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El TC se muestra a favor de amparar a Alberto Rodr铆guez por la retirada del esca帽o pero no por la condena


July 27, 2022
De parte de Nodo50
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La Fiscal铆a del Tribunal Constitucional (TC) ha informado a favor de conceder el amparo al ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr铆guez por la decisi贸n de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle en esca帽o, pero en contra de otorg谩rselo por la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS) a un mes y 15 d铆as de prisi贸n por un delito de atentado a la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitaci贸n especial para el sufragio pasivo.

As铆 se ha posicionado el Ministerio Fiscal en dos informes de 43 p谩ginas cada uno –a los que ha tenido acceso Europa Press–, con los que se pronunciado sobre los dos recursos de amparo presentados por Rodr铆guez en el TC tras perder el esca帽o como consecuencia de la ejecuci贸n de la sentencia dictada por el Supremo el 6 de octubre de 2021 por propinarle una patada a un polic铆a durante una manifestaci贸n que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife).

El Supremo sustituy贸 la pena de prisi贸n por una multa de 90 d铆as con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si bien el alto tribunal aclar贸 que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria se inhabilitaci贸n especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodr铆guez perdiera su esca帽o.

El otro diputado ‘morado’ recurri贸, en primer lugar, el acuerdo dictado por Batet el 22 de octubre de 2021 por el que se le comunic贸 que hab铆a dispuesto su sustituci贸n como miembro de la C谩mara Baja, en ejecuci贸n de las resoluciones del TS y atendiendo a la interpretaci贸n que la propia sede judicial hab铆a hecho sobre la aplicaci贸n de la pena accesoria.

El fiscal Pedro Crespo considera que se le debe conceder el amparo porque “ha sido vulnerado su derecho fundamental reconocido en el art铆culo 23.2 de la Constituci贸n Espa帽ola (CE), en relaci贸n con el art铆culo 23.1, a permanecer en un cargo p煤blico representativo y no ser removido de 茅l si no es por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos”.

En este sentido, Crespo niega la alegaci贸n realizada por Rodr铆guez de que Batet se inventara la “consecuencia extrapenal” del fallo del TS, pero s铆 cree que hab铆a margen para que la presidenta del Congreso llevara a cabo otra interpretaci贸n de la ley, apuntando a la mera suspensi贸n de los derechos como diputado.

El fiscal recrimina a Batet que “no hay evidencia alguna de que la decisi贸n recurrida contase con m谩s sustento que el de un doble automatismo: la aceptaci贸n de cualquier pena privativa de libertad como desencadenante autom谩tico de la aplicaci贸n del art铆culo 6.2a) de la Ley Org谩nica del R茅gimen Electoral General (LOREG) y la conclusi贸n de que la combinaci贸n de esta norma con el art铆culo 6.4 de la misma conduc铆a de forma igualmente autom谩tica a la p茅rdida definitiva del esca帽o”.

No obstante, reconoce que Batet ten铆a “poco margen” y reclama “una mayor certeza de la norma, porque basar su aplicaci贸n en la suposici贸n de que, de haberlo sabido, los electores no habr铆an votado al condenado, no solo podr铆a ser demasiado suponer, sino que tampoco impide que lo voten en las siguientes elecciones (…), lo que viene a quebrar cualquier posibilidad de l贸gica proporcional entre el efecto legal de la pena y la duraci贸n temporal real de sus efectos extrapenales”.

Con todo, aboga por restablecer a Rodr铆guez 铆ntegramente en su derecho fundamental, declarando la nulidad del acuerdo dictado por Batet, de modo que “se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dicha decisi贸n, con el fin de que los 贸rganos competentes del Congreso procedan a resolver, con pleno respeto al derecho fundamental vulnerado, sobre los efectos, en el 谩mbito de su competencia, de la sentencia de la Sala Segunda del TS”.

Avala el fallo del supremo

Por otro lado, Crespo responde al recurso formulado por Rodr铆guez contra la propia sentencia del TS y una resoluci贸n posterior, de 15 de diciembre de 2021, por la que el alto tribunal descart贸 anularla, pero en este caso para interesar al TC que lo desestime.

En este segundo recurso, Rodr铆guez denunci贸 una vulneraci贸n del derecho a un juez imparcial, porque en la sentencia se tach贸 de “inapropiado” que en su 煤ltima palabra avanzara que llegar铆a hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), pero el fiscal estima que carece “de la m谩s m铆nima base objetiva” porque “no hay raz贸n alguna para sospechar que el concreto razonamiento judicial pudiera ser determinante, ni aun colateralmente influyente, en el sentido del fallo”.

Tambi茅n alert贸 de que se le hab铆a violado el derecho a la presunci贸n de inocencia, sosteniendo que la condena se bas贸 煤nicamente en el testimonio del agente agredido. En este punto, Crespo expone que, si bien la Sala Segunda “se apoya de modo pr谩cticamente exclusivo” en eso, de “la lectura conjunta de los razonamientos del tribunal no permite llegar a la conclusi贸n de que su discurso pueda tacharse de inmotivado, il贸gico o arbitrario”.

El ex diputado de Unidad Podemos adujo asimismo que se hab铆a infringido el principio de legalidad penal, que obliga a castigar con las penas fijadas por la ley, por mantener la pena accesoria de inhabilitaci贸n, a pesar de reemplazar la pena principal -la de c谩rcel- por una multa. El fiscal espeta que dicha argumentaci贸n “no responde a la realidad de lo razonado y decidido en la sentencia que se impugna”.

En cuanto a la supuesta vulneraci贸n del principio de proporcionalidad, por entender que la inhabilitaci贸n fue especialmente “gravosa”, y del derecho a la participaci贸n pol铆tica, el fiscal lo rechaza igualmente al afirmar que “la pena accesoria impuesta no excedi贸 el marco previsible de su regulaci贸n legal, y que su imposici贸n y su ejecuci贸n (…) fueron debidamente justificadas en el contexto de la aplicaci贸n de dicha ley penal”.

“Ya se ha expuesto que la consecuencia extrapenal de la privaci贸n del esca帽o queda extramuros del alcance de la citada pena accesoria. Por tanto, no

cabe enjuiciar en t茅rminos de proporcionalidad la relaci贸n entre ambas, a los efectos de atribuir a dicha pena accesoria una vulneraci贸n del derecho del articulo 23 CE”, recalca.

Y, por 煤ltimo, Crespo descarta tambi茅n que se haya producido una violaci贸n del derecho de reuni贸n y manifestaci贸n, al no apreciar que la condena impuesta a Rodr铆guez tenga “un potencial desalentador” del ejercicio de este derecho fundamental.


驴Qui茅n le pide perd贸n a Alberto Rodr铆guez?





Fuente: Infolibre.es
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