January 12, 2023
De parte de Avispa Midia
239 puntos de vista

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilizaci贸n masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este a帽o y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete d铆as despu茅s de que Dina Boluarte asumi贸 la presidencia, se ejecut贸 el 煤ltimo paso para instaurar una dictadura c铆vico-militar en el Per煤: la orden al Ej茅rcito de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 a帽os- fueron asesinadas por disparos de militares y polic铆as en localidades andinas de mayor铆as quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de v铆as y hasta el momento se reportan m谩s de 500 heridos.

En la jornada m谩s violenta del estallido, este lunes (9) la represi贸n dej贸 17 v铆ctimas en Juliaca (regi贸n Puno), entre ellas una menor de edad y un m茅dico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un polic铆a en un veh铆culo incendiado. Se tratar铆a de un montaje, pues el cad谩ver fue levantado sin la presencia de fiscales.    

Las demandas un谩nimes de las movilizaciones son la realizaci贸n de elecciones generales este a帽o, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta instituci贸n. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisi贸n parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentraci贸n de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una 鈥渄ictadura c铆vico-militar-empresarial鈥 la califica la Organizaci贸n Nacional de Mujeres Ind铆genas y Amaz贸nicas (Onamiap). 鈥淓l fascismo est谩 cobrando su revancha hist贸rica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial鈥, observa en un comunicado

Protestas en Tacna, regi贸n sur del Per煤

Boluarte, vicepresidenta en la gesti贸n de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los 煤ltimos seis a帽os. Un n煤mero sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. As铆 culmina, exacerbado desde la asunci贸n de Castillo, un ciclo de coacciones pol铆ticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarqu铆a econ贸mica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsi贸n en que la Polic铆a victim贸 a dos j贸venes en el Centro de Lima.

Te puede interesar – Per煤: M谩s de 70 personas son detenidas y acusadas de 鈥渢errorismo鈥

En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ej茅rcito en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacci贸n a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y veh铆culos militares ocupan las v铆as p煤blicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represi贸n extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones m谩s brutales. En Ayacucho, donde se intent贸 tomar el aeropuerto, las 10 v铆ctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles hu铆an de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apur铆mac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situaci贸n aplacada con seis cad谩veres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados est谩n disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrim贸genas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto m谩s letal. 鈥淣o hay orificios de salida, los pacientes vienen con los 贸rganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas鈥, declar贸 un m茅dico.

En este punto de la crisis, el r茅gimen extrema los m茅todos para aterrorizar a la poblaci贸n: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificaci贸n, atentados y amenazas contra la prensa, fabricaci贸n de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la poblaci贸n. Agricultores, mineros, m煤ltiples sindicatos, las comunidades campesinas e ind铆genas, comit茅s barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadan铆a en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazon铆a se encuentran en movilizaci贸n permanente en sus territorios.

Te puede interesar – La violencia se agrava contra comunidades ind铆genas del Per煤

La tregua concedida desde la 煤ltima semana del a帽o pasado se interrumpi贸 el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Per煤. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregi贸n Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas m谩s contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es s贸lida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una pol铆tica de estigmatizaci贸n de la protesta, de creaci贸n del enemigo -el terrorismo-, traducida en la pr谩ctica en el poder de decidir qu茅 vidas son v谩lidas y cu谩les no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversi贸n, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posici贸n de la alianza civil-militar que tom贸 el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Ot谩rola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoam茅rica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al pa铆s. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongaci贸n de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Per煤.    




Fuente: Avispa.org