December 18, 2020
De parte de SAS Madrid
235 puntos de vista

El Tribunal Supremo ha acordado este viernes la inadmisi贸n a tr谩mite de 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los 煤ltimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del 谩mbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de v铆ctimas del coronavirus y un partido pol铆tico (Vox) contra el Gobierno por su gesti贸n durante la crisis de la Covid, al considerar que no est谩 debidamente justificada la autor铆a de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

Tal y como adelant贸 EL MUNDO, la Sala de lo Penal acuerda, no obstante, deducir testimonio de esas querellas y denuncias y remitirlas al juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya est茅n siendo o hayan sido objeto de tramitaci贸n. En especial, seg煤n explica el auto, esas investigaciones por los juzgados ordinarios deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisi贸n de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los polic铆as, y a una posible malversaci贸n de fondos p煤blicos en la contrataci贸n de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.

Los magistrados se帽alan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra alg煤n aforado, ser谩 el momento de que el juez de instrucci贸n, en su caso, eleve una exposici贸n razonada sobre ellos al Supremo.

En un auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, e integrada por los magistrados Juan Ram贸n Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro, se comienza precisando que su examen se ci帽e exclusivamente a los hechos imputados a los aforados ante dicha Sala II mencionados en las denuncias y querellas: el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y el resto de ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, el Defensor del Pueblo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recuerda al respecto que el TS no es el 贸rgano llamado ordinariamente a investigar hechos penales, sino s贸lo excepcionalmente a las personas aforadas, para no sustraer las investigaciones de su 谩mbito primario natural.

El auto analiza pormenorizadamente cada uno de los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes; delito contra el derecho de los trabajadores; prevaricaci贸n y malversaci贸n de caudales p煤blicos. Entre los hechos denunciados destacaban que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M d铆as antes de la declaraci贸n del estado de alarma, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protecci贸n adecuados.

La Sala comienza advirtiendo que la calificaci贸n jur铆dico-penal de un hecho “no puede hacerse depender de la indignaci贸n colectiva por la tragedia en la que todav铆a nos encontramos inmersos, ni por el leg铆timo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas”. Y tambi茅n aclara que “una resoluci贸n de archivo acordada por esta Sala no santifica actuaciones err贸neas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal”. Sigue explicando que “s贸lo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las querellas formuladas contienen elementos suficientes para concluir, al menos indiciariamente, que las personas aforadas podr铆an haber incurrido en alguna conducta tipificada en la ley como delito. En esa tarea la Sala tiene que aferrarse a principios sin cuya aplicaci贸n el derecho penal se distancia de sus fuentes legitimadoras. El principio de legalidad y la consecuente exigencia de taxatividad en la definici贸n de los tipos penales operan como l铆mites infranqueables en la aplicaci贸n de la ley penal. No toda conducta socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal. Contemplar los tipos penales como contornos flexibles y adaptables coyunturalmente para dar respuesta a un sentir mayoritario supone traicionar las bases que definen el derecho penal propio de un sistema democr谩tico”.

En relaci贸n a los delitos reprochados a los aforados en general, la Sala recuerda que la responsabilidad penal es estrictamente personal y que la imputaci贸n puede ser especialmente compleja cuando la supuesta acci贸n delictiva tiene lugar en el marco de una organizaci贸n o estructura compleja y jerarquizada, como ocurre en el caso presente, en que la pr谩ctica totalidad de los querellados forman parte de una estructura administrativa o jurisdiccional.

“Esta complejidad no exime, desde luego, de realizar el juicio de autor铆a cuando as铆 quede acreditado. Pero, en ning煤n caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posici贸n o cargo que una persona concreta ostente en la organizaci贸n, por muy alto que este sea. De hacerlo as铆 vulnerar铆amos de manera flagrante el principio de culpabilidad”, indica.

Enlace relacionado ElMundo.es (18/12/2020).




Fuente: Sasmadrid.org