euskadi)
y
de
896
en
Navarra,
casi
un
40%
menos
que
la
de
los
hombres
(1.575
euros
en
Euskadi
y
1.439
euros
en
Navarra).

En
el
Estado
español,
el
porcentaje
de
pensionistas
por
debajo
del
umbral
de
la
pobreza
se
sitúa
en
torno
al
40%.

Por
cierto,
desde
febrero
a
setiembre
se
han
producido
1.862
bajas
de
pensionistas
en
Araba,
Bizkaia
y
Gipuzkoa
y
379,
en
Navarra,
una
parte
muy
importante
derivada
por
las
consecuencias
trágicas
de
la
pandemia
del
COVID-19.


Subida
desigual

Con
la
anunciada
subida
de
las
pensiones
en
2021
de
0,9%,
que
es
el
incremento
previsto
del
IPC,
se
cumple
esa
demanda
de
los
pensionistas,
pero
ante
la
injusta
distribución
de
las
pensiones
a
las
más
bajas
no
les
supondrá
ni
0,35
céntimos
de
incremento
diario,
lejos
de
lo
que
subirán
los
alimentos
de
primera
necesidad,
por
ejemplo.
Así,
la
pensión
media
en
Araba,
Bizkaia
y
Gipuzkoa
crecerá
11,34
euros
y
10,5
euros
en
Nafarroa.
En
el
caso
de
la
pensión
media
de
viudedad,
el
incremento
será
de
8,13
euros
en
Euskadi
(CAV)
y
7,37€,
en
Nafarroa.

En
realidad,
el
propio
sistema
de
las
pensiones
es
ya
un
inconveniente.
Se
limita
la
financiación
de
las
pensiones
a
las
cotizaciones
sociales,
lo
que
en
tiempos
de
crisis
o
por
las
reformas
laborales
no
derogadas,
perjudica
seriamente
esa
entrada
de
ingresos.

Cuando
se
ha
producido
superávit
en
las
pensiones
nunca
se
ha
planteado
un
aumento
de
las
mismas
y,
por
el
contrario,
cuando
hay
déficit
se
plantea
que
hay
que
recortar. 

Los
diferentes
servicios
públicos
se
financian
con
los
ingresos
públicos
mediante
los
impuestos
y
esto
también
debería
ocurrir
con
las
pensiones
porque
existe
suficiente
riqueza,
aunque
está
mal
repartida.
Tampoco
en
las
nuevas
recomendaciones
del
Pacto
de
Toledo
se
soluciona
esta
situación
y
lo
que
es
peor
el
ministro
español
Escrivá
ha
indicado
que
las
prioridades
del
ministerio
estarán
“alineadas
con
las
recomendaciones
del
Pacto
de
Toledo”.


De
reforma
en
reforma

En
la
década
de
los
80
se
produjeron
varias
reformas
que
tuvieron
por
objeto
el
“reajuste”
del
sistema
de
Seguridad
Social.
En
el
Estado
español
se
crearon
la
Ley
Básica
de
Empleo
51/1980
de
8
de
octubre,
y
la
Ley
31/1984
de
2
de
agosto
que
justificaron
que
se
extrajera
la
regulación
del
desempleo
de
la
Ley
General
de
Seguridad
Social
y
fuera
regulado
de
forma
separada.
Con
la
Ley
26/1985, 
se
aumentó
el
periodo
mínimo
de
cotización
de
diez
a
quince
años
y
el
número
de
años
inmediatamente
anteriores
a
la
jubilación
para
calcular
la
cuantía
de
la
base
reguladora,
paso
de
dos
a
ocho.
En
1989
se
modificó
la
regulación
de
la
protección
por
maternidad. 

En
los
años
90,
la
Ley
26/1990
de
20
de
diciembre
de
pensiones
no
contributivas
que
se
extiende
a
todo
ciudadano
residente
en
Estado
español 
que
carezca
de
rentas
y
que
subsista
en
el
umbral
de
la
pobreza
y
que
por
características
determinadas
y
objetivas
de
edad,
minusvalía
o
tener
hijos
a
cargo
no
pueda
o
no
haya
podido
acceder
a
un
trabajo
y
cotizar
a
la
Seguridad
Social
y
tenga
una
situación
de
necesidad.

Con
la
Ley
24/1997
de
15
de
julio
de
Consolidación
y
Racionalización
de
los
Recursos
del
Sistema
de
Seguridad
Social,
se
profundizó
en
los
cambios
realizados
en
1985.
Además,
con
esta
ley
se
pretende
satisfacer
y
legislar
sobre
todo
lo
propuesto
en
el
Pacto
de
Toledo,
aprobado
en
el
congreso
de
los
diputados
el
6
de
abril
de
1995.
La
presión
de
las
entidades
financieras
motivó
esa
posición.

En
el
año
2001,
y
como
renovación
del
Pacto
de
Toledo,
se
inscribe
el
Acuerdo
para
el
desarrollo
y
la
mejora
del
sistema
de
protección
social
de
9
de
abril
de
2001.
Algunos
de
los
pilares
más
importantes
de
dicho
acuerdo
fueron:
separación
de
fuentes
de
financiación
del
sistema
de
protección
social,
crear
un
fondo
de
reserva,
jubilación
flexible,
mejora
de
prestaciones
y
lucha
contra
el
fraude,
entre
otras.

De
ahí
surgieron
leyes
como
la
Ley
24/2001
de
27
de
Diciembre
sobre
medidas
fiscales,
administrativas
y
de
orden
social;
el
Real
Decreto
1795/2003
de
26
de
diciembre,
de
modificación
parcial
de
régimen
jurídico
de
las
prestaciones
de
muerte
y
supervivencia,
que
mejoró
la
prestación
por
viudedad,
insuficiente
todavía;
el
Real
Decreto
1251/2001
de
16
de
noviembre
que
mejora
la
prestación
por
maternidad
y
atendiendo
al
principio
de
igualdad
de
género
así
como
a
una
necesidad
creciente
de
protección
en
la
sociedad
de
esta
situación,
se
redactó
la
Ley
Orgánica
1/2004
de
28
de
diciembre,
de
medidas
de
protección
integral
contra
la
violencia
de
género.

En
el
año
2006
de
nuevo,
los
interlocutores
sociales
y
el
gobierno,
firmaron
un
nuevo
acuerdo
sobre
medidas
en
materia
de
Seguridad
Social,
de
13
de
julio
de
2006.
En
este
Acuerdo
se
concretan
medidas
referidas
a
“
la
garantía
de
la
adecuada
relación
entre
ingresos
y
gastos
del
sistema;
mejora
de
la
acción
protectora
no
contributiva;
medidas
en
el
ámbito
de
la
acción
protectora
derivadas
de
las
prestaciones
económicas
contributivas;
medidas
en
torno
a
la
edad
de
jubilación
y
a
la
prolongación
de
la
vida
laboral;
reformas
en
la
estructura
del
sistema
de
la
Seguridad
Social;
sostenibilidad
y
adaptación
del
sistema,
entre
otras”

Con
la
reforma
de
2006
se
modifico
el
computó
de
los
días
efectivos
para
el
cálculo
de
la
prestación
con
el
fin
de
aumentar
el
número
de
años
efectivos
de
cotización
hasta
quince
para
el
cálculo
de
la
pensión.
También
se
aumento
la
edad
límite
para
la
jubilación
parcial
hasta
los
61
años,
siempre
que
el
trabajador
cumpliera
con
otros
requisitos;
y
se
racionalizaron
los
criterios
para
acceder
a
las
pensiones
de
incapacidad.


El
remate
final

Así,
con
la
Ley
27/2011
de
1
de
agosto
se
aumenta
el
número
de
años
para
el
cómputo
de
la
base
reguladora
de
quince
a
veinticinco.
También
se
aumenta
la
edad
legal
de
jubilación
de
65
a
67
años.
Los
años
de
cotización
que
se
exigirán
para
cobrar
el
100%
de
la
base
reguladora
serán
de
37
años.
Igualmente
se
introducen
cambios
sustanciales
para
acceder
a
la
jubilación
anticipada.
Aumenta
el
porcentaje
a
aplicar
sobre
la
base
reguladora
en
la
pensión
de
viudedad
del
52%
al
60%.
Introduce
el
denominado
factor
de
sostenibilidad
del
sistema
de
seguridad
social,
de
modo
que,
a
partir
del
año
2027,
los
parámetros
fundamentales
del
sistema
se
revisarán
en
base
a
las
diferencias
que
traerá
al
aumento
de
la
esperanza
de
vida
de
la
población.
Dichas
revisiones
se
efectuarán
cada
cinco
años.

Y
llegó
la
Ley
23/2013
de
23
de
noviembre
reguladora
del
Factor
de
Sostenibilidad
y
del
Índice
de
Revalorización
del
Sistema
de
Pensiones
de
la
Seguridad
Social.
En
esta
ley
se
modifica
la
fecha
para
la
revisión
del
factor
de
sostenibilidad
y
adelanta
su
primera
revisión
de
2027
a
2019.
Además,
legisla
que
la
revalorización
de
las
pensiones
que
hasta
ahora
se
vinculaba
al
IPC,
dejará
de
hacerlo
a
partir
de
enero
de
2014
y
pasarán
a
hacerlo
a
un
nuevo
índice
vinculado,
sobre
todo,
a
la
evolución
de
los
ingresos
y
gastos
del
sistema.
Este
índice
de
revalorización
se
recogerá
en
la
Ley
de
los
Presupuestos
Generales
del
Estado
correspondiente
a
cada
ejercicio
económico.

Estas
dos
últimas
han
rematado
a
los
y
las
pensionistas,
pero
en
la
renovación
del
Pacto
de
Toledo
aprobada
en
octubre
de
2020,
a
falta
de
ratificarse
por
medio
de
una
legislación
específica,
no
se
derogan
ambas,
incluso
en
algunas
recomendaciones
se
hace
referencia
a
las
mismas,
que
desarrollaron
el
PSOE
y
el
PP,
en
la
letra
pequeña.




Fuente: Sareantifaxista.blogspot.com