September 3, 2022
De parte de Nodo50
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La presunci贸n de inocencia, reconocida universalmente como uno de los principios modernos del Derecho Penal, establece que toda persona que es sometida a un proceso es inocente durante la tramitaci贸n del mismo, hasta que se determine su culpabilidad con una sentencia condenatoria definitiva.

Nuestra Constituci贸n reconoce dicho principio en el art铆culo 12, el cual expresa: 鈥淭oda persona a quien se impute un delito, se presumir谩 inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio p煤blico, en el que se le aseguren todas las garant铆as necesarias para su defensa鈥.

A nivel de derecho internacional, la presunci贸n de inocencia tambi茅n est谩 reconocida, encontr谩ndola regulada en distintos cuerpos normativos, siendo los principales la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, la cual, en su art铆culo 11.1, dicta: 鈥淭oda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio p煤blico en el que se le hayan asegurado todas las garant铆as necesarias para su defensa鈥.

Se cuenta adem谩s con el art铆culo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, que establece: 鈥淭oda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley鈥.

Por 煤ltimo, a nivel continental, el art铆culo 8.2 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos nos indica: 鈥淭oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad鈥.

Al tener un rango constitucional, el mismo se vuelve una garant铆a para las personas procesadas, a efecto de que las mismas no vayan a ser condenadas sin haber presentado pruebas incorporadas legalmente y en un juicio previo. Por ende, los jueces est谩n en la obligaci贸n de respetar dicho principio, d谩ndoles 茅nfasis a opciones de libertad de los procesados.

Cuando un juez decide privar de libertad a una persona durante la tramitaci贸n del proceso, como medida cautelar, la legislaci贸n le establec铆a l铆mites a la misma, la cual no podr铆a exceder un plazo m谩ximo de doce meses para los delitos menos graves y veinticuatro meses para los delitos m谩s graves. Es decir, que mientras no existiera una sentencia condenatoria firme al procesado y se alcanzaban dichos plazos, el juez de la causa estaba en la obligaci贸n de ordenar la libertad de la persona e imponer otras medidas menos gravosas.

Dicho plazo ha dejado de existir para los delitos m谩s graves, a ra铆z de la reforma al art铆culo 8 del C贸digo Procesal Penal, realizada por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo del presente a帽o y que entr贸 en vigor el mismo d铆a, la cual viene a darse en el marco del R茅gimen de Excepci贸n que vive el pa铆s desde el 27 de marzo y que ha dado la pauta para violentar el debido proceso y limitar las garant铆as procesales de las personas por parte de las autoridades.

La reforma adiciona un inciso al art铆culo mencionado, el cual establece que para los delitos m谩s graves, como los homicidios, las extorsiones, as铆 como para las agrupaciones il铆citas y las agrupaciones que se mencionan en el art铆culo 1 de la Ley de Proscripci贸n de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, 鈥渘o ser谩 aplicable el m谩ximo previsto en el inciso segundo del presente art铆culo, estando su duraci贸n supeditada a lo que dure la tramitaci贸n del proceso hasta la sentencia firme鈥.

Habi茅ndose realizado m谩s de 40 mil capturas en el pa铆s por el R茅gimen de Excepci贸n y con la saturaci贸n que supone a los tribunales que est谩n conociendo los procesos de dichas personas, es evidente que la tramitaci贸n de los mismos durar谩 m谩s de veinticuatro meses.

Pareciera que la pol铆tica de seguridad de la actual administraci贸n est谩 basada en mantener detenidas a las personas el mayor tiempo posible, sin realizar investigaciones reales sobre los delitos que afectan a la poblaci贸n, dejando de lado casos como las personas desaparecidas y los homicidios que se dieron el 煤ltimo fin de semana de marzo de este a帽o y que fue el detonante para que establecieran el R茅gimen de Excepci贸n en el pa铆s.

El art铆culo 8 del C贸digo Procesal Penal buscaba proteger el principio de inocencia, en vista de que la detenci贸n provisional deb铆a guardar la debida proporci贸n, la cual en ninguna medida podr铆a sobrepasar el plazo establecido, ni la pena a imponer, so pena de incurrir en responsabilidad penal para el juzgador.

Con dicha reforma, estamos ante una clara violaci贸n al principio de inocencia, convirtiendo la medida cautelar de la detenci贸n provisional en una pena anticipada.


*El铆as Abel Ram铆rez es abogado salvadore帽o.




Fuente: Revistafactum.com