March 27, 2023
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 EL TREN DE C.A.F. EN LA  OCUPACI脫N ISRAEL脥  

LA EMPRESA DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE TREN LIGERO  

La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.  (C.A.F.) es una sociedad espan虄ola que cotiza en bolsa y opera en la industria ferroviaria. Construye trenes y material ferroviario  para las redes de tranvi虂a, ferrocarril metropolitano, metro de  neum谩ticos, de cercan铆as, de largo recorrido y de alta velocidad.  En Espan虄a, fabrica y vende material a R.E.N.F.E. y diversas  Comunidades Aut贸nomas y ayuntamientos para proyectos de Alta Velocidad, Regionales y Cercan铆as.  

El 7 de agosto de 2019 se adjudico虂 un contrato de 1.800 millones  de euros para la expansio虂n del tren ligero de Jerusal茅n (J.L.R.) de Israel en el marco del consorcio TransJerusalem J-Net Ltd.  Su socia en el citado consorcio, la empresa constructora israeli虂  Saphir, esta虂 incluida en la lista elaborada por el Consejo de  Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que figuran  empresas que se benefician de las violaciones sistem谩ticas de  derechos de la poblaci贸n palestina en los Territorios Ocupados,  hecho que Amnist铆a Internacional ha denunciado repetidamente. 

C.A.F. DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE  TREN LIGERO EN JERUSAL脡N. SOLO AS脥  ESTAR脕 LIBRE DE CONTRIBUIR A LA VIOLACI脫N  DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA  POBLACI脫N PALESTINA EN LOS TERRITORIOS  PALESTINOS OCUPADOS 

Este contrato incluye la ampliacio虂n de la “Li虂nea Roja”,  actualmente en funcionamiento, y la construcci贸n de la “Linea  Verde”, asi虂 como el suministro de veh铆culos y servicios te虂cnicos.  Estas extensiones conectan Israel con los asentamientos ilegales de la ciudad de Jerusal茅n Oriental ocupada y con Jerusal茅n  Occidental. En febrero de 2022, el Comite虂 de Planificaci贸n  Regional de Transportes de Jerusal茅n aprobo虂 nuevas  ampliaciones, que tambie虂n atravesari虂an Territorios Palestinos  Ocupados. C.A.F. se ha presentado a las nuevas licitaciones.  Posteriormente al contrato citado, optando as铆 al concurso para  construir, financiar, operar y mantener las l铆neas azul y p煤rpura  del tren ligero de Jerusal茅n, que tambi茅n transcurrir谩n por  Territorios Palestinos Ocupados. Esta licitaci贸n est谩 pendiente de  asignaci贸n.  

Asentamientos israel铆es en los Territorios  Palestinos Ocupados. 

Desde 1967, Israel ha derribado decenas de miles de  propiedades palestinas en Cisjordania y Jerusal茅n Oriental y  ha sometido a desplazamiento forzado a comunidades enteras.  

Se han desviado recursos naturales, como por ejemplo, el  agua, para destinarlos a unos asentamientos que prosperan al mismo tiempo que las comunidades palestinas sufren  violaciones sistem谩ticas e institucionalizadas de  derechos humanos. En los 煤ltimos a帽os, Israel ha venido  ampliando estos asentamientos y las infraestructuras conexas. 

LOS ASENTAMIENTOS ISRAEL脥ES EN  CISJORDANIA Y JERUSAL脡N ORIENTAL,  DONDE RESIDEN M脕S DE 600.000 ISRAEL脥ES,  CARECEN DE LEGITIMIDAD INTERNACIONAL.  Y CONSTITUYEN EL CRIMEN DE APARTHEID. 

Seg煤n el derechos internacional, cuando una potencia  ocupante establece o construye asentamientos en territorios  ocupados y permite que su poblaci贸n civil viva en ellos, est谩  cometiendo cr铆menes de guerra

Los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados se  construyen en terrenos que Israel se ha apropiado  ilegalmente, son causa de todo un abanico de violaciones  graves y sistem谩ticas de los derechos humanos de la  poblaci贸n palestina y han sido condenados y declarados  ilegales por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,  y por la Uni贸n Europa

Apartheid israel铆 contra la poblaci贸n palestina. 

El crimen de lesa humanidad de apartheid, seg煤n la  Convenci贸n contra el Apartheid, el Estatuto de Roma de la  Corte Penal Internacional y el derecho internacional  consuetudinario, se comete cuando se perpetra cualquier acto cruel o inhumano (en esencia, una violaci贸n grave de  derechos humanos) en el contexto de un r茅gimen  institucionalizado de opresi贸n y dominaci贸n sistem谩ticas de  un grupo racial sobre otro con la intenci贸n de mantener dicho  sistema. 

Desde su creaci贸n en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel  han creado y mantenido un sistema de leyes, pol铆ticas y  pr谩cticas concebidas para oprimir y dominar a la  poblaci贸n palestina, sistema que se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que ejerce su control.  Una de estas formas es la confiscaci贸n discriminatoria de  tierras, propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos  forzosos.

La repetici贸n de este tipo de actos forma parte de un ataque  sistem谩tico y generalizado contra la poblaci贸n palestina. Por  ello, Amnist铆a Internacional denuncia que Israel comete el  crimen de apartheid contra la poblaci贸n palestina en todos los lugares donde ejerce el control de sus derechos: tanto en Israel y  Territorios Palestinos Ocupados, como en relaciona a la poblaci贸n refugiada palestina. 

El papel de las empresas en los Territorios  Palestinos Ocupados 

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) public贸 un informe con una base de datos de empresas que  tienen v铆nculos espec铆ficos con asentamientos israel铆es en  Cisjordania cuya elaboraci贸n le hab铆a sido encomendada por el  Consejo de Derechos Humanos en 2016. 

La lista incluye m谩s de 100 compa帽铆as israel铆es y multinacionales diversas, desde empresas de turismo digital o  

telecomunicaciones, hasta constructoras como Shapir, socia  israel铆 de C.A.F. en el proyecto de tren ligero en Jerusal茅n.  En 2016 y 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  declar贸 ilegal el proyecto del tren ligero, afirmando que 鈥渧iola  claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU鈥. La participaci贸n de C.A.F. en este proyecto  contribuye a los impactos negativos sobre los derechos humanos, y sit煤a a la empresa entre aquellas que contribuyen al  establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los  asentamientos. 

LA EMPRESA ESPA脩OLA C.A.F. FACILITA EL  CRIMEN DE APARTHEID AL CONSTRUIR  INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LOS  TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 

En diciembre de 2020, Amnist铆a Internacional, junto a m谩s de 30  organizaciones de derechos humanos y sindicatos, apoy贸 la  petici贸n de inclusi贸n de C.A.F. en la base de datos de  Naciones Unidas, que la Oficina del Alto Comisionado para los  Derechos Humanos debe actualizar regularmente en  cumplimiento de la resoluci贸n 31/36 del Consejo de Derechos  Humanos.  

Recientemente el Fondo Noruego de Inversiones, gestionado  por Norges Bank ha comunicado su decisi贸n de abandonar su  participaci贸n en el accionariado en Saphir (empresa israel铆 socia  de C.A.F. en este proyecto) por el alto riesgo de que sus  operaciones contribuyan a sistem谩ticas violaciones de derechos.  Simult谩neamente Norges Bank ha reducido su participaci贸n  accionarial en C.A.F. 

Sin embargo, a finales de 2022, el organismo pu虂blico Finkatuz, a  trav茅s del cual gestiona el Gobierno Vasco sus participaciones  empresariales, ha aumentado su porcentaje de participaci贸n en la empresa C.A.F. hasta, por lo menos, el 3% de su capital desde el  1,24% que teni虂a anteriormente. El Gobierno Vasco entra as铆 a  formar parte de los accionistas de referencia de la empresa. A  causa de este proyecto, la participaci贸n del Gobierno Vasco ha  sido en repetidas ocasiones objeto de preguntas y cr铆ticas en el  Parlamento Vasco

El Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE  para Empresas Multinacionales en Espan虄a (Ministerio de  Industria, Comercio y Turismo), tras peticio虂n de mediacio虂n del  Comite虂 de Solidaridad con la Causa A虂rabe, ha dictaminado que  鈥渆l tipo de actividades que la empresa objeto de la queja lleva a  cabo en estos territorios se enmarca dentro de las actividades 

que las mencionadas resoluciones condenan鈥. Adem谩s,  recomienda a C.A.F. 鈥渕ayor diligencia en la valoracio虂n de los  da帽os o vulneraciones a los derechos humanos鈥, 鈥渞evisar su  poli虂tica de divulgacio虂n de informacio虂n, incluyendo los factores  de riesgo que puedan existir en sus actividades鈥 y 鈥渓a  elaboracio虂n de un informe por un tercero independiente que  examine el impacto social de dicho proyecto en los TPO鈥.  El papel del Estado 

El Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece la obligaci贸n extraterritorial  para los Estados de proteger los derechos humanos en otros  pa铆ses, tal y como lo interpreta el Comit茅 de Derechos  

Econ贸micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. As铆,  el Comit茅 especifica que 鈥渟er铆a contradictorio que esa  referencia [el art铆culo 2.1 del PIDESC] permitiera que un  Estado adoptara una actitud pasiva cuando un agente  domiciliado en su territorio y/o bajo su jurisdicci贸n y, por tanto, bajo su control o autoridad, perjudicara a los derechos de  otras personas en otros Estados, o cuando la conducta de ese agente pudiera provocar que se causara un da帽o previsible鈥.  Por lo tanto, el fracaso de un Estado a la hora de impedir que  una empresa bajo su jurisdicci贸n cometa abusos de derechos  humanos en otro Estado va en contra del art铆culo 2.1 del  PIDESC. 

Esta obligaci贸n extraterritorial de proteger requiere que el  Estado tome medidas para prevenir que entidades bajo su  jurisdicci贸n vulneren los derechos del Pacto. As铆 lo establece  el Comit茅, que especifica que el Estado parte del PIDESC  debe adoptar medidas para 鈥減revenir y corregir las  vulneraciones de los derechos reconocidos en el Pacto que se producen fuera de su territorio, debido a las actividades de  entidades empresariales sobre las que pueden ejercer un  control, en especial en los casos en que los recursos de que  disponen las v铆ctimas ante los tribunales nacionales del  Estado en que se ha producido el da帽o son nulos o  ineficaces鈥. 

Peticiones de Amnist铆a Internacional: 

La empresa espa帽ola C.A.F. debe abandonar  inmediatamente el proyecto de tren ligero en Jerusal茅n.  

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos  Humanos de Naciones Unidas debe incluir a C.A.F. en la  base de datos de Naciones Unidas sobre empresas que  operan en los asentamientos ilegales israel铆es, hasta que  abandone el proyecto de Tren ligero en Jerusal茅n. 

El Gobierno de Espa帽a y la Uni贸n Europea deben  regular las actividades de empresas domiciliadas en su  jurisdicci贸n para prohibir que operen en asentamientos o  comercien con ellos. En consecuencia, el Gobierno de  Espa帽a debe pedir a C.A.F. que ponga fin a sus  actividades en los Territorios Palestinos Ocupados y que  abandone el proyecto de tren ligero en Jerusal茅n. 

El Gobierno Vasco, como accionista de referencia de la  empresa, debe solicitar el abandono del proyecto y la  retirada de las licitaciones en curso por las que C.A.F. ha  optado a nuevos proyectos en los Territorios Palestinos  Ocupados. 




Fuente: Causaarabeblog.blogspot.com